«Las cloacas de Interior» -un documental de Jaume Roures

«La construcción de las noticias en torno a personas migrantes, desplazadas y refugiadas»

La centralidad de los medios de comunicación en las sociedades del presente es manifiesta. En particular, los discursos informativos modelizan a nivel simbólico las realidades a las que refieren mediante ciertos reenvíos semánticos. Contrariamente a la representación común de la práctica periodística como simple reflejo especular –más o menos “distorsionado”- de una realidad predeterminada (lo que suele llamarse de forma ingenua «objetividad»), el trabajo periodístico es, ante todo, una actividad interpretativa que se apoya en informaciones que de forma regular no está en condiciones de contrastar de forma directa. Abogar por una reflexión crítica sobre los resultados de estas prácticas permite interrogar la calidad informativa de cierta producción periodística; en particular, de algunos medios de prensa nacionales. Antes que un simple llamado a la responsabilidad ético-profesional, es esa reflexión crítica lo que permite promover prácticas acordes a valores y derechos democráticos que, como servicio público, es legítimo reclamar a dichos medios, comenzando por el derecho a una información veraz y plural, contrastada con diversas fuentes informativas.

En ese contexto, mi propósito no es dar cuenta de la «realidad» de las migraciones y los desplazamientos forzados en España, sino reconstruir de forma exploratoria, no sistemática, el modo en que los discursos informativos dominantes significan dicha realidad efectiva, reafirmando un imaginario europeo en torno a los “otros” que incurre de forma regular en imágenes estereotipadas que dificultan la percepción de esos otros como semejantes. Para avanzar en dicha reconstrucción, es plausible partir de la siguiente hipótesis crítica: las construcciones mediáticas dominantes significan los fenómenos migratorios y de desplazamiento forzado como una realidad homogénea, simple y unidimensional, desconociendo diferencias fundamentales no sólo entre personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes sino también entre sujetos migrantes distintos. Semejante indistinción no sólo dificulta el conocimiento de las realidades específicas que marcan estos procesos, sino que obstruye intervenciones diferenciales que permitan gestionar sus problemáticas concretas.  

La reflexión sobre el modo en que los medios significan estos términos, en contextos discursivos específicos, permite identificar dos variantes predominantes: 1) la que significa estos fenómenos como una “amenaza” para Europa, no sólo en un plano laboral sino también en el plano de las identidades y de la seguridad, y 2) la que los asocia a “situaciones de extrema vulnerabilidad”, especialmente con respecto a aquellos colectivos que categoriza como “sin papeles”, “desplazados” o “refugiados” –a menudo confundidos entre sí-. En lo subsiguiente, me referiré a la primera variante como «discurso de la hostilidad» y a la segunda variante como «discurso de la caridad» (1).

Siguiendo esta hipótesis, ambos discursos constituyen variantes de un mismo patrón hegemónico, no obstante los énfasis contrarios que sugieren: mientras que en el primer caso la asimetría incita a un rechazo hacia los colectivos en cuestión, en el segundo caso alienta cierta indulgencia hacia ellos. No obstante, «hostilidad» y «caridad» son posiciones que fijan a los otros en una relación esencialmente asimétrica. La desigualdad persiste como punto en común incuestionable. Se trata, así, de una oposición que comparte un mismo presupuesto: el Otro está en una posición de inferioridad insalvable con respecto al propio grupo. Aunque es previsible que en sus versiones más polarizadas estas variantes discursivas se excluyan mutuamente, de forma regular aparecen como momentos internos de un mismo discurso informativo: un sujeto puede ser representado como “ilegal” a la vez que como “víctima”.  

Para ilustrar lo dicho es pertinente utilizar algunos ejemplos recientes de los dos periódicos de mayor tirada en España, en particular, “El País” y “El Mundo”. Si bien no se trata de un estudio exhaustivo y constituye una primera aproximación a la problemática (prescindiendo incluso de elementos paratextuales, cotextuales y contextuales que sería preciso incluir en un análisis sistemático), permite reconocer algunas tendencias significativas que pueden corroborarse de forma retrospectiva.

Arturo Borra

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«La izquierda del futuro: una sociología de las emergencias» - Boaventura de Sousa Santos

 

 

 

 

El futuro de la izquierda no es más difícil de predecir que cualquier otro acontecimiento social. La mejor manera de abordarlo es haciendo lo que llamo sociología de las emergencias. Consiste en prestar especial atención a algunas señales del presente para ver en ellas tendencias, embriones de lo que puede ser decisivo en el futuro. En este texto, doy especial atención a un hecho que, por inusual, puede señalar algo nuevo e importante. Me refiero a los pactos entre diferentes partidos de izquierda.

 

Los pactos

 

La familia de las izquierdas no tiene una fuerte tradición de pactos. Algunas ramas de esta familia tienen incluso más tradición pactos con la derecha que con otras ramas de la familia. Diríase que las divergencias internas en la familia de las izquierdas son parte de su código genético, tan constantes como han sido a lo largo de los últimos doscientos años. Por razones obvias, las divergencias han sido más amplias o notorias en democracia. La polarización llega a veces al punto de que una rama de la familia ni siquiera reconoce que la otra pertenece a la misma familia. Por el contrario, en períodos de dictadura los entendimientos han sido frecuentes, aunque terminen una vez acabado el período dictatorial.

 

A la luz de esta historia, merece una reflexión el hecho de que en los últimos tiempos estamos asistiendo a un movimiento pactista entre diferentes ramas de las izquierdas en países democráticos. El sur de Europa es un buen ejemplo: la unidad en torno a Syriza en Grecia a pesar de todas las vicisitudes y dificultades; el gobierno dirigido por el Partido Socialista en Portugal con el apoyo del Partido Comunista y del Bloco de Esquerda a raíz de las elecciones del 4 de octubre de 2015; algunos gobiernos autonómicos en España, salidos de las elecciones regionales de 2015 y, en el momento en que escribo, la discusión sobre la posibilidad de un pacto a escala nacional entre el PSOE, Podemos y otros partidos de izquierda como resultado de las elecciones generales de diciembre. Hay indicios de que en otros lugares de Europa y en América Latina pueden surgir en un futuro próximo pactos similares. Se imponen dos cuestiones. ¿Por qué este impulso pactista en democracia? ¿Cuál es su sostenibilidad?

 

La primera pregunta tiene una respuesta plausible. En el caso del sur de Europa, la agresividad de la derecha (tanto de la nacional como de la que viste la piel de las “instituciones europeas”) en el poder en los últimos cinco años ha sido tan devastadora para los derechos de ciudadanía y para la credibilidad del régimen democrático que las fuerzas de izquierda comienzan a estar convencidas de que las nuevas dictaduras del siglo XXI surgirán en forma de democracias de bajísima intensidad. Serán dictaduras presentadas como dictablandas o democraduras, como la gobernabilidad posible ante la inminencia del supuesto caos en los tiempos difíciles que vivimos, como el resultado técnico de los imperativos del mercado y de la crisis que lo explica todo sin necesidad de ser explicada. El pacto resulta de una lectura política de que lo que está en juego es la supervivencia de una democracia digna de ese nombre y de que las divergencias sobre lo que esto significa ahora tienen menos urgencia que salvar lo que la derecha todavía no ha logrado destruir.

La segunda pregunta es más difícil de responder. Como decía Spinoza, las personas (y también las sociedades, diría yo) se rigen por dos emociones fundamentales: el miedo y la esperanza.

 

El equilibrio entre ambas es complejo pero sin una de ellas no sobreviviríamos. El miedo domina cuando las expectativas de futuro son negativas (“esto es malo pero el futuro podría ser aún peor”); por su parte, la esperanza domina cuando las expectativas futuras son positivas o cuando, por lo menos, el inconformismo con la supuesta fatalidad de las expectativas negativas es ampliamente compartido. Treinta años después del asalto global a los derechos de los trabajadores; de la promoción de la desigualdad social y del egoísmo como máximas virtudes sociales; del saqueo sin precedentes de los recursos naturales, de la expulsión de poblaciones enteras de sus territorios y de la destrucción ambiental que esto significa; de fomentar la guerra y el terrorismo para crear Estados fallidos y tornar las sociedades indefensas ante la expoliación; de la imposición más o menos negociada de tratados de libre comercio totalmente controlados por los intereses de empresas multinacionales; de la total supremacía del capital financiero sobre el capital productivo y sobre la vida de las personas y las comunidades; después de todo esto, combinado con la defensa hipócrita de la democracia liberal, es plausible concluir que el neoliberalismo es una inmensa máquina de producción de expectativas negativas para que las clases populares no sepan las verdaderas razones de su sufrimiento, se conformen con lo poco que aún tienen y estén paralizadas por el miedo a perderlo.

 

El movimiento pactista al interior de las izquierdas es producto de un tiempo, el nuestro, de predominio absoluto del miedo sobre la esperanza. ¿Significará esto que los gobiernos salidos de los pactos serán víctimas de su éxito? El éxito de los gobiernos pactados por las izquierdas se traducirá en la atenuación del miedo y en la devolución de alguna esperanza a las clases populares, al mostrar, mediante una gestión de gobierno pragmática e inteligente, que el derecho a tener derechos es una conquista civilizatoria irreversible. ¿Será que, cuando brille nuevamente la esperanza, las divergencias volverán a la superficie y los pactos serán echados a la basura? Si ello ocurriese, sería fatal para las clases populares, que rápidamente regresarían al silenciado desaliento ante un fatalismo cruel, tan violento para las grandes mayorías cuanto benévolo para las pequeñísimas minorías. Pero también sería fatal para las izquierdas en su conjunto, pues quedaría demostrado durante algunas décadas que las izquierdas son buenas para corregir el pasado, pero no para construir el futuro. Para que tal cosa no suceda, deben ser llevadas a cabo dos tipos de medidas durante la vigencia de los pactos. Dos medidas que no se imponen por la urgencia del gobierno corriente y que, por eso, tienen que resultar de una voluntad política bien determinada. Llamo a estas dos medidas Constitución y hegemonía.

 

Constitución y hegemonía

 

La Constitución es el conjunto de reformas constitucionales o infraconstitucionales que reestructuran el sistema político y las instituciones con el fin de prepararlas para posibles embates con la dictablanda y el proyecto de democracia de bajísima intensidad que esta conlleva. Dependiendo de los países, las reformas serán diferentes, como diferentes serán los mecanismos utilizados. Si en algunos casos es posible reformar la Constitución con base en los Parlamentos, en otros será necesario convocar Asambleas Constituyentes originarias, dado que los Parlamentos serían el mayor obstáculo para cualquier reforma constitucional.

 

También puede suceder que, en un determinado contexto, la “reforma” más importante sea la defensa activa de la Constitución existente mediante una renovada pedagogía constitucional en todas las áreas de gobierno. Pero habrá algo común a todas las reformas: volver el sistema electoral más representativo y más transparente; fortalecer la democracia representativa con la democracia participativa. Los teóricos liberales más influyentes de la democracia representativa han reconocido (y recomendado) la coexistencia ambigua entre dos ideas (contradictorias) que aseguran la estabilidad democrática: por un lado, la creencia de los ciudadanos en su capacidad y competencia para intervenir y participar activamente en la política; por otro, un ejercicio pasivo de esa competencia y de esa capacidad mediante la confianza en las élites gobernantes. En los últimos tiempos, y como lo demuestran las protestas que han sacudido muchos países desde 2011, la confianza en las élites ha venido deteriorándose sin que, sin embargo, el sistema político (por su diseño o por su práctica) permita a los ciudadanos recuperar su capacidad y competencia para intervenir activamente en la vida política. Sistemas electorales asimétricos, partidocracia, corrupción, crisis financieras manipuladas –he aquí algunas de las razones de la doble crisis de representación (“no nos representan”) y de participación (“no vale la pena votar, todos son iguales y ninguno cumple lo que promete”). Las reformas constitucionales obedecerán a un doble objetivo: hacer la democracia representativa más representativa; complementar la democracia representativa con la democracia participativa. Estas reformas darán como resultado que la formación de la agenda política y el control del desempeño de las políticas públicas dejarán de ser un monopolio de los partidos y pasarán a ser compartidas por los partidos y ciudadanos independientes organizados democráticamente para este propósito.

 

El segundo conjunto de reformas es lo que llamo hegemonía. La hegemonía es el conjunto de ideas sobre la sociedad e interpretaciones del mundo y de la vida que, por ser altamente compartidas, incluso por los grupos sociales perjudicados por ellas, permiten que las élites políticas, al apelar a tales ideas e interpretaciones, gobiernen más por consenso que por coerción, aun cuando gobiernan en contra de los intereses objetivos de grupos sociales mayoritarios. La idea de que los pobres son pobres por su propia culpa es hegemónica cuando es defendida no sólo por los ricos, sino también por los pobres y las clases populares en general. En este caso son, por ejemplo, menores los costes políticos de las medidas para eliminar o restringir drásticamente la renta social de inserción. La lucha por la hegemonía de las ideas de sociedad que sostienen el pacto entre las izquierdas es fundamental para la supervivencia y consistencia de ese pacto. Esta lucha tiene lugar en la educación formal y en la promoción de la educación popular, en los medios de comunicación, en el apoyo a los medios alternativos, en la investigación científica, en la transformación curricular de las universidades, en las redes sociales, en la actividad cultural, en las organizaciones y movimientos sociales, en la opinión pública y en la opinión publicada. A través de ella, se construyen nuevos sentidos y criterios de evaluación de la vida social y de la acción política (la inmoralidad del privilegio, de la concentración de la riqueza y de la discriminación racial y sexual; la promoción de la solidaridad, de los bienes comunes y de la diversidad cultural, social y económica; la defensa de la soberanía y de la coherencia de las alianzas políticas; la protección de la naturaleza) que hacen más difícil la contrarreforma de las ramas reaccionarias de la derecha, las primeras en irrumpir en un momento de fragilidad del pacto. Para esta lucha tenga éxito es necesario impulsar políticas que, a simple vista, son menos urgentes y compensadoras. Si esto no ocurre, la esperanza no sobrevivirá al miedo.

Aprendizajes globales

 

Si algo se puede afirmar con alguna certeza acerca de las dificultades que están pasando las fuerzas progresistas en América Latina, es que tales dificultades se asientan en el hecho de que sus gobiernos no enfrentaron ni la cuestión de la Constitución ni la de la hegemonía. En el caso de Brasil, este hecho es particularmente dramático. Y explica en parte que los enormes avances sociales de los gobiernos de la época Lula sean ahora tan fácilmente reducidos a meros expedientes populistas y oportunistas, incluso por parte de sus beneficiarios. Explica también que los muchos errores cometidos (para comenzar, el haber desistido de la reforma política y de la regulación de los medios de comunicación, y algunos errores dejan heridas abiertas en grupos sociales importantes, tan diversos como los campesinos sin tierra ni reforma agraria, los jóvenes negros víctimas del racismo, los pueblos indígenas ilegalmente expulsados de sus territorios ancestrales, pueblos indígenas y quilombolas con reservas homologadas pero engavetadas, militarización de las periferias de las grandes ciudades, poblaciones rurales envenenadas por agrotóxicos, etcétera), no sean considerados como errores, sino que sean omitidos y hasta convertidos en virtudes políticas o, al menos, sean aceptados como consecuencias inevitables de un Gobierno realista y desarrollista.

 

Las tareas incumplidas de la Constitución y de la hegemonía explican también que la condena de la tentación capitalista por parte de los gobiernos de izquierda se centre en la corrupción y, por tanto, en la inmoralidad y en la ilegalidad del capitalismo, y no en la injusticia sistemática de un sistema de dominación que se puede realizar en perfecto cumplimiento de la legalidad y la moralidad capitalistas.

 

El análisis de las consecuencias de no haber resuelto las cuestiones de la Constitución y de la hegemonía es relevante para prever y prevenir lo que puede pasar en las próximas décadas, no solo en América Latina, sino también en Europa y otras regiones del mundo. Entre las izquierdas latinoamericanas y las de Europa del sur ha habido en los últimos veinte años importantes canales de comunicación, que están todavía por analizarse en todas sus dimensiones. Desde el inicio del presupuesto participativo en Porto Alegre (1989), varias organizaciones de izquierda en Europa, Canadá e India (de las que tengo conocimiento) comenzaron a prestar mucha atención a las innovaciones políticas que emergían en el campo de las izquierdas en varios países de América Latina.

 

A partir del final de la década de 1990, con la intensificación de las luchas sociales, el ascenso al poder de gobiernos progresistas y las luchas por Asambleas Constituyentes, sobre todo en Ecuador y Bolivia, quedó claro que una profunda renovación de la izquierda, de la cual había mucho que aprender, estaba en curso. Los trazos principales de esa renovación fueron los siguientes: la democracia participativa articulada con la democracia representativa, una articulación de la cual ambas salían fortalecidas; el intenso protagonismo de movimientos sociales, de lo que el Foro Social Mundial de 2001 fue una muestra elocuente; una nueva relación entre partidos políticos y movimientos sociales; la sobresaliente entrada en la vida política de grupos sociales hasta entonces considerados residuales, como los campesinos sin tierra, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes; la celebración de la diversidad cultural, el reconocimiento del carácter plurinacional de los países y el propósito de enfrentar las insidiosas herencias coloniales siempre presentes. Este elenco es suficiente para evidenciar cuánto las dos luchas a las que me he estado refiriendo (la Constitución y la hegemonía) estuvieron presentes en este vasto movimiento que parecía refundar para siempre el pensamiento y la práctica de izquierda, no solo en América Latina, sino en todo el mundo.

 

La crisis financiera y política, sobre todo a partir de 2011, y el movimiento de los indignados, fueron los detonantes de nuevas emergencias políticas de izquierda en el sur de Europa, en las que estuvieron muy presentes las lecciones de América Latina, en especial la nueva relación partido-movimiento, la nueva articulación entre democracia representativa y democracia participativa, la reforma constitucional y, en el caso de España, las cuestiones de la plurinacionalidad. El partido español Podemos representa mejor que cualquier otro estos aprendizajes, incluso cuando sus dirigentes fueron desde el principio conscientes de las diferencias sustanciales entre los contextos político y geopolítico europeo y latinoamericano.

 La forma en que tales aprendizajes se irán a plasmar en el nuevo ciclo político que está emergiendo en Europa del sur es, por ahora, una incógnita. Pero desde ya es posible especular lo siguiente: si es verdad que las izquierdas europeas aprendieron con las muchas innovaciones de las izquierdas latinoamericanas, no es menos cierto (y trágico) que éstas se “olvidaron” de sus propias innovaciones y que, de una u otra forma, cayeron en las trampas de la vieja política, donde las fuerzas de derecha fácilmente muestran su superioridad dada la larga experiencia histórica acumulada.

 

Si las líneas de comunicación se mantienen hoy, y siempre salvaguardando la diferencia de contextos, quizá sea tiempo de que las izquierdas latinoamericanas aprendan también con las innovaciones que están emergiendo entre las izquierdas del sur de Europa. Entre ellas destaco las siguientes: mantener viva la democracia participativa dentro de los propios partidos de izquierda, como condición previa a su adopción en el sistema político nacional en articulación con la democracia representativa; pactos entre fuerzas de izquierda (no necesariamente solo entre partidos) y nunca con fuerzas de derecha; pactos pragmáticos no clientelistas (no se discuten personas o cargos, sino políticas públicas y medidas de Gobierno), ni de rendición (articulando líneas rojas que no pueden ser cruzadas con la noción de prioridades o, como se decía antes, distinguiendo las luchas primarias de las secundarias); insistencia en la reforma constitucional para blindar los derechos sociales y tornar el sistema político más transparente, más próximo y más dependiente de las decisiones ciudadanas, sin tener que esperar elecciones periódicas (refuerzo del referendo); y, en el caso español, tratar democráticamente la cuestión de la plurinacionalidad.

La máquina fatal del neoliberalismo continúa produciendo miedo a gran escala y, siempre que falta materia prima, trunca la esperanza que puede encontrar en los rincones más recónditos de la vida política y social de las clases populares, la tritura, la procesa y la transforma en miedo. Las izquierdas son la arena que puede atajar ese aparatoso engranaje a fin de abrir las brechas por donde la sociología de las emergencias hará su trabajo de formular y amplificar las tendencias, los “todavía no”, que apuntan a un futuro digno para las grandes mayorías. Por eso es necesario que las izquierdas sepan tener miedo sin tener miedo del miedo. Sepan sustraer semillas de esperanza a la trituradora neoliberal y plantarlas en terrenos fértiles donde cada vez más ciudadanos sientan que pueden vivir bien, protegidos, tanto del infierno del caos inminente, como del paraíso de las sirenas del consumo obsesivo. Para que esto ocurra, la condición mínima es que las izquierdas permanezcan firmes en las dos luchas fundamentales: la Constitución y la hegemonía.

 

Extraído de aquí.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

 

El «discurso de la sensatez» de Rivera: la perogrullada del sentido común

 

 

La impresión es que Podemos no podrá. Probablemente, no conseguirá los escaños que necesita para formar gobierno. Puede incluso que esa impresión sea una percepción inducida por la campaña masiva de desinformación impulsada por los grandes medios. Desde hace tiempo han tomado partido. La toma de partido se inclina, una vez más, para los que siempre tienen más probabilidades de ganar, dadas sus posiciones privilegiadas de poder.

 

Las estrategias gubernamentales y mediáticas dominantes han surtido efecto: en unos meses, han intentado pulverizar la imagen de los fundadores de Podemos, basándose prioritariamente en la difamación pública, con el objetivo de reinstalar el sofisma de que no hay diferencia sustantiva entre lo “nuevo” y lo “viejo”, la “casta” y lo que se opone a ella. En suma: el propósito no ha sido otro que reforzar el “sentido común” que señala que “las cosas siempre fueron así” y que así seguirán siendo (negando, sin más, la posibilidad de un cambio estructural). El empeño desmesurado con que han procurado mostrar que fuerzas políticas como Podemos son equivalentes a los partidos tradicionales ya es de por sí indicativo del grado de movilización de los portavoces del establishment: la auténtica cruzada emprendida contra esta fuerza pone en evidencia las prerrogativas que temen perder.

 

La difamación ha logrado parcialmente su cometido. Lo sabemos por la variación en la estimación de voto. Incluso si la “cocina” de las estadísticas circulantes estuviera sesgada –lo que parece ser el caso-, es innegable que Podemos ha pasado de ser primera fuerza electoral en términos de intención directa de voto a ser la cuarta fuerza. En menos de un año, la maquinaria propagandística de las elites económicas, políticas y financieras ha disparado su artillería para desacreditar esta opción política. Sólo el aprendizaje acelerado de los líderes de este partido -al que fuerzan circunstancias tan adversas- ha evitado que el desastre sea aun mayor, a pesar de algunos fallos notables (entre otros, la gestión comunicacional del “caso Monedero”).

 

Dicho lo cual, resulta clave constatar que las estrategias de difamación al uso son eficaces en tanto cuentan con la aquiescencia –más o menos tácita- de una mayoría social que, movida por el miedo a perder lo (poco) que tiene, se asegura perderlo. La paradoja de esa mayoría subalterna es que se identifica con un amo que ya la ha condenado, de forma reiterada, a vivir en riesgo permanente de perderlo todo. La economía política del sacrificio hace tiempo ha decidido que su valor político –como masa de electores- y su valor económico –como masa de consumidores- es puramente instrumental: ser objetos o blancos para nuevas ofrendas alzadas tanto a la Comisión Europea como a los mercados financieros. Dicho en otras palabras: constituyen la masa marginal sobre la que seguirán operando las políticas de recorte, como signo de una “voluntad de austeridad” que no ha hecho más que ensanchar las periferias interiores de Europa.

 

La impresión, entonces, es que la maldita “sensatez” –el himno generalizado al sentido común, alzado al unísono- hace ir por otros caminos: cambiar alguna figura partidaria para que, políticamente, no haya cambio relevante. Reincidir en lo mismo, entonces, con la cosmética necesaria: entre otras cuestiones, ahondar en la política de austeridad mientras se garantiza la impunidad de los responsables del peor saqueo sistémico de la historia del capitalismo, multiplicar los recortes públicos en nombre de la eficiencia, consolidar el olvido histórico a las víctimas, preservar los privilegios de la iglesia católica y de la monarquía, dar vía libre al crecimiento de la banca y las grandes corporaciones en nombre de una presunta recuperación económica de la que las clases trabajadoras no tienen noticias, seguir desgravando las rentas de propiedad mientras se gravan más las rentas de trabajo (en un proceso interminable de precarización económico-existencial reafirmada en términos de “competencia”), dar carta de ciudadanía a la privatería y un revoque de honestidad al negociado de lo público gerenciado por el poder económico concentrado, incrementar el control mediático y ahondar en las marcas de una política cultural tradicionalista y autoritaria, reestructurar el sistema sanitario y educativo de forma excluyente, favorecer los grandes capitales y la desregulación de los mercados laborales, criminalizar a los grupos disidentes y desproteger tanto a las víctimas de violencia de género como a diferentes colectivos sociales, incluyendo inmigrantes y refugiados. En suma, no sólo garantizar la continuidad de la actual política de transferencia de riqueza a las elites dominantes y de empobrecimiento de las clases medias y populares sino, en general, seguir profundizando en un modelo de sociedad radicalmente injusta y desigual.

 

La cuestión rebasa una dimensión económica. Semejante ofensiva neoconservadora sólo es posible, al menos en cierta medida, por las dificultades para articular resistencias organizadas y sistemáticas por parte de los colectivos damnificados. Ninguna de estas políticas podría prosperar de forma efectiva en un contexto social radicalmente antagónico. Si el gobierno ha tenido que rectificar en ocasiones específicas, ha sido ante todo por presiones externas, producto de una movilización ciudadana fragmentaria pero relevante, así como de la irrupción de fuerzas partidarias como Podemos, que han reinstalado en la agenda pública cuestiones tan básicas y centrales como la deuda externa, la renta mínima universal, el acceso igualitario a los servicios públicos o el derecho a la vivienda.

 

Doble apunte entonces: por un lado, la estimación de voto actual sigue liderada por el bipartidismo; por otro lado, a pesar de una cierta erosión de la alternancia bipartidista, partidos como Ciudadanos operan como bisagras o recambios que no pueden más que bloquear un cambio ideológico significativo con respecto a lo que llama la “vieja política”. La lectura no es entonces de mera continuidad o simple ruptura, sino de coexistencia entre lo dominante y lo emergente: si bien algunos partidos (comenzando por Podemos) han irrumpido como fuerzas desniveladoras o disruptivas, el movimiento de restauración conservadora parece estar ganando el pulso. La propensión (neo)conservadora del sentido común (como “inconsciente” de la ideología dominante al decir de Stuart Hall) inclina la balanza hacia la continuidad. De ahí que los discursos hegemónicos no han hecho sino acentuar como incuestionable ese “sentido común” que custodia de forma implícita el establishment y reproduce de forma irreflexiva desigualdades sociales ya consolidadas.

 

El presunto “centrismo” de Rivera juega, en este contexto, con cartas marcadas: en su juego no baraja, entre otras cuestiones claves, promover una política de la memoria histórica, revisar las exenciones fiscales al clero, modificar las exclusiones de personas en situación irregular del sistema sanitario implantadas por el PP, transformar el carácter regresivo del sistema tributario, auditar la deuda pública, reimpulsar la educación pública para facilitar su acceso igualitario, derogar la ley de seguridad ciudadana en su conjunto o la reforma laboral en un sentido progresivo, desarrollar políticas económicas que activen la inversión pública y políticas crediticias que favorezcan la creación de empleo de calidad por parte de las Pymes o activar políticas sociales que permitan una mejor redistribución de la riqueza y contribuyan a revertir de forma decidida la escandalosa escalada de pobreza de la última década a nivel nacional.

 

Dicho de otra manera: el centrismo de Rivera plantea una «estrategia de silencio» ante aquellos asuntos fundamentales que hacen no tanto a la recuperación de una presunta salud perdida, sino más bien al desarrollo de otra fisonomía política y social, ligada a un proyecto si no socialista sí al menos popular. Una estrategia del silencio no significa, sin más, que se desconozca esas problemáticas o no se haga ninguna referencia al respecto. Refiere más bien a la opción deliberada de mantenerse en un guión tan genérico como esquemático, ligado al “cambio tranquilo”, esto es, a la continuidad político-ideológica que evite cualquier alarma en la gran burguesía económico-financiera. En este ejercicio de equilibrio retórico, se trata de pasar por los problemas decisivos de puntillas, sin más argumentación que un puñado de tópicos que tengan a la vez máxima resonancia social y reduzcan al mínimo cualquier referencia a puntos sensibles del electorado. Su estrategia es así básicamente elusiva: ninguna sorpresa que “asuste” a votantes ávidos de conservar algunos privilegios que desde hace tiempo ya han perdido o que “reviva” heridas o traumas de un pasado nunca más activo. El recuerdo mítico de una “calidad de vida” pretérita impide pensar las actuales condiciones de existencia de franjas sociales cada vez más amplias, en una descontrolada fábrica de riesgos (de exclusión social).

 

En este sentido, el «discurso de la sensatez» de Ciudadanos hace trampa: parte del giro hegemónico hacia la derecha. En una escena política derechizada, estar al “centro” significa que la posibilidad misma de plantear una sociedad diferente queda conjurada. Se trata de eludir los fantasmas que sobrevuelan el presente que bien podría traer a la memoria de los vivos la génesis de la actual fractura social: no sólo una dictadura impune sino una transición que ha obstruido tanto una política de justicia con respecto al genocidio producido por el franquismo como la posibilidad de que su “botín de guerra” sea recuperado en términos de una distribución más justa de la riqueza. Que en el último período se haya triplicado la pobreza y duplicado la casta de multimillonarios es indicio de este pésimo legado que el “sentido común” quiere eludir; a saber, que no es posible construir un porvenir de la democracia sin la apertura de los archivos que sostienen lo presente. Archivos no sólo desarchivados: aquellos que no existen más que en el soporte inatestiguado de las cunetas. 

 

El “sentido común” –como cristalización irreflexiva de la ideología dominante- arrastra sus sedimentos: ante todo, que sea quien sea el que gobierne, no ponga bajo debate los principios constituyentes del actual estado español, como garante de la economía de mercado (y el pago de la deuda soberana), de la continuidad del tradicionalismo cultural (y la hegemonía del nacional-catolicismo) y la reproducción de ciertos imperativos sistémicos (especialmente, la construcción de un orden social planteado como ineludible, incluso si se admiten “mejoras” posibles).

 

La apelación retórica al sentido común es la perogrullada del centrismo: dar por legítimo aquello que hay que legitimar, esto es, la posibilidad misma de integrar izquierda y derecha sin incurrir en incompatibilidades (ideo)lógicas y políticas. Así por ejemplo, ¿cómo garantizar la atención sanitaria básica para inmigrantes en situación irregular sin vulnerar los DDHH? ¿cómo proteger a los más desfavorecidos promoviendo la desregulación económica? ¿cómo abogar por la reforma institucional y la renovación de los partidos a la vez que se promueven alianzas políticas con aquellos que las impiden? ¿cómo favorecer el cambio a la vez que se recurre al más común de los conservadurismos, que es aquel que elude las herencias ligadas al franquismo, el catolicismo o la monarquía? La respuesta la podemos inferir: las dos formas posibles de integrar propuestas antagónicas es i) apelando a un eclecticismo indiferente a la contradicción o bien ii) negociando con grupos políticos adversarios -situados en diferentes posiciones del arco político- una postura intermedia entre todas las planteadas.

 

El problema es que la negociación política de Ciudadanos con la izquierda es poco menos que nula. La interlocución que le reconoce se limita al PSOE que, en las actuales condiciones, dista de encarnar de forma creíble una alternativa propiamente de izquierdas. Por tanto, la opción centrista de Ciudadanos no puede ser más que producto del eclecticismo. El “centro” así concebido no es nada diferente a la apropiación de medidas de derecha e izquierda, según su grado de aceptación social. Ahora bien, atender demandas múltiples incompatibles entre sí, tarde o temprano, obliga a tomar partido. Y la toma de partido de Ciudadanos es inequívoca: la defensa de los intereses corporativos de las multinacionales y la banca privada. Ciudadanos saluda con la mano izquierda y golpea con la derecha.

 

En síntesis, del mismo modo en que el “sentido común” naturaliza el orden existente -en tanto ha interiorizado lo habitual como “normal”-, el “centrismo” de Ciudadanos está escorado hacia la derecha. Constituye una coartada ideológica que encubre su clara toma de partido para que todo siga igual. La «sensatez» del discurso de Rivera no puede significar nada distinto que la renuncia deliberada a cuestionar el régimen de prerrogativas de los grandes grupos económicos. Todo lo que pueda haber de controvertido en una apuesta política de izquierda queda abolido. Su pragmatismo ideológico consiste ante todo en reafirmar un sentido común que no quiere saber nada de transformaciones sociales de raíz.

 

Dicho lo cual, resulta claro que uno de los desafíos fundamentales de la izquierda no puede ser otro que sacar del guión de hierro a los portavoces de Ciudadanos. Sólo un desnivelamiento crítico de esas “propuestas de sentido común” podría desarmar su estrategia electoral y producir un giro político posible e incierto. De esa operación depende que nuestras impresiones más o menos inducidas y probables no se hagan realidad. La apuesta por lo improbable siempre ha sido la apuesta de quienes no se contentan con sobrevivir en un mundo social escombrado.

 

Arturo Borra

Sobre la “crisis de los refugiados” o la vida en peligro

 

 

 

 

La visibilidad mediática ante la realidad de miles de seres humanos que escapan de las guerras y las masacres repetidas en Medio Oriente, nombrada como “crisis de refugiados”, oculta una regularidad no menos drástica: no sólo la realidad de otros millones de desplazados y refugiados, que superan con creces los 50 millones, sino también la situación de precariedad absoluta de gran parte de los que logran arribar a Europa, tras una sociodisea que implica la muerte como riesgo habitual del tránsito. A las más de 25000 personas que han perecido a lo largo de la última década y media en el Mediterráneo hay que sumar los millones de migrantes que sobreviven en el viejo continente, en situaciones diversas que es preciso especificar (articulando en la perspectiva de análisis no sólo la procedencia sino también la etnia, el género, la edad y la clase, entre otras variables). Aunque semejante cartografía de las diásporas está en buena medida pendiente, resulta oportuno recordar algunas aristas de esta problemática de primer orden.

El discurso dominante de la caridad que se multiplica tanto en los medios masivos de comunicación como en las instancias gubernamentales -yuxtapuesto de forma contradictoria con la presunta “amenaza” que algunos colectivos de exiliados y migrantes encarnarían- debe ser críticamente analizado, para desmontar las falacias que lo estructuran. Ninguna ola de solidaridad asoma en las políticas europeas. Por el contrario, su respuesta en la última década no ha sido otra que cerrar los caminos para el acceso a la protección internacional e impedir el arribo de estas personas a las fronteras europeas, aun cuando ello ha supuesto una clara vulneración de sus derechos humanos y de asilo (a menudo “tercerizada”, esto es, a cargo de países nada ejemplares en esta materia como Marruecos o Turquía). 

La gravedad de semejantes vulneraciones es evidente: no significa nada distinto a mantener a miles de seres humanos en la más absoluta indefensión. Dicho de otra manera: la Unión Europea ha blindado sus fronteras en la última década incluso si ello ha supuesto que miles de vidas sigan en peligro y, lo que es peor, perezcan en el intento desesperado de “ponerse a salvo”. Apenas hace falta insistir: en un contexto como el presente, arribar a Europa permite preservar la vida pero en condiciones que distan radicalmente de ser satisfactorias. La promesa de salvación naufraga en el mismo momento en que comienza esa otra odisea que es obtener el asilo y restablecer la posibilidad de desarrollar una vida mínimamente aceptable como sujeto económico, político y cultural. 

Por lo demás, considerando que en la actualidad más de 400.000 personas pretenden arribar a las costas europeas para preservar su vida, la acogida –todavía pendiente de aprobación- de unos 120000 potenciales refugiados y su redistribución en Europa no es una muestra de generosidad sino de cálculo negociador: tres de cada cuatro personas seguirán abandonadas a su suerte, para terminar probablemente emplazadas -en condiciones paupérrimas- en países empobrecidos como Turquía, Jordania o Líbano, principales receptores de la catástrofe siria. En particular, para continuar con el caso de Siria, Europa no sólo no es principal destino de los cuatro millones de desplazados y posibles refugiados, sino que apenas se dispone a acoger al 3% del total, a pesar de la mitología blanca que se empecina en representar a Europa como un espacio ejemplar de defensa universalista de los derechos humanos.   

La cuestión, sin embargo, no se agota en esta coyuntura dramática. Es un asunto estructural. La situación al respecto en España permite ilustrar semejante punto, en particular, la persistencia de una política de asilo y de una política migratoria que a partir de 2008 no ha cesado de erigir nuevos obstáculos para el acceso y permanencia de estos colectivos al territorio nacional, sumados a los que ya le preexistían. 

La nomenclatura misma resulta equívoca. Los exiliados no son “refugiados” sino en la medida en que mediante un proceso jurídico administrativo logran solicitar asilo, se les admite a trámite dicha solicitud y se les concede, en tercer término, el estatuto de refugiado de forma efectiva. Las trabas interpuestas para acceder a este procedimiento se han multiplicado, comenzando por la “Ley de Seguridad Ciudadana” en vigor que, al aceptar como procedimiento legal la “devolución en caliente” (reconvertida en “rechazo en frontera”) impide el acceso efectivo al derecho al asilo de quienes ingresan por las vallas de Ceuta y Melilla. La política de asilo de orientación restrictiva, sin embargo, le precede. Tomando la información más reciente, semejantes limitaciones son evidentes: dentro de la comunidad europea apenas 1 de cada 100 personas solicitan asilo en España. Si ya el número de solicitudes de asilo es irrisorio (contabilizando en 2014 apenas 4502), las efectivamente concedidas sólo alcanzan las 202 (1). Dicho de otra manera, menos del 5% de los solicitantes accede de forma efectiva a la condición de “refugiado”. 

La consecuencia de este rechazo generalizado no es otra que el tránsito de las personas a las que se les deniega su solicitud a una situación administrativa irregular. La conclusión es palmaria: la abrumadora mayoría de exiliados no sólo no son reconocidos como “refugiados” sino que pasan a formar parte del ejército de personas inmigradas en situación irregular, diluyéndose la condición política de su desplazamiento. En otras palabras: la denegación del asilo implica que miles de personas serán tratadas como sujetos fuera del derecho o, como suele sostener la derecha mediática, pasarán a formar parte de los “sin papeles”. 

En la última década, la producción de una multitud de seres humanos considerados jurídicamente “no-ciudadanos” no ha cesado de aumentar. Solamente en España, según algunas estimaciones, al menos 800.000 inmigrantes se encontrarían en situación irregular (de la cual una parte no determinable no son sino exiliados no reconocidos como refugiados). De ello se derivan implicaciones diversas para esta multitud: 1) ser objeto de redadas policiales periódicas, especialmente cuando rasgos fenotípicos diferentes se convierten en atributos raciales sospechosos; 2) ser blanco potencial de esa peculiar forma de secuestro que constituye el confinamiento en los CIE que no sólo incumplen las garantías mínimas de sanidad sino que vulneran los derechos humanos (2); 3) quedar excluidos de cobertura sanitaria, educativa, habitacional y asistencial, entre otras, por parte del estado central (incluso si dicha exclusión coexiste con la reasignación de tarjetas sanitarias a un porcentaje no determinado de inmigrados que han logrado empadronarse en el país receptor), 4) no poder ejercer el derecho a voto en ningún ámbito territorial ni ejercer algunos de sus derechos cívicos, 5) no poder acceder a un empleo en el mercado formal del trabajo, formando parte del grupo de inmigrados empobrecidos que sobreviven mediante el empleo sumergido en sectores marcados por la sobreexplotación (comenzando por las “empleadas de hogar” -sector claramente feminizado- y por los “peones agrícolas” –sector claramente masculinizado-) a la que son especialmente vulnerables las personas inmigradas.  

Apenas es preciso enfatizar que el «discurso de la caridad» nada dice al respecto, ni siquiera aquella posición bienintencionada que plantea la “acogida” en términos puramente asistencialistas, como es la provisión de alimentos, vestimenta y alojamiento para los miles de exiliados que, con suerte, lograrán acceder a territorio español. Semejante discurso tampoco ahondará en las causas políticas que provocan el éxodo forzado de millones de personas, incluyendo aquellas que están ligadas de forma directa a las intervenciones de los gobiernos occidentales en las zonas donde la guerra se ha convertido en un negocio billonario. 

Por lo demás, la política de inmigración española no sólo ha reforzado los obstáculos para el acceso legal al territorio nacional, sino que además ha virado hacia una política de fronteras cada vez más represiva, por no ahondar en la orientación asimilacionista que ha impuesto a las medidas implementadas: supresión de fondos de integración, reducción de fondos de cooperación, carencia de políticas de empleo dirigidas específicamente a estos colectivos, falta de estrategias de inclusión en las instituciones públicas, carencia de planes nacionales de lucha contra el racismo y la xenofobia, entre otras cuestiones. A nivel europeo, el refuerzo presupuestario de FRONTEX es de por sí ilustrativo: el objetivo prioritario no es salvar del naufragio a esos miles que se lanzan al mar con una promesa de supervivencia, sino blindar las fronteras europeas.

En suma, la situación actual provocada por esta diáspora desesperada de millones de seres humanos mal puede ser nombrada como “crisis de refugiados” si Europa no se reconfigura como espacio de acogida -algo que, de mínima, exige ser fuertemente matizado y, de máxima, obliga a repensar las bases actuales de sus políticas de asilo-. Aunque de forma válida podrían distinguirse respuestas gubernamentales diferenciadas ante esta crisis de humanidad, sin un replanteamiento radical de su vínculo con los otros, es la propia promesa de una Europa igualitaria e inclusiva la que amenaza con naufragar.

 

 

Arturo Borra

(1) Remito a “La situación de las personas refugiadas en España. Informe 2014”, elaborado por CEAR, versión electrónica en http://www.cear.es/wp-content/uploads/2013/05/Informe-CEAR-2014.pdf

 

(2) Al respecto, puede consultarse “Acerca de los Centros de Internamiento de Extranjeros. La política del encierro”, versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131848  

«Las 25 noticias más censuradas en 2013-2014», según "Proyecto censurado"

La noticia más importante y más censurada durante el año académico 2013-2014 del hemisferio norte ha sido la terrible amenaza para la vida marina, la cadena alimentaria y la sobrevivencia de la especie humana que trae consigo la acidificación creciente de los océanos provocada por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas por la “civilización capitalista”.


Las 25 noticias más censuradas por la gran prensa de Estados unidos se darán a conocer el 7 de octubre en el anuario Censored 2015, que publica el Proyecto Censurado de California desde hace 38 años, en colaboración con la Universidad Sonoma State y actualmente, con decenas de universidades comprometidas con este trabajo por la libertad real de información.



Éstas fueron las top ten, o sea, las 10 noticias más importantes censuradas:

• El aumento veloz de la acidificación de los océanos pone en peligro la vida marina
• Los gobiernos que más se benefician con ayuda de Estados Unidos practican la tortura
• La gran prensa ignoró denuncia de WikiLeaks sobre el Tratado Trans-Pacífico (TTP)
• Corporaciones proveedoras de Internet amenazan su neutralidad
• Banqueros de Wall Street tienen apoyo pese a sus crímenes mayores
• Estado profundo: “Gobierno sin referencias al consentimiento del gobernado”
• FBI ignoró plan de asesinato contra líderes Occupy mientras la NSA y el gran capital daban golpes bajos a los disidentes
• Grandes medios ignoran conexión entre excesos del clima y calentamiento global
• Hipocresía mediática de Estados Unidos en la cobertura de la crisis de Ucrania
• OMS suprime informe sobre cánceres y defectos de nacimiento en Irak

1.- El aumento veloz de la acidificación de los océanos pone en peligro la vida marina

Es archisabido que el uso de combustibles fósiles -como carbón, petróleo y gas natural- libera dióxido de carbono (CO2) en el aire. Pero es menos sabido que el 25% de ese dióxido de carbón -más de 9 mil millones de toneladas al año- es absorbido por los océanos. Craig Welch invitó, en el Seattle Times, “a imaginarse a cada habitante de la tierra sacudiendo sobre el mar un trozo de CO2 tan grande como una pelota de bowling. Esto es lo que cada día le hacemos a los océanos”. Como informaron Welch y otros, el CO2 cambia la química de los océanos más rápido que en cualquier otro momento de la historia humana, con consecuencias potencialmente devastadoras, tanto para la vida marina como para la gente que depende de la industria pesquera mundial como fuentes vital de proteína y sustento.

2.- Los gobiernos que más se benefician con ayuda de Estados Unidos practican la tortura

Las diez naciones seleccionadas para recibir el grueso de la ayuda extranjera de Estados Unidos en el ejercicio económico 2014 practican todas las torturas y son responsables de los mayores abusos contra los derechos humanos, según reporta Daniel Wickham en Left Foot Forward.

Wickham llegó a esta conclusión al analizar una combinación de cifras de ayuda extranjera proyectadas, en un informe de enero 2013, por el Servicio de Investigación del Congreso y cruzó esa información con hallazgos de torturas divulgados independientemente por Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones de derechos humanos con reconocimiento internacional, en particular de Estados Unidos, que suele utilizarlas como coadyuvantes de su política exterior agresiva y discriminatoria.

3.- La gran prensa ignoró denuncia de WikiLeaks sobre el Tratado Trans-Pacífico (TTP)

WikiLeaks publicó el 13 de noviembre de 2013 una sección del acuerdo comercial conocido como Tratado Trans-Pacífico, Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Cooperación Económica, o TPP (por su sigla en inglés). En la superficie, el tratado habla de facilitar el comercio entre Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. Sin embargo, hay varias luces rojas que emperifollan este acuerdo que se negocia en secreto.

El acuerdo afectará a 800 millones de personas y a un tercio de todo el comercio mundial, pero apenas 3 personas de cada nación signataria tienen acceso al documento completo. Entre tanto, 600 “consejeros corporativos,” que representan el “gran negocio petrólero” (big oil), corporaciones farmacéuticas y del entretenimiento, están involucrados en la redacción y las negociaciones secretas del TPP.

4.- Corporaciones proveedoras de Internet amenazan su neutralidad

Cuando el anuario Censored 2015 entraba en prensa, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) reveló públicamente su propuesta de nuevas reglas para el tráfico en Internet. Por 3 votos contra 2, la FCC abrió una ventana de cuatro meses para comentarios públicos formales sobre cuán estrictas deberían ser aquellas reglas, y galvanizó la atención de los grandes medios corporativos de información sobre la cuestión de la neutralidad neta.

Por contraste, durante meses previos a este desarrollo, periodistas independientes como Paul Ausick (Wall St.,), Cole Stangler (In These Times) y Jennifer Yeh (FreePress) estuvieron liderando el esfuerzo por informar al público sobre el esperado enfrentamiento entre la neutralidad neta y las murallas de esta batalla.

En septiembre de 2013, la corte de apelaciones federal de Washington DC comenzó un caso crucial presentado por el mega grupo comunicacional y proveedor de Internet Verizon Communications Inc., que desafía a la autoridad FCC a regular a los proveedores del servicio y amenaza a los usuarios. Los resultados de este duelo aún no se definen.

5.- Banqueros de Wall Street tienen apoyo pese a sus crímenes mayores

Una historia que atravesó una década llegó a un final infortunado y nada sorprendente. Tres ex banqueros de General Electric -Dominick Carollo, Steven Goldberg y Peter Grimm- fueron condenados en 2012 por remates fraudulentos de obligaciones municipales, esencialmente por robar fondos de proyectos destinados a construir escuelas públicas, hospitales, bibliotecas y clínicas para ancianos en prácticamente cada estado estadounidense.

Sin embargo, en noviembre de 2013, aquellas acusaciones fueron invertidas por un tecnicismo: A los acusadores federales les tomó tanto tiempo construir el caso masivo que se agotó el plazo legal. Como lo hizo notar un abogado de la defensa, los tres hombres fueron liberados de la prisión justo a tiempo para estar en sus casas en la cena de Acción de Gracias. Y el mundo sigue rodando, Wall Street incluida.

6.- Estado profundo: “Gobierno sin referencias al consentimiento del gobernado”

No es ningún secreto que los ciudadanos están condenando al gobierno de Estados Unidos por su falta de transparencia, de responsabilidad y de representación constitutiva honesta. En un reporte para Moyers & Company -publicado por Billmoyers.com-, Mike Lofgren, miembro del personal del Congreso durante 28 años, especializado en seguridad nacional, abordó la aplicación del “estado profundo” que orquesta agendas privadas controladas de manera no democrática, mientras los medios corporativos distraen la atención del público centrándose en la política partidaria tradicional de Washington.

Lofgren afirmó que, aunque el estado profundo no sea “ni omnisciente ni invencible”, está “implacablemente bien atrincherado” en la “asociación híbrida de elementos del gobierno con las cúpulas del nivel más superior de las finanzas y de la industria, con capacidad para gobernar con eficacia a Estados Unidos sin referencias al consentimiento del gobernado”.

7.- FBI ignoró plan de asesinato contra líderes Occupy mientras la NSA y el gran capital daban golpes bajos a los disidentes

En octubre de 2011, cuando el movimiento Occupy llegó a Houston, los manifestantes fueron objeto de vigilancia local y federal, con infiltración de agentes provocadores y asaltos de la policía. Meses después, un documento obtenido en diciembre de 2012 en la oficina en Houston del FBI, reportado por Dave Lindorff, muestra que la agencia conocía un diagrama para asesinar líderes del movimiento Occupy y no hizo absolutamente nada.

El documento fue desclasificado legalmente en Washington por Partnership for Civil Justice Fund, que lo solicitó invocando la Ley de Libertad de Información (FOIA, según su sigla en inglés), pero fue liberado con tachaduras. Aún así algo se lee: Un identificado [SUPRIMIDO] planeó en octubre armar ataques de francotiradores contra manifestantes (sic) en Houston, Texas, si se considera necesario. Un identificado [SUPRIMIDO] había recibido inteligencia indicando que los manifestantes en Nueva York y Seattle planean protestas similares en Houston, Dallas, San Antonio y Austin, Texas. [SUPRIMIDO] planea reunir información de inteligencia en contra los líderes de los grupos de protesta y obtener fotografías, y luego formular un plan para matar a los líderes, suprimiéndolos vía rifles de francotirador.

Lindorff reportó -en junio de 2013- que el FBI conocía la identidad de quién o quiénes planearon los ataques con francotirador, pero no había desclasificado ningún nombre.

Paul Bresson, jefe de la oficina de prensa del FBI, explicó: "Los documentos FOIA [Free of Information Act] a que Ud. hace referencia fueron redactados en varios lugares con arreglo a la FOIA y a las leyes de privacidad que rigen la divulgación de dicha información, por tanto no soy capaz de ayudar a llenar los espacios en blanco... [S]i el FBI estaba al tanto de información creíble y específica implicando un plan de asesinato, la policía habría respondido con una acción apropiada".

8.- Grandes medios ignoran conexión entre excesos del clima y calentamiento global

Mientras el clima extremo llega a ser cada vez más común, recibe una parte justa de la cobertura informativa en las noticias. Pero a menudo estos informes fallan en ofrecer cualquier mención a la conexión entre el cambio de clima y los eventos y de extremo mal tiempo.

Peter Hart reportó para Extra! que las noticias nocturnas cubren los eventos extremos del tiempo tan inusuales y de interés general, pero generalmente omiten la explicación del cambio de clima como causa subyacente.

Un estudio del observatorio mediático Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR) encontró que en 2013 los eventos extremos del tiempo dieron lugar a 450 segmentos de noticias, donde solamente 16 mencionaron el cambio de clima. En cuanto a noticiarios estelares específicos, el Evening News de CBS utilizó solamente expresiones como “calentamiento del planeta” y “gases de efecto invernadero” en 2 de 114 informes sobre eventos meteorológicos extremos.

9.- Hipocresía mediática de Estados Unidos en la cobertura de la crisis de Ucrania

La ocupación rusa de Crimea condujo a los grandes medios corporativos y a funcionarios gubernamentales a pedir una respuesta severa de Estados Unidos. El Secretario de Estado John Kerry declamó la intervención rusa como “acto del siglo XIX en el siglo XXI”. Según Robert Parry, de Consortium News, los críticos de Rusia en Estados Unidos parecieron olvidar el historial propio de su país en derrocamientos de gobiernos democráticos, incluyendo la invasión ilegal de Iraq, que Kerry apoyó.

Los medios corporativos tampoco pueden reconocer que Putin ordenó la ocupación de Kiev después que un golpe conducido, por lo menos en parte, por los neo-nazi, en condiciones discutibles menos criminales que la invasión de Estados Unidos de Iraq, que Washington legitimó con acusaciones falsas.

“Si Putin está violando el derecho internacional enviando tropas rusas a Crimea después que un golpe violento, encabezado por las milicias neonazis, expulsara al presidente democráticamente elegido de Ucrania -escribió Parry-, entonces ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no ha llevado al Tribunal Penal Internacional a George W. Bush, Dick Cheney y, de hecho, a John Kerry por su invasión a Irak, de lejos más criminal?”

10.- OMS suprime informe sobre cánceres y defectos de nacimiento en Irak

En contradicción con su propio mandato, la Organización Mundial de la Salud (OMS) continúa suprimiendo pruebas destapadas en Iraq sobre los efectos del uso militar estadounidense de uranio empobrecido y otras armas que no sólo mataron a muchos civiles sino también causaron una epidemia de defectos de nacimiento y otros graves problemas de salud pública. Al rechazar la difusión de este informe, originalmente destinado al grueso público, la OMS oculta la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y, a la vez, protege eficazmente a sus fuerzas militares causantes de esta catástrofe de salud pública.

Un informe del Ministerio de Sanidad de Irak y de la OMS, que reporta cánceres y defectos de nacimiento, debió ser entregado al conocimiento público en noviembre de 2012, pero los funcionarios han retrasado indefinidamente la difusión del informe. A esta fecha, [13/09/2014] Denis Halliday escribió en Global Research que el reporte de la OMS permanece “clasificado”. Según la OMS, se ha retrasado la liberación del informe porque su análisis necesita ser evaluado por un “equipo de científicos independientes”.

El informe de Halliday comparó el caso irakí con la herencia de problemas de salud derivados del uso del Agente Orange por las tropas de Estados Unidos en Vietnam. Mientras tanto, la realidad es que “Irak está envenenado”, escribió la doctora en medicina Mozhgan Savabieasfahani en ZNet.

 

¿Qué es el Proyecto Censurado?
Proyecto Censurado es el más antiguo observatorio de vigilancia de noticias censuradas por los grandes medios de Estados Unidos. Lo inició en 1976 el sociólogo Carl Jensen, académico de la Universidad Sonoma State, de California, al concluir que los grandes medios estaban ocultando a sus usuarios demasiada información relevante sobre el entramado del episodio Watergate, el caso de espionaje político que provocó la caída del presidente de Estados Unidos Richard Nixon.

Al jubilarse Jensen, en 1996 asumió la dirección del Proyecto Censurado su colega Peter Phillips, quien lo condujo hasta 2010. Desde 2010, Phillips preside el Project Censored y su matriz actual, la Media Freedom Foundation, que patrocina el proyecto de investigación transformado hoy en un programa académico para estudiantes que cursan sociología y periodismo en Estados Unidos.

Actualmente, la dirección del Proyecto recae -desde 2010- en el académico Mickey Huff, secundado por su colega Andy Lee Roth.

Esta iniciativa de 38 años surgió de las aulas universitarias de ciencias sociales -no de periodismo-, aunque su objeto de estudio son los grandes medios, pero en este año académico 2014-2015 comenzaron a incorporarse profesores y estudiantes de periodismo, por ejemplo en la Universidad Europea de Madrid (UEM). Proyecto Censurado produce y publica Censored, un anuario cuyo primer capítulo contiene las 25 noticias más importantes que el grueso público jamás conocerá en los noticiarios de la noche, ni leerá en los grandes matutinos, por la parcialidad y autocensura que hoy caracterizan a los grandes medios de todo el mundo. Este volumen anual de más de 500 páginas, desde 1994 está a cargo de la editorial Seven Stories, de Nueva York.

Convertido ahora en un proyecto nacional de investigación de medios, las noticias de cada año son seleccionadas por casi 300 estudiantes y docentes de una veintena de universidades entre cientos de informaciones que nunca verán la luz pública. Las 25 “noticias más censuradas” surgen de un proceso riguroso de selección a cargo de un jurado nacional e internacional, integrado entre muchos otros, por figuras como Noam Chomsky.

Cada historia periodística se presenta en detalle, junto con actualizaciones de los periodistas de investigación que las dieron a conocer. Además de las 25 historias seleccionadas, los capítulos adicionales del libro profundizan en temas de actualidad sobre los grandes medios. La sección Análisis de Medios proporciona actualizaciones anuales de lo que el Proyecto Censurado llama Junk Food News (Noticias Basura), Noticias Abuso y Déjà Vu de la Censura.

También se dan a conocer algunos signos de esperanza, principalmente respecto al fortalecimiento y crecimiento de los medios de comunicación alternativos. El anuario da conocer el estado de la parcialidad de los grandes medios y ofrece una cobertura alternativa de todo el orbe.

En la sección Emergencia por la Verdad, académicos y periodistas dan una mirada crítica al imperio militar-industrial-mediático de Estados Unidos/OTAN. Y en la sección Proyecto Censurado Internacional se describe el significado a lo largo y ancho del mundo de la lucha por la democracia en los medios de información. Se genera un debate en estrecha colaboración con la veintena de universidades afiliadas al Proyecto Censurado, en Estados Unidos y resto del mundo, sí como medios de comunicación alternativos de todo el orbe.

Favorito perenne de los libreros, académicos y lectores de todo el mundo, el anuario Censored es una de las señales más fuertes del deseo colectivo por noticias verdaderas, una necesidad sentida por los ciudadanos que ya no confían en la visión del mundo que retratan los grandes medios.

El actual director del Proyecto Censurado, Mickey Huff, también ocupa un sillón en el Consejo de Directores de la Fundación por la Libertad de los Medios (Media Freedom Foundation, MFF), que hoy alberga al Project Censored, presidida por el Dr. Peter Phillips, primer sucesor de Carlo Jensen en la dirección del Proyecto. Phillips y Huff animan todos los viernes el Programa Mañana Mixta, Project Censored Show, que se transmite desde Berkeley, California, por KPFA Pacifica Radio.

Huff, profesor de ciencias sociales e historia en la universidad Diablo Valley College, ha estado a cargo de las últimas cuatro ediciones anuales de la serie Censored. También es co-director del departamento de Historia de la Universidad Diablo Valley y, además, es músico y compositor por más de 20 años.

Andy Lee Roth, Ph.D., es director asociado del Proyecto Censurado, ha participado en la coedición de las últimas ediciones del anuario Censored, contribuye con textos originales de investigación sobre la cobertura de guerra de los grandes medios corporativos y sobre medio ambiente, además de participar ocasionalmente en el programa Mañana Mixta del Proyecto Censurado por radio Pacífica. También enseña sociología en Sonoma State University.

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado internacional de Proyecto Censurado.

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Fuente: http://www.argenpress.info/2014/10/hoy-se-publican-las-25-noticias-mas.html

«Capitalismo del saqueo: el giro jurídico-mediático ante la cleptocracia»

 

El escándalo moral ante el estallido de denuncias de corrupción en España no deja de tener una dimensión hipócrita: nadie puede alegar de forma legítima desconocimiento al respecto. Lo que la derecha llama “milagro económico” español no ha sido otra cosa que la materialización de un crecimiento macroeconómico desigual estructurado sobre la base de prácticas corruptas en las que han participado gobiernos, grandes empresas, la banca privada y algún que otro invitado de honor, como es el caso de algunos líderes de los sindicatos mayoritarios. Nada de ello habría sido posible sin la complicidad objetiva (o, si se prefiere, la pasividad cómplice) de las mayorías sociales.

 

A nivel nacional, el saqueo sistemático a las cajas de ahorros, la organización fraudulenta de macroeventos deportivos, artísticos o religiosos, las contrataciones y adjudicaciones públicas a comisión a empresas privadas, el rescate estatal a la banca privada, los procesos de privatización acelerada de diversos organismos públicos o la estatización de deuda privada, entre otros asuntos, marcan las últimas décadas. Los escándalos actuales de corrupción (desde las tarjetas opacas en manos de políticos, banqueros y sindicales hasta las salpicaduras que afectan a la abrumadora mayoría de la cúpula del partido de gobierno, por no referirnos a la ingeniería de usurpación de algunos clanes familiares) no constituyen ninguna novedad: la condición de acceso al sistema político vigente implica, como regla, la aceptación de un régimen de prebendas. Nunca insistimos demasiado al remarcar que la globalización económica es también la globalización de la impunidad de las grandes corporaciones (favorecidas por la infrarregulación de los mercados) y la reconfiguración del sistema como capitalismo del saqueo.

 

En este sentido, la cleptocracia está institucionalizada y desborda la esfera estatal: no constituye una “perversión” con respecto a una pauta de rectitud diferente, sino que es el modo regular de funcionamiento de la economía-mundo y, en grados variables, según los controles públicos desplegados, de las democracias parlamentarias actuales (1). La ecuación de la gobernabilidad está ligada a la regulación de estas prácticas corruptas, no a su extirpación. El enriquecimiento ilícito de las autoridades dirigenciales es condición de gestión de políticas públicas antipopulares que tienen como beneficiarios inequívocos a las elites económico-financieras que las impulsan a base de mecanismos como el soborno, las puertas giratorias, los préstamos blandos, las dádivas y, en general, la instauración de un sistema ilegítimo de privilegios. Aunque no hay un límite fijo a estas prácticas sistémicas, su expansión ilimitada siempre corre el riesgo de provocar una «crisis de legitimidad».

 

Es desde ese transfondo político como podemos interpretar de forma plausible el actual giro jurídico-mediático ante la corrupción estructural que afecta a España. En efecto, lo que resulta novedoso en el presente no es la existencia de estas prácticas delictivas, sino la proliferación de actuaciones judiciales y denuncias mediáticas en torno a ellas. Aunque no hay motivos para la euforia, desde las revueltas pacíficas del 15-M, el estado de ánimo colectivo ha cambiando de forma acelerada: ante el ensanchamiento de la desigualdad socioeconómica y el deterioro de las condiciones de vida de amplias franjas sociales, la corrupción organizada de las élites económicas, financieras y gubernamentales es objeto de un repudio social generalizado. Lo que antaño se consentía de forma tácita, aparece hoy como algo inadmisible, aun cuando el grado de movilización social siga siendo menor al que cabría prever en circunstancias semejantes. El ascenso electoral de Podemos no es sino la encarnación de ese estado de ánimo que enlaza la indignación colectiva con la voluntad de un cambio político relevante.

 

Así, la hipótesis de lectura más plausible para dar cuenta de este giro jurídico-mediático podría plantearse a partir de lo que en ajedrez se denomina tour de force, esto es, un movimiento forzado producto de la deslegitimación creciente de esas instituciones y la intensificación de las luchas en su interior. Incluso si sigue siendo pertinente preguntarse por otros factores que pudieran estar incidiendo en este giro, la creciente crisis de legitimidad podría estar provocando fisuras significativas en las alianzas de las clases dominantes. Las actuaciones judiciales contra la corrupción pueden interpretarse como un intento de revertir el descrédito del que es objeto el sistema judicial en su conjunto. En particular, constituyen indicios del debilitamiento de una mayoría judicial conservadora, desacreditada tras el castigo ejemplarizante a jueces emblemáticos en la lucha contra la corrupción (destituidos por prevaricación) y del bloqueo sistemático de las investigaciones judiciales de este tipo de delitos cuando afectan a miembros destacados del establishment.

 

A nivel mediático, la hipótesis implica una variante: el giro de los medios privados de comunicación está interrelacionado tanto a esta nueva dinámica judicial como a la presión social creciente. Si por momentos los medios de prensa más conservadores van por delante de las actuaciones judiciales, ello se debe, ante todo, a una política editorial que anticipa un escenario temido, esto es, la profundización de una crisis de legitimidad que supondría, en primer lugar, el viraje electoral hacia fuerzas político-partidarias emergentes, como es el caso de Podemos. Las denuncias sobre corrupción responden a la lectura que los discursos mediáticos dominantes hacen del actual contexto político: sin una intervención contundente por parte del gobierno nacional que interrumpa la impunidad y penalice a los sujetos implicados (algo que difícilmente puede hacer, dado que comprometería a buena parte de sus miembros), el viraje político hacia la izquierda se hace cada vez más inevitable. Se trata, pues, de una versión novedosa del imperial miedo a los bárbaros, por demás de manifiesta en la auténtica cruzada que estos discursos han emprendido contra aquellos que encarnan de forma verosímil alguna tentativa de cambio. Semejante jugada estratégica, desde luego, sigue siendo arriesgada: salvar el neoconservadurismo arremetiendo contra el partido de gobierno que lo encarna puede crear efectos contrarios a los previstos. Seguir prescribiendo un “capitalismo sano”, orientado a la iniciativa privada y la reducción de lo público -como si no se tratara de un oxímoron o una contradicción de los términos- se parece cada vez más a un ejercicio de periodismo-ficción.

 

No cabe descartar que el discurso contra la corrupción desate una debacle gubernamental, pero sigue siendo algo completamente incierto si esa debacle dará cabida a un cambio político profundo o a una mera reestructuración del bloque dominante. La crisis de hegemonía puede dar paso a lo emergente sólo en la medida en que se conecte esa corrupción generalizada al sistema que la produce. Es esa crisis lo que anuncia una oportunidad histórica de cambio que sobrevuela el presente.

 

Arturo Borra

 

 

 

Nota:

(1) Para un análisis más detallado, remito a “Crisis, corrupción y capitalismo”, en “Rebelión” (3-08-2013), versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=172042.

«La poesía y la guerra (de nuevo)»

Escribir un poema contra la guerra no va evitar que los seres humanos sigan matándose entre sí. No persuadirá a quienes ejecutan prolijamente las órdenes genocidas ni, mucho menos, a quienes las imparten sin conmiseración. No alterará las decisiones estratégicas que las promueven ni permitirá cerrar una sola fábrica de misiles; no modificará los hilos de esa farsa que llaman “opinión pública” ni favorecerá el boicot a los que lucran con los muertos; no erosionará los silencios que se ciernen sobre los que sufren ni consolará a los que sobreviven. Un poema contra la guerra ni siquiera puede justificarse como catarsis. Horada, quizás, el curso sereno de la escritura, pero no subvierte las estructuras que sostienen la regularidad de ese crimen institucionalizado que es la guerra.

Escribir poemas contra la guerra no otorga a nadie un título de nobleza y hasta puede convertirse en una manera oportunista de procurar notoriedad (más fantaseada y efímera que otra cosa). La polémica es parte del espectáculo y escribir un poema sobre las penosas circunstancias de una guerra siempre corre el riesgo de convertirse en una de sus formas.

Todos saben de la soberana inutilidad de escribir un poema contra la guerra. No supone mérito estético alguno y su calidad es tan variable como quien lo escribe. Un poema semejante es como un poema sobre el hambre o el sufrimiento humano, el amor o la soledad, la dicha o la muerte. Siempre corre el riesgo de recaer en tópicos tan obvios como falaces, de repetir motivos que se apagan en su grandilocuencia, de insistir en el mismo gesto simplista o ingenuo. Quien sabe que un poema contra la guerra es inútil, tampoco puede confortarse con escribirlo. Quien se conforma con escribir esa clase de poemas no vive el desconsuelo: se limita a atenuar la estocada, toda esa vergüenza anónima que nos cae encima por permitir que una guerra siga siendo posible.

Sin embargo, quien carga contra un poema semejante, ¿no debería cargar también contra cualquier género de escritura que cuestione la guerra (comenzando por los ensayos y las novelas)? ¿Y por qué limitarse a estos escritos? ¿No tendría que arremeter, asimismo, contra la pintura, el cine, el teatro, la música o cualquier otra producción artística que se manifieste contra la guerra? ¿Y por qué habría de detenerse ahí? Roto ya el dique del arte o la escritura, ¿no estaría obligado a disparar contra los tratados filosóficos o las ciencias sociales, en suma, contra cualquier discurso que no se conforme con aceptar la guerra como hecho inexorable? ¿Cuándo esos discursos han detenido alguna vez un disparo (en el caso de que ese hubiera sido su objetivo)?

Tampoco hay razones para limitarse a los discursos artísticos, científicos o filosóficos. Al fin de cuentas, ¿cuántas muertes han evitado los movimientos pacifistas? Y para apurar el razonamiento: ¿por qué no cuestionar a los gobiernos nacionales que cuando no entran directamente en guerra la permiten, a los gremios que organizan sus cuerpos militares, a las iglesias que enfervorizan a sus feligreses con llamados santos, a los medios que no median para evitar la masacre, a los periodistas convertidos en profesionales de la desinformación, a la educación escolar que prepara la barbarie en nombre de la civilización, a las ONG que humanitariamente ayudan a enterrar a los muertos, a los ciudadanos y ciudadanas que se pronuncian inútilmente contra tanto estrago? ¿Qué decir de esos órganos gangrenados que organizan la desunión y hacen autopsias de los crímenes de guerra que pronto olvidarán con su retórica pacificadora? ¿Qué hay del Fondo Miserable Internacional y del Banco Mundial de la Injusticia, que vienen a alzar espléndidas autopistas con el montículo de cadáveres que deja la guerra?

Todos presumen saber que la impotencia es el signo de nuestra época. Impotencia para detener una guerra, evitar el holocausto cotidiano, encarcelar a los payasos cleptocráticos que declaran la guerra en sus despachos, enjuiciar a los amos que hacen de la guerra a muerte su ley de vida, revertir el saqueo que la guerra corporativa instaura como moneda de cambio, impedir el estado en guerra y su expansión de escombros.

Todos saben que vivimos en guerra y más todavía quienes escribimos contra ella. Escribir contra es una forma de luchar, más allá de la lógica de la guerra, aun si hubiera ocasiones en que parece ineludible. No es una simple declaración de amor o una negativa abstracta a toda forma de violencia, sino apuesta por una lucha sin guerra. La confusión de la lucha con la guerra es parte de la derrota. La impotencia colectiva es efecto de la guerra que perdimos los que vivimos contra.

Todos saben de la declaración de guerra que los poderes han lanzado contra las mayorías fracturadas, convertidas en minorías. Es cierto que las guerras actuales son cada vez menos guerras: se limitan a la masacre -el mero barrido del otro. No por ello habríamos de dejar incólume la lógica de la guerra como enfrentamiento a muerte con un enemigo en última instancia espectral. La guerra de fuerzas que deliran su omnipotencia construye impotencia en cada barrido. También esa impotencia ante la guerra, consecuencia de la derrota, es lanzadera para construir otras posibilidades humanas más allá de la guerra, una potencia otra que se niega a lo que las elites de la guerra ordenan.

Llegados a este punto, ¿qué sentido tiene no ya escribir un poema sino una vida contra la guerra? A la inversa, ¿qué sentido tiene el ser humano que ha desistido de luchar contra los ejecutivos y empresarios de la guerra -esos operadores de la catástrofe?

Todos presumen saber que la impotencia poética es parte de la impotencia generalizada ante la guerra. No convertiremos más que a los convertidos, no disuadiremos a los señores de la guerra, no impediremos que sigan ejerciendo su poder de muerte o hagan del crimen un negocio rentable. Defender los armisticios, reivindicar el diálogo, apostar por el reconocimiento no va a detener el curso indiferente de la aniquilación. Incluso sus cronistas terminan formando parte de la guerra como fórmula suprema de la nulidad.

Pero aun si no supiéramos nada del sentido de esta práctica de lucha, podríamos señalar que escribir y vivir contra la guerra puede contribuir a sustraernos de la cadena de la impotencia y cuestionar la resignación ante lo que declaran imposible. Puede que escribir contra la guerra sea una forma de no sumarse al estado de guerra o al orden social de los escombros, a la excepcionalidad permanente de la guerra convertida en regularidad de la tristeza.

Entonces, no sólo escribir un poema contra: vivir, manifestarse, resistir a la guerra. Ejercer la libertad de cuestionar el estado de guerra, poner bajo suspenso la impotencia generalizada en la que vivimos. Quizás no todos saben que escribir poemas contra la guerra es una forma de no habituarse a ella, que formular un discurso contra la guerra es un modo de no aceptar la indiferencia zoológica que da por inexorable una existencia en guerra. Quizás no todos saben que el llamado contra la guerra, incluso si su fin no fuera divisable, es una forma de recordar una sociedad deseable antes que un orden temido, una interrogación por la justicia antes que una justificación del derecho (a la guerra), una reivindicación de la igualdad humana antes que una constatación de las jerarquías (militares) de la vida en guerra.

No todos saben que parte de la guerra es impedir la imaginación de un tiempo sin guerra, un porvenir en que no ya no es necesario escribir o vivir contra la impotencia ante la repetición escandalosa de la guerra. No todos saben que la formulación de la promesa de una sociedad más allá de la guerra es parte del deseo revolucionario de sabotear las máquinas de guerra que cada día nos aplastan. Luchar contra la guerra es erosionar la vida en guerra en que malvivimos incluso si escribimos contra. Escribir contra es dar testimonio de un dolor sin testigos y a través de ese acto testimoniante rebelarse contra los que deciden que la guerra sea el único discurso posible -la evidencia de nuestra impotencia.

Un discurso contra la guerra -¿lo sabemos?- es mejor que aquel que la defiende como mal necesario en la medida en que también se hace práctica contra el espectáculo que niega la masacre de toda guerra, la muerte irreductible del otro que sigue ahí, sin sepultura ni testimonio. Escribimos contra para cambiarnos a nosotros mismos y desafiar el mutismo obediente a los señores de la guerra. ¿Qué sería de nosotros si esos discursos y prácticas se anudaran, construyeran una cultura contra, trazaran lazos entre los cuerpos, último soporte de la guerra, incluso si fuera tele-dirigida? ¿Qué clase de omnipotencia megalómana podría condenar a la impotencia una contracultura en común?

También la escritura puede resistir al canto de las sirenas, también la vida puede resistir, rebelarse como sueño, ayudarnos a confiar en las posibilidades humanas más allá de la guerra (aun si su fin no cesara de postergarse), en el reconocimiento del otro como semejante, en la promesa de comenzar a cambiar el mundo en que malvivimos desmotando la guerra que llevamos dentro.

Arturo Borra