Fotografía de Juan Rulfo
Sin otro ánimo que continuar un
debate complejo y multifacético, que es parte de las irresoluciones centrales del
presente, cabe referirse a la problemática de la interculturalidad, específicamente
en el contexto español, como un modo de interrogar nuestros vínculos con los
otros en condiciones histórico-sociales concretas y lo que hay de alteridad en
nosotros mismos. Si bien sería más preciso especificar múltiples otros (entre los que se construyen complejas relaciones
jerárquicas), en este trabajo no puedo más que esbozar semejante
especificación.
Mi hipótesis de partida es que tras
la proliferación de proyectos de orientación intercultural durante la primera
década del S. XXI en España (especialmente en el campo de la «mediación
intercultural»[i] y de las «pedagogías de la
interculturalidad»[ii]), la presente década está
marcada por un estancamiento institucional
de este tipo de iniciativas, cuando no por una manifiesta regresión[iii]. Para
decirlo de otra forma: los «proyectos
interculturales» en el actual contexto nacional están afectados por una crisis o
desestructuración radical que consolida el “cierre institucional” ante sujetos
culturalmente diversos, especialmente con respecto a los colectivos de inmigrantes
y refugiados. Desde luego, esa desestructuración se plantea en unas
condiciones políticas, jurídicas y policiales bastante inequívocas: la continuidad de las redadas
policiales (como la ocurrida en octubre de 2014 con el despliegue adicional de
16.000 efectivos policiales), el mantenimiento de los CIE o Centros de
Internamiento de Extranjeros (llamados también “pequeños Guantánamos”), la
política represiva de “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla (y la
iniciativa para legalizarlas), la denegación de asilo a la abrumadora mayoría
de solicitantes[iv], la fuerte restricción de
permisos de trabajo y residencia a inmigrantes extracomunitarios y las trabas
legales a comunitarios considerados “ciudadanos de segunda”, la supresión estatal
de los fondos de integración, la reducción drástica de los fondos de
cooperación y co-desarrollo, la restricción en el acceso al sistema sanitario a
inmigrantes irregulares y el recorte de las partidas destinadas a ONG y
asociaciones de ayuda a inmigrantes y refugiados, entre otras cuestiones. En
conjunto, estas decisiones configuran una política migratoria y de asilo de
signo claramente regresivo, sobre un trasfondo económico de transferencia
millonaria de recursos públicos a determinadas elites económico-financieras, el
incremento de las desigualdades sociales, la precarización del trabajo asalariado
en simultáneo a un nivel de desempleo escandaloso y, en general, la
consolidación de políticas económicas neoconservadoras.
Como metáfora del presente, el naufragio de la
interculturalidad es la contracara de un naufragio mucho más drástico: el de
miles de inmigrantes intentando arribar a las costas europeas. La indiferencia
ante esas muertes es también indicio del (no) lugar de esos otros (inermes). Hablar
de «crisis de la interculturalidad», sin embargo, exige algunas precisiones,
ante todo, porque las propias teorías de la interculturalidad no están exentas de disputas
y de cuestionamientos varios[v]. Si
bien el concepto de lo intercultural no permite dar cuenta de diferentes modos
de producción cultural co-presentes en una misma formación social, a mi
entender, se hace pertinente para referirse a un modo específico de vinculación
entre «culturas» relativamente diferenciadas. En ese sentido, no supone una
aceptación relativista de cualquier «diferencia cultural» ni coincide con el
concepto de «multiculturalidad». Como señala García Canclini (2008: 15): “Ambos
términos implican dos modos de producción de lo social: multiculturalidad supone aceptación de lo heterogéneo; interculturalidad implica que los
diferentes son lo que son en relaciones de negociación, conflicto y préstamos
recíprocos”[vi]. La
distinción, por tanto, puede trazarse con cierta precisión. Mientras la
cuestión de la interculturalidad se focaliza en la construcción de lo que Bahbha
llama «Tercer Espacio»[vii], a
partir de la interacción simétrica entre diferentes sujetos culturales, la
multiculturalidad remite a la coexistencia cultural, sin especificar el tipo de
vínculo –a menudo segregado- que se construye entre esas configuraciones
culturales. En un sentido estricto, lo intercultural supone una apertura
crítica ante el Otro y la creación de espacios comunitarios que posibiliten formas
de vinculación social igualitarias. El concepto de “interculturalidad” vendría
a salvaguardar una forma de afrontar la alteridad desde un horizonte dialógico,
plural y reflexivo y exige no sólo apostar por una crítica al etnocentrismo
colonial sino también reconocer el descentramiento de las diferentes posiciones
culturales[viii].
Si una de las críticas al multiculturalismo –ligado al
discurso políticamente correcto de la tolerancia[ix]- es
que tiende a desconocer las jerarquías institucionalizadas entre las culturas,
una política interculturalista apuntaría a la construcción de condiciones
igualitarias en una sociedad culturalmente plural[x]. La
distinción entre lo “multicultural” y lo “intercultural” sería así la
distinción entre una cuestión fáctica, ligada a la “lógica cultural del
capitalismo multinacional”[xi] y
una cuestión normativa, referida a la construcción de un marco institucional común para la convivencia democrática[xii],
centrando así la cuestión de la «ciudadanía» y, en particular, la creación de espacios
de comunicación, participación y decisión inclusivos.
Considerando la dinámica multicultural de la sociedad en la
que vivimos[xiii], la pregunta que
podríamos formular es la siguiente: ¿en qué medida y en qué posiciones nuestra formación
social está incluyendo a estos otros sujetos en el campo de las instituciones
públicas y privadas (sean políticas, económicas o culturales)? Para concretar
más esta cuestión, en un nivel muy básico, cabe detenerse en algunas dimensiones
que no están suficientemente consideradas al momento de trazar un mapa cultural del presente y que son, sin embargo,
sus condiciones de existencia. Como señala Avthar Brah “(…) las historias de
los grupos están inextricablemente unidas a las condiciones materiales de la
sociedad, por lo que las culturas están marcadas por las condiciones económicas
y sociales de cada grupo en las diversas etapas de su historia”[xiv]. En
este sentido, es relevante poner en relación los procesos culturales con esas
condiciones, sin que ello implique una visión determinista o economicista de lo
cultural.
Con estas precauciones, resulta pertinente preguntar por 1)
la posición de estos colectivos en la configuración de los mercados de trabajo
nacionales, 2) los procesos de racismo y xenofobia abierta y encubierta que se
plantean en la actualidad y las medidas que el estado está impulsando para
luchar contra estos procesos discriminatorios, 3) las políticas de inclusión de estos colectivos en las
instituciones públicas, incluyendo el sistema educativo y 4) la construcción discursiva
de las migraciones en los medios masivos de comunicación. Aunque podríamos
interrogarnos por otras dimensiones de la vida social, considero que estas
preguntas son pertinentes en tanto permiten analizar cómo instituimos a los
otros y en particular cómo se produce en la actualidad su inclusión real en lo
que llamamos «ciudadanía», con todas las ambigüedades que este término implica
en una sociedad en la que los antagonismos sociales -de clase, género, etnia o generación,
entre otros- no cesan de proliferar.
Si bien no puedo profundizar en cada eje problemático, algunos
lineamientos generales permiten dimensionar la magnitud de la problemática. En
primer lugar, es particularmente ilustrativa la referencia al campo laboral
español. Si de forma tendencial, en el contexto del capitalismo mundializado, los
flujos migratorios son gestionados por
los estados nacionales en función de necesidades específicas y cambiantes de
los mercados laborales (en tanto fuerza de trabajo de bajo coste destinada a
cubrir puestos de trabajo socialmente indeseados), en España esa gestión se
concreta bajo la forma de un claro «confinamiento sectorial» de estos flujos[xv]. Se
trata de un proceso de «inclusión subordinada» que incumple de forma manifiesta
la demanda de una igualdad material en el acceso y permanencia en el ámbito
laboral, insoslayable al momento de pensar una inclusión simétrica que, desde una perspectiva materialista de lo
cultural, está presupuesta en el concepto de «interculturalidad». La mentada
«gestión de la diversidad» en el empleo (que implica, ante todo, valorar la
diversidad cultural), regularmente no
pasa de una declaración de buenas intenciones que coexiste con lo que Wieviorka[xvi]
llama “inferiorización de los otros”, en tanto legitimación de una específica desigualdad
(determinada por la procedencia o la etnia), articulada a otras formas de desigualdad
social. Así, además de una tasa de pobreza mayor (que hoy afecta a cuatro de
cada diez sujetos migrantes[xvii]),
la tasa de paro también es significativamente mayor a la nacional. En concreto,
la diferencia entre trabajadores parados nacionales y extranjeros es del 11%,
al punto de suponer que más del 35% de trabajadores extranjeros está en
situación de desempleo. Asimismo, aproximadamente 8 de cada 10 de estos sujetos
“culturalmente diversos”, a pesar de tener un nivel de cualificación profesional
similar a los trabajadores españoles, están confinados en seis sectores de baja
cualificación (como hostelería, industria, comercio, servicio a
personas, agricultura y construcción)[xviii]. Apenas si hace falta insistir en que se trata de puestos de
trabajo donde la precariedad y la explotación propias del mercado actual se
incrementan a niveles extremos, incluyendo la persistencia de brechas
salariales en puestos similares a los que ocupan trabajadores nacionales, un mayor
índice de temporalidad o posiciones subordinadas en las estructuras
organizacionales, entre otras cuestiones[xix]. Por
lo demás, la segregación ocupacional de estos colectivos (y lo mismo
podría decirse con respecto a otros colectivos) queda reasegurada mediante la
representación estereotipada de la propia superioridad y la fijación de los
otros como amenaza laboral.
Esta cuestión conecta al segundo punto, referido a las
prácticas racistas y xenófobas y a las
medidas antidiscriminatorias elaboradas e implementadas por el estado nacional.
La cuestión no parece mejorar de forma sustantiva[xx]. Ante
todo, hay que señalar que al día de hoy no existe ninguna publicación de datos
estadísticos oficiales relativos a denuncias
y procesos penales de delitos racistas en territorio nacional. Semejante «invisibilidad
estadística» difícilmente puede favorecer el desarrollo de políticas
antidiscriminatorias, fundamental para la construcción de una sociedad intercultural.
No obstante, si tomamos los informes anuales elaborados por el Observatorio Español
del Racismo y la Xenofobia o los informes elaborados por diferentes entidades
sociales (como es el caso del “Informe RAXEN” del Movimiento contra la
Intolerancia, el informe “El racismo en el estado español” de SOS Racismo o el
“Informe de Derechos Humanos” de Amnistía Internacional), podemos trazar un mapa
bastante preocupante: por un lado, especialmente a partir de 2008, es
reconocible un importante aumento del racismo, la xenofobia y otras formas de
discriminación (particularmente, la islamofobia, el antisemitismo, la
gitanofobia, entre otras); por otro, resulta claro que la implicación del
estado español en la lucha contra esta constelación de prácticas, valores y
significaciones no sólo es insuficiente sino también inapropiada[xxi]. Ninguna
de estas formas de discriminación se asemeja en lo más mínimo a un horizonte de
«apertura intercultural». Como contrapartida, el estado español sigue sin desplegar
los medios necesarios para contrarrestar esta situación grave: no deja de ser
sintomática la ausencia de un Plan nacional de lucha contra el racismo, la
xenofobia y otras formas de discriminación (tanto en sus formas espontáneas
como en sus modalidades institucionales), por no hablar de la carencia o
escasez de políticas transversales de interculturalidad en las instituciones
públicas y privadas o la transformación del sistema judicial para que las
agresiones racistas dejen de ser juzgadas mayoritariamente como delitos comunes
(a pesar de algunos avances formales como la Ley de igualdad de trato y no discriminación)[xxii].
En cuanto al tercer punto, referido a la inclusión de los
colectivos migrantes y refugiados en las administraciones e instituciones
públicas, apenas disponemos de información dispersa, elaborada con otros fines.
El aparato estadístico oficial no nos permite reconstruir su posición en el
conjunto de las instituciones públicas, aunque sí sabemos que su participación
en estos ámbitos es claramente minoritaria[xxiii]. A
pesar de la abundancia de estadísticas relativas a empleo, la opacidad
informativa es recurrente. Incluso si quisiéramos determinar con precisión el
grado de participación y la posición relativa de estos colectivos dentro de los
ámbitos en que se han promovido proyectos de mediación intercultural o puesto
en marcha prácticas pedagógicas ligadas a la interculturalidad nos topamos con
serios escollos y no es posible hacer más que algunas aproximaciones parciales.
Ni siquiera estamos en condiciones de identificar qué grado de apertura real
existe en aquellos espacios institucionales que impulsaron el desarrollo de la
“interculturalidad”. Las preguntas, sin embargo, siguen abiertas: ¿qué
presencia tienen maestros y profesores inmigrantes y refugiados en las
instituciones educativas españolas, incluyendo el ámbito universitario?[xxiv]
¿Qué recuperación institucional se hace de sus experiencias pedagógicas e
investigativas que podrían aportar a la producción de una sociedad
intercultural? No deja de ser legítimo preguntarse si esa pedagogía no exigiría
como una de sus dimensiones centrales la inclusión de los otros no sólo como
objetos pedagógicos sino también como sujetos de la enseñanza y la
investigación. Algo análogo podría arriesgarse en torno al campo de la
«mediación intercultural»: ¿quiénes han sido los sujetos mediadores en los
proyectos municipales y asociativos implementados en territorio español en la
primera década de nuestro siglo y qué lugar les han dado a los otros? No parece
descabellado plantear como hipótesis de trabajo que, tendencialmente, la «clausura»
de las instituciones públicas ante estos sujetos culturalmente diversos sigue vigente,
incluyendo los espacios en que cabría esperar, como efecto de los proyectos que
impulsaron, una cierta erosión de ese cierre.
Finalmente, el cuarto punto referido a los medios masivos
de comunicación parece reafirmar esta lectura preliminar[xxv]. Las
construcciones discursivas hegemónicas que se articulan en el campo mediático significan
los fenómenos migratorios como una realidad homogénea, simple y unidimensional,
en la que pueden identificarse con claridad dos variantes: a) la que significa
la inmigración como “amenaza”, no sólo en un nivel laboral sino también en un
plano identitario y securitario y b) la que la asocia a “situaciones de extrema
vulnerabilidad”, especialmente de aquellos que categoriza como “sin papeles”. Tanto
el «discurso de la hostilidad» como el «discurso de la caridad» fijan a estos otros
(relacionados a específicas posiciones de clase) en una relación esencialmente
asimétrica. La desigualdad persiste como punto en común incuestionable: el Otro
aparece en una posición de inferioridad insalvable con respecto al propio grupo,
definido por esta distancia. El etnocentrismo se mantiene en ambas matrices,
aunque la primera sea más proclive a un giro abiertamente xenófobo y racista y
la segunda a un giro solidario. No es extraño incluso que un mismo sujeto sea representado,
simultáneamente, como “inmigrante ilegal” y “víctima del tráfico”[xxvi].
El punto de partida, en ambos casos, sería coincidente: la sobreproducción de
imágenes estereotipadas por parte de los discursos hegemónicos que -incluso si
fueran en ocasiones producto del mero desconocimiento antes que de una posición
ideológica de ultraderecha- contribuyen a la consolidación del racismo, la
xenofobia y otras formas discriminatorias, más o menos difusas pero persistentes.
En síntesis, por medios diferentes, nos topamos con una
realidad omnipresente: la marginación tendencial de trabajadores migrantes y
refugiados tanto en las instituciones públicas como en el ámbito privado. Si no
hay interculturalidad posible sin la transformación de la misma
institucionalidad, entonces, el reconocimiento abstracto de las diferencias
culturales es radicalmente insuficiente, en tanto coexiste de forma regular con
desigualdades efectivas determinadas por
cuestiones de etnia o procedencia. La transformación de lo multicultural en
intercultural es inconsecuente si no articula una política efectiva de igualdad
en los diferentes campos institucionales que configuran una sociedad[xxvii].
Desde luego, la clausura institucional ante las migraciones
es una modalidad estructural de larga duración y no es privativa a España. Sin
embargo, a pesar del actual ciclo migratorio negativo, la reconfiguración de la
sociedad española a partir de procesos migratorios de gran magnitud es un
fenómeno irrevocable. Ello debería ser razón suficiente para insistir en el
punto y más todavía cuando las actuales políticas de estado están reforzando la
membrana institucional, jurídica y policial que separa un «interior» cada vez
más autista de un «exterior» cada vez más desesperado y que, sin embargo, ya
está dentro.
Por esa misma razón, la defensa de la «interculturalidad» tampoco
basta si no se articula en una política emancipatoria que parta del
cuestionamiento a un régimen de privilegios
que estratifica de múltiples
formas lo social. Apenas podríamos avanzar en esa dirección si desconectamos un
específico proyecto intercultural de la transformación de unas estructuras políticas,
institucionales y económicas en las que una pluralidad de sujetos colectivos es
fijada en posiciones subalternas. Está todavía por investigar de forma más
detallada qué lugares institucionales (incluyendo medios de comunicación,
partidos políticos, sindicatos, empresas, ONG y asociaciones, instituciones
educativas, artísticas, científicas, etc.) se les reserva a estos sujetos
diversos. Podríamos ir más allá y preguntar qué valor tiene la
interculturalidad en el proyecto europeo hegemónico, o el grado de relevancia que
los estados otorgan a los sujetos migrantes y refugiados en la creación y gestión
de las instituciones (culturales, económicas y políticas) en el contexto de un «capitalismo
del saqueo» que arrasa con millones de vidas en su dinámica centrífuga.
Hay razones para suponer que los obstáculos institucionales
para una política intercultural son recurrentes y de carácter estructural. Las
mismas propuestas pedagógicas y de intervención que hacen pensable ese camino
están afectadas, en lo inmediato, por una crisis de financiación, pero también
y más a largo plazo, por unas regulaciones jurídicas y culturales que
dificultan el acceso igualitario a espacios de comunicación y decisión
efectivas de esos otros en nombre de los cuales estos dispositivos se autorizan.
Tras el estallido de discursos aperturistas, no deja de ser significativo no
sólo que no se hayan producido cambios favorables para la inclusión
institucional de estos colectivos, sino que hayamos ingresado en un período más
regresivo aún, que trata a buena parte de estos sujetos -por usar una expresión
de Bauman- como meros «deshechos de los derechos humanos»[xxviii].
Dentro de la actual economía política del sacrificio, la producción de nuevas
categorías de sujetos desechables no cesa de crecer, más allá de una cuestión
de procedencia cultural. Los procesos de marginación sistémica comprometen de
forma diferencial pero generalizada a las clases trabajadoras y medias. En ese
punto, más que ratificar una «política de identidad» que se limita a reclamar
«cuotas» o «cupos», se trata de incidir en las estructuras que producen estas desigualdades múltiples.
Dadas esas condiciones, los discursos de la
interculturalidad corren el riesgo de hacerse huecos o de convertirse en una mera
retórica de la diferencia, más o menos inocua y funcional, acorde a una visión
liberal que reconcilia en el papel lo que hace imposible en la práctica. Hacer
visible la clausura institucional presente, sin embargo, no conduce por fuerza
a abandonar este proyecto; más bien, es un modo concreto de reivindicarlo en
términos políticos, comenzando por asumir nuestra responsabilidad ante los
otros. Se trata, de este modo, de un proyecto que se inscribe en una demanda de
justicia más vasta y que convoca el espectro de una democracia desaparecida. Forma parte de ese gesto el intento de documentar
los modos específicos en que la clausura institucional ante las migraciones se
produce en cada contexto histórico. La buena nueva que hace más de una década
se celebró como «interculturalidad» es también la historia de una posibilidad
reprimida.
Arturo Borra
[1] Conviene recordar que el nacimiento de esta figura
profesional ha estado ligada al desarrollo de algunas iniciativas comunitarias
de fomento de igualdad de oportunidades, en el que han participado técnicos de
distintos proyectos europeos y de administraciones públicas, así como algunas asociaciones,
especialmente en Madrid, Cataluña y Andalucía. Así, a partir de 1996 se
conformó el “Grupo Triángulo”, quien puso en marcha programas de formación en
mediación intercultural, incluyendo Formación Superior en este área, así como
el Servicio de Mediación Social e Intercultural (SEMSI) en el Ayuntamiento de
Madrid, intervenciones de mediadores en el ámbito educativo de Cataluña y en
ONG´s en Andalucía. También en Valencia, desde 2008, se implementaron programas
de mediación intercultural y formación específica, actualmente interrumpida por
falta de recursos, creándose equipos de mediadores interculturales,
especialmente por parte de Ceinmigra y con el apoyo de la Universidad de
Valencia. Dentro del Tercer Sector, un importante compendio sobre «mediación
intercultural» ha sido elaborado por Andalucía Acoge, VVAA (2002): Mediación intercultural. Una propuesta para
la formación, Editorial Popular, Madrid. La «descentración», el
descubrimiento del «marco de referencia del otro» y la «negociación-mediación»
son definidos como parte de la «competencia intercultural» (op.cit., p. 19). En estas propuestas de
mediación, se plantea “(…) situar la comunicación como fundamento de las
relaciones entre personas de culturas diferentes y, en ella, recuperar la
palabra poniéndola en el centro (…)” (op.cit.,
p. 81) como posibilidad de negociación que haga posible la creación de un
espacio común.
[2] Un
resumen de algunas iniciativas y debates al respecto puede consultarse en VVAA
(2004): La formación del profesorado en
Educación Intercultural, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid
y Boqué Torremorell M. Carme (2005): Tiempo
de mediación, CEAC, Barcelona; VVAA (2012): Educación intercultural y comunidades de aprendizaje, Catarata,
Madrid, VVAA (2012): Estrategias de
atención a la diversidad cultural en educación, Catarata, Madrid.
[3] En 2011,
el mediador intercultural Francisco Morales (perteneciente a Andalucía Acoge,
una de las entidades que más impulsó este tipo de prácticas en España) lo
señalaba con claridad: “Vienen tiempos duros. La crisis económica está
sirviendo ya de pretexto para dar rienda suelta a los instintos más primarios,
aquellos que señalan al diferente como culpable de la situación. Se nos anuncian
reformas que recortarán derechos y harán más difícil la vida del inmigrante. Si
cuando el ciclo económico era bueno, eran necesarios, ahora que vienen mal
dadas, sobran”, (citado en Moreno Ramos [2012]: Conflicto y mediación, Axioma, p. 108). Es en esa fecha donde tanto
en Castilla La Mancha como en Madrid se cierran los SAMI.
[4] Para profundizar en esta cuestión, remito al Informe 2013
de CEAR (http://www.acnur.es/PDF/informetendenciasasilo2013_acnur_20140321121643.pdf)
y al informe 2013 de ACNUR (http://www.acnur.es/PDF/informetendenciasasilo2013_acnur_20140321121643.pdf).
[5] Siguiendo
a Perotti, los elementos centrales del interculturalismo implican la asunción
de una dimensión política del proyecto, el respeto por la diversidad, la
recreación de culturales en presencia y la emergencia de una nueva síntesis (en
Gimenez, Carlos y Malgesini, Graciela [2000]: Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad,
Catarata, Madrid, p. 258). No obstante, se señalan también algunos puntos
débiles: tiende a olvidar dimensiones socioeconómicas y jurídicas del debate y
las desigualdades en las interacciones marcadas por jerarquías etnoraciales
(estratificaciones intraculturales, sumadas a las de clase y género). También
Méndez Rubio señala algunas limitaciones al respecto en La apuesta invisible. Cultura, globalización y crítica cultural, Montesinos,
Madrid, 2003, pp. 192 y ss.
[6] Mientras las concepciones multiculturales admiten la
diversidad proponiendo políticas relativistas de respeto que conllevan
segregación, la interculturalidad supone confrontación y entrelazamiento, planteando
una dinámica de intercambio intergrupal (García Canclini, Néstor: Diferentes, desiguales y desconectados.
Mapas de la interculturalidad, Gedisa, Madrid, 2008, p. 15).
[7] Bahbha, Hommi (2002): El lugar de la cultura. Manantial,
Buenos Aires.
[8] En este sentido, referirse a la interculturalidad
remite al “conjunto de objetivos y valores que deberían guiar esos encuentros
[entre culturas diferenciadas]. Se trata no sólo de aceptar y respetar las
diferencias, sino también de valorar y educar a los ciudadanos en los
principios-guía de la convivencia entre sujetos culturalmente diversos” (José Luis García ,
“Interculturalidad” en VVAA: Diccionario
de relaciones interculturales. Diversidad y Globalización, Universidad
Complutense, Madrid. 2007, p. 205). Más adelante añade: “Los problemas de la
interculturalidad, lejos de concretarse en la coexistencia entre sujetos con
diferentes mentalidades, habilidades y prácticas, en los problemas interactivos
de comunicación o en la educación para magnificar los valores de todas las
culturas, se plasman en las consecuencias sociales de los mecanismos existentes
en los Estados nacionales para acoger, reconocer, dar derechos y exigir deberes
de ciudadanía a los individuos que conviven en su territorio, sin que la naturaleza
del origen les discrimine en la vida social” (op.cit., p. 207). Las ambigüedades, sin embargo, no quedan
saldadas, en tanto el autor reenvía la interculturalidad a “(…) la puesta en
práctica de un programa multiculturalista” (op.cit.,
p. 205), algo que, al reintroducir la indistinción entre los términos
aludidos, resulta inválido en este
contexto.
[9] La crítica radical a la
noción de «tolerancia» multiculturalista como credo liberal/demócrata ha sido
efectuada de forma mordaz por Zîzêk (ZÎZÊK, Slavoj: En defensa de la intolerancia, trad. J. Eraso Ceballos y A. Antón
Fernández, Sequitur, Madrid, 2009, p. 56): “(…) el multiculturalismo es una
forma inconfesada, invertida, auto-referencial de racismo, un «racismo que
mantiene las distancias»: «respeta» la identidad del Otro, lo concibe como una
comunidad «auténtica» y cerrada en sí misma respecto de la cuál él, el
multiculturalista, mantiene una distancia asentada sobre el privilegio de su
posición universal”.
[10] Una política de la
interculturalidad no permite resolver desigualdades que no están dadas por la
procedencia etnocultural sino por otras dimensiones identitarias (p.e. nuestra
condición de clase o género). Implica el riesgo de incluir a otros sujetos
culturales que, sin embargo, ocupan posiciones sociales dominantes,
reproduciendo otras desigualdades concretas mediante una estratagema
culturalista. El énfasis unilateral en esta política puede conducir, por tanto,
a la perpetuación de otras asimetrías de poder.
[11] Al
respecto, remito a Jameson F. y Zîzèk S. (1998): Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, Paidós,
Buenos Aires, p. 137 y ss.
[12] Un proyecto de
interculturalidad que no parta de una crítica
al etnocentrismo corre el riesgo de convertirse en una mera celebración de
la diversidad sin cuestionar las estructuras de desigualdad provocadas, en este caso, por la procedencia o la etnia.
[13] Según el último informe del
INE residen más de cuatro millones y medio de personas inmigrantes y refugiadas
en situación regular (por no referirnos a la pluralidad interna de la sociedad
española o al más de medio millón de personas en situación irregular). Por su
parte, el SEPE estima que en 2013 residían 5.546.238 de personas extranjeras,
que representan el 11,77% de la población total de España.
[14] Brah,
Avtar (2001): Cartografías de la
diáspora, trad. Jorge Ojeda, Traficantes
de sueños, Madrid.
[15] He
planteado esta cuestión en “La discriminación en el mercado laboral español.
Crisis capitalista y dualización social” (2011), en “Rebelión”, 14/08/2011,
versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133998, “Más allá del problema del paro: capitalismo
y marginación sistémica” (2012) y en “Rebelión”, 24/03/2012, versión electrónica
en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=146838.
[16] Wieviorka, Michel (2009): El
racismo: una introducción, trad. Antonio García Castro, Gedisa, Barcelona.
[17] Los datos pertenecen al INE (2013), en http://www.ine.es/prensa/np740.pdf.
[18] Siguiendo
el “Informe del Mercado de Trabajo de
los Extranjeros. Estatal. Datos 2013” ,
del SEPE (2014), los datos son inequívocos: de los 2.565800 contratos de
trabajo a extranjeros en 2013, el 67,24 % es en el sector de “servicios”,
mientras que el 23,14% es en “agricultura”. Sólo el 10,18 % ha sido indefinido.
Las ocupaciones mayoritarias han sido peones agrícolas, personal de limpieza y
empleados domésticos. La información puede consultarse en http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/IMT2014_Datos2013_Estatal_Extranjeros.pdf
[19] Así ocurre por ejemplo en
la agricultura en el caso de inmigrantes varones, donde los jornales de los
temporeros inmigrantes promedian los 15 € o en el sector doméstico, en el caso
de las mujeres, donde se incumplen las normas laborales más elementales,
comenzando por una amplísima proporción de trabajo sumergido.
[1] Me he referido a esta cuestión en “Operación
"borrado". ¿Quién da cuenta del racismo y la xenofobia en España?”
(2011), en “Rebelión”, 29/07/2011, versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133119.
[20] Aunque la cuestión es mucho
más compleja e irreductible a una cuestión estadística, es importante recordar
algunos datos del último informe de OBERATXE que muestran un alto grado de
rechazo hacia la población inmigrada y refugiada, especialmente cuando su
situación de clase es desfavorable. El 72% de la población española considera
“elevado” (33 %) o “excesivo” (39 %) el número de inmigrantes en España,
mientras que sólo el 23% considera que el número es “aceptable” y el 1%
“insuficiente”. Además, el 40 % está “muy de acuerdo” o “más bien de acuerdo”
con que un extranjero que sea parado de larga duración sea expulsado del país y
un 47% (contra un 48% que piensa lo contrario) que los españoles deben tener
preferencia en el acceso a la atención sanitaria. Asimismo, un 66 % de la
población considera “muy aceptable” o “bastante aceptable” que a la hora de
contratar un trabajador, tenga preferencia un español antes que un inmigrante (en
“Evolución del racismo y la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en
España”, Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones,
Madrid, 2013, pág. 31).
[21] Ya en 2010, Movimiento Contra
la Intolerancia insistía: “Los crímenes de odio se han convertido en un
fenómeno frecuente en muchos Estados participantes. Pero, por desgracia, la
escasez de datos sobre estos delitos hace que sea difícil evaluar el verdadero
alcance y la naturaleza del problema” (Informe Raxen 2010, pág. 92). Los
informes de la Red Europea de Información sobre Racismo y Xenofobia
contabilizan unos 4000 casos de agresiones racistas al año distribuidas por
todas las comunidades autónomas, propiciadas por miembros de la nueva
ultraderecha, aunque dichos datos distan de dar cuenta de la magnitud del
problema y no estén confirmados oficialmente. Según sus estimaciones, cada día
al menos 10 personas sufren una agresión física o verbal por motivos de raza,
etnia o nacionalidad (sin contar con los que son víctimas de la homofobia, el
sexismo y la aporofobia). A ello hay que sumar las más de 200 webs xenófobas y
neonazis que funcionan en territorio español, además del centenar de personas
asesinadas desde 1992, víctimas de delitos de odio.
[22] Siguiendo
el informe del SEPE ya citado, el numero de afiliaciones de extranjeros que
disponemos está tipificado del siguiente modo: “Actividades profesionales,
científica y técnica, especialmente médicos, profesores de idiomas y filólogos
y traductores (48.010), Administración pública, defensa y seguridad social
(12.854) y Educación (45.926). En total, unas 100000 afiliaciones estarían
ligadas a las instituciones públicas, representando aprox. un 6.5% del total,
aunque sin precisar si dichas afiliaciones pertenecen a extranjeros
comunitarios o extracomunitarios. No hay forma de determinar la posición
laboral de estos afiliados dentro de la AAPP o la Educación.
[23] Me he
ocupado del caso
universitario en “Reflexiones sobre el espacio universitario español. Noticias antiguas sobre la interculturalidad que no fue”
(2013), en “Rebelión”, 22/09/2013. versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=174337.
Tomando los últimos datos disponibles del INE, en el curso 2010-2011 de la
universidad pública española, participaron 102.378 profesores (11,5%
catedráticos, 37,2% titulares y el 30,0% asociados y el 21,4 % ayudantes,
contratados doctores, colaboradores y eméritos), del cual el 49,1% es personal
funcionario. No hay datos sobre el número e importancia relativa del
profesorado inmigrante y refugiado, así como de extranjeros nacionalizados. Por
su parte, el último informe “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español
(SUE)” del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no permite subsanar esta
omisión. Si bien dentro de la universidad pública han participado en 2013 616
profesores visitantes, no estamos en condiciones de determinar su procedencia o
su nacionalidad. Tampoco se especifica si en las otras categorías docentes
participan profesores de procedencia extranjera, como podría ser el caso de
colaboradores, ayudantes doctores, contratados doctores, personal investigador
u otros. En suma, por esta vía, resulta imposible determinar el nivel de
participación del profesorado extranjero en la universidad pública española. Lo
que resulta más significativo: ni siquiera remontándonos a la “Encuesta
Nacional de Inmigrantes 2007: una monografía”, estamos en condiciones de
mejorar nuestro conocimiento al respecto. En cuanto a los datos ministeriales,
la información que disponemos es selectiva y sólo incluye referencias al
“Programa de movilidad del profesorado de máster y doctorado” en la que han
participado más de 3000 personas. En ese respecto, el informe especifica la
procedencia de los participantes: “La mayor parte de los beneficiarios de este
programa son profesores con nacionalidad española o de algún país miembro de la
UE 27” .
Más adelante, precisa las nacionalidades de los beneficiarios del programa de
movilidad tanto en doctorados como en másteres oficiales respectivamente:
España (23,9 % / 35,5%), UE-27 (49,4 %/ 45,2%), EEUU y Canadá (11,6%/ 8,7%),
América Latina y Caribe (9,2 % / 6.1%), Asia y Oceanía (2,3%/ 1,4%), Resto de
Europa (3,4%/ 2,9%) y África (0,1% /0,3 %). Solamente España, UE, EEUU y Canadá
se aproximan al 85% del total.
[24] He
profundizado en esta cuestión en “Anotaciones sobre la construcción simbólica
de las migraciones”, en “Rebelión”, 24/10/2014, versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191193.
[25] A modo de ejemplo, es
pertinente recuperar algunos titulares de prensa, especialmente elocuentes:
“Rutas de inmigración ilegal hacia España” (“El País”, 17/03/2014, en http://elpais.com/elpais/2014/03/17/media/1395083592_131640.html),
o “Rescatados en el Estrecho 835 inmigrantes, entre ellos 30 menores” (“El
País”, 12/08/2014, en http://politica.elpais.com/politica/2014/08/12/actualidad/1407829246_971909.html),
donde el periódico hace alusión a una “avalancha de inmigrantes” (sic). El
periódico “El Mundo” apela a titulares similares: “Melilla, puerta de la
inmigración ilegal más allá de la valla” (8/12/2013, en http://www.elmundo.es/espana/2013/12/08/52a453320ab740b7768b4580.html)
o “270 detenidos en la operación contra la inmigración ilegal” (“El Mundo”,
8/09/2014, en http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/08/540ded14ca4741f2688b4591.html).
[26] Para profundizar en la noción de «articulación» remito a Laclau,
Ernesto y Mouffe, Chantal: Hegemonía y
estrategia socialista, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004.
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