Apuntes para seguir caminando (contra una política de la resignación)

-I-

Hablar de “derrota” del movimiento 15-M conduce, de forma inexorable, a una sucesión de malentendidos: dar por sentado que ya no tiene relevancia política, absolutizar su repliegue, sentirse obligado a abandonar sus filas o incluso condenarlo a una bella veleidad. Nada de ello está implicado cuando nos preguntamos sobre el momento actual de este movimiento y afirmamos que la experiencia de la derrota es parte del largo aprendizaje que hemos de atravesar todos aquellos que participamos, de formas y en grados diversos, en este movimiento.

Un pensamiento que se pretenda crítico, sin embargo, no puede eludir el malentendido si aspira a producir debates fecundos. Forma parte de ese debate preguntarse, ante todo, por los logros y deudas contraídas por el movimiento 15-M a fuerza de encarnar un impulso político transformador en una fase histórica marcada hasta entonces no sólo por el letargo y la apatía generalizadas, sino también por la desmovilización popular. En ese debate -cómo no- la reflexión sobre una posible derrota debe tener lugar, no para entregarse al derrotismo, sino para reactivar el momento fundante de la «indignación» y seguir pensando estrategias de acción más efectivas.

Dicho claramente: puesto que la «indignación» ante las injusticias repetidas de un sistema corrupto no ha mermado, tenemos que pensar qué medios y estrategias podemos darnos para que esa emoción colectiva no quede en un ritual catárquico (o en una simple queja privada) y pueda constituirse en fuerza impulsora de un proceso de cambio social. Esa posibilidad sigue siendo incierta y depende de nuestra práctica que las grietas abiertas en un pasado inmediato no se cierren. Señalar el riesgo de asimilación sistémica del movimiento 15-M es apostar por que eso no ocurra.

Lejos de cualquier resignación política, nuestra apuesta es seguir luchando de forma entusiasta contra una política de la resignación que presenta la actualidad (del saqueo) como una realidad ineludible, producto de “decisiones inevitables” (lo que no es más que un oxímoron). Para ahondar en esa lucha entusiasta es crucial llamar la atención sobre la peculiar eficacia que está teniendo la política del miedo institucionalizada a nivel gubernamental y elaborar opciones que nos permitan neutralizarla. Desde el momento en que ningún gesto es meramente constatativo, señalar que en los últimos meses ha habido un repliegue del 15-M y una restauración autoritaria del control basada en la propagación del miedo reclama, de nuestra parte, un esfuerzo adicional para pensar cómo podríamos intentar replicar a esa situación y retomar la iniciativa perdida.

Desde luego, articular la disidencia como movimiento político excede cualquier reflexión individual y sería un contrasentido que alguien se arrogara esa labor, máxime en un movimiento que carece de forma explícita de líderes. Esa responsabilidad es necesariamente colectiva y elaborar una preceptiva abstracta (muy propia de las utopías diseñadas por filósofos) es tan inconducente como indeseable: sitúa al sujeto en la posición del amo que imparte mandatos que, por si fuera poco, no está en condiciones de hacer cumplir. No es extraño que todavía la vieja guardia siga recriminándole al mundo persistir en el error y no seguir obedientemente sus mandamientos redentores.

Lo antedicho, sin embargo, no nos exime de intentar elucidar algunas alternativas de acción, siempre que sean interpretadas como material abierto de discusión, apuntes de una lucha que sigue abierta a pesar de un cierto desaliento frente a unas autoridades gubernamentales sumisas al capital económico-financiero más concentrado. La negativa a sugerir algunas ideas en nombre del antiautoritarismo es de mínima discutible. ¿Por qué no podríamos contribuir, de forma tentativa, a la construcción de un proyecto político colectivo, ya en germen, por el que estamos dispuestos a luchar y que nos compromete de forma directa? 

-II-

En las últimas semanas, tres iniciativas asociadas al movimiento 15-M resultan de gran valor: a) la creación del “fondo de resistencia 2.0”, b) la presentación de querellas judiciales contra diferentes autoridades emblemáticas del actual régimen de privilegios, privatización y corrupción y, c) el apoyo técnico y moral a “Alfon” contra la criminalización acometida por el gobierno.

Resumamos la significación de estas iniciativas. En primer lugar, la consolidación de un fondo de resistencia permitirá afrontar algunas de las multas que afectan a miles de indignados por manifestarse de “forma ilegal”, según califica el gobierno nacional. La generalización de las multas forma parte de una estrategia disuasoria que bien puede neutralizarse si se dispone de una cobertura común. A eso hay que sumar otra medida sumamente atinada: apelar judicialmente las sanciones administrativas, lo que permite evitar el ahogo económico en el que quieren sumir al movimiento.

En segundo término, la ampliación de las querellas judiciales a distintas autoridades públicas, por delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida, entre otros, constituye una réplica fundamental al proceso de judicialización del que son objeto muchos participantes del movimiento 15-M. Si la estrategia gubernamental está centrada en la criminalización del activismo –a golpes de reformas judiciales y represión policial-, la denuncia pública no basta y necesita ser complementada con una estrategia jurídica que permita contrarrestar de forma eficaz la “cruzada” del gobierno.

En tercer término, el apoyo técnico y moral a “Alfon”, visible a través de manifestaciones sociales y apoyo jurídico, es otro punto significativo. Tras ser acusado por “alarma social” –una figura aberrante que no consta en el código penal vigente- y encerrado en régimen de aislamiento, esa intervención a doble nivel ha permitido la  liberación de este activista luego de 57 días de cárcel. El amedrentamiento que mediante estos “castigos ejemplares” persigue el gobierno sólo puede ser neutralizado con la movilización continua de otros participantes y con el servicio profesional de un equipo de juristas y abogados que permitan interponer los recursos pertinentes.

En conjunto, estas prácticas constituyen intervenciones valiosas que es vital potenciar como réplicas al hostigamiento que el movimiento 15-M sufre por parte de las autoridades gubernamentales y policiales. Permiten imaginar líneas de continuidad del 15-M. Recuperar la iniciativa, sin embargo, supone dar un paso más allá: elaborar un proyecto político alternativo a partir de la integración conceptual de la multiplicidad de propuestas que se fueron elaborando en el último año y medio por parte de los diferentes colectivos en el interior de este movimiento.

En otras palabras, se trata de favorecer la articulación entre distintos grupos y sectores a partir de la producción de un horizonte de sentido en común. Hasta donde sé, la conversión de una multitud de demandas en un proyecto colectivo capaz de escalonar los objetivos de intervención, es algo pendiente y dificulta la construcción de vínculos más estrechos con otros sujetos (entre otros, parados, trabajadores de la salud y la educación, estudiantes, grupos feministas, sindicatos minoritarios, inmigrantes, jubilados, entre otros), así como con plataformas ciudadanas como la Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión Social o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Dicho de otra manera: la condición de expansión y consolidación del 15-M está asociada a dos dimensiones centrales: el desarrollo de un proyecto colectivo (como mapa de unos objetivos y unas prácticas específicas) y la construcción de unos vínculos intersectoriales e intergrupales (no sólo a nivel nacional) que permitan radicalizar un frente común de lucha que, al menos en principio, no tiene por qué excluir la interlocución con partidos políticos de izquierda. Es evidente que ambas dimensiones están interrelacionadas y son mutuamente dependientes: exigen coordinación y trabajo colaborativo, además de una revisión crítica de lo realizado.

Hasta donde sé, el movimiento 15-M afronta en el presente una encrucijada, luchando más bien por su supervivencia. Globalizar la resistencia supone más que sostener la indignación: es darle un camino transformador que supone, entre otras cuestiones, una estrategia de comunicación que permita un posicionamiento crítico también en el campo de los medios de comunicación. La repolitización de decisiones planteadas como técnicas o económicas forma parte de su derrotero y este proceso sólo puede proseguir ante una “opinión pública” ambivalente en la medida en que las protestas confluyan y adquieran una mayor notoriedad a nivel colectivo. En ese contexto, la convocatoria a una «huelga general indefinida» a nivel europeo y la «movilización permanente» son parte del arsenal que también desde el 15-M se podría alentar.

-III-

Al nulo interés de los sindicatos mayoritarios por articular sus manifestaciones con las luchas de otros movimientos sociales contestatarios habría que contraponer la inclusión de las clases trabajadoras (incluyendo los parados) en un movimiento como el 15-M. Sólo una articulación contrahegemónica permitirá pasar de unas protestas sociales de carácter defensivo a una intervención democrático-radical que transforme las condiciones del presente. El planteamiento de una huelga general indefinida como punto nodal en una cadena de demandas sociales más amplias (imposibles de satisfacer dentro del actual orden hegemónico) podría unificar una multiplicidad de luchas sociales (1).

Desde luego, otras medidas complementarias, que promueven una legítima desobediencia civil, circulan desde hace tiempo en el seno del movimiento 15-M: huelgas de consumo, jornadas de reflexión, piquetes informativos, asambleas barriales, etc. Apenas hay que insistir en su importancia. En cambio, sí merece la pena enfatizar la necesidad estratégica de construir una «equivalencia general» en una cadena diferencial de reivindicaciones. Sólo entonces una multitud puede reconocerse como sujeto popular, esto es, como “pueblo”. Sugerí en otra ocasión que el significante de “indignados” era tan ambivalente como inclusivo, lo que de algún modo favorece la producción de identificaciones colectivas y la internacionalización de este tipo de movimientos disidentes (2). La lucha por las nominaciones nunca es algo meramente anecdótico. Forma parte de las luchas simbólicas en las que se juega el sentido y legitimidad social de un movimiento como el 15-M. 

Cualquiera sea la forma en que el movimiento se nombre a sí mismo, resulta central la recuperación discursiva de lo que hay de común en las experiencias de distintos grupos y seres humanos. Si es cierto que el porvenir de cualquier movimiento depende de la gestión de sus límites, mucho más cierto todavía es que sin la construcción de lazos ideológicos con otros grupos subalternos y plataformas ciudadanas el movimiento 15-M arriesga su potencialidad como agente transformador.

Ante una catástrofe social mundializada, no hay razones para detener lo que podríamos llamar la universalización de la indignación. Su devenir es impredecible, pero se nutre de la memoria de las injusticias. Forma parte de nuestra responsabilidad intelectual, política y ética que esa memoria se haga manifiesta en una praxis que interrumpa el saqueo sistémico al que estamos expuestos.

Arturo Borra

(1)  He desarrollado este punto en “Sobre una siniestra normalidad: por la huelga general indefinida” (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=159181) y en “Lo imposible rehabilitado: el sentido de una huelga general indefinida” (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=161048).  

(2) Remito a “Democracia y revuelta: la experiencia de ruptura del 15-M” (http://old.kaosenlared.net/noticia/democracia-revuelta-experiencia-ruptura-15-m).

El cielo sobre Valencia (Alzira-Valencia): cheamtrails 2012

Crónica de una crisis anunciada

Preguntas sobre el movimiento 15-M: la experiencia de la derrota

Un movimiento social identificado con fechas específicas, ¿no anticipa ya la tarea de ser confinado temporalmente y hacerse previsible, incluso si rebasa el momento en que se constituyó y hace de las apariciones esporádicas una modalidad de su existencia? También el movimiento 15-M (o 25-S o 15-O, entre otros), en las condiciones presentes, ha de luchar para no convertirse en un asunto del pasado o, algo que viene a ser equivalente, para no terminar siendo una práctica residual protagonizada por una minoría de activistas asediados.

No seremos nosotros quienes nos apresuremos a celebrar su ritual fúnebre. La emergencia de este movimiento significó la posibilidad de una revuelta incipiente que, retroactivamente, ha sido sofocada. Si se compara con las protestas populares multitudinarias precedentes, el rodeo del Congreso el 20 de noviembre de 2012 por unos centenares de manifestantes (convocado por la coordinadora 25-S) muestra este giro: el “acontecimiento”, por así decirlo, ha perdido buena parte de su fuerza inicial, al punto de poner de manifiesto un despliegue policial completamente desmesurado. La policía ni siquiera ha tenido que apelar a la brutalidad que la caracteriza.

Lo imprevisible ha sido estabilizado bajo la forma de protestas discontinuas que no sólo no han sido atendidas en lo más mínimo por el gobierno nacional sino que, además, han sido desarticuladas de forma violenta y criminalizadas de distintas maneras. A nivel mediático, a menudo esta estrategia represiva fue planteada como recurso legítimo para “garantizar el estado de derecho” y las críticas al respecto se han centrado de forma tendencial en la actuación policial, tachada a lo sumo de “excesiva”, como si no mantuviera un vínculo orgánico con una cadena jerárquica de mando.

El repliegue involuntario, por lo demás, es evidente: si las acampadas constituyeron un gesto desafiante al orden público establecido, las manifestaciones actuales ya no parecen preocupar en exceso a un gobierno que hace tiempo definió su estrategia al respecto: dar el golpe de gracia “fuera de cámara”, incluso si para ello es necesario violar de forma descarada la escasa “libertad de prensa” que todavía queda, amedrentando a periodistas y confiscando sus materiales de trabajo.

No resulta extraño, pues, que nos preguntemos sobre una posible asimilación sistémica del movimiento 15-M, pensada no ya en términos de inclusión de sus demandas por parte del sistema político y económico vigente, sino por la vía del creciente aislamiento y fragmentación de sus reivindicaciones. El momento entusiasta en que lo “imposible” estaba ocurriendo se ha convertido en la constatación melancólica de las “oportunidades perdidas”. Sin embargo, ni antes fuimos ingenuamente optimistas ni ahora estamos dispuestos a entregarnos a la sabiduría del pesimismo. Precisamente porque percibimos en el movimiento signos de un agotamiento más que nunca necesitamos dar un nuevo impulso a aquello que nace de la rebelión contra un sistema que hay que calificar de criminal sin temor a la hipérbole.

Desde una perspectiva popular, el 15-M es probablemente uno de los acontecimientos políticos a nivel nacional más relevantes de las últimas décadas. Como irrupción de un sujeto colectivo heterogéneo, en una escena pública nacional marcada por un bipartidismo autista, rompió el anquilosamiento de la resignación. Confiábamos en que desde la pluralidad de sus líneas de fuerza pudiera elaborarse un proyecto político con capacidad de articular grupos heterogéneos. Lo reclamamos en varias ocasiones, no por encontrarnos ante una supuesta “falta de propuestas”, sino por el contrario, por toparnos con una verdadera explosión de sugerencias e iniciativas de acción. El problema aquí no estuvo nunca ligado a la escasez sino más bien a la sobreabundancia.

De ahí, quizás, lo que a mi entender han sido dos errores estratégicos fundamentales: la dispersión e indefinición de los objetivos de intervención y la multiplicación de apariciones sin confluencia en un frente popular común. En un contexto de creciente control de los participantes del 15-M, ¿no sería mejor centrarse en algunas reivindicaciones que permitan condensar el descontento popular y que sean, al mismo tiempo, imposibles de satisfacer dentro del orden hegemónico? Me temo que nada de ello está ocurriendo. Si desde el principio abogamos por una internacionalización de la revuelta, más bien aconteció lo contrario: la transnacionalización de una estrategia del miedo. En España, la resultante de esta escalada represiva se concretó no sólo en cargas policiales brutales sino también en un proceso de judicialización de la protesta pública que supuso, además de miles de imputados, detenidos y multados, millones de decepcionados.

Si desde el momento de su constitución reconocimos en el 15-M una «indignación» colectiva que reclamaba atención analítica y apoyo activo, quizás ahora debamos señalar el punto muerto en el que se está sumergiendo. El furor de los comienzos, cada vez más, está cediendo su lugar a un ritual rutinario, que apenas nos sacude del letargo por unas horas. El triunfo del miedo está convirtiendo la “primavera española” en un “invierno prolongado”.

El panorama no es alentador: si la marca profunda de este movimiento quizás haya sido, ante todo, la repolitización de diferentes grupos sociales, por otro lado es indudable que este proceso ha sido obstruido, sofocando su potencial subversivo. No es meramente un fracaso; el férreo control mediático y la consolidación de un estado policial son parte determinante de esta nueva derrota histórica en la que el saqueo sistémico sigue su curso indiferente. Los privilegios de casta apenas se han modificado. El orden jurídico vigente ha dado un nuevo giro reaccionario y el desmantelamiento del estado de bienestar y de derechos socioeconómicos básicos continúan su camino sin especiales dificultades. La marcha devastadora del neoconservadurismo ha sido reconducida sin más que modificaciones superficiales: una moratoria para una irrisoria minoría de desahuciados, un probable cambio nominal de los CIE, alguna cosmética para las redadas policiales.

Con ello no quiero sugerir que no estemos en una situación próxima a lo que Gramsci señalaba como «crisis de hegemonía»: en el último año, las protestas públicas no han cesado de multiplicarse inundando la calle de distintos colores. Sin embargo, pese a la gravedad de lo que está ocurriendo, algo no funciona: las mareas no confluyen, las aguas siguen sin confundirse y ningún proyecto político alternativo ha logrado hasta el momento orientar las energías colectivas hacia otra parte. La “agenda de lucha” parece limitarse a unos reclamos sectoriales y, a lo sumo, a unas resistencias fragmentadas ante una ofensiva ideológica y política que tiene un derrotero tan virulento como previsible: despidos masivos en el sector público, privatización de sectores estratégicos del estado (incluyendo el “negocio” de las pensiones y de los servicios de empleo), recortes drásticos del gasto social, consolidación de un sistema fiscal regresivo, incremento de la corrupción estructural y el sistema de prebendas, aumento de las desigualdades sociales y de la pobreza relativa y absoluta, creciente concentración de medios y alineación ideológica, etc.   

La proliferación de conflictos sociales en la actualidad política española no deja mucho margen de duda. Lo que no es claro es si, en una coyuntura como la presente, un movimiento como el 15-M está en condiciones reales de canalizar dichos conflictos en un sentido transformador. No hay indicios de que esté ocurriendo algo semejante, aunque nada invita al sarcasmo. La guardia desengañada que nos prevenía de este supuesto “error” nunca se preocupó de aportar su experiencia de lucha para rectificarlo. La restauración autoritaria del control tampoco les inquietó en lo más mínimo. Es lo que tiene mirar las cosas desde arriba: uno no tiene que pasar por la incomodidad de la experiencia. Pero precisamente porque son nuestras luchas, nuestros deseos de justicia, debemos apostar por la (auto)crítica radical, también hacia un movimiento que amenaza con anquilosarse más allá de sus apariciones públicas efímeras. Lo que hace pocos meses parecía una brecha todavía abierta, ahora parece cerrarse. La indignación, sin embargo, no hace más que aumentar. Habrá que persistir, entonces, en el “error” de seguir buscando construir nuevos caminos, incluso si buena parte de sus trayectos no pudieran ser más que subterráneos.

La constatación es doble: el espectro de una revuelta sigue merodeando las ruinas del presente, pero su encarnación parece otra vez conjurada. Puesto que luchamos contra lo probable, sabíamos que esta asimilación sistémica podía ocurrir, aunque confiábamos que no ocurriera. Lo imprevisible, con todo, sigue latiendo: los antagonismos sociales no dejan de multiplicarse y cada vez más seres humanos son arrojados a los márgenes del capitalismo. No podemos predecir qué haremos como sujeto colectivo ante esta máquina de arrasar vidas.

Construir una salida en la aporía del presente tiene algo de tanteo más o menos lúcido: nunca sabemos cuánto puede resistir un muro hasta que intentamos derrumbarlo. Los resultados a veces son decepcionantes pero nunca definitivos: ninguna derrota desmiente el deseo de cambio sino que señala, más bien, su grado de dificultad. La decepción puede incluso ser aleccionadora. Los muros están ahí y no basta el furor espontáneo de la mañana para su derribo. La memoria de la derrota es una forma de aprendizaje; aprendemos siendo derrotados. Y, en efecto, algo hemos aprendido: también es preciso dinamitar los pilares subjetivos que sostienen esos muros. Sólo puede advenir otro tiempo si se gesta desde el deseo colectivo y se articula en un proyecto en común. Ante la repetición de la dificultad, siempre estará la coartada de la huida, el retorno a la resignación. Sin embargo, ¿qué sería de la posibilidad siempre latente de otra sociedad sin esa voluntad de cambio capaz de sobreponerse a la experiencia de la derrota?

Arturo Borra

Lo imposible rehabilitado: el sentido de una huelga general indefinida

-I-

¿No es un anacronismo reivindicar la huelga general indefinida a nivel europeo en el siglo XXI, sabiendo que sólo unos grupos reducidos de activistas estarían dispuestos a hacerla propia? ¿No es pedirle demasiado a la “gente”, algo que no está en condiciones de cumplir, dadas sus urgencias económicas? ¿No estamos propiciando una nueva derrota en la pulseada contra el capital empresarial y financiero concentrado, arrojando al “común de la gente” al vacío con una medida que a la larga habrá que abandonar para “no morirse de hambre”? En suma, al “pedir lo imposible”, ¿no reforzamos nuestra frustración colectiva?

En efecto, la huelga general indefinida es un anacronismo. Viene de otro tiempo: un tiempo en el que la «revuelta» -como cuestionamiento político de lo heredado- vuelve a ser posible. En una época en la que la «resignación» constituye el vínculo hegemónico con la realidad histórica, el anacronismo como acto extemporáneo se hace pertinente: es reivindicación de otra temporalidad, en la que lo decisivo es la rearticulación en las condiciones del presente de un proyecto político emancipatorio.

Si la «huelga general indefinida» operó –especialmente, a principios del siglo XX- como mito para unificar a las clases obreras en sus luchas contra las patronales e incluso como una forma activa de sabotaje a la producción capitalista, su riesgo más actual no es otro que el de recaer en la mistificación de la “clase obrera” industrial europea (como si la cultura proletaria llevara inscripta alguna insignia revolucionaria). Para mayor escarnio, su poder de «interpelación» es dudoso, más todavía cuando el “sujeto” de dicha huelga parece desdibujado en la actualidad, habida cuenta de que muchos grupos ni siquiera se sienten parte, condenados como están al desempleo, el subempleo o la marginación sistémica.

Ante esos señalamientos, habría que enfatizar que elaborar una salida política del presente exige salirse de un esquema sustancialista que asigna a ciertos sujetos históricos algún valor privilegiado en los procesos de transformación social. La heterogeneidad es irreductible y debe ser tenida en cuenta como tal. En este sentido, constituye un error político fundamental suponer que el sujeto del cambio preexiste al proceso de lucha. Por el contrario, en cualquier acto de rebelión colectiva lo que se juega es la producción de un sujeto político emancipatorio que no preexiste ni está garantizado por ninguna pertenencia de clase, género, edad o etnia.

La persistencia de ese error está en la base de la acción sindical de los gremios mayoritarios: su falta de interés por articular sus luchas a movimientos sociales contestatarios es notoria. Apenas si han tomado nota de que las “clases trabajadoras” no son los únicos grupos sociales que cuentan. De forma inversa, la (auto)exclusión de muchos trabajadores y parados por parte de esos movimientos contestatarios no es menos sintomática: sigue recelando de la heterogeneidad social como condición de partida. La consecuencia de este error de base es, a mi entender, la multiplicación de luchas sociales sin una «articulación contrahegemónica» que permita ir más allá de unas protestas sociales de carácter defensivo.

En este contexto, se hace necesario elucidar el sentido de una «huelga general indefinida» y en qué podría contribuir a modificar la situación precedente. Al respecto, quisiera sugerir al menos tres dimensiones que entran en juego. En una primera dimensión, uno de los objetivos de una intervención de este tipo es el boicot del «proceso de acumulación»: cortocircuita la reproducción del capital y, con ello, mediante la generación de pérdidas millonarias, obliga a producir cambios reales en el sistema económico. En una segunda dimensión, establece una presión sistemática sobre los gobiernos para buscar soluciones alternativas a las irresoluciones colectivas del presente. Las condiciones de negociación, en ese contexto, se modifican de forma sustantiva, equilibrando las relaciones de fuerza. En una tercera dimensión, omitida muchas veces del análisis, este tipo de huelga crea instancias de reconocimiento mutuo entre los participantes, esto es, genera una acción colectiva en la que distintos grupos pueden representarse como miembros de una misma «comunidad de lucha». La centralidad de ese punto es clara: no hay proceso de cambio histórico sin la formación de una voluntad colectiva transformadora.

Ahora bien, a pesar de la tan mentada heterogeneidad, ¿no es una huelga general indefinida, por definición, una acción protagonizada por las clases trabajadoras? A mi entender, es precisamente este punto el que hay que poner en cuestión. Si esa medida de fuerza sólo fuera adoptable como movilización de los trabajadores,en efecto, carecería de fuerza articulatoria. La cuestión cambia radicalmente si la planteamos como punto nodal en una cadena de demandas sociales más amplias, imposibles de satisfacer dentro del orden hegemónico. Dicho de otra manera: una «huelga general indefinida» puede funcionar como punto de condensación de una pluralidad de reivindicaciones: no sólo de los trabajadores, sino también de parados, desahuciados, jóvenes, mujeres, indignados, jubilados, inmigrantes, minorías sexuales, etc.

La condición de esta articulación es la producción de un discurso político (de carácter extra-partidario) que signifique la huelga general indefinida como «medida unificadora» de un frente popular en su antagonismo radical con las oligarquías económico-financieras y políticas. Puesto que esas oligarquías afectan de forma directa a todos esos grupos, la «huelga general indefinida» puede ser representada no sólo como eslabón particular de una cadena, sino también como punto de articulación general: representar la interrupción de la «normalidad» del funcionamiento capitalista. Ello nos desplaza, desde luego, a otras medidas complementarias: huelgas de consumo, manifestaciones, acampadas, jornadas de reflexión, piquetes informativos, etc. Sin embargo, que esa pluralidad de medidas complementarias puedan estar contenidas en la representación unificada de la «huelga general indefinida» es crucial. Permite consolidar el reconocimiento mutuo de los participantes en un mismo horizonte de lucha política y, con ello, preparar las condiciones para una intervención política que subvierta las bases sistémicas del capitalismo.

Desde luego, nada garantiza que una huelga general indefinida pueda llevar más allá de un pacto de mejoras salariales y laborales o de un acuerdo tripartito entre sindicatos, gobiernos y empresas. Pero desde hace tiempo sabemos que no hay garantías metafísicas para nuestra voluntad de cambio. De hecho, el fantasma de una nueva derrota histórica es la contrapartida necesaria de la intensificación de las luchas colectivas, sea cuales sean los caminos que elijamos. La apuesta “imposible” por una sociedad que transforme de forma radical sus relaciones políticas y económicas siempre tiene final abierto: abre a un acontecer necesariamente imprevisible. Su posibilidad radical, sin embargo, es inocultable.

El “caos” irrepresentable que la derecha vaticina ante este “imposible” rehabilitado no es otra cosa que la irrupción de una práctica revolucionaria. La bancarrota del capitalismo es la oportunidad de una reestructuración de los espacios de trabajo siguiendo otras lógicas de organización y gestión (como es el caso del cooperativismo autogestionario y de una producción coordinada de trabajadores autónomos) y la oportunidad de un proceso político y cultural de transformación de las instituciones públicas y privadas, incluyendo desde luego los espacios educativos. Del mismo modo en que no hay proyecto comunitario deseable sin una distribución económica justa, tampoco podría darse tal proyecto sin unas estructuras políticas democráticas o una cultura en común que posibilite una existencia social igualitaria. 

-II-

Retomemos las preguntas iniciales. Con el  anacronismo de la huelga general indefinida no estamos pidiendo nada a la “gente”, entre otras cuestiones, porque no hay nada parecido a un “colectivo” sustraído de las divisiones sociales. Un llamado semejante opera en primer término en tanto interpelación a distintos grupos como sujeto político transformador. Si lo que tienen en común esos grupos no es su pertenencia al mundo del trabajo o a una clase obrera tradicional, sino su antagonismo con las oligarquías, entonces, la eficacia de este “mutuo reconocimiento” depende del grado en que cada parte integre sus reivindicaciones en un horizonte de luchas en común. La huelga general indefinida sólo puede ser agenciada por estos grupos heterogéneos en tanto sea significada como eslabón de unas demandas de justicia más amplias frente a unos poderes dominantes cada vez más opresivos. En síntesis, lo que cuenta en este contexto es la posibilidad de significar una determinada práctica como punto de condensación de unas reivindicaciones colectivas. De ahí la centralidad de una articulación discursiva que signifique las diferentes identidades grupales como solidarias ante el saqueo sistemático perpetrado por las elites hegemónicas.

Es evidente que ese proceso de articulación es complejo y sólo puede llevarse a cabo en condiciones adversas. Pero lo que para la “gente” es imposible no lo es por necesidad para este “sujeto popular”. La “urgencia económica”, por otra parte, no puede constituirse legítimamente en un pretexto para ser conservadores: la mejor manera de no poder satisfacer esa urgencia es aceptar la ofensiva actual del capitalismo, comenzando por las reducciones salariales en curso o los despidos masivos que dejan un saldo desastroso de desocupados y trabajadores precarios. Así pues, ¿no es, precisamente, la realidad actual el paisaje más evidente de lo que nuestras “urgencias” provocan?

Puesto que vivimos en el  paisaje de la derrota nuestro horizonte es hacer de ésta un punto de partida. Una huelga general indefinida no arroja al vacío a nadie, entre otras cosas, porque ya estamos en el vacío (de oportunidades vitales, de autonomía, de justicia). Millones de humanos están muriéndose de hambre e indiferencia. Optar por la certidumbre de la servidumbre no deja de ser un consuelo penoso.

Afortunadamente, no estamos condenados a esa decisión. Pedir lo “imposible” es abrirnos a otras posibilidades históricas. La posibilidad de la frustración no es exclusiva al deseo revolucionario; de hecho, nuestras añoranzas más profundas están siendo frustradas cada día. Si la normalidad no es nada distinto al crimen institucionalizado, la rehabilitación de lo imposible es, precisamente, esa promesa de libertad que necesitamos para que nuestra vida sea algo más que mera supervivencia en las ruinas del presente.

Arturo Borra

A propósito de los cheamtrails

La economía política del sacrificio (V): el signo de la catástrofe

 

-I-

Constatar la existencia de una sociedad escombrada, la perpetuación de una realidad histórica marcada por el signo de la catástrofe social y ecológica, no implica entregarse al desaliento. Puede ser punto de inicio de una lucha entusiasta por transformar lo que es producto de específicas intervenciones humanas, sin que eso se convierta en un facilista “llamado a la acción”, como si ésta fuera intrínsecamente superadora de lo que cuestiona. La elaboración de nuestras herramientas teóricas, en este sentido, tiene relevancia en la práctica política: constituye una dimensión central en la producción de nuestras luchas colectivas. Aunque grosso modo la crítica al capitalismo suscite adhesiones rápidas en el seno de la izquierda, las argumentaciones y categorías que sostienen esa crítica divergen en puntos significativos y no podría ser de otro modo cuando se trata de dar cuenta de las complejidades del presente. De ahí que una política de izquierdas que se sustraiga del debate teórico esté condenada a la ceguera, a no ver las líneas de fuerza de un desastre global inédito que las políticas neoconservadoras hegemónicas no hacen sino agravar.

 

Formulemos, en este debate abierto, una primera tesis de partida: la extraordinaria concentración de poder económico, político y cultural por parte de determinadas élites mundiales nos arroja a una situación drástica sin precedentes, en la que las coordenadas materiales más primarias de la existencia social están en riesgo. La destrucción irreversible del medio ambiente y la proliferación de desequilibrios ecológicos (contaminación, radioactividad, sustancias tóxicas, derrames de petróleo, accidentes nucleares, cambio climático, etc.), el creciente control privado de los alimentos básicos, la especulación sobre las materias primas, el riesgo sostenido de pandemias y hambrunas de largo alcance, el aumento de las desigualdades económicas y de la miseria, la proliferación de guerras “humanitarias” que implantan pseudo-democracias tuteladas con cientos de miles de desplazados y decenas de nuevos propietarios, por mencionar sólo algunos fenómenos actuales, ilustran ese estado de emergencia generalizado y permanente. No se trata de fatalidades ante las que sólo cabría la resignación o, a lo sumo, la buena disposición para la “ayuda humanitaria”. Las catástrofes –con efectos imprevisibles a largo plazo- son la contracara necesaria del  proceso de modernización tecno-económica y político-militar en el marco de la globalización capitalista. La catástrofe cuenta cada vez más como escenario ideal propicio para intervenciones neocolonizadoras, producto de una planificación estratégica en la que participan, en una alianza inconfesable pero evidente, tanto diferentes cúpulas del poder económico-financiero trasnacional como distintas autoridades gubernamentales a nivel mundial, convertidas en gerencias de la política como negociado.

La sociedad del sacrificio es una sociedad catastrófica. No es nada a futuro: ironizando sobre las “profecías apocalípticas” que atribuyen al pesimismo ecologista e izquierdista, el discurso hegemónico evita tener que dar cuenta de los cataclismos locales con efectos globales de largo alcance. El optimismo ilimitado de sus portavoces no sólo minimiza el desastre que están provocando de forma sistemática: tampoco dudan en sacrificar a los otros en nombre del “progreso”. En un ejercicio cínico, insistirán con su retórica edificante de “sano sentido común”: negar que también lo que nos vemos nos afecta de forma dramática. No importa que las huellas de este crimen que se perpetra cada día proliferen: insistirán en que es parte de nuestro delirio. A esta acusación no tenemos más remedio que hacerla nuestra. Tras este “camino delirante”, sin embargo, lo que encontramos es la verdad de lo increíble: un sistema que tiene como condición de reproducción la creación de catástrofes.

 

No es preciso llegar a la hipótesis maximalista de un “mega-proyecto de control” centralizado, dirigido por un Amo siniestro, para sostener que la catástrofe, demasiado a menudo, no constituye una consecuencia de fenómenos naturales independientes a nuestro control (un mero accidente que escapa al dominio humano) sino que está ligado, de forma compleja, a unas decisiones planificadas en función de diversos réditos políticos, económicos y culturales. Ello tiene al menos dos implicaciones teóricas diferentes y complementarias: en primer lugar, no hay ningún gran Otro que otorgue inteligibilidad última a una multiplicidad de intervenciones de alcance impredecible y, en segundo lugar, en tanto multiplicidad, nos permite concebir la posibilidad de incompatibilidades y conflictos entre estas intervenciones (lo que, de algún modo, abre determinadas grietas históricas sobre las que debería incidir una política de izquierdas). Este modo de operación descentrado crea mayor impredictibilidad: la incertidumbre objetiva que produce no puede ser resuelta apelando a un sujeto soberano –más o menos perverso- que conocería los planes desde el principio. “En la sociedad del riesgo «postmoderna» ya no hay «mano invisible» (…). No sólo desconocemos el sentido final de nuestros actos, sino que no existe ningún mecanismo global que regule nuestras interacciones (…)” (1).

 

¿Se agota ahí lo central de nuestro presente? Negada la Gran Conspiración, ¿deberíamos por ello privarnos de extraer las conclusiones radicales que conlleva la tendencia de las élites mundiales a construir centros integrados de poder, de manera de afrontar con mayor eficacia sus proyectos a escala global? Es claro que no. La tesis formulada por Marx referente a la tendencia monopólica del capital sugiere que es en esa dirección por donde tenemos que avanzar. Para formularlo en términos contemporáneos: ¿qué implicaciones teóricas y prácticas tiene la fagocitación de industrias locales por parte de grandes corporaciones trasnacionales, esto es, la llamada “integración de negocios” para aumentar el “valor agregado”, la “sinergia” de capitales que participan en diversos sectores económicos con el objetivo de controlar la mayor parte de la “cadena de valor”? Como proceso que de facto se está produciendo a nivel mundial, ligado a la concentración de capitales y a la diversificación de sus inversiones, ¿no debería advertirnos sobre una creciente centralización de las decisiones en un número relativamente reducido de corporaciones? ¿Qué vínculo se plantea entre estos procesos y la producción científico-tecnológica patrocinada fundamentalmente por sectores privados? Y finalmente, ¿qué consecuencias políticas produce el hecho de que esas mismas corporaciones ejerzan presiones concretas sobre los grupos gobernantes para promover decisiones afines -en materia de leyes, inversiones de base, subvenciones, alianzas estratégicas, etc.- tanto a nivel nacional como internacional?

Dar una respuesta exhaustiva a tales preguntas excede estas reflexiones preliminares. Hay suficientes trabajos de investigación, incluyendo excelente material audiovisual (2), que permite responder de forma tentativa. Por mi parte, me limitaré a señalar que negar la capacidad de operación de esas élites económico-financieras es, sencillamente, desconocer la pronunciada acumulación de poder que a escala planetaria se ha producido en las últimas décadas. No por moverse en una zona de opacidad tales agentes económicos dejan de ser decisivos en la construcción del presente. Lo sabemos por los estragos materiales que las decisiones de estos grupos generan a nivel global: especulación financiera y evasión a gran escala, guerras a medida, engaños sistemáticos a la llamada “opinión pública”, terrorismo estatal y paraestatal (incluyendo asesinatos selectivos y atentados de falsa bandera), tráfico de armamento y estupefacientes, redes de tráfico y trata de personas, monopolios en los mercados de materias primas, financiación legal e ilegal a los principales partidos políticos, escalada de proyectos militares no convencionales, restricción de principios constitucionales fundamentales, entre otros. Es claro que estos ejemplos no son exhaustivos, pero permiten dimensionar el alcance del (des)control al que estamos expuestos.

 

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