martes, 5 de julio de 2022

«Operación masacre»: notas necrológicas para un crimen de estado - Arturo Borra

 


Quisiera que esta condena de la masacre de Melilla -perpetrada con la complicidad de los estados español y marroquí el 24 de junio de 2022- no sea una simple lamentación. Un lamento ante aquello que, siendo completamente evitable, no podemos evitar como parte de una ciudadanía impotente ante decisiones que los estados adoptan apuntalando un orden mundial criminal. Digan lo que digan, una masacre es evitable. Una masacre no es una guerra o un enfrentamiento. Hay victimarios concretos que perpetran la acción deliberada de matar a personas indefensas.

Para disipar el lado más brutal del acto de matar dirán que se cumplió con el deber. El pensamiento imbécil se encargará de presentar las piedras como armas y los cuerpos como escudos. Pero la elasticidad de lo real es limitada: hay una resistencia a simbolizarlo de cualquier modo. Entonces no tendrán más camino que proseguir su defensa dogmática del crimen impugnando la crítica. Cualquier cuestionamiento a la política en curso será cuando menos reducida a una forma demagógica e hipócrita ligada a sospechosos intereses personales, cuando no descalificada por hacer el juego a no sabemos qué radicalidad. En la neolengua disparar a quemarropa es llamado “defensa legítima” y la masacre “protección de fronteras”. Razón de estado –argüirán-. Aunque se trate de una razón homicida.

Si un deber implica participar en una masacre no hay deber alguno al que uno se deba. Nadie puede obligarnos a ejecutar a personas en situación de indefensión. El dilema ético entre acatar o desobedecer no es nuevo. Pero decir que se trata de un «dilema» es engañoso. Una ética de la rebeldía, en un contexto semejante, tiene que tomar una decisión forzada. Declinar del homicidio -aunque lo ordenen desde algún despacho. No hay dilema entonces. Aunque jurídicamente un subordinado pueda tener problemas por desobedecer órdenes inmorales. Incluso si alguien se encontrara en apuros para tomar la decisión de obedecer o no, esas vicisitudes no son del orden de la conciencia moral sino del cálculo de beneficios.

Aproximarse a la realidad de la masacre no tiene por qué llevarnos al orden de las definiciones depuradas de los acontecimientos que las significan. Las masacres como regularidad histórica enseñan que unos seres humanos, en nombre de alguna finalidad o misión presentada como superior, se sienten autorizados a matar a otros inclusive si están en situación de indefensión. Los mismos estados que claudican ante multinacionales y grandes corporaciones trasnacionales (capaces de especular con lo más básico e imprescindible para vivir), en estas otras ocasiones, invocan la «patria» como si estuviera bajo un estado permanente de amenaza. La invocación no es inocente: instala un presunto riesgo externo para tapar la magnitud de las concesiones internas. Y si encima el “riesgo externo” está privado del derecho de hablar, el fantasma es ideal para tapar el hueco. Se adapta a las dinámicas propias sin la perturbadora evidencia de nuestra miseria. Cohesiona a fuerza de exclusión. Como la «operación masacre» que relató en 1957 el periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh (asesinado por la Junta Militar en 1977): prescribir un único modo de ser presagia lo peor para quien lo contraviene. La analogía tiene su justificación, no por los regímenes políticos respectivos, sino por la continuidad de un crimen de estado que se legitima apelando a una “(…) situación provocada por elementos perturbadores del orden público [que] obliga al gobierno provisional a adoptar con serena energía las medidas adecuadas para asegurar la tranquilidad pública en todo el territorio de la Nación” (Rodolfo Walsh, Operación Masacre, De la Flor, Buenos Aires, pág. 37).

La perturbación del orden público reclama una política de restauración. Apartar los “elementos perturbadores” como sea. Incluso si es preciso un castigo ejemplar o una lección de muerte. Lo importante es adoptar “medidas adecuadas para asegurar la tranquilidad pública en todo el territorio de la Nación”. Un salto de algunos centenares de personas, al decir de las autoridades de gobierno, pone en riesgo la integridad territorial, perturba la tranquilidad pública. Invita a adoptar “medidas adecuadas”. Aunque haya que matar para restablecer el orden alterado. Qué extraña declaración de fragilidad de la Nación: unos centenares de vidas en peligro, desde el flanco sur, ponen en riesgo la integridad de una Nación que presume regirse por un «estado de derecho». Un «estado de derecho» que, de forma súbita, se declara tan frágil como para actuar como estado de excepción ante un salto que no tiene nada de masivo, al punto de ser controlado en escaso tiempo mediante una incontrolada violencia policial.

Que las noticias sobre inmigración se parezcan cada vez más a una continua nota necrológica debería advertirnos del rumbo de las políticas de muerte que los estados del norte despliegan para evitar el efecto que ellos mismos provocan: desplazamientos colectivos a raíz del expolio sistémico que producen, incluyendo mecanismos lucrativos como las guerras o las hambrunas que los grandes mercaderes mundiales saben capitalizar como nadie. (El hambre, como la muerte, también puede ser rentable). El trabajo simbólico está hecho. ¡Si hasta instituciones militaristas como la OTAN, en su desvergüenza manifiesta, se permiten referirse a las migraciones “ilegales” (sic) como “amenaza”, migraciones que ellas mismas han producido con sus políticas de guerra permanente! ¡Si hasta Frontex puede seguir practicando su necropolítica sin esas molestas interferencias normativas que son los derechos humanos! Y si no fuera suficiente, ahí tienen el racismo estatal y mediático construyendo algunas vidas desesperadas como un peligro mortal para la soberanía nacional que, por lo demás, permanece imperturbable si las procedencias son de otras regiones más favorecidas, si están generadas por la masificación del turismo o por grandes capitales extranjeros, aun si especulan con lo más básico de nuestras vidas. Nada de eso escandaliza: no habrá movilizaciones más que de los ya movilizados; no habrá repudio generalizado, aunque permanezcan las velas encendidas en homenaje a tantas memorias truncas; no habrá grandes declaraciones humanitarias ni oraciones fúnebres para la fosa común donde enterrarán los cuerpos asesinados en nombre de una nación que brilla por su ausencia de comunidad. Las exequias quedarán para otra vida y la despedida o el duelo será para otros remotos que jamás visualizaremos.

Los muros blancos garantizan invisibilidad pública mientras los jefes de gobierno se felicitan por la aplicación de sus fuerzas de inseguridad siempre dispuestas a esmerarse a fondo para reprimir las añoranzas sin lugar. La eficacia de los muros blancos está fuera de duda. Son mortíferamente eficaces. Las fuerzas brutales de seguridad ya están entrenadas desde hace décadas; recambian piezas pero allí está la argamasa ideológica tardo-franquista bien compacta garantizando la continuidad de la disciplina y el respeto a las jerarquías institucionalizadas. El único discurso proferido, el pregón favorito, se transmite con palos y disparos. Ya tienen su marco de prejuicios relucientes –les han sacado brillo a fuerza de amplificación ideológica- y su duro entrenamiento apaleando a quienes no se dignan con acatar el orden de los escombros. Ni por un instante se les ocurre preguntar por quien dicta el mandato ni por el despacho ministerial que instruye en la violencia policial practicada con modales, sin perder la risa.

Quisiera entonces elaborar un discurso capaz de cuestionar a aquellas instituciones (mundiales, europeas y nacionales) que dan la espalda al dolor anónimo, porque han saqueado los nombres de sus protagonistas y borrados los procesos que atraviesan sus vidas. Llámese «exilio», «éxodo», «diáspora desesperada»… No «refugio», porque ese dolor humano que se acumula en la frontera vive en el desamparo absoluto, huyendo de las guerras y otras calamidades. No «refugio», para evitar seguir sosteniendo la pantomima al infinito. También el lenguaje necesita ruborizarse. Evitar el eufemismo que borra la dimensión sangrante de la violencia institucional.

No hay dispositivos especiales para abrazar ese desamparo. Los cuerpos estigmatizados tampoco suscitan empatía alguna: la industria mediática ya se ha encargado de ponerlos a una distancia insalvable. Su ontología es la desaparición. Ya es demasiado infame el trato como para disimularlo con rodeos a la orden. A fuerza de sedimentación, las víctimas se han convertido en “asaltantes violentos” (sic), “amenazas” (sic) para la integridad territorial, “riesgo” (sic) securitario, foco delincuencial o criminal, en suma, acopio de los males posibles que hay que proyectar para no hacerse cargo por un instante del doble vínculo, del cinismo consentido, de las vidas en el alambre que producimos como consecuencia de nuestras búsquedas de bienestar cercado.

Ni por un segundo a los apólogos apócrifos de la equidad (para sí mismos) se les ocurre reclamar un trato digno e igualitario para los demás. Los perjuicios que otros sufren no son perentorios. Ni siquiera cuentan con la promesa de asilo. En el mejor de los casos, pernoctarán en algún espacio inhóspito de sobrevida haciendo lo imposible, siempre que sus vidas no sean masacradas desde la impunidad que producen las violencias de estado legitimadas desde diferentes medios masivos de infoxicación, incluyendo algunos que todavía se piensan “progresistas” habiendo asumido premisas ultraderechistas en las que la inmigración irregular es significada como el “asalto violento” de hordas salvajes procedentes de un continente expoliado desde la barbarie sistémica que se ha autoerigido en única civilización legítima.

La saturación discursiva es tal que la naturalización de la muerte de los otros, esquilmados a partir de marcadores raciales en este caso, ya es un hecho consumado. No habrá rituales conmemorativos de estado, campañas solidarias destinadas a las familias damnificadas, repatriación de cuerpos, reivindicaciones políticas para las minorías, investigaciones penales por las responsabilidades directas e indirectas de quienes se supone velan por el bien común… (pero ¿hasta cuándo vamos a seguir concibiendo la gestión timocrática en curso como una política democrática?).

Ni siquiera sería de ayuda algún pedido de disculpas de un gobierno que escribe promesas con su izquierda vacilante y ejecuta firmemente con su derecha. Incluso si las dieran –en caso que tuvieran alguna mínima dignidad ética- sería una mera farsa. Palabras que sus decisiones contradicen. El problema es que ministros y ministras socioliberales racistas -que siguen defendiendo los CIE, la Ley de extranjería, la represión policial como mecanismo disuasorio, las devoluciones en caliente o los pactos a traición con los que hasta ayer consideraba autócratas- no pueden estructuralmente salirse de su papel de demócratas preocupados sin que se les caiga la cara de tanta desvergüenza acumulada a fuerza de claudicación política. Siempre mirando las encuestas, no sea caso que a alguien se le ocurra ser más cretino o más efectista al momento de anunciar nuevos obstáculos institucionales destinados a quienes construye de facto como sobrante estructural, despojos humanos, deshechos del derecho con los que llenarse la boca para arañar el voto de algún indeciso. La oferta identitaria es demasiado tentadora ya para desperdiciarla. Se trata de competir hasta lo insospechado. Asumir exactamente el discurso antagónico, al punto de hacerlo indiscernible del propio. De apropiarse de la agencia fascista hasta devenir un agente fascista más, en el sentido más literal del término.

Es verdad que vendrán algunas denuncias mediáticas más o menos aisladas, alguna investigación judicial que apacigüe las conciencias desdichadas, un puñado irrenunciable de manifestaciones sociales de repudio, algún corazón salvaje que reclame todavía algo a la izquierda de tanta entidad caritativa, pulsos insomnes que sigan velando a los muertos cuando ya no sean noticia, el latido secreto de la indignación que no encuentra su cauce, el llanto clandestino de los hermanos o las hijas, el dolor que crece sin término en alguna zanja, el rostro desencajado de los derrotados. También nosotros somos derrotados, incluso si no sabemos quiénes forman parte nuestra, porque eso mismo forma parte de la derrota. Habrá una protesta que eleve la voz quizás, nunca suficientemente enérgica; una rabia legítima sin asidero; una demanda de justicia que persistirá en la memoria de las luchas aun si es archivada por algún tribunal supremo.

Es poco. Radicalmente insuficiente. ¿Quién podría consolarse con ese hacer que se parece peligrosa, terriblemente, a la impotencia? Como un mantra, insistirán en la inutilidad de los actos. Hablarán de supuestas tragedias para eludir las farsas. No hay duelo satisfactorio en este contexto que no suponga un reparto de responsabilidades estrictamente humanas. Aunque los verdugos contraten plañideras para velar a los asesinados. Después vendrán los discursos para “esclarecer los hechos”, como si no hubiera ya suficiente evidencia empírica para hablar de crimen de estado. Como si los cuerpos amontonados no hablaran ya de una deshumanización absoluta. Como si no supiéramos de los males endémicos que nos afectan como sociedad –la hidra que fagocita cualquier vestigio de igualdad, asociándola falsamente con un llamado uniformizante a una comunidad de privilegios-.

Es poco. Pero más que nada. Seguir soñando con una comunidad (abierta, heterogénea, horizontal) que nos falta. Sostenernos en la tristeza, en la angustia, en la sustracción a esas fábricas de la felicidad que esconden los basurales de la historia. A lo mejor, poniendo nuestro corazón en una ínfima, frágil esperanza y, sobre todo, movilizando nuestros cuerpos en las luchas que la encarnan de forma más precaria todavía. En medio de toda esa desesperación enterrada en un desierto, ¿cómo hacer que una política de la esperanza –y sostenida por quiénes- no se convierta automáticamente en una forma de engaño?

Aunque más no fuera apelar a una estrategia de deserción. No huir: desertar. No ser parte del ejército que sigue masacrando a los vencidos, del ejército etnocéntrico que legitima la putrefacción de presente, de los opinólogos financiados por quienes venden el alambre y las armas para detener a quienes intentan sortearlo desesperadamente, de los votantes responsables que en nombre de la lógica del mal menor sostienen lo Funesto. Aunque no quede más camino que devenir minoría, no hay otra opción ética que documentar la barbarie. Una barbarie organizada que luego buscarán borrar o renombrar como defensa legítima, no sea caso que el fantasma de los muertos quiera recordarles su crimen. Como decía Walsh: “Hay un fusilado que vive”. Ese testimonio incómodo seguirá haciendo sobrevolar sobre los responsables el fantasma de su crimen. Aunque toda la máquina semiótica de los massmedia se movilice para diluir esa exterioridad antagónica, un fusilado que vive introduce una resistencia ante una voluntad de olvido extendida. Que la aprobación de la masacre sea hegemónica puede ser algo coyuntural siempre que se esté dispuesto a devenir minoría o asumir cierta soledad política para seguir cuestionando. No en nombre de lo que ocurre en otras partes del sistema-mundo ni mucho menos desde una épica personal sino en nombre de un ideal democrático más o menos tambaleante en la práctica pero no menos imperativo en la construcción de lo común. Aunque sea poco más que nada, desertar también podría constituirse en una forma de responsabilidad. Una forma, si se prefiere, de no responder ante la infamia convertida en sistema y, especialmente, ante los mandatarios que la han erigido en moneda corriente para el intercambio.

 

Arturo Borra

DIÁSPORAS

Centro de investigación migrante para la interculturalidad

 


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