domingo, 21 de diciembre de 2014

En el frío de la calle

 



Ya sé que estamos a unos días de Navidad, que hace frío, tienes que hacer compras y no hay calefacción en la calle. Tampoco se trata de olvidar que el fin de semana te toca llevar al cine a los chicos y comprarles palomitas, que hay una lista interminable de pretextos para decir “la próxima” o “para qué si total”; ya sé incluso que eres un revolucionario de facebook, que subes fotos del Ché y Mandela en Instagram y que tampoco te cortas un pelo en arengar a las masas aletargadas llamando a la rebelión desde tu sofá. No es cuestión de olvidar que cargado de obligaciones de fin de semana –comenzando por ejercitar tus manos haciendo zapping o escribiendo un tuit- , no tienes tiempo para hacer por otros lo que otros hacen por ti. Faltaría más: el fin de semana hay epidemias, viajes imprevistos, obligaciones familiares, compromisos inaplazables, entregas de fin de año, trabajo acumulado, reuniones repentinas que no te dan respiro.  

Sería incluso una necedad negarte el derecho a la pereza, sabiendo que vives estresado discutiendo en el almuerzo. No podría desde luego convencerte de nada, porque los argumentos sólo valen cuando tú los esgrimes. Al fin de cuentas, ¿de qué serviría referirse al saqueo criminal de estos años, al orden de la estafa, al austericidio planificado que te asfixia pero no te mata, al arrebato de tu salud o tu derecho a no permanecer en la ignorancia, a querer sostener una improbable libertad y creer que «democracia» no es solamente un significante que se invoca en sus funerales cada cuatro años?

Ya sé que estamos próximos a las rebajas y no hay unidad popular, que los cánticos son anacrónicos y faltan consignas, que todo está fragmentado y que ahora le toca a otro. No creo que nada de esto te vaya a persuadir de que es mejor tomar la calle que quedarse en casa; que es mejor tener frío en una marcha que calor en un centro comercial; que llevar a tu hijo a una mani es infinitamente más valioso que sentarlo en una butaca a ver cómo el mundo maravilloso pasa frente a sus ojos sin que él pueda siquiera acariciarlo. Tampoco –desde luego- está uno para prescribir nada y solamente la sombra de una crítica nos convierte ya en arrogantes insoportables que quieren decirle a la gente lo que hay que hacer.

Faltaría más.  Cada cual responde por lo que hace. Vive su (in)coherencia. Si hasta es previsible que en vez de abrir la boca para protestar contra una ley que te amordaza, te limites a bostezar y apurar tu bocata, mientras miras aburrido en tu pantallita móvil 45 wassap sin responder. Todo eso y más. Claro que puedes optar por quejarte en privado en vez de participar en una protesta pública. Que puedes chillar mirando en la tele la cola del paro, quedarte mudo cuando te llaman la atención sobre tu baja productividad y mirar de reojo al negrata que se seca la frente mientras tu amo sigue celebrando su festín obsceno. Hay infinitas razones para que nadie tenga derecho a decirte nada, que somos todos iguales, que nadie es ejemplar, que no tengo autoridad moral y todos roban y todas esas tonterías.

Sólo hazme un favor. Si no pones el cuerpo, ahórrate conmigo tus quejas sobre la injusticia. Incluso si tienes razón, no me apetece escucharte. Ni quiero tus lecciones sobre cómo cambiar el mundo en veinticuatro horas. Yo seguiré ensayando junto a otros, en el frío de la calle, la posibilidad de otra vida.
 
A.B.

martes, 16 de diciembre de 2014

La política del miedo (otra vez): amordazamiento de la democracia y guerra de clases



 
La “ley mordaza” es un hecho consumado: su admisión a trámite parlamentario, con mayoría absoluta del Partido Popular, no deja lugar para lo imprevisible. Se trata, sin más, de una forma jurídica que convierte las fuerzas de seguridad en un arma discrecional en manos de un gobierno dispuesto a ahondar en sus políticas de ajuste infinito a pesar de la voluntad mayoritaria. Puesto que prevé la expansión de la conflictividad social, el bloque gobernante pretende blindar sus decisiones encausando las futuras manifestaciones colectivas en un rígido armazón jurídico.
 

A partir de 2015, el «derecho a reunión y manifestación» quedará herido de muerte: el Ministerio del Interior tendrá “carta blanca” para disuadir a los manifestantes mediante penalizaciones económicas y, lo que es peor, para instituir un orden público represivo. La criminalización de la movilización ciudadana incluye diversos frentes. Impedir un desahucio, no identificarse ante un agente policial, desobedecer a la policía o difundir imágenes de antidisturbios, entre otras cuestiones, podrán ser multadas con montos que pueden alcanzar hasta los €30000. Mediante esta operación, el gobierno español toma por asalto el espacio público, restringiendo su uso como ámbito legítimo de la protesta.
 

A la limitación grave de las libertades ciudadanas –incluyendo el derecho a la información- a nivel interno, hay que agregar el injerto de la legalización de las “devoluciones en caliente”, esto es, la privación del derecho de asilo en frontera y de garantías contempladas en la Ley de Extranjería vigente, ya de por sí restrictiva. La legalización de este tipo de devolución express (que suprime la obligación del estado español de abrir un expediente administrativo a personas en situación irregular que ingresan en territorio español) constituye el peor agravio a la Carta europea de los derechos humanos por parte del gobierno nacional, en consonancia a las políticas de asilo y migración europeas, desentendidas de la suerte de las víctimas que Europa contribuye a crear. El mensaje es claro: no es momento de ponerse sentimentales ni de mostrarse humanitarios. Dado el exceso de mano de obra desocupada -confinada al margen o a la economía sumergida-, la decisión a la vista no ofrece dudas: prescindir de todos los indigentes que se pueda.
 

Insistir en el carácter autoritario de esta iniciativa legislativa es tan cierto como trivial. La cuestión va mucho más allá. Como réplica estratégica del gobierno a las sucesivas derrotas judiciales que ha sufrido en este período (en su pulseada con las movilizaciones populares), la Ley de Seguridad Ciudadana convierte la autoridad policial en mandataria de un poder de estado sin ningún contrapeso judicial. Representa así una regresión histórica de extrema gravedad, incluso si pasa desapercibida en el aluvión de políticas y prácticas gubernamentales antipopulares. La aprobación de dicha ley es la ratificación a la Comisión Europea y a los capitales inversores de la continuidad de una política económica marcada por los recortes públicos, las dádivas al capital privado, el pago de los intereses de la deuda externa, la privatización de servicios y empresas públicas, el rescate de la banca, la continuidad de una política tributaria regresiva y el desmantelamiento de un ya enflaquecido estado de bienestar.
 

Tras las sanciones administrativas que esta ley prevé, se reactiva la voluntad de sofocar los movimientos sociales disidentes. La consigna es clara: “Que el 15-M no se repita”. El afán de encausar cualquier germen de protesta organizada se transforma en algo peor: el empeño en reasegurar las condiciones sociales para que la gran burguesía financiera y empresarial pueda ensanchar sus márgenes de rentabilidad, sin temor a resistencias colectivas estructuradas. Se trata, en suma, de una declaración de guerra (de clase). La “ley mordaza” es la contraparte social al bloqueo estructural de las investigaciones judiciales sobre la corrupción que afecta a los grupos dominantes y, en particular, a figuras centrales del establishment. Por esta vía, el gobierno obstruye los dos frentes más amenazantes para su estabilidad política: la proliferación de procesamientos judiciales por corrupción y la posible articulación contrahegemónica de las protestas sociales.
 

De un golpe, el partido de gobierno ha reforzado la realidad del estado policial que plantea de iure su existencia como sujeto soberano. La tautología del poder gubernamental que se autoafirma por el mero hecho de existir confirma lo que sabíamos a nivel teórico desde Gramsci: la «crisis de hegemonía» en la que ese poder está inmerso deriva en un incremento brutal de la «coerción directa». La «mano dura» que convierte en ley no es sino su fracaso por construir legitimidad. La política del miedo se convierte así en el instrumento por excelencia para reprimir los antagonismos populares.
 

Paradójicamente, las luchas sociales están atrapadas en su propia fragmentación. La articulación partidaria (por parte de fuerzas de centro-izquierda) de una pluralidad de demandas sociales insatisfechas coexiste con una movilización social tan esporádica como parcelada. Como si tras las “marchas de la dignidad” de marzo de 2014 y la consiguiente persecución jurídico-policial a sus organizadores, la indignación generalizada no encontrara un cauce público para manifestarse de forma coordinada, en tanto sujeto colectivo de lucha, como no sea mediante el apoyo a fuerzas partidarias emergentes (comenzando por Podemos).
 

Cualquiera fuera la hipótesis que explique esta situación, no será el partido gobernante quien facilite la construcción de ese sujeto colectivo. Si por una parte el enriquecimiento ilegítimo de las clases dominantes podría toparse con el límite de un giro electoral a mediano plazo, por otra parte, el grado de movilización social contra los portavoces gubernamentales de esas clases sigue resultando desigual y, en cualquier caso, plagado de dificultades para articularse en un frente común. Entretanto, la escalada represiva, como contrapartida irreductible del neoconservadurismo, sigue su curso.
 

La tensión entre la actual deriva antidemocrática y la gestación y consolidación de un proyecto político alternativo está trazada: se mueven en dos temporalidades diferentes y desfasadas. La institución del «orden público» como espacio de control no es una realidad lejana. La política de criminalización no se limita a una cuestión local o nacional. Forma parte de un (des)orden global que nace de la previsión técnica de los expertos del ajuste: es improbable que los damnificados acepten morir sin protestar. De ahí que haya que leer la presente ley no sólo como síntoma de un gobierno nacional profundamente reaccionario sino también como parte de un proceso de reestructuración del nuevo orden mundial: la formación de «estados policiales» que se arman de derecho para intentar sofocar el espectro de la revuelta ante un capitalismo que a diario muestra su poder de arrase.
 

Los tiempos de la revuelta, sin embargo, están desfasados con respecto a la velocidad de las elites políticas y económicas. El expolio de la democracia es la consecuencia más visible de la dictadura de los mercados. En la convulsión del presente, la posibilidad (incierta) de desestructuración del bloque hegemónico no anula en lo más mínimo los movimientos (certeros) de ese bloque para reestructurarse de forma acelerada. A escala nacional, la aprobación de esta ley mordaza podría convertirse no sólo en una derrota táctica de los grupos damnificados, sino en un obstáculo central para el despliegue de un proyecto de democracia radical. Puesto que dicho proyecto requiere del espacio público como uno de sus lugares fundamentales de constitución, parte de su porvenir pasa por la derogación de una ley que priva a la ciudadanía de su derecho a tomar la calle.


 
Arturo Borra