a) El derrumbe de la explicación meritocrática
¿Por qué un temporero
inmigrante gana 15 € diarios (en una jornada de 12 horas de trabajo de
recolección de cítricos) y los cabos, casi todos de origen nacional,
cuadriplican su salario? ¿Por qué un profesor extranjero no puede acceder ni participar
en pie de igualdad con profesores locales en las instituciones educativas, a
pesar que en ocasiones disponen de una trayectoria institucional más relevante
y unos perfiles intelectuales comparativamente mejores? ¿Qué lugar tienen los
diversos profesionales procedentes de diferentes regiones del mundo en el mapa
económico de España, incluyendo las administraciones públicas y los órganos
sindicales? ¿Por qué la mayoría de las grandes cadenas comerciales no contratan
a inmigrantes en general o les reservan puestos de trabajo de baja
cualificación? ¿Qué porcentaje de directivos de procedencia extranjera hay en
las empresas españolas? ¿Cuál es la tasa de temporalidad comparativa entre
autóctonos y extranjeros? En suma, ¿por qué el mercado laboral español plantea
una desigualdad radical entre trabajadores locales y trabajadores inmigrantes (cualificados o no), incluyendo las diferencias
salariales en puestos de trabajo similares?
Partiendo de
la premisa de que existen múltiples formas de discriminación, incluyendo la
«discriminación múltiple» (p.e. una mujer musulmana de procedencia africana
mayor a 45 años), señalemos que además de la segregación por motivos de raza,
etnia o nacionalidad, se plantean otras formas discriminatorias por género,
edad, clase u orientación sexual. Es claro que esas otras formas siguen
vigentes y consolidadas en los mercados laborales, aunque en este trabajo me
contentaré con distinguir entre población local y extranjera para mostrar la
clara desigualdad existente entre ambos.
No se trata,
por supuesto, de una afirmación novedosa, pero es parte de nuestra tarea
crítica documentar estas asimetrías que ponen radicalmente en cuestión la
apertura política de la globalización capitalista y la injusticia que gobierna
las relaciones sociales y económicas actuales. La labor de cuestionamiento de
nuestra realidad histórico-social no tiene su justificación en una supuesta
“originalidad” autoral (una búsqueda bastante repetida por cierto), sino en la
convicción de que sólo un trabajo técnico pormenorizado puede desmontar las
falacias conceptuales que contribuyen a sostener dicha realidad, entre otras
cuestiones, por el desempeño de una intelligentia
tecnocrática. Avancemos, pues, en esa dirección.
A los efectos
de dar cuenta de la desigualdad laboral suele invocarse con frecuencia la «explicación
meritocrática»: las diferencias en las condiciones de trabajo responderían tanto
a una cuestión de competencias y formación («aptitudes») como a una cuestión de
disposición para el trabajo («actitudes»). Si las diferencias aptitudinales ameritarían
una desigualdad salarial, por su parte, las diferencias actitudinales (el “esfuerzo”
efectuado por cada quien para “conseguir algo en la vida”) justificarían la
desigualdad en el acceso a puestos jerárquicos de trabajo. La movilidad
ascendente, disponible para todos, sólo estaría dada para aquellos dispuestos a
“competir duro” por el logro de sus objetivos en el mundo laboral. Si los
inmigrantes no ocupan puestos de mayor responsabilidad y jerarquía sería, según
esta perspectiva, por su “retraso cultural” (cuando no su “incultura”), su
“falta de formación” (si no de “educación”) y, tampoco faltan variantes que
avanzan hasta invocar “pereza crónica” y la correlativa incapacidad de asumir
“grandes responsabilidades” por parte de los (in)migrantes. Por supuesto, esta
explicación se retacea a sí misma para no resultar inverosímil y grotesca. Se
invocará de forma parcial pero, en general, se mantendrá el principio de mérito que justifica las
desigualdades económicas en nombre de un diferencial de esfuerzo, tenacidad y
cualificación en condiciones de partida presuntamente igualitarias.
No es preciso
hacer una contrastación empírica rigurosa para saber que dicha explicación se
desploma no bien se comprueba la existencia de empleos idénticos en una misma
empresa que varían su salario según la condición del empleado, así como en las
promociones o ascensos laborales, inclinados favorablemente hacia los empleados
locales. Invocar un diferencial de esfuerzos se parece al discurso de algunos
líderes políticos que quieren explicar las asimetrías de poder
político-económico de los países-miembro de la Unión Europea sosteniendo
que algunas naciones (las del Sur) tienen que hacer mejor los deberes (reducir
salarios, recortar derechos y mejorar la productividad) para parecerse a las
del esmerado Norte. O, para introducir una perspectiva histórica, dicha
explicación podría con ironía retrotraerse a las leyendas sobre la “displicencia”
de los indígenas con que los conquistadores justificaban su sometimiento,
mientras apuraban con trabajos forzosos el expolio.
Me abstendré
de ahondar en esas direcciones. El desplazamiento migratorio por factores
económicos ya es una muestra suficiente para acreditar la voluntad de trabajo de esa masa marginal que, con frecuencia, es
arrojada fuera de sus contextos geográficos en busca de oportunidades laborales.
La cuestión, sin embargo, no se resuelve ahí. También podría invocarse la tasa
de actividad de personas extranjeras (en proporción, significativamente superior
a la autóctona). No seremos nosotros quienes se refugien en una nebulosa
intencionalidad para determinar los factores de este diferencial.
b) La discriminación en cifras
El punto más
crucial para rebatir esta perspectiva es el análisis comparativo de
cualificación. Según datos aportados por el INEM, la formación de la población
inmigrante es similar a la de la población local. Que el propio sistema
estadístico oficial sea quien elabore estos datos evita cualquier sospecha de un
enfoque sesgado de la cuestión (al menos, de un enfoque especialmente favorable
ante los fenómenos inmigratorios). Dicho lo cual, es claro que la diferencia
porcentual de más de un 13% entre parados locales y extranjeros (1) no responde
a problemas de «empleabilidad», sino a una clara preferencia por los
trabajadores locales, que sufren en menor medida los efectos del paro.
Asimismo, también sabemos que alrededor del 80 % de los trabajadores
extranjeros está ocupado en 6 sectores de la economía de baja cualificación (hostelería,
servicio doméstico, comercio minorista, agricultura, industria y construcción).
Ya hemos señalado que dicho confinamiento sectorial no obedece a problemas formativos,
sino lisa y llanamente a la discriminación directa e indirecta que sufren estos
colectivos.
En síntesis,
tanto por el mayor porcentaje de parados (la tasa de paro entre inmigrantes es
del 32 %), por los puestos de trabajo que ocupan dichos trabajadores (empleos
subcualificados y de baja cualificación), por la alta temporalidad de su
inserción y por el nivel de retribución, muestran una discriminación flagrante,
relativamente conocida y que, sin embargo, no suscita mayor escándalo. La
conclusión no puede ser otra: en el
mercado laboral español se ha naturalizado la sobreexplotación de los
inmigrantes (un plus a la ya deplorable explotación laboral de los trabajadores
locales) y, con ello, se suma una variante más de la discriminación laboral que
sepulta cualquier idea de «igualdad» material en el acceso a oportunidades
laborales.
Aunque la
información proporcionada es una prueba suficiente para hablar de
discriminación laboral entre trabajadores locales y extranjeros, el problema es
demasiado grave para no hacer un esfuerzo adicional para documentar la situación. Prosigamos , entonces, con
otros datos relevantes, aportados por el “Informe de inmigración y mercado
laboral 2010”
(2). La población trabajadora inmigrada tiene tasas de temporalidad “muy
superiores” (pág. 19) a las de la población autóctona. “Al finalizar 2009, la
tasa de paro para el conjunto de la población fue del 18,8%, pero para los
españoles fue del 16,8% y para los extranjeros del 29,7%.” (pág. 156).
No obstante la
crisis económica, en los trabajadores españoles no se ha interrumpido el
proceso de movilidad ascendente, mientras que en el caso de los inmigrantes no
están beneficiados en las mejoras en su distribución por categorías (pág. 158).
A pesar de los prejuicios que enfatizan la condición amenazante del trabajador
inmigrante con respecto a los españoles, no ha habido sustitución de los
segundos por los primeros: “En casi todas las ocupaciones en las que los
españoles pierden ocupados, también los pierden los extranjeros” (pág. 158).
Hasta en el
último informe anual se señala este agujero negro: “Apenas existen estudios que
hayan determinado con rigor la discriminación que sufren los trabajadores
extranjeros en el mercado laboral, pero hay indicios claros de que tal
discriminación existe. Por el momento, la discriminación no ha merecido una
atención especial en el proceso de inserción laboral de la población inmigrada,
porque la simple legalización de tal inserción ha sido prioritaria. Ahora, sin
embargo, combatir la discriminación es ya asunto inaplazable y ello demanda, en
primer lugar, cierto aprendizaje para detectarla y calibrarla. La lucha contra
la discriminación requiere una vigilancia específica que comienza por el acceso
al trabajo, asegurando que se cumple el principio de igualdad de oportunidades
y sigue con las condiciones laborales y los procesos de promoción interna en
las empresas. La discriminación en algunos casos puede ser burda, pero en otros
es muy sutil, y es por ello por lo que no puede ser detectada ni corregida sin
mecanismos específicos establecidos a tal efecto” (pág. 160).
En esa escasez
de estudios al respecto, habría que remontarse más de una década para hallar
algún informe pionero, en el que se hacía un relevamiento empírico del campo
empresarial español, como es el caso de La
discriminación laboral a los trabajadores inmigrantes en España, del
Colectivo IOE: M. Angel de Prada, W. Actis, C. Pereda y R. Pérez Molina (3).
Lamentablemente, su información está desactualizada y no contamos con ningún
estudio similar en el presente. Sólo indirectamente podemos inferir que la
“discriminación de intensidad notable” (sic) que detectaban los investigadores
con respecto al colectivo de marroquíes (la población estudiada) no sólo no ha
desaparecido, sino que se ha agravado.
Aunque la
discriminación laboral por motivos de raza, etnia o nacionalidad se trata de un
hecho probado, es difícil prever si el estado español desarrollará planes
específicos para corregir estas tendencias negativas, más allá del “Proyecto de
Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación ”
(pendiente de aprobación), tan necesario como insuficiente. El giro hacia la
derecha del gobierno español y la inminente consolidación del
neoconservadurismo como formación hegemónica permiten anticipar un pronóstico
negativo: es probable que la discriminación laboral en los próximos años se
agudice, al punto de hacerse endémica, sin avances significativos en la
«gestión de la diversidad» dentro de las empresas y las instituciones en
general.
c) Discriminación y capitalismo
Paradójicamente,
aunque el ciclo migratorio ha cambiado (su ritmo no sólo se ha desacelerado
notablemente y puede producirse un saldo negativo en los próximos años, como ya
está ocurriendo en algunas comunidades autónomas) la ola xenófoba y racista ha
aumentado en los últimos tres años (4). A esa ola ha contribuido el propio
estado español (entre otras cuestiones, criminalizando a los inmigrantes
irregulares, restringiendo con cierta discrecionalidad legal el acceso y
permanencia a trabajadores regulares, taponando los mecanismos de
regularización y asilo y, en general, invisibilizando el problema del racismo y
la xenofobia). No obstante lo dicho, sería apresurado suponer que la
discriminación opera de forma indiscriminada en las estructuras del estado. Antes
que un rechazo general a los trabajadores inmigrantes, sus políticas han optado
por mecanismos selectivos (p.e. la tarjeta azul) que permitan discriminar
categorías de trabajadores requeridos de otras consideradas prescindibles, en
previsión a las necesidades instrumentales de mano de obra, sostenibilidad de
la seguridad social, ingresos fiscales y crecimiento demográfico, entre otras
razones.
La resultante
de esta combinación explosiva de crisis económica, cultura hegemónica
crecientemente xenófoba y racista y políticas de estado restrictivas es la
producción de un proletariado periférico
que atiende -a bajo costo y con derechos mermados- las demandas fluctuantes del
sistema productivo, sin el más mínimo respeto de un principio de igualdad y
trato no discriminatorio. Trabajos de mala calidad, mal remunerados, de baja
cualificación (habitualmente, subcualificados según los perfiles competenciales
de los trabajadores), sin posibilidades reales de promoción y con alta
temporalidad son las características de los puestos laborales que se ofertan a
inmigrantes desde el mercado. Ni siquiera el
desaprovechamiento de sus capacidades por parte del sistema productivo
ha frenado esta práctica de trato desfavorable a una parte de la población
residente en el país, presuntamente ciudadanos de pleno derecho pero tratados
en verdad como ciudadanos de segunda mano. No debería sorprender la aparición
más o menos mediata de brotes de indignación de colectivos específicos: son
producto de una inclusión subordinada y precarizada en el mercado laboral,
cuando no directamente de la exclusión del sistema económico, facilitada en
cierta medida, por la utilización generalizada de tecnologías de la producción.
En última
instancia, no se trata de un problema local. La discriminación abierta y
encubierta es, en verdad, propiciada por la “mano invisible” de los mercados
capitalistas que, a fuerza de desregulación, tiene vía libre para explotar a mano
de obra más vulnerable y apostar por una reducción salarial general. Puesto que
no media regulación suficiente al respecto, la inmigración laboral constituye fuerza
sobre-explotable (habida cuenta de la explotación habitual de los trabajadores,
cualquiera sea su origen) y por otro, usada como chivo expiatorio de la crisis,
poniendo a distancia la responsabilidad de las empresas en el propio estancamiento
económico. Responsabilizar al eslabón más débil de la cadena de producción
tiene sus beneficios secundarios: no enfrentarse con aquellos agentes más
poderosos de los que depende, en cierta medida, la propia subsistencia. Para
establecer un símil, la situación es similar a cuando se acusa a una mujer
maltratada de ser la responsable de su maltrato. Si bien el menosprecio hacia
los sujetos más vulnerables no es sino una renegación de la situación temida
para sí mismo, además de confundir el blanco, prepara las condiciones para la
expansión de una práctica de cuño totalitario.
En síntesis,
aunque podría leerse un cierto “cosmopolitismo del capital”, siempre y cuando
sea funcional a su propia rentabilidad, por otra parte no debería llamarnos a
engaño: la discriminación interna al
mercado es garante de salarios bajos y de procesos de precarización laboral que
reducen costos a fuerza de incrementar el malestar colectivo. La contratación
de trabajadores inmigrantes no sólo presiona para una caída salarial general,
sino también para el deterioro de las condiciones de trabajo en su conjunto. Tal
como Marx señaló, los parados
constituyen un “ejército de reserva” que limita los niveles salariales y, como
tal, son condición de existencia de la producción de plusvalía. Como
complemento, un “ejército de irregulares” participa en la economía sumergida o
en los sectores más precarios de la economía formal, posibilitando la
vulneración absoluta o relativa, respectivamente, de derechos laborales básicos
y consolidando el disciplinamiento del nuevo proletariado fragmentado. Es
necesario insistir en el punto: lo que en este contexto de «metamorfosis del
trabajo» (5) está en juego no es sólo la posibilidad real de negociación
colectiva, sino la calidad misma del trabajo. La degradación en ese mundo,
desde luego, es inseparable al deterioro de las condiciones sociales de vida,
lo que no deja de ser una razón de más para consolidar unas luchas políticas y
unas resistencias colectivas.
Aunque se
suela invocar la crisis como factor central de la discriminación, dicha
percepción es errada: esta práctica discriminatoria claramente le preexiste y
la crisis no ha hecho más que agudizarla. Se trata de una perversión intrínseca
al capitalismo: sin discriminación, esto es, sin construir categorías
socioeconómicas que sostengan la desigualdad efectiva entre trabajadores, la relación de fuerzas entre clases tendería a
equilibrarse (en términos relativos) y las exigencias colectivas podrían estructurarse
con mayor eficacia. Desde una perspectiva extraeconómica, el antagonismo entre
trabajadores locales y extranjeros quiebra el mutuo reconocimiento necesario
para construir unos intereses y demandas comunes, esto es, una (com)unidad de
lucha. Sin esa unidad estratégicamente construida, el antagonismo con las
clases dominantes queda, si no desactivado, sí al menos desenfocado.
Si por un lado
la globalización capitalista garantiza flujos desregulados de capital, por
otro, regula fuertemente los movimientos migratorios, en concordancia a las
necesidades del capital trasnacionalizado (lo que equivale a decir: según sus
territorializaciones y desterritorializaciones continuas). La dualización entre
trabajadores extranjeros y locales forma parte de una estratificación social
más vasta que el capitalismo produce entre trabajadores diferentes. En última
instancia, es un movimiento complementario de la tendencia a la concentración
monopólica: si por una parte el sistema procede por concentración (de capital),
por otra parte, necesita operar por dispersión o división (de la fuerza de
trabajo). En ese escenario, no cabe descartar en absoluto la producción de un
excedente de mano de obra técnicamente prescindible, tanto desde la perspectiva
de la producción como del consumo (habida cuenta de su ínfima participación en
el mismo). Dicho de forma brutal: el capitalismo, en esta fase, produce un
«sobrante» estructural de personas que son condenadas a la marginación social.
Ni siquiera las requiere como recambio social a una de por sí amplia clase
trabajadora que busca en la formación técnica el paracaídas que ralentice la
caída o, en otras palabras, el desarrollo de competencias que disminuya los
riesgos de la precarización laboral. En esta dimensión de la problemática, aunque
a menudo el miedo al paro termine significando esta disyuntiva como primaria, no
nos enfrentamos a la simple alternativa entre trabajo y no-trabajo sino a algo
mucho más complejo y difícil: la reconstitución del «trabajo» reducido a «empleo»,
más o menos inestable y precario, vaciado de cualquier significación vital estructurante.
Semejante metamorfosis, desde luego, requiere una elucidación independiente y
desborda la reflexión aquí acotada a ciertas formas de discriminación laboral.
En cualquier
caso, las crisis sistémicas forman parte del ciclo económico del capitalismo:
construir categorías –trabajo intelectual y manual, cualificado y no cualificado,
fijo y temporal, jerárquico o subordinado, etc.-, esto es, discriminar según criterios
identitarios, forma parte de sus técnicas de dominación de una fuerza de
trabajo que no está asegurada de por sí y que produce resistencias más o menos
articuladas, según cambiantes relaciones de poder. No por azar la retórica de
la «productividad» impregna los discursos empresariales y gubernamentales, como
un modo de aumentar la rentabilidad y construir mecanismos de distinción entre
los trabajadores categorizados. Pero precisamente porque detrás de esa fuerza
lo que hay son sujetos humanos concretos, con sus añoranzas y su sufrimiento, es
nuestra tarea cuestionar de raíz las estructuras colectivas e institucionales
que sostienen y reproducen las desigualdades en aumento.
(1) Me remito a los últimos datos
de la EPA: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0211.pdf
(2) Dicho informe puede consultarse en:
(3) Dicho informe puede
consultarse aquí:
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/imp09s.pdf
(4) Para esta cuestión, remito al
artículo donde me ocupé de esta cuestión: "Operación borrado: ¿Quién da cuenta del racismo y la xenofobia en España".
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