Archipiélago en resistencia
lunes, 15 de junio de 2026
viernes, 3 de octubre de 2025
«Cartografías de la desigualdad: el colonialismo en el presente» - Arturo Borra
A menudo los detractores de la
crítica anticolonial parten de la idea de que el «colonialismo», sea lo que
sea, es un asunto del pasado. Incluso si admiten que algo así como una «política
colonial» ha permeado, históricamente, la relación entre diferentes pueblos (incluyendo
la conquista de América y el etnocidio cometido contra las comunidades
originarias, así como el expolio económico sufrido y la dependencia política
prolongada), el colonialismo no sería más que un efecto residual de un pasado más
o menos lejano y desconectado del presente. Desde esa perspectiva, seguir
hablando de «colonialismo» sería un anacronismo, asumiendo como punto de
partida una sociedad felizmente postcolonial. Paradójicamente, esta postura que
niega el colonialismo en el presente es la posición colonial por excelencia, al
invisibilizar las desigualdades que se producen y reproducen entre las
personas y los grupos por su procedencia, nacionalidad o condición racial. Del
mismo modo que la negación del racismo forma parte del discurso racista, la
negación del colonialismo es el modo en que opera regularmente la posición colonial.
Por mi parte, voy a partir de la
hipótesis contraria. El colonialismo es una realidad multifacética actual, no
sólo en las relaciones asimétricas de poder que se establecen entre centros y periferias
a nivel internacional, sino también en el vínculo jerárquico que se produce
entre diferentes pueblos al interior de una sociedad específica[i].
Dicho brevemente: el colonialismo es un eje de desigualdad que parte de una
supuesta jerarquía racial y étnica (en la que el hombre blanco, europeo y
cristiano representa la cúspide). Desde luego, ese eje se articula en la
práctica a otros ejes de desigualdad como la clase o el género, creando como
resultante verdaderas jaulas sistémicas para determinados grupos. Así que,
aunque a efectos analíticos nos centremos en el eje colonial, en nuestra
realidad social se entrecruza con el capitalismo y el patriarcado, planteando
formas específicas de dominación.
Según esa jerarquía, se me
reconocen unos derechos o unas obligaciones específicas. Por eso no resulta extraño
que los portavoces del discurso colonial se escandalicen no sólo ante la
demanda de derechos colectivos que consideran exclusivos, sino cuando algún
sujeto subalterno desafía esa jerarquía (p.e. discutiendo su propia posición a
nivel institucional).
El concepto de «colonialismo», en
este sentido, va más allá del concepto del racismo, no sólo porque señala la
práctica de inferiorización de las personas “racializadas”, sino porque plantea
un vínculo de desigualdad basada en una jerarquía de pueblos o nacionalidades. Aunque
algunos grupos antirracistas niegan validez a una categoría como «etnia»,
procedente de la antropología europea, conviene detenerse en este punto. Los
seres humanos sufrimos discriminación no sólo por nuestro color de piel, sino
también por ser extranjeros, por tener otras nacionalidades, en definitiva, por
formar parte de comunidades extraeuropeas, a menudo colonizadas. Si bien están
habitualmente entrelazados, «racismo» y «xenofobia» tienen objetos diferenciales.
Eso supone que también mi procedencia incide en mi posición social,
especialmente por la existencia de un blindaje colonial que es de carácter
jurídico-administrativo que afecta, en general, a las personas migrantes (y no
sólo racializadas), especialmente en los países del norte (Europa y EEUU),
aunque también en las propias sociedades colonizadas, en las que unas elites
criollas reclaman para sí los privilegios que les niegan a los demás pueblos. Dicho
esto, resulta claro que sin la referencia a la “etnia” o a la “nacionalidad” no
podemos visibilizar estas otras formas de discriminación realmente existentes. Por
lo demás, ¿cómo podríamos referirnos al etnocentrismo -la creencia en la propia
superioridad como pueblo-, que está en la base del colonialismo, sin esta
referencia conceptual a un pueblo o etnia que se representa como encarnación
del desarrollo?
Incluso si a nivel social la aceptación
de ciertas nacionalidades es mayor a otras, la discriminación sistémica sigue
produciéndose en diferentes ámbitos de la vida social e institucional. Para
concretar más este análisis, resulta apropiado mencionar varios ejemplos que he
procurado documentar durante dos décadas. Cuando hablamos de «colonialismo»,
pues, es necesario tener en cuenta al menos estas preguntas en el contexto
español.
1.
¿Qué ocurre en la administración pública en
España? Todavía al día de hoy la ley de funcionariado impide el libre acceso de
personas extracomunitarias a la carrera funcionarial. Es el propio estado el
que construye una desigualdad estructural entre ciudadanía nacional y
ciudadanía extracomunitaria. Lo que determina aquí el acceso a la administración
pública es, sin más, nuestro estatuto jurídico, no un marcador racial. El
blindaje colonial es, precisamente, el desarrollo de una normativa que
establece, con fuerza de ley, unos privilegios para unos grupos en detrimento
de otros. Podría argumentarse que, a pesar de todo, las personas migrantes y
racializadas sí pueden acceder a puestos laborales temporales dentro de las administraciones
públicas. Un breve repaso del mercado de
trabajo en España, sin embargo, desmiente esa participación, señalando en este
caso no una prohibición legal sino la falta de una cultura institucional
inclusiva, capaz de promover la incorporación a las propias estructuras del
estado de un funcionariado diverso, incluyendo los organismos públicos que
gestionan la diversidad[ii].
2.
¿Qué pasa en las universidades públicas y, en
general, en el sistema público de educación? La participación de un profesorado
diverso sigue siendo completamente marginal. Las estadísticas del ministerio lo
señalan de forma inequívoca. Menos del 1% del profesorado es extracomunitario,
no sólo por impedimentos legales sino por obstáculos culturales, comenzando por
la clausura institucional hacia el exterior. Lo cierto es que aunque tenemos un
sistema educativo marcado por un contexto de multiculturalidad, el privilegio
del que goza el profesorado local es una clara muestra de colonialismo cultural,
que bloquea la participación de profesionales de la educación de otras partes
del mundo en igualdad de condiciones. El otro, si cabe, en el mejor de los
casos ocupa una posición subalterna dentro del alumnado, pero no es reconocido
como sujeto pedagógico e investigativo[iii].
3.
¿Qué están haciendo las propias ONG y sindicatos?
Aunque en los últimos años la plantilla laboral de sindicatos y ONG se ha
diversificado mínimamente, no deja de ser sorprendente que siga primando la
contratación de personal técnico local en una proporción absolutamente
mayoritaria en estas organizaciones, sin que siquiera se contemplen
titulaciones de otros países en el diseño de los puestos de trabajo o que se tenga
en cuenta a las personas extranjeras ya no como clientela sino como parte de una
plantilla diversa que gestiona la diversidad. Mientras se promueve esa diversidad
de cara a otras organizaciones, son las ONG y sindicatos las que tienen una
deuda relevante para hacer un giro verdaderamente postcolonial, en el que
puedan incluirse a profesionales de distintas procedencias en sus diferentes
niveles jerárquicos. Incluso si pensamos en el tipo de servicios que
proporcionan -p.e. las formaciones profesionales que oferta-, parece bastante
claro que las ONG y sindicatos forman parte del espacio colonial hegemónico:
producir mano de obra barata en sectores socialmente indeseados (limpieza,
cuidados, construcción, logística, restauración…).
4.
En términos más amplios, ¿qué ocurre en el
mercado de trabajo? Sin entrar en un análisis más pormenorizado, no hay que ser
un experto para reconocer la dinámica dual del mercado de trabajo: mientras la
mayoría de personas migrantes son confinadas en sectores de alta intensidad
laboral, en puestos precarios y temporales, en las categorías profesionales más
bajas y peor remuneradas, la ciudadanía local, comparativamente, tiende a
ocupar mejores posiciones laborales, eventualmente en puestos jerárquicos y con
mejores condiciones de trabajo. Aunque la precariedad laboral afecta en general
a las clases trabajadoras, el confinamiento sectorial que se produce entre las
personas migrantes y refugiadas potencia esa precariedad. La segregación
ocupacional que sufren estos colectivos, desde luego, no puede explicarse de
forma satisfactoria por una cuestión de competencias profesionales. Hasta el
día de hoy, no hay nada parecido a un empleo intercultural en España. Incluso
si algunos grupos logran obtener mejores oportunidades de trabajo, el mercado
laboral opera no sólo con una lógica racista sino, más globalmente, colonial.
La creencia en la propia superioridad garantiza esta dinámica desigual en la
que los mejores puestos los ocupan los nacionales, articulando de modo concreto
las desigualdades de clase con las desigualdades por origen[iv].
Estos ejemplos podrían
multiplicarse. También resulta pertinente preguntar por las dinámicas del campo
mediático, del ámbito artístico y de la gestión cultural. Búsquese en estos
ámbitos referentes diversos, que den cuenta de la pluralidad cultural de
España. Una vez más, el acceso de esos referentes a ciertos dispositivos de
poder es, en el mejor de los casos, de carácter excepcional. No deja de ser
paradójico que el colonialismo legitime esta desigualdad en el acceso y
participación en todos estos ámbitos en nombre de la defensa de la «identidad
nacional», como si dicha identidad fuera única e inamovible.
En síntesis, el colonialismo está
muy lejos de agotarse en las actuaciones político-militares de unos estados
sobre otros; incluye asimismo formas de acción unilateral de unas comunidades sobre
otras, legitimadas a partir de su presunta superioridad étnica y cultural. El
colonialismo, por tanto, no es sólo un asunto de política exterior, de trato
desigual -y a menudo abusivo, mediante complejos mecanismos financieros,
económicos, culturales, políticos, jurídicos y militares- sobre otras naciones.
Opera a nivel interno de múltiples maneras. Aunque algunas de sus formas son
verdaderamente brutales -como encerrar en Centros de Internamiento de
Extranjeros a personas en situación irregular[v]
o deportar de forma forzada a miles de migrantes cada año[vi]-,
otras de sus formas son más sutiles, aunque no por ello menos insidiosas y
persistentes. En todos los casos, el colonialismo se manifiesta como un
dispositivo productor de exclusión y marginación social e institucional, a
menudo mediante obstáculos jurídicos y administrativos que dificultan el libre
ejercicio profesional y la participación de una ciudadanía culturalmente diversa
en el espacio público.
Sólo si partimos de una crítica a
la colonialidad se hace imaginable un camino real para una interculturalidad crítica
que vaya más allá de cierto folclorismo multicolor promovido por los
estados coloniales y de ciertas prácticas bien intencionadas (como las
pedagogías interculturales o las iniciativas de mediación intercultural) pero
finalmente fallidas, nacidas de la evidencia de la multiculturalidad. Sin la
defensa concreta de la igualdad en la diversidad, del derecho a la
participación, comunicación y decisión de las personas con independencia a su
condición, no tenemos más que una retórica multiculturalista en el contexto de
una sociedad colonial, que sigue aferrándose a sus privilegios de nacionalidad.
Con todo, la propia lucha
anticolonial resulta radicalmente insuficiente si no se articula a otras luchas
emancipatorias. Convendría, en este sentido, no olvidar que es el propio
capitalismo quien ha consolidado la dicotomía entre «países centrales» y «países
periféricos» dentro del sistema-mundo. Aunque a efectos analíticos sea preciso
distinguir entre diferentes ejes que se entrelazan en cada sociedad, en
términos políticos no podemos contentarnos con cambiar un eje sistémico sin
intervenir sobre los demás.
De lo que se trata, en última
instancia, es de transformar la sociedad como totalidad, cuestionando la
posición subordinada que ocupan las personas no sólo por su nacionalidad,
etnia, raza o género sino también por su pertenencia de clase. Sin un proyecto
de sociedad que subvierta esas desigualdades estructurales, la amenaza real del
fascismo se conjugará también bajo la forma de un neocolonialismo que está convirtiendo
el mundo en una escombrera.
[i]
“El colonialismo es todo aquel modo de dominación basado en la degradación
ontológica de las poblaciones dominadas por razones etnorraciales. A las
poblaciones y a los cuerpos racializados no se les reconoce la misma dignidad
humana que se atribuye a quienes los dominan. Son poblaciones y cuerpos que, a
pesar de todas las declaraciones universales de los derechos humanos, son
existencialmente considerados como subhumanos, seres inferiores en la escala
del ser. Sus vidas tienen poco valor para quien los oprime, siendo, por tanto,
fácilmente desechables” (Boaventura de Sousa Santos, El colonialismo
insidioso, versión electrónica en https://attac.es/el-colonialismo-insidioso/).
[ii]
Remito a mi artículo “Migraciones y sector público”, en Rebelión, 21/06/2018,
versión electrónica en https://rebelion.org/migraciones-y-sector-publico/.
[iii]
Cf. “De vueltas con la interculturalidad. Enseñanza pública y migraciones en
España”, en Rebelión, 22/10/2022, versión electrónica en https://rebelion.org/ensenanza-publica-y-migraciones-en-espana/.
[iv]
Cf. “Ciudadanías mermadas, mercado laboral y discriminación”, en Rebelión, 10/06/2017,
versión electrónica en https://rebelion.org/ciudadanias-mermadas-mercado-laboral-y-discriminacion/.
[v]
Cf. “Las consecuencias previsibles de los CIE”, en Rebelión, 28/12/2011,
versión electrónica en https://rebelion.org/las-consecuencias-previsibles-de-los-cie/.
[vi]
Cf. “For export: las deportaciones forzadas en España”, en Rebelión, 02/06/2017,
versión electrónica en https://rebelion.org/for-export-las-deportaciones-forzadas-en-espana/.
viernes, 24 de enero de 2025
Políticas de la muerte: la herida abierta en el Mediterráneo - Arturo Borra
El curso de
las políticas de muerte de la Unión Europea es cada vez más cristalino. Las
noticias sobre inmigración se han convertido en una continua nota necrológica.
El drama recurrente de las muertes en el Mediterráneo arroja un nuevo balance
siniestro: 10.457 personas han muerto en su intento de migrar a España en 2024,
el año más mortífero desde que se tienen estadísticas al respecto (1). Señalar
esta situación recurrente como un “fracaso” es parte de la trampa, como si los
gobiernos implicados se hubieran propuesto evitar alguna vez esas muertes,
desplegando los medios necesarios para tal fin. Por el contrario, atendiendo a
los objetivos de esta necropolítica en acción, los resultados
constituyen un éxito rotundo de las políticas colonialistas del estado español
en las últimas décadas (2).
De hecho,
referirse a un fracaso que se viene repitiendo desde hace años como mínimo
forzaría al estado a tomar nuevas decisiones, comenzando por la remoción
fulminante de los actuales responsables de la gestión de las migraciones (ante
una sangría humana que nadie en su sano juicio podría señalar como
“imprevisible”) y por un giro político radical en materia de salvataje y
protección de personas en riesgo grave de muerte. Apenas hace falta señalar que
ninguna de estas medidas se ha producido, ante todo, porque el objetivo
prioritario de esas gestiones no es (ni ha sido) evitar la muerte de miles de
seres humanos cada año sino reducir al máximo el ingreso de ciertos flujos
migratorios considerados “indeseables” (en términos generales, personas
procedentes de Medio Oriente y África), tratados como un «sobrante estructural»
por parte de los estados europeos.
En
síntesis, las muertes en el Mediterráneo no son producto de una imposibilidad
real de salvataje o de protección civil sino de una voluntad política
abiertamente represiva. Prueba suficiente de que podría actuarse de otro
modo es que, de hecho, la Unión Europea ya ha actuado así cuando lo ha
valorado conveniente, tal como ha ocurrido con el tratamiento preferencial que
ha hecho con las personas desplazadas de Ucrania, concediéndoles protección
temporal de forma inmediata. Dichas muertes, pues, no son «tragedias»
-inevitables por definición- sino una de las consecuencias más funestas de las
políticas migratorias en curso, que incluyen la externalización y
militarización de las fronteras europeas. La repetición del abandono, la muerte
por goteo que se repite año tras año, es producto de una sumatoria de
decisiones gubernamentales que de forma más o menos explícita se plantean con
respecto a los flujos migratorios procedentes del Sur global, significados como
una amenaza de rostros diversos: en materia laboral, securitaria, identitaria,
cultural e incluso sanitaria.
El deseo de
ponerse a salvo de miles de seres humanos huyendo de las guerras, la sequía, la
hambruna o la persecución ideológica no parecen constituir razones legítimas
para la razón de estado. La contribución decisiva de Europa en la producción de
esas situaciones, como parte de su política colonial, es ignorada sin más. La
historia contemporánea de las migraciones y los desplazamientos forzados es
omitida de raíz, como si no hubiera condiciones de producción de las diásporas en
masa, producto de los grandes desequilibrios y desigualdades sociales a nivel
mundial.
Lo que
podría evitarse o mitigarse de forma inequívoca con otras políticas al
respecto, no cesa de agravarse en el actual contexto europeo, asediado por el
fantasma del racismo y la xenofobia, tanto a nivel social como institucional.
La propia Comisión Europea no ha cesado en su empeño de restringir más sus (mal
llamadas) “políticas de acogida”, ya de por sí maltrechas. La misma agencia
europea FRONTEX ha sido denunciada desde hace años por escándalos vinculados a
numerosas “devoluciones en caliente” de personas migrantes y desplazadas y a la
opacidad que ha caracterizado históricamente su mandato (3). No es sólo que
ninguno de los objetivos declarados de Frontex está centrado en el deber de
salvataje sino que desde esa agencia se han dado pasos activos en la
vulneración de derechos humanos fundamentales (4). De hecho, a lo largo de su
mandato no han cesado de proliferar estas muertes silenciadas de personas
huyendo de la desesperación, al punto de haberse normalizado hasta la
indiferencia, sin suscitar protestas significativas por parte de la ciudadanía,
a excepción de algunos movimientos antirracistas que siguen sosteniendo, en una
relación de fuerzas desigual, la exigencia de vías legales y seguras para
migrar.
La falta de
respuesta social mayoritaria, sin embargo, sigue siendo una respuesta. Que
desde hace al menos dos décadas las muertes en el Mediterráneo se cuenten ininterrumpidamente
por miles, sin presiones sociales suficientes para modificar en lo más mínimo
esta realidad drástica, es síntoma del carácter hegemónico del racismo y la
xenofobia, defendidos ya no sólo por grupos neonazis o la extrema derecha sino
por la mayoría del arco político, con una base social amplia. El consenso es
notable, al punto de conducir al actual gobierno español a referirse a la
inmigración, de forma explícita, como un problema de seguridad, capaz de poner
en riesgo la “integridad territorial” del estado español. ¿Cómo interpretar la
masacre de Melilla de 2022 sino como la escenificación de ese postulado
securitario ante la Unión Europea (5)? El tratamiento del Otro desde un
discurso de excepcionalidad siempre ha sido la antesala para su eliminación. La
razón homicida del estado, por más discontinua que sea en sus apariciones, no
deja de ser continua en sus acciones: mientras presenta su rostro benevolente
como “estado de derecho” para una ciudadanía restringida, se comporta como
“estado de excepción” para los excluidos de esa ciudadanía.
Un análisis
crítico riguroso, pues, exige reformular nuestras conclusiones habituales. La
pérdida reiterada de seres humanos que se producen cada año intentando arribar
a costas europeas (particularmente a España, Italia y Grecia) no es un fracaso
o una negligencia sino el resultado previsible de una necro-política que
plantea sin más que esas vidas no importan en absoluto. Incluso
si evitamos homogeneizar lo social, tampoco las sociedades europeas se han
movilizado de forma masiva para exigir el cambio de esas políticas. Lo que es
peor: dichas sociedades están legitimando mayoritariamente esas políticas, lo
que permite presagiar un drama colectivo que seguirá agravándose en un futuro
inmediato.
II. Sobre el sufrimiento
inmensurable
El
tratamiento mediático marginal de estas muertes, puestas a distancia, sin
imágenes concretas que encarnen el drama del naufragio o la desaparición,
contribuye a su normalización. Detrás de las cifras vaciadas de sentido,
despojadas de su significación en términos de sufrimiento inmensurable, lo que
se esconde es la indiferencia circundante con respecto a la muerte real de una
cantidad ingente de personas sometidas a la vulneración sistemática de sus
derechos.
En efecto,
no toda muerte vale lo mismo. La desigualdad de los vivos se convierte en una jerarquía
de los muertos, al punto que algunos ni siquiera cuentan. La contabilidad de lo
desaparecido es, a todos los efectos, imprecisa (6). La magnitud del desastre
es, con toda seguridad, mayor de la imaginada. De hecho, la información
disponible señala que en los últimos diez años sólo en el Mediterráneo han
muerto más de 31178 personas en tránsito (7). Se trata de “estimaciones
mínimas” tal como se señala de forma explícita en el «Proyecto de Migrantes
Desaparecidos» («Missing Migrants Project») de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM).
Aunque esas
estimaciones mínimas sean necesarias, no deja de ser indicativo que hasta la
propia contabilidad del desastre tenga baja prioridad para los gobiernos
europeos y, particularmente, para las políticas de conocimiento especializadas.
De hecho, entre el cálculo estimativo de la organización Caminando Fronteras
(que eleva a más de 10.000 los fallecidos en el Mediterráneo) y el recuento de
Unicef (que reduce esa cifra a 2200 [8]), hay una diferencia ostensible
relevante, ya indicativa del carácter fragmentario e impreciso de los datos de
los que se dispone.
Semejante insuficiencia
informativa tampoco resulta sorprendente. Puesto que desde la perspectiva
oficial esas muertes no importan, los instrumentos de medición de esas
muertes importan menos aún. La propia cobertura de este desastre
repetido es mínima, en consonancia con una cultura política que ha legitimado
la desaparición constante de miles de seres humanos en las puertas de un
continente que, a la vez que se representa como defensor inquebrantable de los
derechos humanos, no cesa de pisotearlos cuando se trata de los otros (9).
Las
preguntas insisten: ¿qué impide cambiar una política que sigue permitiendo
estas muertes evitables? ¿En qué sentido podemos imaginar una Unión Europea
libre de colonialismo cuando la voluntad política dominante no es otra que
continuar construyendo categorías de seres humanos excluidos del derecho? ¿Cómo
no denunciar su cinismo cuando sus presuntos “compromisos” con una humanidad
desaparecida se convierten en la práctica en compromiso real con la barbarie?
En un plano más particularizado, ¿qué responsabilidad cabe reclamar para las
ciencias sociales -y las instituciones académicas nacionales y comunitarias
implicadas- ante esta catástrofe? ¿Cómo no exigir a nivel público una política crítica
de investigación, capaz de documentar, interpretar y cuestionar la repetición
de una catástrofe social evitable?
Puesto que el
desastre repetido es efecto de una política de estado, los
llamados a la solidaridad ciudadana son a todas luces insuficientes. El
desentendimiento de los «estados de bienestar» de este sufrimiento inmensurable
(no sólo de las personas damnificadas de forma directa sino de sus entornos
sociales y familiares) muestra a las claras que hasta el propio bienestar está
cercado, confinado en una comunidad nacional territorialmente restringida.
Las
conclusiones que cabe extraer de este señalamiento son al menos cuádruples:
1) tal como
han funcionado históricamente los estados benefactores europeos a partir de la
postguerra no sólo no han operado en un sentido universalista sino, por el contrario,
se han movido hacia una creciente restricción de los derechos de ciudadanía de
las personas migrantes y refugiadas, a pesar de todas sus declaraciones
“liberales” de defensa de los derechos humanos;
2) esta condición
inherentemente dual del estado ha permitido que éste opere de forma simultánea
como «estado de derecho» y como «estado de excepción», según la masa
poblacional con la que trate, especialmente a partir del reconocimiento o
negación jurídica de la ciudadanía;
3) esta
doble cara del estado explica el hecho contradictorio de que el mismo estado
que promulga leyes que penalizan el racismo y la xenofobia sea al mismo tiempo
un agente institucional que se exime de cumplir esas leyes, como ocurre con las
prácticas policiales basadas en identificaciones raciales o étnicas, el
mantenimiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros o la Ley de
extranjería vigente, por no hacer referencia a la discriminación de las
personas migrantes y refugiadas en el sector público basada en la actual ley
del funcionariado o a las políticas públicas de empleo que potencian el
confinamiento y sectorización laboral de las personas migrantes (con
independencia a su cualificación profesional), tolerando simultáneamente la
pervivencia de una economía sumergida productora de mano de obra barata y
servicial; y
4)
semejante política de estado no está centrada en el cierre total de fronteras
-a todas luces inviable- sino en regular los ingresos en función de las
necesidades flotantes de mano de obra del mercado de trabajo y, en general, de
la economía capitalista de los países metropolitanos, sin que ello implique
reconocimiento de derechos colectivos o mejoras en materia laboral.
Incluso si
se escenifica una diferencia ideológica en el arco parlamentario, los gestos
políticos más o menos oportunistas no constituyen una política de estado
diferente (10). La catástrofe repetida en las últimas décadas desmiente la idea
de variaciones cualitativas significativas al respecto. La muerte sistemática
de quienes intentan arribar al continente europeo por costa es una consecuencia
previsible de una política de estado centrada en la represión de los flujos
migratorios procedentes del Sur, aun si eso supone la muerte continua de miles
de personas. Considerando el negocio billonario que se produce en torno a la
vigilancia fronteriza y a las políticas de control migratorio, las vidas
perdidas valen menos que los negocios a los que dan lugar (11).
IV. Es la ideología
estúpido
La paradoja
que enfrenta Europa ahora mismo no es otra que pretender blindarse de las
migraciones cuando más las necesita para sostenerse tanto en una dimensión
económica como a nivel demográfico. A pesar de la lógica instrumentalista con
la que la Unión Europea históricamente ha gestionado las migraciones, desconociendo
de forma regular al otro como sujeto de derecho, la primacía de lo ideológico
en la coyuntura del presente es cuando menos llamativa: la cruzada xenófoba y
racista que la Unión Europea ha potenciado resulta completamente contraria a
sus intereses económicos más básicos, incluyendo la importancia de las
migraciones en el sostenimiento de sus enflaquecidos estados de bienestar
(sostenibilidad de las pensiones, diversificación del mercado laboral,
rejuvenecimiento poblacional, ampliación de la población activa, aportación
tributaria, etc.).
Solamente por
limitarnos al caso español, la constatación de partida es sencilla: en
determinados sectores económicos, no hay suficiente mano de obra local para
satisfacer las demandas de personal. No es sólo que las personas migrantes y
refugiadas realizan trabajos socialmente indeseados, en condiciones de
precariedad, confinados en sectores económicos intensivos y con alta
temporalidad. Es que sin esas personas el mercado de trabajo sería más
deficiente aún, planteándose serios problemas de sustentabilidad económica a
mediano y largo plazo.
Así, incluso
desde la miopía de un prisma puramente económico, el carácter positivo de las
migraciones es innegable, en tanto permite cubrir puestos de difícil cobertura
y atender la escasez de trabajadore/as en determinados sectores. Las políticas
xenófobas y racistas, aunque movilizan negocios millonarios, ponen en jaque la propia
subsistencia y competitividad de las economías locales, no sólo por no tener
trabajadores suficientes para atender sus demandas de bienes y servicios sino
también para afrontar un futuro compartido en sociedades crecientemente
diversas (12).
V. La muerte por abandono
La
repetición de la muerte por abandono, sin la adopción de medidas urgentes y
factibles para evitar este holocausto silencioso, pone en evidencia el vínculo colonial
que mantienen los estados europeos con los países del Sur. Si por una parte requieren de sus recursos
estratégicos (que obtienen por medios diferentes, incluyendo guerras periódicas
y expolio sistémico), por otra parte, no pueden más que recelar de la
ciudadanía de dichos países: aunque las necesita de forma selectiva para su
propio provecho, uno de sus legados coloniales más persistentes es el desprecio
soberano por ese otro al que se sobreexplota sin miramientos.
La
«tolerancia europea» significa sin más cierta porosidad de sus fronteras
para cubrir sus necesidades internas de fuerza de trabajo sin que ello suponga
atender una exigencia de igualdad o un reclamo de justicia. Los “tolerados” no
pueden ser más que personas migrantes mermadas en derechos, sometidas a una política
de amenaza en la que la muerte aparece como uno de los elementos regulares para
su disciplinamiento. Si la migración legal para sujetos profesionales altamente
“cualificados” es bienvenida, la migración irregular para sujetos laborales
aparentemente “poco cualificados” o “no cualificados” es su contracara. Para el
primer grupo, el “libre mercado” se manifiesta como una oportunidad de
movilidad internacional; para el otro grupo, la “economía de mercado” se
transforma en el espacio de numerosas dificultades para convertir la movilidad
en una oportunidad real. Dentro de esas numerosas dificultades se sitúa la
tentativa de acceder a suelo europeo, poniendo en juego la propia vida. Podría
decirse, en este sentido, que la “tolerancia europea” no es sino la admisión
tácita de contingentes de seres humanos perseguidos y empobrecidos que han
superado la prueba del Mediterráneo, aunque se trate de una admisión
subordinada a los imperativos de un mercado laboral fluctuante.
No cabe
duda que cuanto más infle la burbuja del miedo al otro, la Unión Europea más
adoptará un enfoque securitario con respecto a los desplazamientos procedentes
del Sur. Ese miedo, en verdad, no es más que un pretexto para retacear los
derechos de esos otros, sometiéndolos a una dinámica jerárquica y desigual en
la que el riesgo de muerte es la encrucijada que se debe atravesar para
intentar ponerse a salvo. La “causa” invocada, sin embargo, no es más que una
falacia. Si hay que temer algo es, más bien, a esa Unión Europea que no sólo
constituye una aliada fundamental del capitalismo globalizado sino un socio
imprescindible para el fascismo que se cierne a escala planetaria. Precisamente
porque otra Europa es posible, no podemos conformarnos con la actual
gobernanza europea, encaminada a la criminalización de las migraciones del Sur
y a ahondar en un blindaje colonial que, sin inmutarse, condena a muerte a
miles de seres humanos cada año.
Aunque no
hay ninguna razón para ser optimista al respecto, sin una articulación efectiva
de las luchas antirracistas y de los movimientos sociales que las sostienen, la
historia de las migraciones en las próximas décadas en Europa se escribirá
sobre el trasfondo de este abandono institucional. La crisis de la modernidad
es también declive de un ideal de humanidad compartido. Los parias del mundo
seguirán deambulando en esa zona de indiferencia donde, literalmente, no cabe
esperar ninguna salvación.
Arturo Borra. DIÁSPORAS. Centro de Investigación Migrante para la Interculturalidad
1) Cf. Gabriela Sánchez: “10.457 personas han muerto
en su intento de migrar a España en 2024, el año más mortífero”, versión
electrónica en https://www.eldiario.es/desalambre/10-457-personas-han-muerto-migrar-espana-2024-ano-mortifero_1_11925508.html
2) Remito a mi artículo “Frontex y la necropolítica en
acción: la jerarquía de los muertos”, en Rebelión, 04/06/2022, versión
electrónica en https://rebelion.org/frontex-y-la-necropolitica-en-accion-la-jerarquia-de-los-muertos/
4) Los objetivos de Frontex pueden consultarse en su
página web: https://frontex.europa.eu/es/
5) Cf. Arturo Borra: “Operación masacre: notas
necrológicas sobre un crimen de estado”, en El Salto, 10/07/2022, versión
electrónica en https://www.elsaltodiario.com/opinion/operacion-masacre-notas-necrologicas-crimen-de-estado?&
6) He procurado reflexionar al respecto en “Las
muertes en el Mediterráneo: la contabilidad de lo desaparecido”, en Rebelión,
15/01/2028, versión electrónica en https://rebelion.org/las-muertes-en-el-mediterraneo-la-contabilidad-de-lo-desaparecido/
7) Cf. https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
9) Tal como se señala en el proyecto «Missing Migrants
Project»: “Los datos sobre las muertes de migrantes son difíciles de recopilar
por varias razones. En primer lugar, como la mayoría de las muertes son de
migrantes que viajan por medios irregulares, a menudo se producen en zonas
remotas elegidas por falta de rutas legales. Como resultado, los cadáveres no
siempre se encuentran rápidamente, si es que se encuentran, y las muertes
pueden no ser informadas sistemáticamente a las autoridades. Además, cuando las
muertes ocurren en el mar o en otras masas de agua, es posible que no se
recupere a muchos de los fallecidos y, sin listas de pasajeros, se desconoce el
número exacto de desaparecidos. Además, la participación de actores criminales,
guardias fronterizos y otros en el proceso de migración irregular puede hacer
que los sobrevivientes teman informar de las muertes, y algunas muertes pueden
incluso ser encubiertas activamente. […] También es difícil recopilar datos
sobre muertes y desapariciones de migrantes, ya que los informes de los Estados
sobre las muertes de extranjeros en tránsito o de nacionales que han muerto
durante el tránsito en el extranjero son muy escasos. Pocas fuentes oficiales
recopilan y publican datos sobre las muertes de migrantes. A menudo, los
incidentes salen a la luz a través de los medios de comunicación, que pueden
tener una cobertura incompleta y poco frecuente” (https://missingmigrants.iom.int/methodology).
10) El reclamo no es en absoluto novedoso, cf. “Más
allá de los gestos: por un cambio de las políticas migratorias y de asilo
europeas”, en Rebelión, 04/08/2018, versión electrónica en https://rebelion.org/mas-alla-de-los-gestos-por-un-cambio-de-las-politicas-migratorias-y-de-asilo-europeas/.
101) Remito a la investigación periodística hecha por
la Fundación Por Causa (2022): “Industria del Control Migratorio (ICM): Manual
de instrucciones”, versión electrónica en https://porcausa.org/spectram/static/docs/icm2.pdf.
12) Por recurrir a una fuente estadística elaborada
con fines claramente diferentes a nuestro objetivo de conocimiento: si tenemos
en cuenta la encuesta EBAE del Tercer trimestre del año 2023 del Banco de
España, queda manifiesto que de cada 10 empresas encuestadas, 4 reportaron
dificultades para encontrar personas trabajadoras cualificadas: “la creciente
incidencia de los problemas de disponibilidad de mano de obra” destaca como uno
de los dos problemas fundamentales del empresariado, junto al repunte de los
costes energéticos (disponible en versión electrónica en https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/analisis-economico-investigacion/boletin-economico/2023-t3-articulo-15--encuesta-a-las-empresas-espanolas-sobre-la-evolucion-de-su-actividad--tercer-trimestre-de-2023.html).
martes, 7 de enero de 2025
La (auto)censura como imagen de época - Arturo Borra
En esta sociedad que se presenta
a sí misma como "libre" cada vez cuesta más localizar espacios donde
los discursos se crucen de forma crítica, más allá del monólogo o la mera
polémica (que no deja de ser otra forma de dogmatismo cruzado), quizás con la
excepción de los “pequeños círculos”. Es cierto que la propia posibilidad de
cuestionar la existencia de la libertad supone ya cierto espacio de libertad
para hacerse ese cuestionamiento. Pero ejercer ese margen de libertad no niega
la presencia de obstáculos extendidos para poder ejercerla, comenzando por la
censura y la negativa a un intercambio abierto, basado en la mutua crítica y no
en un criterio de autoridad que parte del supuesto de un sujeto (de
conocimiento) privilegiado.
La imagen de nuestra época se
aproxima más a esa (auto)censura relativamente invisible que al santuario
ilusorio de la autodeterminación. La defensa abstracta de la libertad choca con
la desigualdad para poder ejercerla. El pluralismo crítico se topa con la
polarización creciente que llama a formar filas: se está a favor o en contra,
sin argumentación que importe, en una división dicotómica del mundo social en
la que no cabe ningún matiz, puesto bajo sospecha. No me refiero solamente a
las redes o a los medios de comunicación sino a todos los ámbitos públicos de
nuestras vidas. Como si lo único que pudiéramos hacer fuera plegarnos o
cancelar: una especie de atrincheramiento subjetivo donde la propia idea de
debatir, de aceptar un juego de réplicas argumentativas, fuera algo
inconcebible.
Al fin de cuentas, todo debate
supone que nadie de partida detenta la verdad, que no es posible construir
ninguna verdad sin el otro, que el otro no es superfluo sino parte central e
insustituible en un proceso de indagación abierta que exige una con-validación
crítica. Como si la propia práctica del debate, que no tiene por qué parecerse
a una especie de diálogo armonioso o a un encuentro sin fricciones, estuviera
acorralada, en una especie de rincón al que van a parar castigados los
adoradores de matices. Pero no se trata sólo de matizar. Entre la polémica y el
debate crítico hay fronteras cualitativas que, aunque no siempre son nítidas,
hunden sus raíces en dos búsquedas contrapuestas. Mientras en un caso se trata
de derrotar al otro en el plano discursivo, en un intercambio argumentativo el
otro me enseña (a veces a regañadientes) lo que desconozco, me permite pensar
mis puntos ciegos, me ayuda a reformular mi posición y ensanchar mi universo
simbólico, incluso si eso supone pasar de forma frecuente por la experiencia
del conflicto intersubjetivo.
Es cierto que nuestra apertura no
es ilimitada, que hay momentos en que ni siquiera vale la pena intentar
dialogar, no tanto por las diferencias de partida como por la falta de interés
que algunas de esas diferencias suscitan, sobre todo cuando se presentan como
evidentes, verdaderas e indiscutibles o cuando traspasan las líneas básicas del
respeto y la igualdad. Pero cuando esa actitud se generaliza, cuando sólo queda
la lógica del amigo/enemigo, cuando la polarización sustituye cualquier crítica
dialógica (que acepta que el otro como semejante puede tener sus razones
legítimas), lo que queda es un orden simbólico clausurado, plagado de
prejuicios. Cuando eso ocurre sobre los asuntos fundamentales de nuestras vidas
en común la posibilidad de construir acuerdos partiendo del disenso se hace
ínfima. El desacuerdo se convierte en ruptura y la construcción de lo común se
transforma en el resultado de una mera correlación de fuerzas.
De la mano de la descalificación
mutua, nos quedamos sin interlocutores que puedan aportarnos lo que nosotros
ignoramos. Si el otro no actúa como espejo, sencillamente, pasa a formar parte
de la masa indistinta de discursos con los que hay que romper. Un mundo así es
un uni-verso cerrado, sin escucha recíproca: en vez de ensanchar nuestras
perspectivas, las hace cada vez más estrechas, las encierra en un sistema
cerrado de creencias. Convierte al otro en un ser redundante. Por eso no es de
extrañar que callemos nuestros disensos ni sorprende que la (auto)censura
prolifere en este contexto cultural marcado por la marginación del debate
crítico. Ya lo decían hace casi cien años. Un mundo así no es el mundo de la
democracia sino la condición para que prospere el totalitarismo, incluso si ese
totalitarismo admite variantes que se toman o se dejan, como equipos de fútbol,
fuera de toda posibilidad de ser discutidas desde posturas más o menos
razonables.
Lo decisivo es que la falta de
libertad se presenta como consenso: el temor a la excomunión, a ser expulsado
de determinada comunidad, es el trasfondo de la censura generalizada, incluso
bajo la forma de la indiferencia, el desinterés o el bloqueo, propios de una
época que se niega a reflexionar sobre los estragos que está provocando. Quien
se arriesga a disentir se expone a ser apartado de forma más o menos violenta,
generalmente acusado de provocación o incluso de traición. La falta de libertad
se convierte así en una política de la omisión. «Si no quieres salir escaldado,
mejor cállate» podría ser el lema de nuestra época. Pero una política del
sujeto semejante nos hace previsibles y sumisos a la autoridad, limitándonos a
desempeñar el papel esperado, redundando en la zona saturada de los discursos
que nos atraviesan, no sea caso que nosotros mismos seamos los censurados.
Me pregunto si en estas
condiciones alguien que goza de una aprobación generalizada no es,
probablemente, alguien que ha renunciado a reflexionar de forma crítica sobre
los asuntos fundamentales de nuestra sociedad. Si así fuera, el grado de
notoriedad pública no sería nada distinto al nivel de claudicación alcanzado.
Es verdad que cada época produce, sin advertirlo, sus propios objetores que, a
pesar de todo, insisten en señalar lo omitido y cuestionar los dogmas
dominantes. Pero que esos objetores surjan por defecto no hace más que
reafirmar la necesidad de seguir apostando por aquello que esta época margina.
No encuentro otra esperanza
política que en los que cultivan grietas, como decía el poeta argentino Roberto
Juarroz. Sostenerse en esa esperanza (agonística, nunca asegurada) no significa
que no nos topemos a cada paso con lo que se ha convertido en una práctica
extendida: mirar para otro lado, siguiendo la estrategia del avestruz. Las
excepciones no dejan de confirmar la censura convertida en una práctica
habitual, ahora a cargo de los propios individuos que "libremente"
optan por mandarse a callar, cuando hablar –de un cierto modo, capaz de eludir
la suma de tópicos que llamamos "opinión pública"- tiene un costo
cada vez más elevado.
La censura, es verdad, no es algo
novedoso. Lo que puede que sí lo sea es la creciente presión uniformizadora a
la que estamos sometidos y una cierta disposición para aceptarla sin rechistar.
Puede que uno de los mayores desafíos de nuestra época sea escapar a esa
presión que aplasta lo que hay de singular (o podría haber) en cada ser humano.
Asumir ese desafío me parece una tarea esencialmente colectiva -a la que
podemos contribuir-, centrada en (re)construir espacios plurales en los que el
disenso sea una posibilidad de intercambio, no un motivo para la exclusión.
Nuestras llamadas «democracias parlamentarias», basadas en una lógica de
bloques, cada vez parlamentan menos –en el sentido concreto de deliberar de
forma colectiva- y deciden de forma más autoritaria, sin contar con los otros
en absoluto. Pero no se trata de una esfera especializada: la censura se
expande capilarmente por toda la sociedad. Sin libertad de crítica, lo que
queda es la libertad de los poderosos. No se me ocurre mejor forma de defensa
del pluralismo que ejercer, en los espacios en los que nos movemos, el derecho
a cuestionar los discursos que se institucionalizan como evidencias
incuestionables, comenzando por la idea de que vivimos en una sociedad libre.
martes, 8 de octubre de 2024
El crepúsculo de la «humanidad» en la era de la guerra global - Arturo Borra
I.
Sobre el humanismo renacentista
La categoría de «humanidad»,
desde su irrupción significativa en el pensamiento filosófico occidental,
implicó una referencia
universal que excede propiamente el concepto de «especie» -como unidad
biológica dada entre los seres humanos- y de «comunidad» -como unidad
instituida entre miembros de un colectivo específico-. Aunque con matices
diferenciados, «humanidad» no refiere a ninguna comunidad particular ni, mucho
menos, al conjunto de especímenes que conforman la especie humana. Aunque la
propia unidad biológica de la especie humana ha sido puesta en cuestión por el
racismo científico del siglo XIX, de forma similar al cuestionamiento a toda
idea de comunidad por parte del individualismo político moderno, lo que podría
estar en crisis en el presente es algo de mayor alcance: la propia idea de
«humanidad» como conjunto indivisible de seres humanos dotados de dignidad.
La idea abstracta de que los
seres humanos formamos parte de una totalidad orgánica, esto es, una
colectividad que no está dada por naturaleza sino que ha de ser construida en
términos históricos no tiene ella misma más que unos pocos siglos. Es precisamente
esta «humanidad» como categoría general la que hoy mismo podría estar sufriendo
una erosión inédita, de la mano de la proliferación de particularismos
político-culturales que se presentan como mutuamente excluyentes, comenzando
por la ofensiva neoliberal que no reconoce más que «individuos» en tanto
sujetos naturalmente egoístas.
En efecto, puede que ningún otro
movimiento filosófico haya impulsado con más vigor esta idea de «humanidad» que
el humanismo renacentista, al suponer un reconocimiento de la dignidad humana a
priori, claramente contrapuesta a la condición originariamente «pecaminosa»
de los miembros particulares de la comunidad cristiana y a la condición
inerradicablemente «infiel» de los miembros de otras comunidades religiosas. En
rigor, el propio reconocimiento de cualquier parecido de familia entre sujetos
religiosos diferenciados ha sido reiteradamente negado por las religiones
instituidas, en cuanto podría significar sin más la admisión tácita de la
propia relatividad de las creencias de esos sujetos o comunidades. En este
sentido, la línea de demarcación entre la presunta “fe verdadera” y el resto de
los credos, reducidos a falsas creencias, necesariamente implicó en términos
históricos el debilitamiento de la humanitas en común para exaltar el
papel de la comunitas (religiosa).
En suma, en el contexto cultural
del Renacimiento, que de forma incipiente comenzaba a limitar el alcance del
dogmatismo religioso ejercido durante la Edad Media, la idea de «humanidad»
cobró fuerza como forma filosófica de contraponer a una comunidad religiosa
particular un ideal cosmopolita que incluyera a otros seres humanos e incluso a
otras comunidades en una misma categoría común. No por azar el Discurso
sobre la dignidad del hombre, publicado originalmente en 1486 por Pico
della Mirandola, constituyó uno de los hitos más relevantes en la fragua de la
idea de «humanidad» como sujeto. Al respecto, resulta manifiesto que el
concepto en cuestión fue ganando impulso con los procesos de secularización de
las sociedades occidentales modernas, incluso si esas mismas sociedades,
históricamente, han infligido un trato indigno y degradante a otras
comunidades. Dicho de otra manera: si por una parte el humanismo filosófico
moderno no ha impedido el genocidio de pueblos enteros ni detenido la dinámica
del expolio colonialista, por otra parte, contribuyó de forma decisiva a
fortalecer el ideal de igualdad humana que se fue fraguando, de forma
contradictoria y vacilante, en el período de varios siglos.
Más todavía: aunque el propio
desarrollo histórico del capitalismo ha negado ese ideal igualitario de forma
sistemática, desde la primera declaración de los derechos humanos en 1789 como
declaración de derechos universales, ha consolidado el imaginario
secular de una «humanidad» común, con independencia al género, la raza, la
etnia, la clase social, la orientación e identidad sexual e incluso la opinión
política[1].
El flagrante incumplimiento de los derechos humanos por parte de las propias
potencias occidentales que se arrogaron la función de custodiarlos, e incluso
el absoluto desprecio que han mostrado históricamente esas potencias frente al
derecho de los demás, no es razón para dejar de reconocer en esa declaración de
carácter universal un horizonte normativo en el que cada ser humano es
constituido como sujeto de múltiples derechos, en tanto integrante de la
humanidad.
II.
La masacre consentida
Ahora bien, si al fin y al cabo
la modernidad anunció en términos filosóficos una «humanidad» que ella misma
denigró de forma reiterada en términos históricos, sin privarse siquiera de
medios tan brutales como el asesinato, la tortura, la persecución y el
genocidio, ¿en qué sentido nuestra contemporaneidad podría considerarse de
forma válida como diferente? ¿Qué diferencias sustantivas hay entre las
masacres repetidas en la historia humana y las masacres actuales, comenzando
por la que está perpetrando el estado israelí en Medio Oriente con el apoyo de
las principales potencias occidentales? ¿No fue acaso el nazismo la encarnación
de todo lo ominoso que también supuso la modernidad capitalista? O de forma más
directa, ¿no ha sido el fascismo en un sentido amplio el que ha arrojado al
basural de la historia el ideal de «humanidad»? Y ¿no son acaso las dos guerras
mundiales del siglo XX la encarnación misma de la desaparición de este ideal
renacentista?
Por más sorprendente que resulte,
incluso el fascismo del siglo XX pretendía justificar todavía su genocidio en
nombre de un ideal específico (perverso desde luego) de “humanidad”. Sus más
abominables prácticas tenían el reverso de una justificación retórica en la que
la categoría de humanidad estaba presente, aun si se desterraba de su alcance a
otros seres humanos categorizados como “animales” o “subhumanos”. A pesar del
manifiesto desprecio a comunidades enteras de seres humanos (p.e. personas
judías, comunistas, gitanas, con discapacidad) y de su exclusión del concepto
de “humanidad”, la propia noción aún conservaba un sentido como máscara
ideológica, esto es, como una referencia positiva que había que reconfigurar en
términos supremacistas. La vocación imperial del viejo fascismo se justificaba
así en nombre de un presunto mejoramiento de la humanidad como conjunto
(a diferencia del fascismo actual que está dispuesto a prescindir sin más de la
propia idea). Que esa justificación fuera una máscara hipócrita, un pretexto
para avasallar mejor a los otros, no niega la omnipresencia de esta referencia
a la «humanidad» (ciertamente angostada) como una suerte de testigo universal
de la historia.
Nuestra época, por el contrario,
parece estar asistiendo a los funerales de la «humanidad» como categoría
englobante que iguala a todos los seres humanos como titulares de
derecho, más allá de su ciudadanía reconocida. No porque fuera a extinguirse la
especie humana en un corto plazo o porque el apocalipsis sobrevuele por sobre
nuestras cabezas bajo la forma de la amenaza nuclear o de la catástrofe
ecológica -amenazas manifiestamente presentes y recurrentes- sino porque, a
diferencia de otras épocas, las clases dominantes ya no ocultan en lo más
mínimo que se han desentendido de distintas comunidades, condenadas sin más a
su exterminio forzoso.
En efecto, en las condiciones
culturales del presente, en el horizonte de la subjetividad neoliberal ni siquiera
aparece la necesidad de justificar las masacres en curso en nombre de alguna
presunta “humanidad” beneficiaria. Toda la retórica humanista -y con ella la
declaración universal de los derechos humanos y las instituciones que pretenden
hacerla efectiva-, parece sumida en una especie de impotencia recurrente, esto
es, de completa desactivación práctica. Para decirlo directamente: los derechos
humanos, en las coordenadas del discurso hegemónico, han devenido letra
muerta, que a nada obliga, incluso si desde una política de izquierdas no
cabe más que su reivindicación política.
El soberano desprecio que el
neoliberalismo y otras narrativas fundamentalistas han mostrado en las últimas
décadas por la carta de derechos humanos la ha convertido no ya en una
declaración vacía sino directamente superflua, al punto de no contar con ella
en lo más mínimo. Como si la crítica moderna al relato antropocéntrico del
«humanismo» -en lo que tiene de pernicioso, al presuponer una dignidad
humana general avasallada en la práctica de mil maneras en la propia
modernidad-, en vez de haber dado lugar a una política emancipatoria más
consecuente, a un sentido de la justicia expandido a la totalidad de los
pueblos, no hubiera dado pie más que a su supresión efectiva. Según el supuesto
implícito de ese giro, puesto que la idea de «humanidad» es un mito incapaz de
detener el curso beligerante de la historia, entonces, no cabe más que
arrojarla al fregadero de los ideales caducados.
Que el crepúsculo de la
«humanidad» como categoría englobante y general se produzca en las condiciones
de un capitalismo que ha globalizado la guerra, como una mercancía más, no deja
de ser paradójico: mientras los más optimistas tenían razones para pensar que
este proceso daría un nuevo impulso a la cooperación entre diferentes
comunidades políticas o al mutuo reconocimiento de la condición común entre
humanos diversos -a saber, su «humanidad»-, lo cierto es que el movimiento
histórico-universal concreto ha propiciado la proliferación de diferentes
antagonismos sociales expandidos a nivel mundial y la negativa creciente a
reconocer al otro como semejante e incluso como sujeto de derecho.
De un modo que habrá que seguir
elucidando, las llamadas «nuevas derechas»[2]
lo que están capitalizando en el actual orden mundial, gobernado por un sistema
económico-financiero completamente desatado con respecto a los estados
nacionales, no es nada distinto a esta especie de retirada voluntaria
del campo de lo común bajo la forma de una creciente privatización de la vida
o, más radicalmente, a este repliegue identitario en el que la «humanidad» no
aparece ya ni siquiera como un horizonte político deseable, en tanto ideal de
desarrollo social justo e igualitario o de reconocimiento del otro como sujeto infinitamente
perfectible pero en todos los casos digno, portador de derechos.
Por el contrario, lo que se está expandiendo a una velocidad sorprendente,
movida por una auténtica pasión por la desigualdad, es la caída de esa
«humanidad» significada como una abstracción de la que hay que sustraerse
mediante la reafirmación de una diferencia jerarquizada que reclama privilegios
en detrimento de todas las otras.
III.
Sobre la nueva derecha
Aunque buena parte de esta “nueva
derecha” se agota en la vieja búsqueda de una política de restauración
tradicionalista -presentando los derechos colectivos adquiridos como amenaza para
el propio bienestar de los sujetos privilegiados-, de forma subrepticia, lo que
está emergiendo en esa derecha, como algo específicamente novedoso, no parece
ser otra cosa que la misma disolución de la referencia a la «humanidad» como
conjunto indivisible al que estamos inexorablemente unidos, planteando por el
contrario una relación de abierta hostilidad hacia todo aquello que suponga
alteridad. La incitación continua al odio no es más que una manifestación de
esta referencia perdida. La idea de que hay que responder ante esa «humanidad»
parece una idea ya asediada por algo anacrónico, perteneciente a un tiempo
puesto a distancia, fatalmente ligado al pasado.
De la mano de esta derecha
autoritaria que hegemoniza el mundo, tanto a nivel social como estatal, en
suma, lo que se está perpetrando es el crimen contra un ideal moderno con
potencial revolucionario: el que apostó por la igualdad efectiva de los seres humanos
ya no por su pertenencia a una comunidad particular o a la especie sino por su
sola pertenencia a la colectividad humana. La misma universalidad de la
categoría exigía a nuestras sociedades, en términos normativos, una labor de
construcción de una justicia que incluyera a los otros, que se responsabilizara
por su bienestar, que respondiera ante los incumplimientos de sus derechos e
incluso que defendiera su humanidad contra los poderes instituidos. Toda esa
retórica humanista ha quedado confinada, en el mejor de los casos, a cierto
izquierdismo más o menos minoritario, acusado de “nostálgico”.
Incluso en las guerras del Golfo
de finales del siglo XX las retóricas discursivas que utilizaron estados
imperiales como EEUU o Reino Unido invocaban una promesa democratizadora, un
bien colectivo para la humanidad, consistente en una supuesta restauración de
la libertad de un pueblo bajo el yugo de una tiranía malvada. Por supuesto que
toda esa retórica no ha pasado de ser una estratagema para legitimar lo
ilegítimo. Pero la referencia a la «humanidad», como testigo colectivo de la
historia, resultaba todavía insoslayable. (Ciertamente, otro debate sería
reflexionar cómo esa «humanidad» invocada, en vez de constituirse en sujeto
protagónico de la historia, ha quedado reducida a un papel meramente
testimonial).
En cualquier caso, el siglo XXI
bien podría ser el siglo en el que un cambio de régimen político se está
produciendo a pasos acelerados, en nombre de una ética de los negocios universalizada
que se desentiende de sus consecuencias políticas y sociales desastrosas. Dicho
cambio de régimen podría estar manifestándose, entre otros síntomas, en el
hecho brutal de que en las actuales retóricas beligerantes de los estados la
referencia a la “humanidad” se ha esfumado sin más. La propia referencia a la
«democracia» como régimen político dominante en nuestras sociedades
occidentales, en estas condiciones históricas, debe ser cada vez más matizada
para que cuente con una mínima verosimilitud. En cualquier caso, las palabras
referidas a la guerra entre Rusia y Ucrania por parte de David Cameron a
comienzos de 2024, entonces secretario de estado para asuntos exteriores y ex
primer ministro del Reino Unido, son perfectamente ilustrativas de este cambio
epocal: “Lo mejor que podemos hacer este año es mantener a Ucrania en esta
guerra. Luchan con tanta valentía. No perderán por falta de moral. (…) [La
guerra en Ucrania] tiene una excelente relación calidad-precio para Estados
Unidos y otros países. Quizás entre el cinco y el diez por ciento de su
presupuesto de defensa, casi la mitad del equipo militar que Rusia tenía antes
de la guerra ha sido destruido, sin que se haya perdido un solo soldado
estadounidense”[3].
Lo sorprendente en estas
declaraciones, además de la total ausencia de referencias negativas al
conflicto armado, es la admisión explícita de la guerra como oportunidad
de inversión extraordinariamente lucrativa, incluso si eso supone cientos de
miles de muertos ajenos. No es sólo que los estados, en su giro gerencialista,
admiten sin más, como criterio de justificación, la propia conveniencia
instrumental, la relación calidad-precio, el interés geoestratégico o el
cálculo económico a secas. Las declaraciones de los principales líderes del
mundo en el actual contexto de guerra global muestran algo más que una
indiferencia absoluta con respecto al derecho en general y a los derechos
humanos en particular: constatan la desaparición de toda referencia a la «humanidad»
como testigo universal de la historia ante la que se debe responder en términos
morales.
A la hipocresía de la modernidad
le sobreviene un discurso político que, en su franqueza brutal y desvergonzada,
no se siente siquiera forzado a arriesgar una justificación moral para intentar
legitimar sus peores tropelías. La desaparición de la «humanidad» como
«significante flotante» -por recuperar una categoría de Ernesto Laclau- en el
campo político y mediático, desde luego, no ha dado paso a una fase política
más promisoria. Tras la denuncia derechista de las máscaras ideológicas no hay
más que un nuevo juego de máscaras: las que en nombre de la “autenticidad”
condenan a dos tercios de la sociedad a la más absoluta indignidad.
El crepúsculo de la idea de una
«humanidad» compartida no es una mera mutación en la historia de las ideas: crea
las condiciones simbólicas para que el genocidio siga siendo posible mediante
su legitimación social. El propio testigo ha desaparecido de la escena,
asesinado por las bombas que nuestros estados genocidas lanzan encogiéndose de
hombros ante la catástrofe social y ecológica que están provocando de forma
irreversible.
[1]
Desde luego, dicha declaración inicial, aprobada como
declaración de los “Derechos del Hombre y del Ciudadano” por la Asamblea
Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, no estuvo exenta de
ambigüedades, incluyendo el alcance de la propia categoría de “Hombre” y sus
connotaciones sexistas.
[2]
No deja de ser sorprendente que a fines de la década de los 50 del siglo
pasado, Theodor Adorno ya se refiriera certeramente al “nuevo radicalismo de
derecha”, que no duda en vincular al “(…) hecho de que en todo momento siguen
vivas las condiciones sociales que determinan el fascismo” (Rasgos del muevo radicalismo de derecha, Taurus,
España, pág. 9). Adorno no duda en vincular este radicalismo de derechas tanto
a las cicatrices de una democracia formal antes que real como a la “sensación
de catástrofe social”, erigiéndose los movimientos de la “nueva derecha”
en “garantes del futuro” que reducen lo
político a mera propaganda contra la presunta amenaza del comunismo.
[3]
Citado en: https://www.meneame.net/m/actualidad/cameron-guerra-ucrania-tiene-relacion-calidad-precio-buena-sueco.
No deja de ser extraordinario el hecho de que la transcripción escrita de semejantes
declaraciones sea prácticamente imposible de encontrar en castellano en
Internet. Que semejantes declaraciones hayan pasado inadvertidas o no hayan
sido objeto de una reflexión profunda no deja de ser indicativo, por lo demás,
de la profunda crisis de la crítica (no sólo periodística) en el presente.



