a) La invisibilidad de una problemática
Aunque decir que no conocemos la
situación del racismo y la xenofobia en España sea una exageración, no es un
asunto menor que no exista ninguna
publicación de datos estadísticos oficiales relativos a denuncias y procesos
penales de delitos racistas en territorio español. Semejante operación de
borrado es una cuestión de primer orden, porque pone en juego, precisamente, la
posibilidad de una convivencia intercultural satisfactoria.
La aproximación a esta
problemática dista de ser sencilla, empezando por la propia delimitación de lo que
constituye una práctica racista o xenófoba. En segundo lugar, las fuentes,
precisamente por ser plurales, también implican algunas variaciones en lo que
conceptualizan bajo estas categorías. Entre esas fuentes hay que tomar en
consideración los informes anuales elaborados por el Observatorio Español del
Racismo y la Xenofobia, dependiente de la Dirección General
de Integración de los Inmigrantes y los informes elaborados por diferentes
entidades sociales: entre algunos otros, el “Informe Raxen” (del Movimiento
contra la Intolerancia), el informe “El racismo en el estado español” (de SOS Racismo),
y el “Informe de Derechos Humanos” (de Amnistía Internacional). En conjunto, constituyen
materiales imprescindibles para disponer de una aproximación diagnóstica
–confiable aunque limitada- a una de las cuestiones más dramáticas en nuestro presente,
esto es, para reconstruir un “mapa de la cuestión” sobre racismo y xenofobia en
España.
Apenas hace falta decir que una problemática como el racismo y la xenofobia, más que remitirse a unas abstractas constantes antropológicas, debe reenviarse a las condiciones materiales del capitalismo avanzado, donde millones de personas son arrojados fuera de sus comunidades locales ante las fluctuaciones de los mercados de trabajo globales. En ese contexto, se producen asimismo respuestas sociales defensivas y retrógradas ante lo que algunos grupos sociales perciben como amenazas externas a sus formas de vida o sus condiciones de trabajo. La migración, sin embargo, no es reductible a una cuestión económica: simultáneamente, se producen reagrupamientos familiares, una creciente movilidad cultural y desplazamientos forzosos en masa.
En esas condiciones, es claro que
estamos ante un problema político de primer orden. La extensión del racismo y
la xenofobia exigen un debate público pendiente, que constituye una deuda
estructural de cualquier sociedad que se autoconsidere democrática. Salvo
excepciones en sentido contrario, reclama por parte de los agentes políticos,
económicos e institucionales un grado de implicación radicalmente distinto al
que muestran en el presente. No se trata sólo de indiferencia o reticencia;
también asistimos al creciente uso demagógico de ciertos tópicos y prejuicios sedimentados
sobre la inmigración en discursos de tinte xenófobo y racista y, en última
instancia, a una cierta connivencia con consecuencias imprevisibles.
b) Dos iniciativas abiertas
Como punto de partida hay que constatar
la escasa difusión pública de
información cualitativa y cuantitativa –cuando la hay- sobre casos de racismo y
xenofobia, reforzado por un sistema judicial que no sólo tiende a desestimar
las denuncias sino que además sólo de forma excepcional aplica la agravante de
motivación racista contenida en el código penal. La falta de notoriedad pública
no es un mero descuido o una omisión inocente: es una forma de borrar una
problemática de la agenda pública, esto es, un modo de minimizar estos
problemas graves y recurrentes tanto en el contexto nacional como mundial.
A pesar de las denuncias crónicas
contra la falta de implicación del estado español en la lucha contra el racismo
y la xenofobia, la pasividad estatal ante estos delitos persiste en el presente:
el estado español no ha desplegado ni despliega los medios necesarios para
transformar una situación en la que el racismo y la xenofobia en sus múltiples
formas han crecido de forma indudable.
Doble problema entonces: 1) la
carencia de información estadística oficial sobre este tipo de delitos y la falta
de notoriedad pública de la información oficial relativa a racismo y xenofobia y
2) la falta de actuaciones en múltiples frentes que combatan de forma eficaz
estas actitudes y prácticas en sectores sociales que desbordan la categoría de la
“ultraderecha”, aunque sus rasgos criminales la tornen especialmente peligrosa
y, por tanto, susceptible de medidas especiales inmediatas.
En síntesis, a pesar de la
relevancia de ese doble problema en la vida democrática, la actual política de
estado mantiene su opacidad informativa, reforzada con la obstrucción judicial
y policial a la investigación de este tipo de delitos de odio. Ni siquiera los
lazos entre ultraderecha y terrorismo de pequeña escala han modificado este bloqueo
informativo que forma parte de las verdades (vergonzantes) de estado. Que a la
fecha sigan considerándose las agresiones de este tipo como delitos comunes
reafirma una permisividad estatal que hay que seguir cuestionando.
La reciente aprobación (27 de
mayo de 2011), en el Consejo de Ministros, del “Proyecto de Ley Integral para
la Igualdad de Trato y la
no Discriminación ” -pendiente todavía de discusión y
aprobación parlamentaria- es producto de esos cuestionamientos recurrentes y de
presiones constantes de sectores e instituciones de la sociedad civil. Dicho
proyecto constituye una innovación jurídica relevante en un contexto donde las
obligaciones de los poderes públicos al respecto siguen incumpliéndose. En
particular, la obligación de promover las condiciones y remover los obstáculos
para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva sigue constituyendo una deuda persistente del estado
español: forma parte de los déficits democráticos que afectan a la sociedad en
su conjunto.
Aunque es improbable que dicho
proyecto de ley resuelva por sí solo la discriminación instalada tanto a nivel
social como institucional, no deja de ser un paso valioso y necesario entre
tanto inmovilismo. Con todo, en la medida en que esas prácticas sociales e
institucionales se reproduzcan, no hay razones para no seguir incidiendo sobre unas
demandas de justicia insatisfechas, así como en la demanda de visibilizar una problemática
públicamente relegada. Las irresoluciones persisten desde luego. Por seguir
incidiendo en la producción de información oficial sobre casos de racismo y
xenofobia: si bien el proyecto mencionado contempla la elaboración de estudios
y estadísticas al respecto (1) no deja de suscitar interrogantes el hecho de que
sean las fuerzas y cuerpos de seguridad quienes deban recabar los datos sobre
“el componente discriminatorio de las denuncias cursadas” y deban procesarlos
“en los correspondientes sistemas estadísticos de seguridad” (Artículo 34,
Inciso 2), habida cuenta del “componente discriminatorio” omnipresente en
dichas fuerzas y cuerpos. Seguramente,
sin planes de formación y supervisión efectivos destinados a la policía, los
obstáculos a la producción de “sistemas estadísticos” válidos serán múltiples.
Por su parte, el despliegue del
proyecto “Red Antena” (Red de Centros de atención a víctimas de discriminación por
origen racial o étnico), iniciado en 2009 y del que forman parte diferentes ONG
(2) no hace sino ratificar lo dicho: la necesidad de desplegar dispositivos
públicos que permitan conocer y atacar estos problemas en toda su magnitud. Se
trata sin dudas de una iniciativa intersectorial valiosa, en la que cabe prever
la producción de información sobre casos de discriminación a nivel nacional, aunque
sus logros hasta el presente sean escasos. Es demasiado pronto para saber si
esta red contribuirá a corregir efectivamente estas falencias diagnósticas y contribuye
a desarrollar intervenciones antidiscriminatorias eficaces.
Aunque la tarea sea difícil de
dimensionar, debería formar parte de esas intervenciones, una reestructuración
del propio aparato militar y policial español. La hipótesis justificada de que
el aparato represivo montado en el período franquista sigue parcialmente activo décadas después no
debería sorprender a nadie (y no sólo en lo referido al derecho de estas
minorías, sino también en lo referido al respeto de los derechos humanos en
todos los casos [3]). El cambio requerido, sin embargo, es ampliamente mayor:
supone una revisión radical tanto del sistema político-judicial -en el que las
rémoras autoritarias siguen operativas- como de las instituciones educativas,
sanitarias, sindicales, religiosas, mediáticas y empresariales que han
naturalizado, en cierta medida, la discriminación del otro.
En suma, en una formación social como
la presente, que acentúa los procesos de normalización, la diversidad sociocultural
es vivida (¿mayoritariamente?) como amenaza de lo propio o riesgo de
autodisolución. Subestimar la dimensión de este problema más que una
negligencia es un acto de absoluta irresponsabilidad: deja vía libre a un deseo
irreconocido de supremacía que da lugar al fascismo.
Ninguna política de integración social
puede ser efectiva sin un diagnóstico sistemático al respecto. Lo que es peor:
ninguna política antidiscriminatoria puede ser mínimamente acertada sin un
debido conocimiento acerca del mapa de la cuestión. La
operación de borrado no suprime el problema, pero evita que adquiera notoriedad
pública. Que esa operación no pueda eliminar las huellas reales de unas
prácticas de segregación/ inferiorización de otros colectivos no niega su
eficacia: impide que se conozca su verdadera magnitud, sus ramificaciones e
implicaciones profundas, contribuyendo a su reproducción.
Si bien las estrategias oficiales
pasan por recluir la cuestión en una ultraderecha minoritaria que “tolera” de
varias maneras, dichas estrategias son falaces, en tanto minimizan
retóricamente lo que amenaza con magnificarse en nuestra realidad social. El
problema no se restringe desde luego a España: “Los crímenes de odio se han
convertido en un fenómeno frecuente en muchos Estados participantes. Pero, por
desgracia, la escasez de datos sobre estos delitos hace que sea difícil evaluar
el verdadero alcance y la naturaleza del problema” (Informe Raxen 2010, pág. 92). En cualquier caso, el aumento de este
“populismo neofascista europeo” es una conclusión corroborada. Nada señala que
esta ofensiva racista y xenófoba (incluyendo la islamofobia, la gitanofobia y
el antisemitismo) que recorre Europa vaya a detenerse en los próximos años,
como no sea con un giro de las políticas públicas comunes.
Para el caso, me limitaré a
repasar, de forma somera, lo que sabemos sobre esta situación en España. El
conocimiento reducido sobre delitos
dirigidos contra colectivos como inmigrantes, indigentes, homosexuales y
prostitutas se lo debemos principalmente a los informes de la Red Europea de
Información sobre Racismo y Xenofobia (RAXEN). En total, dicha red contabiliza
unos 4000 casos de agresiones racistas al año distribuidas por todas las
comunidades autónomas, propiciadas por miembros de la nueva ultraderecha, aunque
dichos datos distan de dar cuenta de la magnitud del problema y no estén
confirmados oficialmente (4). No hay dudas que los delitos de este tipo son
significativamente más numerosos que los registrados, lo que significa que en
España, cada día, al menos 10 personas sufren una agresión física o verbal por
motivos de raza, etnia o nacionalidad (sin contar los que son víctimas de la
homofobia, el sexismo y la aporofobia). A ello hay que sumar las más de 200
webs xenófobas que funcionan en territorio español, 23 conciertos racistas
durante 2009, más de 10.000 ultras y neonazis y al menos 80 personas asesinadas
desde 1992, víctimas del odio (5). Los más de 100000 votos que obtuvo la
ultraderecha en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo señalan
que se trata de una fuerza política activa y en ascenso.
Por lo demás, el Informe Racismo 2010 (6) de la DGII,
desde una perspectiva conceptual más amplia y no circunscripta a actos
delictivos sino en general a las actitudes de la población española, nos
permite hacer una lectura más extensiva al respecto. Las conclusiones no son
alentadoras. A pesar de la desaceleración de los flujos migratorios debido a la
crisis económica, “(…) la percepción valorativa de la presencia inmigratoria se
mantiene en parecidos niveles a los de 2008 (con un 46% de encuestados
autóctonos que consideran “excesivo” el número de inmigrantes en España)” (pág.
359). Asimismo, un 42% considera que las leyes inmigratorias son “demasiado
tolerantes” y un 32% “más bien tolerantes” (pág. 68), lo que en conjunto señala
que 6 de cada 10 españoles consideran que las leyes (juzgadas por la mayoría
como “muy permisivas”) deben endurecerse. Por otra parte, 4 de cada 10
encuestados considera que deben expulsarse a los inmigrantes en paro (pág. 359),
y 2 de cada 3 considera que debe haber, especialmente en el ámbito laboral, preferencia
de los nacionales frente a los foráneos. “A los inmigrantes se les sigue viendo
como el colectivo más protegido, que perciben más de lo que aportan, que
acaparan las ayudas escolares (aunque algo menos las sanitarias). Al igual que
se les sigue atribuyendo responsabilidad en el deterioro de la calidad de la
atención sanitaria y de la educación. Imágenes estereotípicas que, lejos de
aminorarse, se han consolidado en este último año” (págs. 360-361). Finalmente,
el informe señala que el 36% de los 2.836 encuestados en 2009 quedan clasificados
como “reacios a la inmigración”, un 35% como “tolerantes” y el 29% como “ambivalentes”.
En conjunto, aunque desde 2008 se han estabilizado estas tendencias, los
resultados son muy preocupantes. El 64% de la población, en diferentes grados,
no sólo no muestra una actitud de apertura hacia la inmigración sino que, en medidas
variables, considera que la desigualdad entre nacionales y foráneos es legítima.
Ahora bien, ¿no es precisamente ese
principio de desigualdad, esto es, la creencia etnocéntrica en la propia
superioridad, lo que está en la base de todo acto discriminatorio, incluso si
no asumiera formas manifiestamente violentas? Aunque hay muchas aristas para
indagar al respecto, la sospecha de que el racismo y la xenofobia más o menos
abiertos (según nos desplacemos en el arco político hasta la ultraderecha)
forman parte de la cultura hegemónica española tiene cada vez un anclaje
empírico más nítido.
Ante la afirmación de que el
estado español ha dado algunos pasos para mejorar la convivencia igualitaria
entre nacionales y foráneos y mitigar una discriminación que opera en todos los
ámbitos (desde lo laboral hasta lo educativo), no tenemos más remedio que
replicar: cuando se está al borde del abismo, dar un paso adelante no sólo es
una obligación política básica sino también una forma de no despeñarse. Puesto
que España es uno de los países europeos menos comprometidos con estas luchas,
transformar esa situación inicial es apremiante (7). Dicho de forma más
rotunda: puesto que “(…) el estado español se encuentra entre los cuatro únicos
países de la UE que no tienen un órgano nacional de igualdad que publique datos
estadísticos sobre denuncias de racismo” (Informe
2010 SOS Racismo, pág. 233/234 [8]), no hay razones para no seguir
exigiendo la modificación de facto de esas falencias graves.
Por lo demás, son las propias
políticas de estado las que cabe cuestionar de forma radical, empezando por su
política de asilo restrictiva, sus políticas de detención y deportación y su
política migratoria en conjunto, que tiende a criminalizar a los inmigrantes
irregulares, a instalar y a refrenar las vías para la regularización (a partir
de una nueva ley de extranjería que endurece las condiciones de acceso y
estancia en España). Por tanto, es el propio estado quien debe rendir cuenta de
su propia contribución activa a este mapa de xenofobia y racismo social e
institucional y, en particular, a la legitimación de la desigualdad entre
ciudadanos de distintas procedencias. Es esa legitimación política y jurídica la
que habilita, asimismo, a negar siquiera el estatuto de “ciudadano” a cientos
de miles de personas irregulares que sobreviven en la economía sumergida (de la
sobreexplotación).
En ese sentido, para que ese
camino no se convierta en una aporía, los cambios institucionales deben empezar
por una nueva visibilidad de la problemática. Dar cuenta del racismo y la
xenofobia supone, en primer lugar, informar a la población de una realidad
social que amenaza en convertirse en hegemónica. Es, asimismo, responder ante
el Otro, asumir una responsabilidad y un compromiso en la erradicación de estos
problemas endémicos que se agravan con la crisis. Recluir
esa problemática en la ultraderecha es una estrategia tranquilizadora, que
tiende a desconocer a una masa creciente de personas que por motivos raciales,
étnicos y culturales considera legítima la desigualdad, aunque no
necesariamente lo manifieste de forma expresa o no esté dispuesta a asumir de
manera abierta todas las consecuencias de esa consideración.
Eso no niega, desde luego, las
resistencias activas que diferentes sujetos colectivos ponen en acto: desde un
tejido asociativo más o menos heterogéneo hasta grupos de activistas de
derechos humanos y otros movimientos ciudadanos que perciben en este imaginario
suprematista el retorno del fascismo. En esas luchas democráticas está cifrada
nuestra esperanza política, en unas condiciones histórico-sociales que encarnan,
probablemente, una de las peores regresiones europeas tras el 45´.
(1) Ver aquí. El inciso 1 del artículo 34 de dicho proyecto de ley incluye la producción de
información al respecto: “1. Al objeto de hacer efectivas las disposiciones
contenidas en esta Ley y en la legislación específica en materia de igualdad de
trato y no discriminación, los poderes públicos deberán introducir en la
elaboración de sus estudios, memorias o estadísticas, siempre que se refieran o
afecten a aspectos relacionados con la igualdad de trato, los indicadores y
procedimientos que permitan el conocimiento de las causas, extensión,
evolución, naturaleza y efectos de la discriminación por razón de las causas
previstas en esta Ley”. Queda pendiente evaluar metodológicamente las
herramientas diagnósticas desplegadas, así como los logros conseguidos en este
nivel de actuación, requisito indispensable para el desarrollo de políticas
públicas que favorezcan la integración social e institucional y penalicen las
prácticas discriminatorias.
(2) Ver aquí.
(3)
El incumplimiento de los DDHH por parte del estado español es múltiple y ha
sido denunciado por Amnistía Internacional: denuncias de tortura, restricción
del derecho de asilo, aplicación del régimen de incomunicación a ciertos
colectivos de presos, protección inadecuada ante la violencia de género y la
trata de personas, escasos avances en la investigación del franquismo, medidas
insuficientes ante el racismo, entre otros. Al respecto, Amnistía
Internacional, Informe de derechos
humanos 2010, pág. 179.
(4)
Al respecto, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán,
en 2008 señalaba: "¿Cómo es posible que en el Reino Unido se documenten
oficialmente 50.000 ataques racistas al año y en España la Guardia Civil
registre entre 10 y 20 casos y la Policía Nacional entre 80 y 100?". Su
conclusión, que no cabe más que ratificar en el contexto presente, es que España es de los países europeos más
rezagados en las luchas contra estas formas de discriminación (ver aquí)
(5)
El informe completo puede consultarse en http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/raxen/raxen.asp
(7)
Para graficar lo dicho remito al lector al documental español elaborado en 2011
“Ojos que no ven” (http://youtu.be/y7CytqYLHQY).
(8)
El informe puede consultarse en http://federacionsosracismo.wordpress.com/informe-anual/
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