El curso de
las políticas de muerte de la Unión Europea es cada vez más cristalino. Las
noticias sobre inmigración se han convertido en una continua nota necrológica.
El drama recurrente de las muertes en el Mediterráneo arroja un nuevo balance
siniestro: 10.457 personas han muerto en su intento de migrar a España en 2024,
el año más mortífero desde que se tienen estadísticas al respecto (1). Señalar
esta situación recurrente como un “fracaso” es parte de la trampa, como si los
gobiernos implicados se hubieran propuesto evitar alguna vez esas muertes,
desplegando los medios necesarios para tal fin. Por el contrario, atendiendo a
los objetivos de esta necropolítica en acción, los resultados
constituyen un éxito rotundo de las políticas colonialistas del estado español
en las últimas décadas (2).
De hecho,
referirse a un fracaso que se viene repitiendo desde hace años como mínimo
forzaría al estado a tomar nuevas decisiones, comenzando por la remoción
fulminante de los actuales responsables de la gestión de las migraciones (ante
una sangría humana que nadie en su sano juicio podría señalar como
“imprevisible”) y por un giro político radical en materia de salvataje y
protección de personas en riesgo grave de muerte. Apenas hace falta señalar que
ninguna de estas medidas se ha producido, ante todo, porque el objetivo
prioritario de esas gestiones no es (ni ha sido) evitar la muerte de miles de
seres humanos cada año sino reducir al máximo el ingreso de ciertos flujos
migratorios considerados “indeseables” (en términos generales, personas
procedentes de Medio Oriente y África), tratados como un «sobrante estructural»
por parte de los estados europeos.
En
síntesis, las muertes en el Mediterráneo no son producto de una imposibilidad
real de salvataje o de protección civil sino de una voluntad política
abiertamente represiva. Prueba suficiente de que podría actuarse de otro
modo es que, de hecho, la Unión Europea ya ha actuado así cuando lo ha
valorado conveniente, tal como ha ocurrido con el tratamiento preferencial que
ha hecho con las personas desplazadas de Ucrania, concediéndoles protección
temporal de forma inmediata. Dichas muertes, pues, no son «tragedias»
-inevitables por definición- sino una de las consecuencias más funestas de las
políticas migratorias en curso, que incluyen la externalización y
militarización de las fronteras europeas. La repetición del abandono, la muerte
por goteo que se repite año tras año, es producto de una sumatoria de
decisiones gubernamentales que de forma más o menos explícita se plantean con
respecto a los flujos migratorios procedentes del Sur global, significados como
una amenaza de rostros diversos: en materia laboral, securitaria, identitaria,
cultural e incluso sanitaria.
El deseo de
ponerse a salvo de miles de seres humanos huyendo de las guerras, la sequía, la
hambruna o la persecución ideológica no parecen constituir razones legítimas
para la razón de estado. La contribución decisiva de Europa en la producción de
esas situaciones, como parte de su política colonial, es ignorada sin más. La
historia contemporánea de las migraciones y los desplazamientos forzados es
omitida de raíz, como si no hubiera condiciones de producción de las diásporas en
masa, producto de los grandes desequilibrios y desigualdades sociales a nivel
mundial.
Lo que
podría evitarse o mitigarse de forma inequívoca con otras políticas al
respecto, no cesa de agravarse en el actual contexto europeo, asediado por el
fantasma del racismo y la xenofobia, tanto a nivel social como institucional.
La propia Comisión Europea no ha cesado en su empeño de restringir más sus (mal
llamadas) “políticas de acogida”, ya de por sí maltrechas. La misma agencia
europea FRONTEX ha sido denunciada desde hace años por escándalos vinculados a
numerosas “devoluciones en caliente” de personas migrantes y desplazadas y a la
opacidad que ha caracterizado históricamente su mandato (3). No es sólo que
ninguno de los objetivos declarados de Frontex está centrado en el deber de
salvataje sino que desde esa agencia se han dado pasos activos en la
vulneración de derechos humanos fundamentales (4). De hecho, a lo largo de su
mandato no han cesado de proliferar estas muertes silenciadas de personas
huyendo de la desesperación, al punto de haberse normalizado hasta la
indiferencia, sin suscitar protestas significativas por parte de la ciudadanía,
a excepción de algunos movimientos antirracistas que siguen sosteniendo, en una
relación de fuerzas desigual, la exigencia de vías legales y seguras para
migrar.
La falta de
respuesta social mayoritaria, sin embargo, sigue siendo una respuesta. Que
desde hace al menos dos décadas las muertes en el Mediterráneo se cuenten ininterrumpidamente
por miles, sin presiones sociales suficientes para modificar en lo más mínimo
esta realidad drástica, es síntoma del carácter hegemónico del racismo y la
xenofobia, defendidos ya no sólo por grupos neonazis o la extrema derecha sino
por la mayoría del arco político, con una base social amplia. El consenso es
notable, al punto de conducir al actual gobierno español a referirse a la
inmigración, de forma explícita, como un problema de seguridad, capaz de poner
en riesgo la “integridad territorial” del estado español. ¿Cómo interpretar la
masacre de Melilla de 2022 sino como la escenificación de ese postulado
securitario ante la Unión Europea (5)? El tratamiento del Otro desde un
discurso de excepcionalidad siempre ha sido la antesala para su eliminación. La
razón homicida del estado, por más discontinua que sea en sus apariciones, no
deja de ser continua en sus acciones: mientras presenta su rostro benevolente
como “estado de derecho” para una ciudadanía restringida, se comporta como
“estado de excepción” para los excluidos de esa ciudadanía.
Un análisis
crítico riguroso, pues, exige reformular nuestras conclusiones habituales. La
pérdida reiterada de seres humanos que se producen cada año intentando arribar
a costas europeas (particularmente a España, Italia y Grecia) no es un fracaso
o una negligencia sino el resultado previsible de una necro-política que
plantea sin más que esas vidas no importan en absoluto. Incluso
si evitamos homogeneizar lo social, tampoco las sociedades europeas se han
movilizado de forma masiva para exigir el cambio de esas políticas. Lo que es
peor: dichas sociedades están legitimando mayoritariamente esas políticas, lo
que permite presagiar un drama colectivo que seguirá agravándose en un futuro
inmediato.
II. Sobre el sufrimiento
inmensurable
El
tratamiento mediático marginal de estas muertes, puestas a distancia, sin
imágenes concretas que encarnen el drama del naufragio o la desaparición,
contribuye a su normalización. Detrás de las cifras vaciadas de sentido,
despojadas de su significación en términos de sufrimiento inmensurable, lo que
se esconde es la indiferencia circundante con respecto a la muerte real de una
cantidad ingente de personas sometidas a la vulneración sistemática de sus
derechos.
En efecto,
no toda muerte vale lo mismo. La desigualdad de los vivos se convierte en una jerarquía
de los muertos, al punto que algunos ni siquiera cuentan. La contabilidad de lo
desaparecido es, a todos los efectos, imprecisa (6). La magnitud del desastre
es, con toda seguridad, mayor de la imaginada. De hecho, la información
disponible señala que en los últimos diez años sólo en el Mediterráneo han
muerto más de 31178 personas en tránsito (7). Se trata de “estimaciones
mínimas” tal como se señala de forma explícita en el «Proyecto de Migrantes
Desaparecidos» («Missing Migrants Project») de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM).
Aunque esas
estimaciones mínimas sean necesarias, no deja de ser indicativo que hasta la
propia contabilidad del desastre tenga baja prioridad para los gobiernos
europeos y, particularmente, para las políticas de conocimiento especializadas.
De hecho, entre el cálculo estimativo de la organización Caminando Fronteras
(que eleva a más de 10.000 los fallecidos en el Mediterráneo) y el recuento de
Unicef (que reduce esa cifra a 2200 [8]), hay una diferencia ostensible
relevante, ya indicativa del carácter fragmentario e impreciso de los datos de
los que se dispone.
Semejante insuficiencia
informativa tampoco resulta sorprendente. Puesto que desde la perspectiva
oficial esas muertes no importan, los instrumentos de medición de esas
muertes importan menos aún. La propia cobertura de este desastre
repetido es mínima, en consonancia con una cultura política que ha legitimado
la desaparición constante de miles de seres humanos en las puertas de un
continente que, a la vez que se representa como defensor inquebrantable de los
derechos humanos, no cesa de pisotearlos cuando se trata de los otros (9).
Las
preguntas insisten: ¿qué impide cambiar una política que sigue permitiendo
estas muertes evitables? ¿En qué sentido podemos imaginar una Unión Europea
libre de colonialismo cuando la voluntad política dominante no es otra que
continuar construyendo categorías de seres humanos excluidos del derecho? ¿Cómo
no denunciar su cinismo cuando sus presuntos “compromisos” con una humanidad
desaparecida se convierten en la práctica en compromiso real con la barbarie?
En un plano más particularizado, ¿qué responsabilidad cabe reclamar para las
ciencias sociales -y las instituciones académicas nacionales y comunitarias
implicadas- ante esta catástrofe? ¿Cómo no exigir a nivel público una política crítica
de investigación, capaz de documentar, interpretar y cuestionar la repetición
de una catástrofe social evitable?
Puesto que el
desastre repetido es efecto de una política de estado, los
llamados a la solidaridad ciudadana son a todas luces insuficientes. El
desentendimiento de los «estados de bienestar» de este sufrimiento inmensurable
(no sólo de las personas damnificadas de forma directa sino de sus entornos
sociales y familiares) muestra a las claras que hasta el propio bienestar está
cercado, confinado en una comunidad nacional territorialmente restringida.
Las
conclusiones que cabe extraer de este señalamiento son al menos cuádruples:
1) tal como
han funcionado históricamente los estados benefactores europeos a partir de la
postguerra no sólo no han operado en un sentido universalista sino, por el contrario,
se han movido hacia una creciente restricción de los derechos de ciudadanía de
las personas migrantes y refugiadas, a pesar de todas sus declaraciones
“liberales” de defensa de los derechos humanos;
2) esta condición
inherentemente dual del estado ha permitido que éste opere de forma simultánea
como «estado de derecho» y como «estado de excepción», según la masa
poblacional con la que trate, especialmente a partir del reconocimiento o
negación jurídica de la ciudadanía;
3) esta
doble cara del estado explica el hecho contradictorio de que el mismo estado
que promulga leyes que penalizan el racismo y la xenofobia sea al mismo tiempo
un agente institucional que se exime de cumplir esas leyes, como ocurre con las
prácticas policiales basadas en identificaciones raciales o étnicas, el
mantenimiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros o la Ley de
extranjería vigente, por no hacer referencia a la discriminación de las
personas migrantes y refugiadas en el sector público basada en la actual ley
del funcionariado o a las políticas públicas de empleo que potencian el
confinamiento y sectorización laboral de las personas migrantes (con
independencia a su cualificación profesional), tolerando simultáneamente la
pervivencia de una economía sumergida productora de mano de obra barata y
servicial; y
4)
semejante política de estado no está centrada en el cierre total de fronteras
-a todas luces inviable- sino en regular los ingresos en función de las
necesidades flotantes de mano de obra del mercado de trabajo y, en general, de
la economía capitalista de los países metropolitanos, sin que ello implique
reconocimiento de derechos colectivos o mejoras en materia laboral.
Incluso si
se escenifica una diferencia ideológica en el arco parlamentario, los gestos
políticos más o menos oportunistas no constituyen una política de estado
diferente (10). La catástrofe repetida en las últimas décadas desmiente la idea
de variaciones cualitativas significativas al respecto. La muerte sistemática
de quienes intentan arribar al continente europeo por costa es una consecuencia
previsible de una política de estado centrada en la represión de los flujos
migratorios procedentes del Sur, aun si eso supone la muerte continua de miles
de personas. Considerando el negocio billonario que se produce en torno a la
vigilancia fronteriza y a las políticas de control migratorio, las vidas
perdidas valen menos que los negocios a los que dan lugar (11).
IV. Es la ideología
estúpido
La paradoja
que enfrenta Europa ahora mismo no es otra que pretender blindarse de las
migraciones cuando más las necesita para sostenerse tanto en una dimensión
económica como a nivel demográfico. A pesar de la lógica instrumentalista con
la que la Unión Europea históricamente ha gestionado las migraciones, desconociendo
de forma regular al otro como sujeto de derecho, la primacía de lo ideológico
en la coyuntura del presente es cuando menos llamativa: la cruzada xenófoba y
racista que la Unión Europea ha potenciado resulta completamente contraria a
sus intereses económicos más básicos, incluyendo la importancia de las
migraciones en el sostenimiento de sus enflaquecidos estados de bienestar
(sostenibilidad de las pensiones, diversificación del mercado laboral,
rejuvenecimiento poblacional, ampliación de la población activa, aportación
tributaria, etc.).
Solamente por
limitarnos al caso español, la constatación de partida es sencilla: en
determinados sectores económicos, no hay suficiente mano de obra local para
satisfacer las demandas de personal. No es sólo que las personas migrantes y
refugiadas realizan trabajos socialmente indeseados, en condiciones de
precariedad, confinados en sectores económicos intensivos y con alta
temporalidad. Es que sin esas personas el mercado de trabajo sería más
deficiente aún, planteándose serios problemas de sustentabilidad económica a
mediano y largo plazo.
Así, incluso
desde la miopía de un prisma puramente económico, el carácter positivo de las
migraciones es innegable, en tanto permite cubrir puestos de difícil cobertura
y atender la escasez de trabajadore/as en determinados sectores. Las políticas
xenófobas y racistas, aunque movilizan negocios millonarios, ponen en jaque la propia
subsistencia y competitividad de las economías locales, no sólo por no tener
trabajadores suficientes para atender sus demandas de bienes y servicios sino
también para afrontar un futuro compartido en sociedades crecientemente
diversas (12).
V. La muerte por abandono
La
repetición de la muerte por abandono, sin la adopción de medidas urgentes y
factibles para evitar este holocausto silencioso, pone en evidencia el vínculo colonial
que mantienen los estados europeos con los países del Sur. Si por una parte requieren de sus recursos
estratégicos (que obtienen por medios diferentes, incluyendo guerras periódicas
y expolio sistémico), por otra parte, no pueden más que recelar de la
ciudadanía de dichos países: aunque las necesita de forma selectiva para su
propio provecho, uno de sus legados coloniales más persistentes es el desprecio
soberano por ese otro al que se sobreexplota sin miramientos.
La
«tolerancia europea» significa sin más cierta porosidad de sus fronteras
para cubrir sus necesidades internas de fuerza de trabajo sin que ello suponga
atender una exigencia de igualdad o un reclamo de justicia. Los “tolerados” no
pueden ser más que personas migrantes mermadas en derechos, sometidas a una política
de amenaza en la que la muerte aparece como uno de los elementos regulares para
su disciplinamiento. Si la migración legal para sujetos profesionales altamente
“cualificados” es bienvenida, la migración irregular para sujetos laborales
aparentemente “poco cualificados” o “no cualificados” es su contracara. Para el
primer grupo, el “libre mercado” se manifiesta como una oportunidad de
movilidad internacional; para el otro grupo, la “economía de mercado” se
transforma en el espacio de numerosas dificultades para convertir la movilidad
en una oportunidad real. Dentro de esas numerosas dificultades se sitúa la
tentativa de acceder a suelo europeo, poniendo en juego la propia vida. Podría
decirse, en este sentido, que la “tolerancia europea” no es sino la admisión
tácita de contingentes de seres humanos perseguidos y empobrecidos que han
superado la prueba del Mediterráneo, aunque se trate de una admisión
subordinada a los imperativos de un mercado laboral fluctuante.
No cabe
duda que cuanto más infle la burbuja del miedo al otro, la Unión Europea más
adoptará un enfoque securitario con respecto a los desplazamientos procedentes
del Sur. Ese miedo, en verdad, no es más que un pretexto para retacear los
derechos de esos otros, sometiéndolos a una dinámica jerárquica y desigual en
la que el riesgo de muerte es la encrucijada que se debe atravesar para
intentar ponerse a salvo. La “causa” invocada, sin embargo, no es más que una
falacia. Si hay que temer algo es, más bien, a esa Unión Europea que no sólo
constituye una aliada fundamental del capitalismo globalizado sino un socio
imprescindible para el fascismo que se cierne a escala planetaria. Precisamente
porque otra Europa es posible, no podemos conformarnos con la actual
gobernanza europea, encaminada a la criminalización de las migraciones del Sur
y a ahondar en un blindaje colonial que, sin inmutarse, condena a muerte a
miles de seres humanos cada año.
Aunque no
hay ninguna razón para ser optimista al respecto, sin una articulación efectiva
de las luchas antirracistas y de los movimientos sociales que las sostienen, la
historia de las migraciones en las próximas décadas en Europa se escribirá
sobre el trasfondo de este abandono institucional. La crisis de la modernidad
es también declive de un ideal de humanidad compartido. Los parias del mundo
seguirán deambulando en esa zona de indiferencia donde, literalmente, no cabe
esperar ninguna salvación.
Arturo Borra. DIÁSPORAS. Centro de Investigación Migrante para la Interculturalidad
1) Cf. Gabriela Sánchez: “10.457 personas han muerto
en su intento de migrar a España en 2024, el año más mortífero”, versión
electrónica en https://www.eldiario.es/desalambre/10-457-personas-han-muerto-migrar-espana-2024-ano-mortifero_1_11925508.html
2) Remito a mi artículo “Frontex y la necropolítica en
acción: la jerarquía de los muertos”, en Rebelión, 04/06/2022, versión
electrónica en https://rebelion.org/frontex-y-la-necropolitica-en-accion-la-jerarquia-de-los-muertos/
4) Los objetivos de Frontex pueden consultarse en su
página web: https://frontex.europa.eu/es/
5) Cf. Arturo Borra: “Operación masacre: notas
necrológicas sobre un crimen de estado”, en El Salto, 10/07/2022, versión
electrónica en https://www.elsaltodiario.com/opinion/operacion-masacre-notas-necrologicas-crimen-de-estado?&
6) He procurado reflexionar al respecto en “Las
muertes en el Mediterráneo: la contabilidad de lo desaparecido”, en Rebelión,
15/01/2028, versión electrónica en https://rebelion.org/las-muertes-en-el-mediterraneo-la-contabilidad-de-lo-desaparecido/
7) Cf. https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
9) Tal como se señala en el proyecto «Missing Migrants
Project»: “Los datos sobre las muertes de migrantes son difíciles de recopilar
por varias razones. En primer lugar, como la mayoría de las muertes son de
migrantes que viajan por medios irregulares, a menudo se producen en zonas
remotas elegidas por falta de rutas legales. Como resultado, los cadáveres no
siempre se encuentran rápidamente, si es que se encuentran, y las muertes
pueden no ser informadas sistemáticamente a las autoridades. Además, cuando las
muertes ocurren en el mar o en otras masas de agua, es posible que no se
recupere a muchos de los fallecidos y, sin listas de pasajeros, se desconoce el
número exacto de desaparecidos. Además, la participación de actores criminales,
guardias fronterizos y otros en el proceso de migración irregular puede hacer
que los sobrevivientes teman informar de las muertes, y algunas muertes pueden
incluso ser encubiertas activamente. […] También es difícil recopilar datos
sobre muertes y desapariciones de migrantes, ya que los informes de los Estados
sobre las muertes de extranjeros en tránsito o de nacionales que han muerto
durante el tránsito en el extranjero son muy escasos. Pocas fuentes oficiales
recopilan y publican datos sobre las muertes de migrantes. A menudo, los
incidentes salen a la luz a través de los medios de comunicación, que pueden
tener una cobertura incompleta y poco frecuente” (https://missingmigrants.iom.int/methodology).
10) El reclamo no es en absoluto novedoso, cf. “Más
allá de los gestos: por un cambio de las políticas migratorias y de asilo
europeas”, en Rebelión, 04/08/2018, versión electrónica en https://rebelion.org/mas-alla-de-los-gestos-por-un-cambio-de-las-politicas-migratorias-y-de-asilo-europeas/.
101) Remito a la investigación periodística hecha por
la Fundación Por Causa (2022): “Industria del Control Migratorio (ICM): Manual
de instrucciones”, versión electrónica en https://porcausa.org/spectram/static/docs/icm2.pdf.
12) Por recurrir a una fuente estadística elaborada
con fines claramente diferentes a nuestro objetivo de conocimiento: si tenemos
en cuenta la encuesta EBAE del Tercer trimestre del año 2023 del Banco de
España, queda manifiesto que de cada 10 empresas encuestadas, 4 reportaron
dificultades para encontrar personas trabajadoras cualificadas: “la creciente
incidencia de los problemas de disponibilidad de mano de obra” destaca como uno
de los dos problemas fundamentales del empresariado, junto al repunte de los
costes energéticos (disponible en versión electrónica en https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/analisis-economico-investigacion/boletin-economico/2023-t3-articulo-15--encuesta-a-las-empresas-espanolas-sobre-la-evolucion-de-su-actividad--tercer-trimestre-de-2023.html).
No hay comentarios:
Publicar un comentario