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Fotografía de Juan Rulfo
Una breve contextualización
Referirse a la
relación entre inmigración y mercados laborales en España exige al menos la referencia
a cinco puntos específicos, en el contexto global de un proceso de reestructuración
sistémica del capitalismo. Ante todo, i) la persistencia de una política de
asilo restrictiva, ii) la consolidación de una política migratoria regresiva que ha dado un giro significativo a
partir de 2008 y que el recambio de gobierno no ha hecho más que acentuar; iii)
el cambio de ciclo migratorio a partir de 2012; iv) la extensión relativa de
prácticas y discursos racistas y xenófobos en Europa y v) la pérdida de
prioridad pública de la inmigración en general, en función de una agenda
pública centrada de forma excluyente en el discurso tecnocrático de la superación
de la crisis. De
forma sumaria, ampliemos estos puntos.
i)
En primer término, hay que referirse a una política
de asilo restrictiva (1), tanto a nivel europeo como a nivel nacional.
Según los últimos datos disponibles recopilados por CEAR, en España se
presentaron sólo 3395 solicitudes, de las cuales se denegaron 2410, lo que
significa que algo más del 70% de solicitantes de asilo o protección
internacional en España quedaron en situación irregular, en consonancia al
elevado porcentaje de solicitudes denegadas por el conjunto de la UE27, que
asciende al 75% (2). En términos más amplios, el 90% de los refugiados son
acogidos por los llamados “países en vías de desarrollo”, lo que no hace más
que reafirmar la transferencia política de responsabilidad de los países más
ricos hacia los más pobres. El informe “La situación de los refugiados en
España” (3) es contundente: “El bajo índice de solicitudes en España se debe en
buena parte a las enormes dificultades existentes para acceder al procedimiento
de protección internacional en los CIE, puestos fronterizos y costas. Tanto en
los CIE como en los aeropuertos se han detectado múltiples irregularidades que
tienen que ver, esencialmente, con el derecho a una asistencia jurídica
especializada. Además, la ausencia de un procedimiento de identificación de
personas que puedan requerir determinada protección (menores de edad, víctimas
de trata, solicitantes de protección internacional, etc.) hace que muchas de
ellas no accedan al procedimiento de protección internacional” (pág. 180).
ii)
En segundo término, hay que referirse a la política
migratoria española que de forma inequívoca endurece las exigencias y
requisitos para residir y trabajar en territorio nacional. Esta política, aunque
suele definirse como una “política de fronteras cerradas”, se caracteriza más
bien por la segmentación que
establece al interior de la población inmigrante, es decir, por la construcción
jerárquica que establece entre diferentes categorías socio-económicas dentro de
estos colectivos. Por un lado, se favorece la movilidad geográfica de inmigrantes
con tarjeta azul (ejecutivos, universitarios, profesionales con alta
cualificación) y, de manera más reciente, a un tipo de inmigrante de una franja
de ingresos elevada (como es el caso de los compradores de viviendas de más de
160.000 €, que adquieren permiso de residencia y trabajo de manera automática),
sumándose a los históricos privilegios de inversores y empresarios que, en muchísimos
casos, gozan de exenciones fiscales de excepción para instalarse en el país.
Por otro lado, se trata de vedar el paso a flujos migratorios que son juzgados
por los estados europeos como “indeseables” -especialmente, procedentes de África
y Medio Oriente- caracterizados de forma genérica por sus carencias económicas
y cualificaciones más reducidas. En síntesis, la actual política migratoria se
caracteriza por una fuerte selectividad de inmigrantes según su pertenencia
de clase (o, si se prefiere, según
su poder adquisitivo), instaurando un patrón selectivo que plantea una relación
de apertura ante elites profesionales y económicas en simultáneo a la
restricción de flujos migrantes de trabajadores manuales y personas en
situación precaria. La supresión de fondos de integración, la reducción
drástica del presupuesto para políticas de co-desarrollo y cooperación, la
desfinanciación de partidas destinadas a asociaciones y ONG que trabajan con estos
colectivos, el refuerzo de una política de control migratorio que incluye la
militarización contra la inmigración irregular en África, la política persistente
de redadas policiales y expulsiones, el mantenimiento de los CIE, la exclusión
de los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario gratuito, etc.,
forman parte del arsenal de políticas que dificultan una inclusión igualitaria de
estos colectivos, creando nuevas «ciudadanías periféricas» dentro de los
llamados países centrales y la criminalización de personas en situación
irregular. El objetivo de conjunto es claro: forzar el retorno de un
“excedente” de extranjeros residentes y retener a quienes sigan “compitiendo”
con salarios bajos, puedan atemperar la caída del consumo y sigan aportando,
mediante contribuciones fiscales directas e indirectas, recursos económicos al estado
español.
iii)
También tenemos que referirnos al cambio de ciclo
migratorio en España: en 2012, según el INE, se estima que 927.890 personas
abandonaron el país, de las cuales 117.523 eran españolas y 810.367 extranjeras.
En total, el saldo entre número de inmigrantes y emigrantes es negativo:
137.628 personas menos. Así, de ser predominantemente un país receptor de
inmigrantes, España se ha convertido en un país productor de emigrantes. Este saldo
negativo –que seguirá incrementándose en los próximos años- equivale a una
fuga de trabajadores cualificados (ingenieros, investigadores, profesionales de
la sanidad, técnicos con formación superior, jóvenes licenciados, etc.) que, probablemente,
retrasará más cualquier reactivación económica, como no sea mediante la
importación sustitutiva de mano de obra profesionalizada o la repetición de un
modelo productivo que ha mostrado de sobra sus límites. La contradicción es clara:
por un lado se expulsa indirectamente a muchos jóvenes españoles con educación superior
(públicamente financiada) en situación de desempleo y, por otro, se priva al
sistema económico de una de las franjas de la población activa que España más necesita
para diversificar los mercados de trabajo y propiciar un cambio de modelo
productivo. Si se tiene en cuenta el decrecimiento poblacional y el aumento
relativo de la población pasiva, es previsible que esta ola de emigración también
producirá efectos negativos en el sistema de la seguridad social (por no mencionar
las consecuencias sociales y psíquicas de esta diáspora).
iv)
Asimismo, las prácticas discriminatorias por cuestiones
de nacionalidad o raza también se han incrementado en los últimos años tanto en
España como en el resto de países europeos, creando nuevas barreras culturales de
ingreso a los mercados laborales y al desarrollo de una sociedad igualitaria. La
xenofobia y el racismo, como operadores selectivos, aparecen como refugio no
sólo de grupos de ultraderecha, sino también de una parte creciente de la
población, expuesta a situaciones de exclusión social y a la caída de su
calidad de vida. Ello crea las condiciones ideológicas propicias para que los
discursos xenófobos y racistas tengan mayor calado (y la prueba más rotunda de
este crecimiento es la consolidación electoral de una derecha que ha hecho de
la restricción de la inmigración una de sus banderas). Desde luego, la visión
instrumentalista y economicista de la inmigración tiene como contracara un
discurso que plantea a este colectivo como “sobrante” o “amenaza laboral”. El
tópico que restringe el alcance del racismo y la xenofobia a la ultraderecha es
una mera coartada intelectual que mantiene a distancia la verdadera magnitud de
estos problemas, tanto a nivel social como institucional: omite la
discriminación racial y por origen en los mercados de trabajo. No es un asunto
menor que no exista ninguna publicación de datos estadísticos oficiales
relativos a denuncias y procesos penales de delitos racistas en territorio
español (4). La extensión del racismo y la xenofobia exige un debate público
pendiente, que constituye una deuda estructural de cualquier sociedad mínimamente
democrática. Nada señala que esta ofensiva racista y xenófoba (incluyendo la
islamofobia, la gitanofobia y el antisemitismo) que recorre Europa vaya a
detenerse en los próximos años, como no sea con un giro de las políticas
públicas comunes.
v)
Al panorama anterior hay que sumar la omnipresencia del
discurso tecnocrático de la crisis que oculta problemas no menos graves, como
ocurre con el de la inmigración.
El «borrado» de la problemática migratoria en los discursos
oficiales forma parte del desentendimiento con respecto a su bienestar. Al
respecto, en los últimos cinco años puede reconocerse un giro: si desde los 90
la “inmigración” estuvo ligada a “mercados de trabajo” (asociada a una política
de provisión de mano de obra barata para mercados subcualificados), el nuevo
giro convierte en residual esta política: más que una fuerza instrumental relativamente valorada por su aportación laboral intensiva, en la
actualidad la inmigración tiende a ser valorada especialmente por su aportación de capital o su aportación fiscal,
lo que reconfigura radicalmente el mapa migratorio.
Mercado laboral formal: confinamiento
sectorial, desigualdad y tasa de paro
Referirnos a la
segmentación operada por la política migratoria no niega el efecto de homogeneización
que por casi dos décadas esa misma política produjo entre trabajadores
inmigrados. Para circunscribirme al caso español: desde la década de los 90, el
«confinamiento sectorial» de la mayoría de inmigrantes a puestos de trabajo
precarizados, en posición subordinada y en sectores económicos de baja
cualificación, resulta inequívoco: 8 de cada 10 inmigrantes sigue trabajando en
hostelería, industria, comercio
minorista, servicio a personas, agricultura y pesca y construcción.
De forma
complementaria a este confinamiento, la «tasa de desempleo» de inmigrantes extracomunitarios
supera en más del 12% la tasa de paro de trabajadores nacionales y comunitarios,
situándose a la fecha en poco menos del 38% (5). La creciente marginación de
estos colectivos está vinculada no sólo a las dificultades para acceder a los
mercados laborales locales sino también al tipo de empleo y a las condiciones
de contratación a los que accede. La categoría de “trabajador pobre” es una
realidad cada vez más visible (que incluye desde luego tanto a personas
inmigrantes como nacionales).
Como
consecuencia de esta «crisis del trabajo», dentro de los colectivos de
inmigrantes se está produciendo un doble fenómeno: retorno a los países de
procedencia en algunos casos (especialmente, procedentes de América Latina) y
la pérdida de los permisos de trabajo y residencia de miles de personas
inmigradas, que necesitan trabajar al menos 6 meses por año para poder renovar
su documentación. La imposibilidad de cumplir con este requisito supone el tránsito
hacia una situación irregular, así como la exclusión del sistema sanitario
gratuito, el deterioro de sus condiciones materiales de vida y la dificultad
para asumir sus deudas hipotecarias o de otro tipo. De hecho, ya en 2011, según
Eurostat, el 18% de los nativos estaba expuesto a la pobreza, mientras que esa
cifra alcanzaba entonces al 32% de los inmigrantes.
Tras un análisis
sistemático de las condiciones
laborales de los inmigrantes extracomunitarios que acceden a un
empleo y su comparación cualitativa con los puestos laborales reservados a
españoles y comunitarios los resultados no dejan lugar a duda: tanto en términos
salariales como en acceso a puestos jerárquicos dentro de empresas y otras organizaciones (incluyendo la
administración pública), la desigualdad
es notoria y relevante. En esta dimensión, no sólo cuenta la tasa de parados desigual, sino también
la calidad desigual de los empleos a
los que acceden respectivamente inmigrantes y locales. La referencia a una «inclusión
subordinada» dentro de los mercados de trabajo resulta fundamental: no importa sólo
la obtención de un empleo, sino la calidad del mismo. Basándonos en el informe
“Inmigración y mercado de trabajo 2011” ,
a la par que la tasa de temporalidad de los inmigrantes disminuye a medida que
la estancia es más duradera, se mantienen las diferencias salariales entre
españoles y extranjeros (5). El salario medio anual de la población extranjera
se sitúa en una franja entre el 51% y el 61% del correspondiente a la población
española, dependiendo de la fuente estadística utilizada (6). Las causas de estas
diferencias son diversas: variables laborales (tipo de contrato, tipo de jornada,
el puesto de trabajo que se ocupa o la actividad productiva de la empresa en
que se trabaja); variables sociodemográficas (sexo o lugar de nacimiento) y,
según menciona el informe citado, la “discriminación” (p. 157). En última
instancia, las tendencias de la participación de la inmigración en el mercado
de trabajo español se mantienen, en particular, la «segregación ocupacional» y
la «especialización por género». El informe es contundente: “La participación
laboral de los extranjeros nacidos fuera de España sufre de sesgos terciarios y
sesgos femeninos, concentraciones en puestos de trabajo de baja cualificación y
mayor especialización en ramas y categorías laborales concretas” (p.158). En
menor medida, esta situación es similar en el caso del colectivo de la
población ocupada española nacida fuera de España.
Aunque a menudo
suelen plantearse las desigualdades laborales como diferencias en las
cualificaciones profesionales, un análisis comparativo de cualificación
desmonta esta falacia. Según los datos publicados por Eurostat en 2011, si la
sobrecualificación profesional en España alcanza al 31% de los trabajadores, el
fenómeno de la sobrecualificación se acentúa entre los colectivos inmigrantes,
con una tasa que alcanza el 58%. La amplia mayoría de la población inmigrante
tiene una ocupación no cualificada por debajo de su nivel formativo, sumado a
las dificultades en la homologación de sus títulos, obstaculizando una
inserción laboral mínimamente satisfactoria y una cierta movilidad laboral
ascendente.
Cualquier
explicación meritocrática, al respecto, se derrumba: no existe correlacíón
entre cualificación, puesto de trabajo y remuneración. La discriminación
laboral por razones de origen o etnia, en suma, se hace manifiesta de diversas
formas: bajo la forma de segregación ocupacional, desigualdad salarial, tasa de
paro más elevada, temporalidad superior y asimetría en las oportunidades
laborales.
¿Qué cabe decir
sobre la participación por parte de diversos inmigrantes en la economía
sumergida, esto es, trabajadores privados de derecho? Según la estimación de
carácter extraoficial del Ministerio de Economía y Hacienda ya en 2011 se calculaba
que la economía sumergida en España representaba el 23% del PIB, mientras que en
2012 representó el 22, 5% del PIB, esto es, 212.125 millones que, entre otras
cosas, no tributan ni aportan a la seguridad social. Aunque reflexionar sobre
la economía sumergida exige un estudio pormenorizado que no puedo emprender en
este contexto, señalemos que el empleo irregular implica más de 4.000.000 de
personas, de las cuales al menos medio millón son extranjeras. Trabajar en la
economía sumergida no sólo supone incumplir las normas laborales vigentes e
incurrir en fraude, sino que expone a una manifiesta vulneración de los
derechos de los trabajadores. Todo ello debería ser suficiente no sólo para
incrementar de forma notable las inspecciones de trabajo y crear más controles
a un sistema desenfrenado de lucro, sino para propiciar un giro radical en las
políticas migratorias tanto en España como en el resto de Europa. Aunque es
improbable que ocurra algo similar en los próximos años, debería ser una de las
exigencias fundamentales de un horizonte político de izquierdas.
A modo de conclusión
Lo anterior
permite sostener que el cambio de las condiciones económicas a partir de 2008 en
España, si bien afecta de forma general a las clases trabajadoras, ha golpeado
con particular rigor a inmigrantes extracomunitarios, de forma similar a otros
colectivos especialmente vulnerables. Si bien el deterioro de los mercados de
trabajo no afecta solamente a estos colectivos, dicho deterioro se hace
peculiarmente visible en la población inmigrante, siendo los menos afectados aquellos
que disponen de una mayor cualificación.
Hay buenas
razones para suponer que las prácticas discriminatorias son sistemáticas y
sistémicas, aunque ningún indicador aislado permita sostenerlo de forma
inequívoca. Sin embargo, la convergencia de múltiples indicadores en un mismo
sentido permite interpretar algunas realidades como manifiestamente
discriminatorias: la tasa de desempleo, la tasa de temporalidad, las
desigualdades salariales, la movilidad laboral, etc., señalan un trato desfavorable
hacia los inmigrantes extracomunitarios que obstruye seriamente cualquier
proyecto de integración. Por recuperar lo dicho en el Informe “Inmigración y
Mercado de Trabajo 2011”
(pág. 160): “Apenas existen estudios que hayan determinado con rigor la
discriminación que sufren los trabajadores extranjeros en el mercado laboral,
pero hay indicios claros de que tal discriminación existe. Por el momento, la
discriminación no ha merecido una atención especial en el proceso de inserción
laboral de la población inmigrada, porque la simple legalización de tal
inserción ha sido prioritaria. Ahora, sin embargo, combatir la discriminación
es ya asunto inaplazable y ello demanda, en primer lugar, cierto aprendizaje
para detectarla y calibrarla. La lucha contra la discriminación requiere una
vigilancia específica que comienza por el acceso al trabajo, asegurando que se
cumple el principio de igualdad de oportunidades y sigue con las condiciones
laborales y los procesos de promoción interna en las empresas. La
discriminación en algunos casos puede ser burda, pero en otros es muy sutil, y
es por ello por lo que no puede ser detectada ni corregida sin mecanismos
específicos establecidos a tal efecto”.
Sería apresurado
suponer que la discriminación opera de forma indiscriminada. Aunque apenas hay
estudios sobre esta materia, hay indicios suficientes para mostrar que tal
discriminación laboral (abierta y encubierta, social e institucional) está
extendida, no sólo en cuanto a la falta de igualdad de oportunidades, sino
también en las condiciones laborales establecidas y los procesos de promoción
interna en las empresas.
Desde
luego, que esta discriminación sistémica ni siquiera esté reconocida como tal
no hace sino agravar el problema. Queda todavía por saber si en la próxima
década Europa afrontará esta fractura en términos de derechos económicos y
sociales o si se conformará con disimularla bajo una altisonante retórica de la
igualdad.
(1) Para una reconstrucción más amplia de la situación de
refugiados y desplazados en el mundo, remito a “Más allá de un proyecto de
bienestar cercado: refugiados y desplazados en el mundo”, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131170.
(2) Dichos datos pueden consultarse en el resumen
estadístico de CEAR, http://www.cear.es/files/up2012/asilo%20en%20cifras%202011vr%20web.pdf.
(4) Basándonos en informes de la Red Europea de
Información sobre Racismo y Xenofobia (RAXEN), en España, cada día al menos 10
personas sufren una agresión física o verbal por motivos de raza, etnia o
nacionalidad, además de más de 80 personas asesinadas desde 1992, víctimas de
delitos de odio. El “Informe Racismo 2010” de la DGII , desde una perspectiva conceptual más amplia,
muestra que una parte significativa de la población española, superior al 60 %,
no sólo no muestra una actitud de apertura hacia la inmigración sino que, en medidas variables, considera que la
desigualdad entre nacionales y foráneos es legítima. Para información relativa
al campo laboral, remito al Informe de “Inmigración y mercados de trabajo 2011” , http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/archivos/OPI_28_Inmigracion_y_Mercado_de_trabajo-Informe2011.pdf
(6) Estas diferencias han sido puestas de manifiesto con
datos de la Estadística
del mercado de trabajo y pensiones y de la EAES (Encuesta Anual de Estructura Salarial). La
primera fuente la sitúa en 9.950 euros a favor de los españoles en 2010 y la segunda estima la ganancia salarial
media de los españoles en 23.019 euros frente a una ganancia de 14.058 euros en
el caso de los latinoamericanos y de 14.690 en el de asiáticos y africanos en
2009.
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