«Cartografías de la desigualdad: el colonialismo en el presente» - Arturo Borra

 

A menudo los detractores de la crítica anticolonial parten de la idea de que el «colonialismo», sea lo que sea, es un asunto del pasado. Incluso si admiten que algo así como una «política colonial» ha permeado, históricamente, la relación entre diferentes pueblos (incluyendo la conquista de América y el etnocidio cometido contra las comunidades originarias, así como el expolio económico sufrido y la dependencia política prolongada), el colonialismo no sería más que un efecto residual de un pasado más o menos lejano y desconectado del presente. Desde esa perspectiva, seguir hablando de «colonialismo» sería un anacronismo, asumiendo como punto de partida una sociedad felizmente postcolonial. Paradójicamente, esta postura que niega el colonialismo en el presente es la posición colonial por excelencia, al invisibilizar las desigualdades que se producen y reproducen entre las personas y los grupos por su procedencia, nacionalidad o condición racial. Del mismo modo que la negación del racismo forma parte del discurso racista, la negación del colonialismo es el modo en que opera regularmente la posición colonial.

Por mi parte, voy a partir de la hipótesis contraria. El colonialismo es una realidad multifacética actual, no sólo en las relaciones asimétricas de poder que se establecen entre centros y periferias a nivel internacional, sino también en el vínculo jerárquico que se produce entre diferentes pueblos al interior de una sociedad específica[i]. Dicho brevemente: el colonialismo es un eje de desigualdad que parte de una supuesta jerarquía racial y étnica (en la que el hombre blanco, europeo y cristiano representa la cúspide). Desde luego, ese eje se articula en la práctica a otros ejes de desigualdad como la clase o el género, creando como resultante verdaderas jaulas sistémicas para determinados grupos. Así que, aunque a efectos analíticos nos centremos en el eje colonial, en nuestra realidad social se entrecruza con el capitalismo y el patriarcado, planteando formas específicas de dominación.

Según esa jerarquía, se me reconocen unos derechos o unas obligaciones específicas. Por eso no resulta extraño que los portavoces del discurso colonial se escandalicen no sólo ante la demanda de derechos colectivos que consideran exclusivos, sino cuando algún sujeto subalterno desafía esa jerarquía (p.e. discutiendo su propia posición a nivel institucional).

El concepto de «colonialismo», en este sentido, va más allá del concepto del racismo, no sólo porque señala la práctica de inferiorización de las personas “racializadas”, sino porque plantea un vínculo de desigualdad basada en una jerarquía de pueblos o nacionalidades. Aunque algunos grupos antirracistas niegan validez a una categoría como «etnia», procedente de la antropología europea, conviene detenerse en este punto. Los seres humanos sufrimos discriminación no sólo por nuestro color de piel, sino también por ser extranjeros, por tener otras nacionalidades, en definitiva, por formar parte de comunidades extraeuropeas, a menudo colonizadas. Si bien están habitualmente entrelazados, «racismo» y «xenofobia» tienen objetos diferenciales. Eso supone que también mi procedencia incide en mi posición social, especialmente por la existencia de un blindaje colonial que es de carácter jurídico-administrativo que afecta, en general, a las personas migrantes (y no sólo racializadas), especialmente en los países del norte (Europa y EEUU), aunque también en las propias sociedades colonizadas, en las que unas elites criollas reclaman para sí los privilegios que les niegan a los demás pueblos. Dicho esto, resulta claro que sin la referencia a la “etnia” o a la “nacionalidad” no podemos visibilizar estas otras formas de discriminación realmente existentes. Por lo demás, ¿cómo podríamos referirnos al etnocentrismo -la creencia en la propia superioridad como pueblo-, que está en la base del colonialismo, sin esta referencia conceptual a un pueblo o etnia que se representa como encarnación del desarrollo?

Incluso si a nivel social la aceptación de ciertas nacionalidades es mayor a otras, la discriminación sistémica sigue produciéndose en diferentes ámbitos de la vida social e institucional. Para concretar más este análisis, resulta apropiado mencionar varios ejemplos que he procurado documentar durante dos décadas. Cuando hablamos de «colonialismo», pues, es necesario tener en cuenta al menos estas preguntas en el contexto español.

1.       ¿Qué ocurre en la administración pública en España? Todavía al día de hoy la ley de funcionariado impide el libre acceso de personas extracomunitarias a la carrera funcionarial. Es el propio estado el que construye una desigualdad estructural entre ciudadanía nacional y ciudadanía extracomunitaria. Lo que determina aquí el acceso a la administración pública es, sin más, nuestro estatuto jurídico, no un marcador racial. El blindaje colonial es, precisamente, el desarrollo de una normativa que establece, con fuerza de ley, unos privilegios para unos grupos en detrimento de otros. Podría argumentarse que, a pesar de todo, las personas migrantes y racializadas sí pueden acceder a puestos laborales temporales dentro de las administraciones públicas.  Un breve repaso del mercado de trabajo en España, sin embargo, desmiente esa participación, señalando en este caso no una prohibición legal sino la falta de una cultura institucional inclusiva, capaz de promover la incorporación a las propias estructuras del estado de un funcionariado diverso, incluyendo los organismos públicos que gestionan la diversidad[ii]. 

 

2.       ¿Qué pasa en las universidades públicas y, en general, en el sistema público de educación? La participación de un profesorado diverso sigue siendo completamente marginal. Las estadísticas del ministerio lo señalan de forma inequívoca. Menos del 1% del profesorado es extracomunitario, no sólo por impedimentos legales sino por obstáculos culturales, comenzando por la clausura institucional hacia el exterior. Lo cierto es que aunque tenemos un sistema educativo marcado por un contexto de multiculturalidad, el privilegio del que goza el profesorado local es una clara muestra de colonialismo cultural, que bloquea la participación de profesionales de la educación de otras partes del mundo en igualdad de condiciones. El otro, si cabe, en el mejor de los casos ocupa una posición subalterna dentro del alumnado, pero no es reconocido como sujeto pedagógico e investigativo[iii].

 

3.       ¿Qué están haciendo las propias ONG y sindicatos? Aunque en los últimos años la plantilla laboral de sindicatos y ONG se ha diversificado mínimamente, no deja de ser sorprendente que siga primando la contratación de personal técnico local en una proporción absolutamente mayoritaria en estas organizaciones, sin que siquiera se contemplen titulaciones de otros países en el diseño de los puestos de trabajo o que se tenga en cuenta a las personas extranjeras ya no como clientela sino como parte de una plantilla diversa que gestiona la diversidad. Mientras se promueve esa diversidad de cara a otras organizaciones, son las ONG y sindicatos las que tienen una deuda relevante para hacer un giro verdaderamente postcolonial, en el que puedan incluirse a profesionales de distintas procedencias en sus diferentes niveles jerárquicos. Incluso si pensamos en el tipo de servicios que proporcionan -p.e. las formaciones profesionales que oferta-, parece bastante claro que las ONG y sindicatos forman parte del espacio colonial hegemónico: producir mano de obra barata en sectores socialmente indeseados (limpieza, cuidados, construcción, logística, restauración…).

 

4.       En términos más amplios, ¿qué ocurre en el mercado de trabajo? Sin entrar en un análisis más pormenorizado, no hay que ser un experto para reconocer la dinámica dual del mercado de trabajo: mientras la mayoría de personas migrantes son confinadas en sectores de alta intensidad laboral, en puestos precarios y temporales, en las categorías profesionales más bajas y peor remuneradas, la ciudadanía local, comparativamente, tiende a ocupar mejores posiciones laborales, eventualmente en puestos jerárquicos y con mejores condiciones de trabajo. Aunque la precariedad laboral afecta en general a las clases trabajadoras, el confinamiento sectorial que se produce entre las personas migrantes y refugiadas potencia esa precariedad. La segregación ocupacional que sufren estos colectivos, desde luego, no puede explicarse de forma satisfactoria por una cuestión de competencias profesionales. Hasta el día de hoy, no hay nada parecido a un empleo intercultural en España. Incluso si algunos grupos logran obtener mejores oportunidades de trabajo, el mercado laboral opera no sólo con una lógica racista sino, más globalmente, colonial. La creencia en la propia superioridad garantiza esta dinámica desigual en la que los mejores puestos los ocupan los nacionales, articulando de modo concreto las desigualdades de clase con las desigualdades por origen[iv].

 

Estos ejemplos podrían multiplicarse. También resulta pertinente preguntar por las dinámicas del campo mediático, del ámbito artístico y de la gestión cultural. Búsquese en estos ámbitos referentes diversos, que den cuenta de la pluralidad cultural de España. Una vez más, el acceso de esos referentes a ciertos dispositivos de poder es, en el mejor de los casos, de carácter excepcional. No deja de ser paradójico que el colonialismo legitime esta desigualdad en el acceso y participación en todos estos ámbitos en nombre de la defensa de la «identidad nacional», como si dicha identidad fuera única e inamovible.

En síntesis, el colonialismo está muy lejos de agotarse en las actuaciones político-militares de unos estados sobre otros; incluye asimismo formas de acción unilateral de unas comunidades sobre otras, legitimadas a partir de su presunta superioridad étnica y cultural. El colonialismo, por tanto, no es sólo un asunto de política exterior, de trato desigual -y a menudo abusivo, mediante complejos mecanismos financieros, económicos, culturales, políticos, jurídicos y militares- sobre otras naciones. Opera a nivel interno de múltiples maneras. Aunque algunas de sus formas son verdaderamente brutales -como encerrar en Centros de Internamiento de Extranjeros a personas en situación irregular[v] o deportar de forma forzada a miles de migrantes cada año[vi]-, otras de sus formas son más sutiles, aunque no por ello menos insidiosas y persistentes. En todos los casos, el colonialismo se manifiesta como un dispositivo productor de exclusión y marginación social e institucional, a menudo mediante obstáculos jurídicos y administrativos que dificultan el libre ejercicio profesional y la participación de una ciudadanía culturalmente diversa en el espacio público.

Sólo si partimos de una crítica a la colonialidad se hace imaginable un camino real para una interculturalidad crítica que vaya más allá de cierto folclorismo multicolor promovido por los estados coloniales y de ciertas prácticas bien intencionadas (como las pedagogías interculturales o las iniciativas de mediación intercultural) pero finalmente fallidas, nacidas de la evidencia de la multiculturalidad. Sin la defensa concreta de la igualdad en la diversidad, del derecho a la participación, comunicación y decisión de las personas con independencia a su condición, no tenemos más que una retórica multiculturalista en el contexto de una sociedad colonial, que sigue aferrándose a sus privilegios de nacionalidad.

Con todo, la propia lucha anticolonial resulta radicalmente insuficiente si no se articula a otras luchas emancipatorias. Convendría, en este sentido, no olvidar que es el propio capitalismo quien ha consolidado la dicotomía entre «países centrales» y «países periféricos» dentro del sistema-mundo. Aunque a efectos analíticos sea preciso distinguir entre diferentes ejes que se entrelazan en cada sociedad, en términos políticos no podemos contentarnos con cambiar un eje sistémico sin intervenir sobre los demás.

De lo que se trata, en última instancia, es de transformar la sociedad como totalidad, cuestionando la posición subordinada que ocupan las personas no sólo por su nacionalidad, etnia, raza o género sino también por su pertenencia de clase. Sin un proyecto de sociedad que subvierta esas desigualdades estructurales, la amenaza real del fascismo se conjugará también bajo la forma de un neocolonialismo que está convirtiendo el mundo en una escombrera.

 

 

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[i] “El colonialismo es todo aquel modo de dominación basado en la degradación ontológica de las poblaciones dominadas por razones etnorraciales. A las poblaciones y a los cuerpos racializados no se les reconoce la misma dignidad humana que se atribuye a quienes los dominan. Son poblaciones y cuerpos que, a pesar de todas las declaraciones universales de los derechos humanos, son existencialmente considerados como subhumanos, seres inferiores en la escala del ser. Sus vidas tienen poco valor para quien los oprime, siendo, por tanto, fácilmente desechables” (Boaventura de Sousa Santos, El colonialismo insidioso, versión electrónica en https://attac.es/el-colonialismo-insidioso/).

[ii] Remito a mi artículo “Migraciones y sector público”, en Rebelión, 21/06/2018, versión electrónica en https://rebelion.org/migraciones-y-sector-publico/.

[iii] Cf. “De vueltas con la interculturalidad. Enseñanza pública y migraciones en España”, en Rebelión, 22/10/2022, versión electrónica en https://rebelion.org/ensenanza-publica-y-migraciones-en-espana/.

[iv] Cf. “Ciudadanías mermadas, mercado laboral y discriminación”, en Rebelión, 10/06/2017, versión electrónica en https://rebelion.org/ciudadanias-mermadas-mercado-laboral-y-discriminacion/.

[v] Cf. “Las consecuencias previsibles de los CIE”, en Rebelión, 28/12/2011, versión electrónica en https://rebelion.org/las-consecuencias-previsibles-de-los-cie/.

[vi] Cf. “For export: las deportaciones forzadas en España”, en Rebelión, 02/06/2017, versión electrónica en https://rebelion.org/for-export-las-deportaciones-forzadas-en-espana/.

La (auto)censura como imagen de época - Arturo Borra

 

En esta sociedad que se presenta a sí misma como "libre" cada vez cuesta más localizar espacios donde los discursos se crucen de forma crítica, más allá del monólogo o la mera polémica (que no deja de ser otra forma de dogmatismo cruzado), quizás con la excepción de los “pequeños círculos”. Es cierto que la propia posibilidad de cuestionar la existencia de la libertad supone ya cierto espacio de libertad para hacerse ese cuestionamiento. Pero ejercer ese margen de libertad no niega la presencia de obstáculos extendidos para poder ejercerla, comenzando por la censura y la negativa a un intercambio abierto, basado en la mutua crítica y no en un criterio de autoridad que parte del supuesto de un sujeto (de conocimiento) privilegiado.

La imagen de nuestra época se aproxima más a esa (auto)censura relativamente invisible que al santuario ilusorio de la autodeterminación. La defensa abstracta de la libertad choca con la desigualdad para poder ejercerla. El pluralismo crítico se topa con la polarización creciente que llama a formar filas: se está a favor o en contra, sin argumentación que importe, en una división dicotómica del mundo social en la que no cabe ningún matiz, puesto bajo sospecha. No me refiero solamente a las redes o a los medios de comunicación sino a todos los ámbitos públicos de nuestras vidas. Como si lo único que pudiéramos hacer fuera plegarnos o cancelar: una especie de atrincheramiento subjetivo donde la propia idea de debatir, de aceptar un juego de réplicas argumentativas, fuera algo inconcebible.

Al fin de cuentas, todo debate supone que nadie de partida detenta la verdad, que no es posible construir ninguna verdad sin el otro, que el otro no es superfluo sino parte central e insustituible en un proceso de indagación abierta que exige una con-validación crítica. Como si la propia práctica del debate, que no tiene por qué parecerse a una especie de diálogo armonioso o a un encuentro sin fricciones, estuviera acorralada, en una especie de rincón al que van a parar castigados los adoradores de matices. Pero no se trata sólo de matizar. Entre la polémica y el debate crítico hay fronteras cualitativas que, aunque no siempre son nítidas, hunden sus raíces en dos búsquedas contrapuestas. Mientras en un caso se trata de derrotar al otro en el plano discursivo, en un intercambio argumentativo el otro me enseña (a veces a regañadientes) lo que desconozco, me permite pensar mis puntos ciegos, me ayuda a reformular mi posición y ensanchar mi universo simbólico, incluso si eso supone pasar de forma frecuente por la experiencia del conflicto intersubjetivo.

Es cierto que nuestra apertura no es ilimitada, que hay momentos en que ni siquiera vale la pena intentar dialogar, no tanto por las diferencias de partida como por la falta de interés que algunas de esas diferencias suscitan, sobre todo cuando se presentan como evidentes, verdaderas e indiscutibles o cuando traspasan las líneas básicas del respeto y la igualdad. Pero cuando esa actitud se generaliza, cuando sólo queda la lógica del amigo/enemigo, cuando la polarización sustituye cualquier crítica dialógica (que acepta que el otro como semejante puede tener sus razones legítimas), lo que queda es un orden simbólico clausurado, plagado de prejuicios. Cuando eso ocurre sobre los asuntos fundamentales de nuestras vidas en común la posibilidad de construir acuerdos partiendo del disenso se hace ínfima. El desacuerdo se convierte en ruptura y la construcción de lo común se transforma en el resultado de una mera correlación de fuerzas.

De la mano de la descalificación mutua, nos quedamos sin interlocutores que puedan aportarnos lo que nosotros ignoramos. Si el otro no actúa como espejo, sencillamente, pasa a formar parte de la masa indistinta de discursos con los que hay que romper. Un mundo así es un uni-verso cerrado, sin escucha recíproca: en vez de ensanchar nuestras perspectivas, las hace cada vez más estrechas, las encierra en un sistema cerrado de creencias. Convierte al otro en un ser redundante. Por eso no es de extrañar que callemos nuestros disensos ni sorprende que la (auto)censura prolifere en este contexto cultural marcado por la marginación del debate crítico. Ya lo decían hace casi cien años. Un mundo así no es el mundo de la democracia sino la condición para que prospere el totalitarismo, incluso si ese totalitarismo admite variantes que se toman o se dejan, como equipos de fútbol, fuera de toda posibilidad de ser discutidas desde posturas más o menos razonables.

Lo decisivo es que la falta de libertad se presenta como consenso: el temor a la excomunión, a ser expulsado de determinada comunidad, es el trasfondo de la censura generalizada, incluso bajo la forma de la indiferencia, el desinterés o el bloqueo, propios de una época que se niega a reflexionar sobre los estragos que está provocando. Quien se arriesga a disentir se expone a ser apartado de forma más o menos violenta, generalmente acusado de provocación o incluso de traición. La falta de libertad se convierte así en una política de la omisión. «Si no quieres salir escaldado, mejor cállate» podría ser el lema de nuestra época. Pero una política del sujeto semejante nos hace previsibles y sumisos a la autoridad, limitándonos a desempeñar el papel esperado, redundando en la zona saturada de los discursos que nos atraviesan, no sea caso que nosotros mismos seamos los censurados.

Me pregunto si en estas condiciones alguien que goza de una aprobación generalizada no es, probablemente, alguien que ha renunciado a reflexionar de forma crítica sobre los asuntos fundamentales de nuestra sociedad. Si así fuera, el grado de notoriedad pública no sería nada distinto al nivel de claudicación alcanzado. Es verdad que cada época produce, sin advertirlo, sus propios objetores que, a pesar de todo, insisten en señalar lo omitido y cuestionar los dogmas dominantes. Pero que esos objetores surjan por defecto no hace más que reafirmar la necesidad de seguir apostando por aquello que esta época margina.

No encuentro otra esperanza política que en los que cultivan grietas, como decía el poeta argentino Roberto Juarroz. Sostenerse en esa esperanza (agonística, nunca asegurada) no significa que no nos topemos a cada paso con lo que se ha convertido en una práctica extendida: mirar para otro lado, siguiendo la estrategia del avestruz. Las excepciones no dejan de confirmar la censura convertida en una práctica habitual, ahora a cargo de los propios individuos que "libremente" optan por mandarse a callar, cuando hablar –de un cierto modo, capaz de eludir la suma de tópicos que llamamos "opinión pública"- tiene un costo cada vez más elevado.

La censura, es verdad, no es algo novedoso. Lo que puede que sí lo sea es la creciente presión uniformizadora a la que estamos sometidos y una cierta disposición para aceptarla sin rechistar. Puede que uno de los mayores desafíos de nuestra época sea escapar a esa presión que aplasta lo que hay de singular (o podría haber) en cada ser humano. Asumir ese desafío me parece una tarea esencialmente colectiva -a la que podemos contribuir-, centrada en (re)construir espacios plurales en los que el disenso sea una posibilidad de intercambio, no un motivo para la exclusión. Nuestras llamadas «democracias parlamentarias», basadas en una lógica de bloques, cada vez parlamentan menos –en el sentido concreto de deliberar de forma colectiva- y deciden de forma más autoritaria, sin contar con los otros en absoluto. Pero no se trata de una esfera especializada: la censura se expande capilarmente por toda la sociedad. Sin libertad de crítica, lo que queda es la libertad de los poderosos. No se me ocurre mejor forma de defensa del pluralismo que ejercer, en los espacios en los que nos movemos, el derecho a cuestionar los discursos que se institucionalizan como evidencias incuestionables, comenzando por la idea de que vivimos en una sociedad libre.

«Un régimen de locos: la globalización de la guerra» -Arturo Borra

 

“La atrocidad vuelve a ser ruido de fondo”. 

Naomí Klein 

 

En el borde del abismo, las grandes potencias del mundo insisten en su política beligerante, en una espiral de conflicto que evoca el fantasma de la segunda guerra mundial, reactivando la retórica incendiaria de la amenaza nuclear. Los tambores de guerra suenan cada vez más cercanos y las principales fuerzas militares de la OTAN, lejos de procurar pacificar la situación alarmante que han contribuido a crear, no cesan de alentar este antagonismo que amenaza con propagarse, aunque de manera presuntamente controlada, llevándose consigo cientos de miles de muertes tras un paisaje en ruinas.   

Preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí sigue teniendo sentido incluso si ya tenemos un principio de respuesta política abreviada: por la falta de autolimitación de los estados, a contramano de lo que cabría esperar de un régimen democrático. Precisamente, porque la defensa de la autonomía individual y colectiva -tal como ha planteado Cornelius Castoriadis en numerosas ocasiones- tiene como contraparte necesaria la autolimitación política, algo que en lo más mínimo están haciendo los estados en liza. Para decirlo de una vez: llegamos a esta encrucijada por la absoluta irresponsabilidad de nuestros gobernantes, alentados por una red económica-financiera que opera como una verdadera dictadura del capital. No se trata de ninguna “mano invisible”: la ambición desmesurada tiene rostros identificables, incluso si los desconocemos. Como prestidigitadores, harán que los poderes gubernamentales vociferen su dictum que no es otro que el llamado a alistarse aunque sea como participante indirecto, mientras repiten que hay que hacer la guerra para alcanzar la paz o asesinar a millones para defender la democracia que dicen encarnar sin el más mínimo pudor moral. Ni remotamente se les ocurre apelar a una consulta colectiva a la ciudadanía damnificada, apostar por las negociaciones multilaterales, forzar un armisticio o recurrir a la búsqueda de consensos aunque más no fuera en algunos pocos asuntos fundamentales. Todo lo contrario: las grandes inversiones en la mal llamada "defensa" se traduce en desinversión en áreas sociales fundamentales, comenzando por los servicios públicos deteriorados por décadas de financiación insuficiente. La decisión gubernamental de ampliar los presupuestos estatales en industria armamentística, priorizándola por sobre las necesidades más acuciantes de las mayorías sociales (como el acceso a la vivienda, la consolidación del empleo digno, la mejora de la sanidad o la educación pública, por mencionar algunas) no deja de ser otra derrota política de la izquierda parlamentaria. Mediante una nueva transferencia de recursos públicos a empresas del complejo industrial-militar, las guerras en curso profundizan la concentración de capital e incrementan el empobrecimiento generalizado que provocan las políticas neoliberales, cada vez más identificadas con una necro-política que no cesa de lucrar con los muertos.   

Que nuestros estados responden más a los intereses de los grandes grupos económico-financieros que a la propia ciudadanía resulta una evidencia abrumadora. El cinismo de nuestros gobernantes es desolador: mientras condenan con razón la invasión rusa a Ucrania, no dudan en apoyar al estado israelí, el mismo que está perpetrando un genocidio en nuestras narices sin mayores dificultades. Incluso si de vez en cuando se plantean algunas tibias protestas gubernamentales, lo cierto es que la coalición occidental –una alianza de potencias decadentes- no ha cesado de proveer armamento y apoyo militar a las mismas fuerzas de ocupación que amenaza –de forma poco verosímil- con sancionar. No es que falten razones legítimas para repudiar los crímenes perpetrados por potencias neocoloniales como Rusia o para combatir grupos que usan el terror como método político. Lo que sobra es la retórica legitimatoria de los crímenes propios perpetrados a plena luz del día, como el que ahora mismo está produciéndose en Gaza con el vergonzoso apoyo de las principales potencias occidentales.   

Lo escandaloso es este doble rasero cada vez más flagrante: al repudio legítimo a los ataques de Hamás no le sobrevino el repudio no menos legítimo al genocidio de la población civil gazatí; la enérgica condena al controlado ataque iraní no ha tenido ninguna contracara crítica con respecto al ataque israelí previo a la embajada de Irán en Damasco, un acto de declaración de guerra que nuestros hipócritas analistas pasan por alto con una ligereza tan temeraria como reveladora. El complejo mediático empresarial se frota las manos: harán caja con sus discursos que ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio. La redefinición de las prioridades públicas según la opinión publicada no tardará en provocar nuevas deflagraciones que contemplaremos como espectadores más o menos impotentes, incluso si ese siniestro espectáculo está financiado en buena medida con nuestros recursos públicos. En efecto, lo que está en discusión son los negocios, no las vidas humanas.   

Una vez que cuestionamos esta doblez moral, resulta claro que no es exigible al otro una contención político-militar que los estados occidentales no practican en absoluto. El mal es ubicuo y endémico y cualquier localización o circunscripción en los otros es completamente simplista y falaz si no identifica las principales fuerzas en pugna, comenzando por los estados criminales –con EEUU, Reino Unido, Alemania y Francia a la cabeza- que planifican el desastre, constituyéndose en protagonistas indiscutibles de la escalada bélica que nos asedia. Si alguien ya se estaba despidiendo de la OTAN, el presente es un rotundo recordatorio de su reactivación más brutal, aunque para ello tuvieran que empeñarse a fondo, incumpliendo acuerdos preexistentes como los acuerdos de Minsk, la no expansión de la OTAN hacia Europa del Este o la evitación de injerencias externas en países supuestamente soberanos.   

La falta de autolimitación de los estados y la rentabilización de la guerra por las multinacionales del crimen resulta claro para quienes no participan en la trama mitómana del poder de nuestros estados más próximos a una timocracia que a una democracia efectiva. Porque lo que desde hace tiempo se dirime es la lucha por la hegemonía mundial, incluso si para ello deben generar focos bélicos que desgasten al enemigo o a sus aliados, en términos de costos-beneficios o de una razón instrumental que utiliza como medios a cientos de miles de seres humanos convertidos en peones a sacrificar. Semejante trama criminal es el elemento que se escamotea en los medios masivos de comunicación, imprescindibles en la construcción de adhesiones a una política belicista en curso, que es global aunque esté focalizada en algunas zonas "calientes" del planeta. En efecto, en este escenario de guerra ya participan de forma directa e indirecta las principales potencias del mundo.   

Llegados a este punto, nuestra impotencia política individual no debería hacernos perder de vista nuestra capacidad colectiva para intervenir en nuestra historia, incluso si ello supone desafiar el discurso canalla que manejan los expertos en la gestión sistemática de la mentira. En este contexto, no deja de ser extraño que fuerzas políticas autodenominadas "progresistas" nos lleven a esta situación extrema planteándola como inevitable. Sin embargo, hace tiempo que la propia distinción entre progresismo y conservadurismo reaccionario está difuminada: la (pseudo)izquierda parlamentaria -timorata y pusilánime- ha virado hacia políticas clasistas y colonialistas sin tapujos; la (ultra)derecha -la única realmente existente- no ha hecho más que ensanchar su horizonte conservador y autoritario, defenestrando en nombre de una falsa libertad de mercado todo lo que se parezca a lucha por el bien común o a consolidación de derechos colectivos -desde el feminismo a la defensa de las minorías sexuales y, más en general, a todo lo que huela a igualdad entre seres humanos-.  

Aunque este auténtico «régimen de locos» no es ninguna novedad, lo que sí parece o podría ser novedoso es el abierto juego de cotización de la muerte que la necropolítica propone, sin inmutarse ante sus contradicciones más evidentes. No teme al descrédito, entre otras cuestiones, porque tampoco teme ninguna respuesta colectiva realmente desestabilizadora. La impunidad da carta blanca a los asesinos. Que el capitalismo -tanto en su variante neoliberal como en su vertiente estatalista- necesita guerras para apuntalar su crecimiento insostenible no es contradictorio con el hecho de que ese mismo crecimiento se apoye sobre la eliminación de vidas declaradas superfluas, parte de un excedente humano condenado a la muerte o al abandono.   

Literalmente siguen enviando este "excedente" al frente bajo la forma de miles de cuerpos a sacrificar mientras las grandes corporaciones de la guerra gestionan sus ingentes negocios basados en la industrialización de la muerte. ¿Qué significan para ellos unos millones de muertos más, sobre todo si los muertos los ponen los otros? Por supuesto que sus hijos no irán a la guerra ni sus mujeres e hijas serán violadas o secuestradas. Para eso están las vidas precarias, reducidas a fuerza militar, incluso cuando la tarea encomendada no es otra que eliminar a quienes participan en su misma condición de clase.   

La economía política del sacrificio se estructura sobre un doble pivote: defender los privilegios vitales de unas elites mientras se exige el máximo sacrificio de los otros a fuerza de convertir el mundo en un páramo. El juego perverso no es otro que dar la muerte de los otros para sustentar la vida megalómana de las elites sociópatas que nos gobiernan mundialmente.   

Dicho lo cual, nos enfrentamos a una situación en la que la no intervención ya es una forma de consentimiento ante lo existente. Porque se juega, ahora mismo, mucho más que unas supuestas guerras focalizadas. Lo que está en riesgo, cada vez más, de forma dramática, es el futuro de la humanidad en tanto conjunto indivisible, un futuro que no sea otra oportunidad enterrada como un cadáver del presente.  

Precisamente porque estamos en un régimen amplificado por el cinismo del poder mediático dominante es que necesitamos articular de forma apremiante una voluntad colectiva antagónica al actual bloque hegemónico. Porque si algo parecido a la justicia sigue siendo imaginable es por esa capacidad de responder a un Otro que nos mira frontalmente, en silencio, sin siquiera preguntarnos por qué permitimos que la masacre siga aconteciendo. 

Arturo Borra

«Operación masacre»: notas necrológicas para un crimen de estado - Arturo Borra

 

Quisiera que esta condena de la masacre de Melilla -perpetrada con la complicidad de los estados español y marroquí el 24 de junio de 2022- no sea una simple lamentación. Un lamento ante aquello que, siendo completamente evitable, no podemos evitar como parte de una ciudadanía impotente ante decisiones que los estados adoptan apuntalando un orden mundial criminal. Digan lo que digan, una masacre es evitable. Una masacre no es una guerra o un enfrentamiento. Hay victimarios concretos que perpetran la acción deliberada de matar a personas indefensas.

Para disipar el lado más brutal del acto de matar dirán que se cumplió con el deber. El pensamiento imbécil se encargará de presentar las piedras como armas y los cuerpos como escudos. Pero la elasticidad de lo real es limitada: hay una resistencia a simbolizarlo de cualquier modo. Entonces no tendrán más camino que proseguir su defensa dogmática del crimen impugnando la crítica. Cualquier cuestionamiento a la política en curso será cuando menos reducida a una forma demagógica e hipócrita ligada a sospechosos intereses personales, cuando no descalificada por hacer el juego a no sabemos qué radicalidad. En la neolengua disparar a quemarropa es llamado “defensa legítima” y la masacre “protección de fronteras”. Razón de estado –argüirán-. Aunque se trate de una razón homicida.

Si un deber implica participar en una masacre no hay deber alguno al que uno se deba. Nadie puede obligarnos a ejecutar a personas en situación de indefensión. El dilema ético entre acatar o desobedecer no es nuevo. Pero decir que se trata de un «dilema» es engañoso. Una ética de la rebeldía, en un contexto semejante, tiene que tomar una decisión forzada. Declinar del homicidio -aunque lo ordenen desde algún despacho. No hay dilema entonces. Aunque jurídicamente un subordinado pueda tener problemas por desobedecer órdenes inmorales. Incluso si alguien se encontrara en apuros para tomar la decisión de obedecer o no, esas vicisitudes no son del orden de la conciencia moral sino del cálculo de beneficios.

Aproximarse a la realidad de la masacre no tiene por qué llevarnos al orden de las definiciones depuradas de los acontecimientos que las significan. Las masacres como regularidad histórica enseñan que unos seres humanos, en nombre de alguna finalidad o misión presentada como superior, se sienten autorizados a matar a otros inclusive si están en situación de indefensión. Los mismos estados que claudican ante multinacionales y grandes corporaciones trasnacionales (capaces de especular con lo más básico e imprescindible para vivir), en estas otras ocasiones, invocan la «patria» como si estuviera bajo un estado permanente de amenaza. La invocación no es inocente: instala un presunto riesgo externo para tapar la magnitud de las concesiones internas. Y si encima el “riesgo externo” está privado del derecho de hablar, el fantasma es ideal para tapar el hueco. Se adapta a las dinámicas propias sin la perturbadora evidencia de nuestra miseria. Cohesiona a fuerza de exclusión. Como la «operación masacre» que relató en 1957 el periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh (asesinado por la Junta Militar en 1977): prescribir un único modo de ser presagia lo peor para quien lo contraviene. La analogía tiene su justificación, no por los regímenes políticos respectivos, sino por la continuidad de un crimen de estado que se legitima apelando a una “(…) situación provocada por elementos perturbadores del orden público [que] obliga al gobierno provisional a adoptar con serena energía las medidas adecuadas para asegurar la tranquilidad pública en todo el territorio de la Nación” (Rodolfo Walsh, Operación Masacre, De la Flor, Buenos Aires, pág. 37).

La perturbación del orden público reclama una política de restauración. Apartar los “elementos perturbadores” como sea. Incluso si es preciso un castigo ejemplar o una lección de muerte. Lo importante es adoptar “medidas adecuadas para asegurar la tranquilidad pública en todo el territorio de la Nación”. Un salto de algunos centenares de personas, al decir de las autoridades de gobierno, pone en riesgo la integridad territorial, perturba la tranquilidad pública. Invita a adoptar “medidas adecuadas”. Aunque haya que matar para restablecer el orden alterado. Qué extraña declaración de fragilidad de la Nación: unos centenares de vidas en peligro, desde el flanco sur, ponen en riesgo la integridad de una Nación que presume regirse por un «estado de derecho». Un «estado de derecho» que, de forma súbita, se declara tan frágil como para actuar como estado de excepción ante un salto que no tiene nada de masivo, al punto de ser controlado en escaso tiempo mediante una incontrolada violencia policial.

Que las noticias sobre inmigración se parezcan cada vez más a una continua nota necrológica debería advertirnos del rumbo de las políticas de muerte que los estados del norte despliegan para evitar el efecto que ellos mismos provocan: desplazamientos colectivos a raíz del expolio sistémico que producen, incluyendo mecanismos lucrativos como las guerras o las hambrunas que los grandes mercaderes mundiales saben capitalizar como nadie. (El hambre, como la muerte, también puede ser rentable). El trabajo simbólico está hecho. ¡Si hasta instituciones militaristas como la OTAN, en su desvergüenza manifiesta, se permiten referirse a las migraciones “ilegales” (sic) como “amenaza”, migraciones que ellas mismas han producido con sus políticas de guerra permanente! ¡Si hasta Frontex puede seguir practicando su necropolítica sin esas molestas interferencias normativas que son los derechos humanos! Y si no fuera suficiente, ahí tienen el racismo estatal y mediático construyendo algunas vidas desesperadas como un peligro mortal para la soberanía nacional que, por lo demás, permanece imperturbable si las procedencias son de otras regiones más favorecidas, si están generadas por la masificación del turismo o por grandes capitales extranjeros, aun si especulan con lo más básico de nuestras vidas. Nada de eso escandaliza: no habrá movilizaciones más que de los ya movilizados; no habrá repudio generalizado, aunque permanezcan las velas encendidas en homenaje a tantas memorias truncas; no habrá grandes declaraciones humanitarias ni oraciones fúnebres para la fosa común donde enterrarán los cuerpos asesinados en nombre de una nación que brilla por su ausencia de comunidad. Las exequias quedarán para otra vida y la despedida o el duelo será para otros remotos que jamás visualizaremos.

Los muros blancos garantizan invisibilidad pública mientras los jefes de gobierno se felicitan por la aplicación de sus fuerzas de inseguridad siempre dispuestas a esmerarse a fondo para reprimir las añoranzas sin lugar. La eficacia de los muros blancos está fuera de duda. Son mortíferamente eficaces. Las fuerzas brutales de seguridad ya están entrenadas desde hace décadas; recambian piezas pero allí está la argamasa ideológica tardo-franquista bien compacta garantizando la continuidad de la disciplina y el respeto a las jerarquías institucionalizadas. El único discurso proferido, el pregón favorito, se transmite con palos y disparos. Ya tienen su marco de prejuicios relucientes –les han sacado brillo a fuerza de amplificación ideológica- y su duro entrenamiento apaleando a quienes no se dignan con acatar el orden de los escombros. Ni por un instante se les ocurre preguntar por quien dicta el mandato ni por el despacho ministerial que instruye en la violencia policial practicada con modales, sin perder la risa.

Quisiera entonces elaborar un discurso capaz de cuestionar a aquellas instituciones (mundiales, europeas y nacionales) que dan la espalda al dolor anónimo, porque han saqueado los nombres de sus protagonistas y borrados los procesos que atraviesan sus vidas. Llámese «exilio», «éxodo», «diáspora desesperada»… No «refugio», porque ese dolor humano que se acumula en la frontera vive en el desamparo absoluto, huyendo de las guerras y otras calamidades. No «refugio», para evitar seguir sosteniendo la pantomima al infinito. También el lenguaje necesita ruborizarse. Evitar el eufemismo que borra la dimensión sangrante de la violencia institucional.

No hay dispositivos especiales para abrazar ese desamparo. Los cuerpos estigmatizados tampoco suscitan empatía alguna: la industria mediática ya se ha encargado de ponerlos a una distancia insalvable. Su ontología es la desaparición. Ya es demasiado infame el trato como para disimularlo con rodeos a la orden. A fuerza de sedimentación, las víctimas se han convertido en “asaltantes violentos” (sic), “amenazas” (sic) para la integridad territorial, “riesgo” (sic) securitario, foco delincuencial o criminal, en suma, acopio de los males posibles que hay que proyectar para no hacerse cargo por un instante del doble vínculo, del cinismo consentido, de las vidas en el alambre que producimos como consecuencia de nuestras búsquedas de bienestar cercado.

Ni por un segundo a los apólogos apócrifos de la equidad (para sí mismos) se les ocurre reclamar un trato digno e igualitario para los demás. Los perjuicios que otros sufren no son perentorios. Ni siquiera cuentan con la promesa de asilo. En el mejor de los casos, pernoctarán en algún espacio inhóspito de sobrevida haciendo lo imposible, siempre que sus vidas no sean masacradas desde la impunidad que producen las violencias de estado legitimadas desde diferentes medios masivos de infoxicación, incluyendo algunos que todavía se piensan “progresistas” habiendo asumido premisas ultraderechistas en las que la inmigración irregular es significada como el “asalto violento” de hordas salvajes procedentes de un continente expoliado desde la barbarie sistémica que se ha autoerigido en única civilización legítima.

La saturación discursiva es tal que la naturalización de la muerte de los otros, esquilmados a partir de marcadores raciales en este caso, ya es un hecho consumado. No habrá rituales conmemorativos de estado, campañas solidarias destinadas a las familias damnificadas, repatriación de cuerpos, reivindicaciones políticas para las minorías, investigaciones penales por las responsabilidades directas e indirectas de quienes se supone velan por el bien común… (pero ¿hasta cuándo vamos a seguir concibiendo la gestión timocrática en curso como una política democrática?).

Ni siquiera sería de ayuda algún pedido de disculpas de un gobierno que escribe promesas con su izquierda vacilante y ejecuta firmemente con su derecha. Incluso si las dieran –en caso que tuvieran alguna mínima dignidad ética- sería una mera farsa. Palabras que sus decisiones contradicen. El problema es que ministros y ministras socioliberales racistas -que siguen defendiendo los CIE, la Ley de extranjería, la represión policial como mecanismo disuasorio, las devoluciones en caliente o los pactos a traición con los que hasta ayer consideraba autócratas- no pueden estructuralmente salirse de su papel de demócratas preocupados sin que se les caiga la cara de tanta desvergüenza acumulada a fuerza de claudicación política. Siempre mirando las encuestas, no sea caso que a alguien se le ocurra ser más cretino o más efectista al momento de anunciar nuevos obstáculos institucionales destinados a quienes construye de facto como sobrante estructural, despojos humanos, deshechos del derecho con los que llenarse la boca para arañar el voto de algún indeciso. La oferta identitaria es demasiado tentadora ya para desperdiciarla. Se trata de competir hasta lo insospechado. Asumir exactamente el discurso antagónico, al punto de hacerlo indiscernible del propio. De apropiarse de la agencia fascista hasta devenir un agente fascista más, en el sentido más literal del término.

Es verdad que vendrán algunas denuncias mediáticas más o menos aisladas, alguna investigación judicial que apacigüe las conciencias desdichadas, un puñado irrenunciable de manifestaciones sociales de repudio, algún corazón salvaje que reclame todavía algo a la izquierda de tanta entidad caritativa, pulsos insomnes que sigan velando a los muertos cuando ya no sean noticia, el latido secreto de la indignación que no encuentra su cauce, el llanto clandestino de los hermanos o las hijas, el dolor que crece sin término en alguna zanja, el rostro desencajado de los derrotados. También nosotros somos derrotados, incluso si no sabemos quiénes forman parte nuestra, porque eso mismo forma parte de la derrota. Habrá una protesta que eleve la voz quizás, nunca suficientemente enérgica; una rabia legítima sin asidero; una demanda de justicia que persistirá en la memoria de las luchas aun si es archivada por algún tribunal supremo.

Es poco. Radicalmente insuficiente. ¿Quién podría consolarse con ese hacer que se parece peligrosa, terriblemente, a la impotencia? Como un mantra, insistirán en la inutilidad de los actos. Hablarán de supuestas tragedias para eludir las farsas. No hay duelo satisfactorio en este contexto que no suponga un reparto de responsabilidades estrictamente humanas. Aunque los verdugos contraten plañideras para velar a los asesinados. Después vendrán los discursos para “esclarecer los hechos”, como si no hubiera ya suficiente evidencia empírica para hablar de crimen de estado. Como si los cuerpos amontonados no hablaran ya de una deshumanización absoluta. Como si no supiéramos de los males endémicos que nos afectan como sociedad –la hidra que fagocita cualquier vestigio de igualdad, asociándola falsamente con un llamado uniformizante a una comunidad de privilegios-.

Es poco. Pero más que nada. Seguir soñando con una comunidad (abierta, heterogénea, horizontal) que nos falta. Sostenernos en la tristeza, en la angustia, en la sustracción a esas fábricas de la felicidad que esconden los basurales de la historia. A lo mejor, poniendo nuestro corazón en una ínfima, frágil esperanza y, sobre todo, movilizando nuestros cuerpos en las luchas que la encarnan de forma más precaria todavía. En medio de toda esa desesperación enterrada en un desierto, ¿cómo hacer que una política de la esperanza –y sostenida por quiénes- no se convierta automáticamente en una forma de engaño?

Aunque más no fuera apelar a una estrategia de deserción. No huir: desertar. No ser parte del ejército que sigue masacrando a los vencidos, del ejército etnocéntrico que legitima la putrefacción de presente, de los opinólogos financiados por quienes venden el alambre y las armas para detener a quienes intentan sortearlo desesperadamente, de los votantes responsables que en nombre de la lógica del mal menor sostienen lo Funesto. Aunque no quede más camino que devenir minoría, no hay otra opción ética que documentar la barbarie. Una barbarie organizada que luego buscarán borrar o renombrar como defensa legítima, no sea caso que el fantasma de los muertos quiera recordarles su crimen. Como decía Walsh: “Hay un fusilado que vive”. Ese testimonio incómodo seguirá haciendo sobrevolar sobre los responsables el fantasma de su crimen. Aunque toda la máquina semiótica de los massmedia se movilice para diluir esa exterioridad antagónica, un fusilado que vive introduce una resistencia ante una voluntad de olvido extendida. Que la aprobación de la masacre sea hegemónica puede ser algo coyuntural siempre que se esté dispuesto a devenir minoría o asumir cierta soledad política para seguir cuestionando. No en nombre de lo que ocurre en otras partes del sistema-mundo ni mucho menos desde una épica personal sino en nombre de un ideal democrático más o menos tambaleante en la práctica pero no menos imperativo en la construcción de lo común. Aunque sea poco más que nada, desertar también podría constituirse en una forma de responsabilidad. Una forma, si se prefiere, de no responder ante la infamia convertida en sistema y, especialmente, ante los mandatarios que la han erigido en moneda corriente para el intercambio.

 

Arturo Borra

DIÁSPORAS

Centro de investigación migrante para la interculturalidad