viernes, 13 de febrero de 2015

«El último» -una adaptación de «Si esto es un hombre», de Primo Levi



La asfixia es cada vez más indisimulable. Como el autismo. Como si ante el sufrimiento anónimo no supiéramos más que reforzar la membrana, reafirmarnos como mónadas, invocar el miedo a la catástrofe para ocultar el hecho de que ya estamos en esa situación donde vivir se parece cada vez más -para una multitud de seres humanos- a la mera supervivencia.
 
Afirmaciones semejantes suscitan risas defensivas. Pero la risa tampoco detiene la locomotora de la historia, cada vez más descontrolada, enfilada al desastre ecológico y social. Como dijo alguna vez Walter Benjamin, quizás lo revolucionario sea que la humanidad que viaja en ese tren pueda accionar el freno de emergencia.
 
 

martes, 20 de enero de 2015

«Seis metros»


Ajeno a los espacios de placidez donde solemos refugiarnos, de forma cada vez más visible, persiste un mundo sangrante, rasgado por lo injusto. No todo se agota en una interioridad esférica, perfecta, fuera del daño, entregada a un goce mortífero cuando se cierra sobre sí misma, como una mónada indiferente a los demás. Me niego a eludir esas otras referencias centrales que horadan nuestra complacencia. Seguramente uno responde mal a la exigencia ética de no desentenderse de todo ese dolor anónimo. Mil veces no estaremos a la altura de esa exigencia. Pero aun así, somos mucho/as los que no nos contentamos con fingir que todo eso no existe, que “todo marcha bien”. Algo va hacia el desastre. Lo estamos llevando ahí, arrastrando a tantos. Eso no es erigirse en portavoz del Otro. Nadie puede instalarse ahí como no sea con una secreta vocación mesiánica. Y, sin embargo, los otros existen. Sufren. Mueren. Aquí un pequeño recordatorio de algunos de ellos...

 

viernes, 9 de enero de 2015

«La interculturalidad en crisis: clausura institucional y migraciones»- Arturo Borra


Fotografía de Juan Rulfo
 
 
Sin otro ánimo que continuar un debate complejo y multifacético, que es parte de las irresoluciones centrales del presente, cabe referirse a la problemática de la interculturalidad, específicamente en el contexto español, como un modo de interrogar nuestros vínculos con los otros en condiciones histórico-sociales concretas y lo que hay de alteridad en nosotros mismos. Si bien sería más preciso especificar múltiples otros (entre los que se construyen complejas relaciones jerárquicas), en este trabajo no puedo más que esbozar semejante especificación.  

Mi hipótesis de partida es que tras la proliferación de proyectos de orientación intercultural durante la primera década del S. XXI en España (especialmente en el campo de la «mediación intercultural»[i] y de las «pedagogías de la interculturalidad»[ii]), la presente década está marcada por un estancamiento institucional de este tipo de iniciativas, cuando no por una manifiesta regresión[iii]. Para decirlo de otra forma: los «proyectos interculturales» en el actual contexto nacional están afectados por una crisis o desestructuración radical que consolida el “cierre institucional” ante sujetos culturalmente diversos, especialmente con respecto a los colectivos de inmigrantes y refugiados. Desde luego, esa desestructuración se plantea en unas condiciones políticas, jurídicas y policiales bastante inequívocas: la continuidad de las redadas policiales (como la ocurrida en octubre de 2014 con el despliegue adicional de 16.000 efectivos policiales), el mantenimiento de los CIE o Centros de Internamiento de Extranjeros (llamados también “pequeños Guantánamos”), la política represiva de “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla (y la iniciativa para legalizarlas), la denegación de asilo a la abrumadora mayoría de solicitantes[iv], la fuerte restricción de permisos de trabajo y residencia a inmigrantes extracomunitarios y las trabas legales a comunitarios considerados “ciudadanos de segunda”, la supresión estatal de los fondos de integración, la reducción drástica de los fondos de cooperación y co-desarrollo, la restricción en el acceso al sistema sanitario a inmigrantes irregulares y el recorte de las partidas destinadas a ONG y asociaciones de ayuda a inmigrantes y refugiados, entre otras cuestiones. En conjunto, estas decisiones configuran una política migratoria y de asilo de signo claramente regresivo, sobre un trasfondo económico de transferencia millonaria de recursos públicos a determinadas elites económico-financieras, el incremento de las desigualdades sociales, la precarización del trabajo asalariado en simultáneo a un nivel de desempleo escandaloso y, en general, la consolidación de políticas económicas neoconservadoras.  

Como metáfora del presente, el naufragio de la interculturalidad es la contracara de un naufragio mucho más drástico: el de miles de inmigrantes intentando arribar a las costas europeas. La indiferencia ante esas muertes es también indicio del (no) lugar de esos otros (inermes). Hablar de «crisis de la interculturalidad», sin embargo, exige algunas precisiones, ante todo, porque las propias teorías de la interculturalidad no están exentas de disputas y de cuestionamientos varios[v]. Si bien el concepto de lo intercultural no permite dar cuenta de diferentes modos de producción cultural co-presentes en una misma formación social, a mi entender, se hace pertinente para referirse a un modo específico de vinculación entre «culturas» relativamente diferenciadas. En ese sentido, no supone una aceptación relativista de cualquier «diferencia cultural» ni coincide con el concepto de «multiculturalidad». Como señala García Canclini (2008: 15): “Ambos términos implican dos modos de producción de lo social: multiculturalidad supone aceptación de lo heterogéneo; interculturalidad implica que los diferentes son lo que son en relaciones de negociación, conflicto y préstamos recíprocos”[vi]. La distinción, por tanto, puede trazarse con cierta precisión. Mientras la cuestión de la interculturalidad se focaliza en la construcción de lo que Bahbha llama «Tercer Espacio»[vii], a partir de la interacción simétrica entre diferentes sujetos culturales, la multiculturalidad remite a la coexistencia cultural, sin especificar el tipo de vínculo –a menudo segregado- que se construye entre esas configuraciones culturales. En un sentido estricto, lo intercultural supone una apertura crítica ante el Otro y la creación de espacios comunitarios que posibiliten formas de vinculación social igualitarias. El concepto de “interculturalidad” vendría a salvaguardar una forma de afrontar la alteridad desde un horizonte dialógico, plural y reflexivo y exige no sólo apostar por una crítica al etnocentrismo colonial sino también reconocer el descentramiento de las diferentes posiciones culturales[viii] 

Si una de las críticas al multiculturalismo –ligado al discurso políticamente correcto de la tolerancia[ix]- es que tiende a desconocer las jerarquías institucionalizadas entre las culturas, una política interculturalista apuntaría a la construcción de condiciones igualitarias en una sociedad culturalmente plural[x]. La distinción entre lo “multicultural” y lo “intercultural” sería así la distinción entre una cuestión fáctica, ligada a la “lógica cultural del capitalismo multinacional”[xi] y una cuestión normativa, referida a la construcción de un marco institucional común para la convivencia democrática[xii], centrando así la cuestión de la «ciudadanía» y, en particular, la creación de espacios de comunicación, participación y decisión inclusivos.  

Considerando la dinámica multicultural de la sociedad en la que vivimos[xiii], la pregunta que podríamos formular es la siguiente: ¿en qué medida y en qué posiciones nuestra formación social está incluyendo a estos otros sujetos en el campo de las instituciones públicas y privadas (sean políticas, económicas o culturales)? Para concretar más esta cuestión, en un nivel muy básico, cabe detenerse en algunas dimensiones que no están suficientemente consideradas al momento de trazar un mapa cultural del presente y que son, sin embargo, sus condiciones de existencia. Como señala Avthar Brah “(…) las historias de los grupos están inextricablemente unidas a las condiciones materiales de la sociedad, por lo que las culturas están marcadas por las condiciones económicas y sociales de cada grupo en las diversas etapas de su historia”[xiv]. En este sentido, es relevante poner en relación los procesos culturales con esas condiciones, sin que ello implique una visión determinista o economicista de lo cultural.  

Con estas precauciones, resulta pertinente preguntar por 1) la posición de estos colectivos en la configuración de los mercados de trabajo nacionales, 2) los procesos de racismo y xenofobia abierta y encubierta que se plantean en la actualidad y las medidas que el estado está impulsando para luchar contra estos procesos discriminatorios, 3) las políticas de inclusión de estos colectivos en las instituciones públicas, incluyendo el sistema educativo y 4) la construcción discursiva de las migraciones en los medios masivos de comunicación. Aunque podríamos interrogarnos por otras dimensiones de la vida social, considero que estas preguntas son pertinentes en tanto permiten analizar cómo instituimos a los otros y en particular cómo se produce en la actualidad su inclusión real en lo que llamamos «ciudadanía», con todas las ambigüedades que este término implica en una sociedad en la que los antagonismos sociales -de clase, género, etnia o generación, entre otros- no cesan de proliferar.  

Si bien no puedo profundizar en cada eje problemático, algunos lineamientos generales permiten dimensionar la magnitud de la problemática. En primer lugar, es particularmente ilustrativa la referencia al campo laboral español. Si de forma tendencial, en el contexto del capitalismo mundializado, los flujos migratorios son gestionados por los estados nacionales en función de necesidades específicas y cambiantes de los mercados laborales (en tanto fuerza de trabajo de bajo coste destinada a cubrir puestos de trabajo socialmente indeseados), en España esa gestión se concreta bajo la forma de un claro «confinamiento sectorial» de estos flujos[xv]. Se trata de un proceso de «inclusión subordinada» que incumple de forma manifiesta la demanda de una igualdad material en el acceso y permanencia en el ámbito laboral, insoslayable al momento de pensar una inclusión simétrica que, desde una perspectiva materialista de lo cultural, está presupuesta en el concepto de «interculturalidad». La mentada «gestión de la diversidad» en el empleo (que implica, ante todo, valorar la diversidad cultural), regularmente no pasa de una declaración de buenas intenciones que coexiste con lo que Wieviorka[xvi] llama “inferiorización de los otros”, en tanto legitimación de una específica desigualdad (determinada por la procedencia o la etnia), articulada a otras formas de desigualdad social. Así, además de una tasa de pobreza mayor (que hoy afecta a cuatro de cada diez sujetos migrantes[xvii]), la tasa de paro también es significativamente mayor a la nacional. En concreto, la diferencia entre trabajadores parados nacionales y extranjeros es del 11%, al punto de suponer que más del 35% de trabajadores extranjeros está en situación de desempleo. Asimismo, aproximadamente 8 de cada 10 de estos sujetos “culturalmente diversos”, a pesar de tener un nivel de cualificación profesional similar a los trabajadores españoles, están confinados en seis sectores de baja cualificación (como hostelería, industria, comercio, servicio a personas, agricultura y construcción)[xviii]. Apenas si hace falta insistir en que se trata de puestos de trabajo donde la precariedad y la explotación propias del mercado actual se incrementan a niveles extremos, incluyendo la persistencia de brechas salariales en puestos similares a los que ocupan trabajadores nacionales, un mayor índice de temporalidad o posiciones subordinadas en las estructuras organizacionales, entre otras cuestiones[xix]. Por lo demás, la segregación ocupacional de estos colectivos (y lo mismo podría decirse con respecto a otros colectivos) queda reasegurada mediante la representación estereotipada de la propia superioridad y la fijación de los otros como amenaza laboral.  

Esta cuestión conecta al segundo punto, referido a las prácticas racistas y xenófobas y a las medidas antidiscriminatorias elaboradas e implementadas por el estado nacional. La cuestión no parece mejorar de forma sustantiva[xx]. Ante todo, hay que señalar que al día de hoy no existe ninguna publicación de datos estadísticos oficiales relativos a denuncias y procesos penales de delitos racistas en territorio nacional. Semejante «invisibilidad estadística» difícilmente puede favorecer el desarrollo de políticas antidiscriminatorias, fundamental para la construcción de una sociedad intercultural. No obstante, si tomamos los informes anuales elaborados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia o los informes elaborados por diferentes entidades sociales (como es el caso del “Informe RAXEN” del Movimiento contra la Intolerancia, el informe “El racismo en el estado español” de SOS Racismo o el “Informe de Derechos Humanos” de Amnistía Internacional), podemos trazar un mapa bastante preocupante: por un lado, especialmente a partir de 2008, es reconocible un importante aumento del racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación (particularmente, la islamofobia, el antisemitismo, la gitanofobia, entre otras); por otro, resulta claro que la implicación del estado español en la lucha contra esta constelación de prácticas, valores y significaciones no sólo es insuficiente sino también inapropiada[xxi]. Ninguna de estas formas de discriminación se asemeja en lo más mínimo a un horizonte de «apertura intercultural». Como contrapartida, el estado español sigue sin desplegar los medios necesarios para contrarrestar esta situación grave: no deja de ser sintomática la ausencia de un Plan nacional de lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación (tanto en sus formas espontáneas como en sus modalidades institucionales), por no hablar de la carencia o escasez de políticas transversales de interculturalidad en las instituciones públicas y privadas o la transformación del sistema judicial para que las agresiones racistas dejen de ser juzgadas mayoritariamente como delitos comunes (a pesar de algunos avances formales como la Ley de igualdad de trato y no discriminación)[xxii] 

En cuanto al tercer punto, referido a la inclusión de los colectivos migrantes y refugiados en las administraciones e instituciones públicas, apenas disponemos de información dispersa, elaborada con otros fines. El aparato estadístico oficial no nos permite reconstruir su posición en el conjunto de las instituciones públicas, aunque sí sabemos que su participación en estos ámbitos es claramente minoritaria[xxiii]. A pesar de la abundancia de estadísticas relativas a empleo, la opacidad informativa es recurrente. Incluso si quisiéramos determinar con precisión el grado de participación y la posición relativa de estos colectivos dentro de los ámbitos en que se han promovido proyectos de mediación intercultural o puesto en marcha prácticas pedagógicas ligadas a la interculturalidad nos topamos con serios escollos y no es posible hacer más que algunas aproximaciones parciales. Ni siquiera estamos en condiciones de identificar qué grado de apertura real existe en aquellos espacios institucionales que impulsaron el desarrollo de la “interculturalidad”. Las preguntas, sin embargo, siguen abiertas: ¿qué presencia tienen maestros y profesores inmigrantes y refugiados en las instituciones educativas españolas, incluyendo el ámbito universitario?[xxiv] ¿Qué recuperación institucional se hace de sus experiencias pedagógicas e investigativas que podrían aportar a la producción de una sociedad intercultural? No deja de ser legítimo preguntarse si esa pedagogía no exigiría como una de sus dimensiones centrales la inclusión de los otros no sólo como objetos pedagógicos sino también como sujetos de la enseñanza y la investigación. Algo análogo podría arriesgarse en torno al campo de la «mediación intercultural»: ¿quiénes han sido los sujetos mediadores en los proyectos municipales y asociativos implementados en territorio español en la primera década de nuestro siglo y qué lugar les han dado a los otros? No parece descabellado plantear como hipótesis de trabajo que, tendencialmente, la «clausura» de las instituciones públicas ante estos sujetos culturalmente diversos sigue vigente, incluyendo los espacios en que cabría esperar, como efecto de los proyectos que impulsaron, una cierta erosión de ese cierre.  

Finalmente, el cuarto punto referido a los medios masivos de comunicación parece reafirmar esta lectura preliminar[xxv]. Las construcciones discursivas hegemónicas que se articulan en el campo mediático significan los fenómenos migratorios como una realidad homogénea, simple y unidimensional, en la que pueden identificarse con claridad dos variantes: a) la que significa la inmigración como “amenaza”, no sólo en un nivel laboral sino también en un plano identitario y securitario y b) la que la asocia a “situaciones de extrema vulnerabilidad”, especialmente de aquellos que categoriza como “sin papeles”. Tanto el «discurso de la hostilidad» como el «discurso de la caridad» fijan a estos otros (relacionados a específicas posiciones de clase) en una relación esencialmente asimétrica. La desigualdad persiste como punto en común incuestionable: el Otro aparece en una posición de inferioridad insalvable con respecto al propio grupo, definido por esta distancia. El etnocentrismo se mantiene en ambas matrices, aunque la primera sea más proclive a un giro abiertamente xenófobo y racista y la segunda a un giro solidario. No es extraño incluso que un mismo sujeto sea representado, simultáneamente, como “inmigrante ilegal” y “víctima del tráfico”[xxvi]. El punto de partida, en ambos casos, sería coincidente: la sobreproducción de imágenes estereotipadas por parte de los discursos hegemónicos que -incluso si fueran en ocasiones producto del mero desconocimiento antes que de una posición ideológica de ultraderecha- contribuyen a la consolidación del racismo, la xenofobia y otras formas discriminatorias, más o menos difusas pero persistentes.  

En síntesis, por medios diferentes, nos topamos con una realidad omnipresente: la marginación tendencial de trabajadores migrantes y refugiados tanto en las instituciones públicas como en el ámbito privado. Si no hay interculturalidad posible sin la transformación de la misma institucionalidad, entonces, el reconocimiento abstracto de las diferencias culturales es radicalmente insuficiente, en tanto coexiste de forma regular con desigualdades efectivas determinadas por cuestiones de etnia o procedencia. La transformación de lo multicultural en intercultural es inconsecuente si no articula una política efectiva de igualdad en los diferentes campos institucionales que configuran una sociedad[xxvii] 

Desde luego, la clausura institucional ante las migraciones es una modalidad estructural de larga duración y no es privativa a España. Sin embargo, a pesar del actual ciclo migratorio negativo, la reconfiguración de la sociedad española a partir de procesos migratorios de gran magnitud es un fenómeno irrevocable. Ello debería ser razón suficiente para insistir en el punto y más todavía cuando las actuales políticas de estado están reforzando la membrana institucional, jurídica y policial que separa un «interior» cada vez más autista de un «exterior» cada vez más desesperado y que, sin embargo, ya está dentro.  

Por esa misma razón, la defensa de la «interculturalidad» tampoco basta si no se articula en una política emancipatoria que parta del cuestionamiento a un régimen de privilegios que estratifica de múltiples formas lo social. Apenas podríamos avanzar en esa dirección si desconectamos un específico proyecto intercultural de la transformación de unas estructuras políticas, institucionales y económicas en las que una pluralidad de sujetos colectivos es fijada en posiciones subalternas. Está todavía por investigar de forma más detallada qué lugares institucionales (incluyendo medios de comunicación, partidos políticos, sindicatos, empresas, ONG y asociaciones, instituciones educativas, artísticas, científicas, etc.) se les reserva a estos sujetos diversos. Podríamos ir más allá y preguntar qué valor tiene la interculturalidad en el proyecto europeo hegemónico, o el grado de relevancia que los estados otorgan a los sujetos migrantes y refugiados en la creación y gestión de las instituciones (culturales, económicas y políticas) en el contexto de un «capitalismo del saqueo» que arrasa con millones de vidas en su dinámica centrífuga.  

Hay razones para suponer que los obstáculos institucionales para una política intercultural son recurrentes y de carácter estructural. Las mismas propuestas pedagógicas y de intervención que hacen pensable ese camino están afectadas, en lo inmediato, por una crisis de financiación, pero también y más a largo plazo, por unas regulaciones jurídicas y culturales que dificultan el acceso igualitario a espacios de comunicación y decisión efectivas de esos otros en nombre de los cuales estos dispositivos se autorizan. Tras el estallido de discursos aperturistas, no deja de ser significativo no sólo que no se hayan producido cambios favorables para la inclusión institucional de estos colectivos, sino que hayamos ingresado en un período más regresivo aún, que trata a buena parte de estos sujetos -por usar una expresión de Bauman- como meros «deshechos de los derechos humanos»[xxviii]. Dentro de la actual economía política del sacrificio, la producción de nuevas categorías de sujetos desechables no cesa de crecer, más allá de una cuestión de procedencia cultural. Los procesos de marginación sistémica comprometen de forma diferencial pero generalizada a las clases trabajadoras y medias. En ese punto, más que ratificar una «política de identidad» que se limita a reclamar «cuotas» o «cupos», se trata de incidir en las estructuras que producen estas desigualdades múltiples. 

Dadas esas condiciones, los discursos de la interculturalidad corren el riesgo de hacerse huecos o de convertirse en una mera retórica de la diferencia, más o menos inocua y funcional, acorde a una visión liberal que reconcilia en el papel lo que hace imposible en la práctica. Hacer visible la clausura institucional presente, sin embargo, no conduce por fuerza a abandonar este proyecto; más bien, es un modo concreto de reivindicarlo en términos políticos, comenzando por asumir nuestra responsabilidad ante los otros. Se trata, de este modo, de un proyecto que se inscribe en una demanda de justicia más vasta y que convoca el espectro de una democracia desaparecida. Forma parte de ese gesto el intento de documentar los modos específicos en que la clausura institucional ante las migraciones se produce en cada contexto histórico. La buena nueva que hace más de una década se celebró como «interculturalidad» es también la historia de una posibilidad reprimida.  

Arturo Borra 




[1] Conviene recordar que el nacimiento de esta figura profesional ha estado ligada al desarrollo de algunas iniciativas comunitarias de fomento de igualdad de oportunidades, en el que han participado técnicos de distintos proyectos europeos y de administraciones públicas, así como algunas asociaciones, especialmente en Madrid, Cataluña y Andalucía. Así, a partir de 1996 se conformó el “Grupo Triángulo”, quien puso en marcha programas de formación en mediación intercultural, incluyendo Formación Superior en este área, así como el Servicio de Mediación Social e Intercultural (SEMSI) en el Ayuntamiento de Madrid, intervenciones de mediadores en el ámbito educativo de Cataluña y en ONG´s en Andalucía. También en Valencia, desde 2008, se implementaron programas de mediación intercultural y formación específica, actualmente interrumpida por falta de recursos, creándose equipos de mediadores interculturales, especialmente por parte de Ceinmigra y con el apoyo de la Universidad de Valencia. Dentro del Tercer Sector, un importante compendio sobre «mediación intercultural» ha sido elaborado por Andalucía Acoge, VVAA (2002): Mediación intercultural. Una propuesta para la formación, Editorial Popular, Madrid. La «descentración», el descubrimiento del «marco de referencia del otro» y la «negociación-mediación» son definidos como parte de la «competencia intercultural» (op.cit., p. 19). En estas propuestas de mediación, se plantea “(…) situar la comunicación como fundamento de las relaciones entre personas de culturas diferentes y, en ella, recuperar la palabra poniéndola en el centro (…)” (op.cit., p. 81) como posibilidad de negociación que haga posible la creación de un espacio común.

[2] Un resumen de algunas iniciativas y debates al respecto puede consultarse en VVAA (2004): La formación del profesorado en Educación Intercultural, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid y Boqué Torremorell M. Carme (2005): Tiempo de mediación, CEAC, Barcelona; VVAA (2012): Educación intercultural y comunidades de aprendizaje, Catarata, Madrid, VVAA (2012): Estrategias de atención a la diversidad cultural en educación, Catarata, Madrid.

[3] En 2011, el mediador intercultural Francisco Morales (perteneciente a Andalucía Acoge, una de las entidades que más impulsó este tipo de prácticas en España) lo señalaba con claridad: “Vienen tiempos duros. La crisis económica está sirviendo ya de pretexto para dar rienda suelta a los instintos más primarios, aquellos que señalan al diferente como culpable de la situación. Se nos anuncian reformas que recortarán derechos y harán más difícil la vida del inmigrante. Si cuando el ciclo económico era bueno, eran necesarios, ahora que vienen mal dadas, sobran”, (citado en Moreno Ramos [2012]: Conflicto y mediación, Axioma, p. 108). Es en esa fecha donde tanto en Castilla La Mancha como en Madrid se cierran los SAMI.

[4] Para profundizar en esta cuestión, remito al Informe 2013 de CEAR (http://www.acnur.es/PDF/informetendenciasasilo2013_acnur_20140321121643.pdf) y al informe 2013 de ACNUR (http://www.acnur.es/PDF/informetendenciasasilo2013_acnur_20140321121643.pdf).

[5] Siguiendo a Perotti, los elementos centrales del interculturalismo implican la asunción de una dimensión política del proyecto, el respeto por la diversidad, la recreación de culturales en presencia y la emergencia de una nueva síntesis (en Gimenez, Carlos y Malgesini, Graciela [2000]: Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad, Catarata, Madrid, p. 258). No obstante, se señalan también algunos puntos débiles: tiende a olvidar dimensiones socioeconómicas y jurídicas del debate y las desigualdades en las interacciones marcadas por jerarquías etnoraciales (estratificaciones intraculturales, sumadas a las de clase y género). También Méndez Rubio señala algunas limitaciones al respecto en La apuesta invisible. Cultura, globalización y crítica cultural, Montesinos, Madrid, 2003, pp. 192 y ss.

[6] Mientras las concepciones multiculturales admiten la diversidad proponiendo políticas relativistas de respeto que conllevan segregación, la interculturalidad supone confrontación y entrelazamiento, planteando una dinámica de intercambio intergrupal (García Canclini, Néstor: Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad, Gedisa, Madrid, 2008, p. 15).

[7] Bahbha, Hommi (2002): El lugar de la cultura. Manantial, Buenos Aires.

[8] En este sentido, referirse a la interculturalidad remite al “conjunto de objetivos y valores que deberían guiar esos encuentros [entre culturas diferenciadas]. Se trata no sólo de aceptar y respetar las diferencias, sino también de valorar y educar a los ciudadanos en los principios-guía de la convivencia entre sujetos culturalmente diversos” (José Luis García, “Interculturalidad” en VVAA: Diccionario de relaciones interculturales. Diversidad y Globalización, Universidad Complutense, Madrid. 2007, p. 205). Más adelante añade: “Los problemas de la interculturalidad, lejos de concretarse en la coexistencia entre sujetos con diferentes mentalidades, habilidades y prácticas, en los problemas interactivos de comunicación o en la educación para magnificar los valores de todas las culturas, se plasman en las consecuencias sociales de los mecanismos existentes en los Estados nacionales para acoger, reconocer, dar derechos y exigir deberes de ciudadanía a los individuos que conviven en su territorio, sin que la naturaleza del origen les discrimine en la vida social” (op.cit., p. 207). Las ambigüedades, sin embargo, no quedan saldadas, en tanto el autor reenvía la interculturalidad a “(…) la puesta en práctica de un programa multiculturalista” (op.cit., p. 205), algo que, al reintroducir la indistinción entre los términos aludidos,  resulta inválido en este contexto.

[9] La crítica radical a la noción de «tolerancia» multiculturalista como credo liberal/demócrata ha sido efectuada de forma mordaz por Zîzêk (ZÎZÊK, Slavoj: En defensa de la intolerancia, trad. J. Eraso Ceballos y A. Antón Fernández, Sequitur, Madrid, 2009, p. 56): “(…) el multiculturalismo es una forma inconfesada, invertida, auto-referencial de racismo, un «racismo que mantiene las distancias»: «respeta» la identidad del Otro, lo concibe como una comunidad «auténtica» y cerrada en sí misma respecto de la cuál él, el multiculturalista, mantiene una distancia asentada sobre el privilegio de su posición universal”.

[10] Una política de la interculturalidad no permite resolver desigualdades que no están dadas por la procedencia etnocultural sino por otras dimensiones identitarias (p.e. nuestra condición de clase o género). Implica el riesgo de incluir a otros sujetos culturales que, sin embargo, ocupan posiciones sociales dominantes, reproduciendo otras desigualdades concretas mediante una estratagema culturalista. El énfasis unilateral en esta política puede conducir, por tanto, a la perpetuación de otras asimetrías de poder. 

[11] Al respecto, remito a Jameson F. y Zîzèk S. (1998): Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, Paidós, Buenos Aires, p. 137 y ss.

[12] Un proyecto de interculturalidad que no parta de una crítica al etnocentrismo corre el riesgo de convertirse en una mera celebración de la diversidad sin cuestionar las estructuras de desigualdad  provocadas, en este caso, por la  procedencia o la etnia.

[13] Según el último informe del INE residen más de cuatro millones y medio de personas inmigrantes y refugiadas en situación regular (por no referirnos a la pluralidad interna de la sociedad española o al más de medio millón de personas en situación irregular). Por su parte, el SEPE estima que en 2013 residían 5.546.238 de personas extranjeras, que representan el 11,77% de la población total de España.

[14] Brah, Avtar (2001): Cartografías de la diáspora, trad. Jorge Ojeda, Traficantes de sueños, Madrid.

[15] He planteado esta cuestión en “La discriminación en el mercado laboral español. Crisis capitalista y dualización social” (2011), en “Rebelión”, 14/08/2011, versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133998,  “Más allá del problema del paro: capitalismo y marginación sistémica” (2012) y en “Rebelión”, 24/03/2012, versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=146838.

[16] Wieviorka, Michel (2009): El racismo: una introducción, trad. Antonio García Castro, Gedisa, Barcelona.

[17] Los datos pertenecen al INE  (2013), en http://www.ine.es/prensa/np740.pdf.

[18] Siguiendo el “Informe  del Mercado de Trabajo de los Extranjeros. Estatal. Datos 2013”, del SEPE (2014), los datos son inequívocos: de los 2.565800 contratos de trabajo a extranjeros en 2013, el 67,24 % es en el sector de “servicios”, mientras que el 23,14% es en “agricultura”. Sólo el 10,18 % ha sido indefinido. Las ocupaciones mayoritarias han sido peones agrícolas, personal de limpieza y empleados domésticos. La información puede consultarse en http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/IMT2014_Datos2013_Estatal_Extranjeros.pdf

[19] Así ocurre por ejemplo en la agricultura en el caso de inmigrantes varones, donde los jornales de los temporeros inmigrantes promedian los 15 € o en el sector doméstico, en el caso de las mujeres, donde se incumplen las normas laborales más elementales, comenzando por una amplísima proporción de trabajo sumergido.  

[1] Me he referido a esta cuestión en “Operación "borrado". ¿Quién da cuenta del racismo y la xenofobia en España?” (2011), en “Rebelión”, 29/07/2011, versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133119.

[20] Aunque la cuestión es mucho más compleja e irreductible a una cuestión estadística, es importante recordar algunos datos del último informe de OBERATXE que muestran un alto grado de rechazo hacia la población inmigrada y refugiada, especialmente cuando su situación de clase es desfavorable. El 72% de la población española considera “elevado” (33 %) o “excesivo” (39 %) el número de inmigrantes en España, mientras que sólo el 23% considera que el número es “aceptable” y el 1% “insuficiente”. Además, el 40 % está “muy de acuerdo” o “más bien de acuerdo” con que un extranjero que sea parado de larga duración sea expulsado del país y un 47% (contra un 48% que piensa lo contrario) que los españoles deben tener preferencia en el acceso a la atención sanitaria. Asimismo, un 66 % de la población considera “muy aceptable” o “bastante aceptable” que a la hora de contratar un trabajador, tenga preferencia un español antes que un inmigrante (en “Evolución del racismo y la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en España”, Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, Madrid, 2013, pág. 31).

[21] Ya en 2010, Movimiento Contra la Intolerancia insistía: “Los crímenes de odio se han convertido en un fenómeno frecuente en muchos Estados participantes. Pero, por desgracia, la escasez de datos sobre estos delitos hace que sea difícil evaluar el verdadero alcance y la naturaleza del problema” (Informe Raxen 2010, pág. 92). Los informes de la Red Europea de Información sobre Racismo y Xenofobia contabilizan unos 4000 casos de agresiones racistas al año distribuidas por todas las comunidades autónomas, propiciadas por miembros de la nueva ultraderecha, aunque dichos datos distan de dar cuenta de la magnitud del problema y no estén confirmados oficialmente. Según sus estimaciones, cada día al menos 10 personas sufren una agresión física o verbal por motivos de raza, etnia o nacionalidad (sin contar con los que son víctimas de la homofobia, el sexismo y la aporofobia). A ello hay que sumar las más de 200 webs xenófobas y neonazis que funcionan en territorio español, además del centenar de personas asesinadas desde 1992, víctimas de delitos de odio.

[22] Siguiendo el informe del SEPE ya citado, el numero de afiliaciones de extranjeros que disponemos está tipificado del siguiente modo: “Actividades profesionales, científica y técnica, especialmente médicos, profesores de idiomas y filólogos y traductores (48.010), Administración pública, defensa y seguridad social (12.854) y Educación (45.926). En total, unas 100000 afiliaciones estarían ligadas a las instituciones públicas, representando aprox. un 6.5% del total, aunque sin precisar si dichas afiliaciones pertenecen a extranjeros comunitarios o extracomunitarios. No hay forma de determinar la posición laboral de estos afiliados dentro de la AAPP o la Educación.

[23] Me he ocupado del caso universitario en “Reflexiones sobre el espacio universitario español. Noticias antiguas sobre la interculturalidad que no fue” (2013), en “Rebelión”, 22/09/2013. versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=174337. Tomando los últimos datos disponibles del INE, en el curso 2010-2011 de la universidad pública española, participaron 102.378 profesores (11,5% catedráticos, 37,2% titulares y el 30,0% asociados y el 21,4 % ayudantes, contratados doctores, colaboradores y eméritos), del cual el 49,1% es personal funcionario. No hay datos sobre el número e importancia relativa del profesorado inmigrante y refugiado, así como de extranjeros nacionalizados. Por su parte, el último informe “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español (SUE)” del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no permite subsanar esta omisión. Si bien dentro de la universidad pública han participado en 2013 616 profesores visitantes, no estamos en condiciones de determinar su procedencia o su nacionalidad. Tampoco se especifica si en las otras categorías docentes participan profesores de procedencia extranjera, como podría ser el caso de colaboradores, ayudantes doctores, contratados doctores, personal investigador u otros. En suma, por esta vía, resulta imposible determinar el nivel de participación del profesorado extranjero en la universidad pública española. Lo que resulta más significativo: ni siquiera remontándonos a la “Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007: una monografía”, estamos en condiciones de mejorar nuestro conocimiento al respecto. En cuanto a los datos ministeriales, la información que disponemos es selectiva y sólo incluye referencias al “Programa de movilidad del profesorado de máster y doctorado” en la que han participado más de 3000 personas. En ese respecto, el informe especifica la procedencia de los participantes: “La mayor parte de los beneficiarios de este programa son profesores con nacionalidad española o de algún país miembro de la UE 27”. Más adelante, precisa las nacionalidades de los beneficiarios del programa de movilidad tanto en doctorados como en másteres oficiales respectivamente: España (23,9 % / 35,5%), UE-27 (49,4 %/ 45,2%), EEUU y Canadá (11,6%/ 8,7%), América Latina y Caribe (9,2 % / 6.1%), Asia y Oceanía (2,3%/ 1,4%), Resto de Europa (3,4%/ 2,9%) y África (0,1% /0,3 %). Solamente España, UE, EEUU y Canadá se aproximan al 85% del total.

[24] He profundizado en esta cuestión en “Anotaciones sobre la construcción simbólica de las migraciones”, en “Rebelión”, 24/10/2014, versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191193.

[25] A modo de ejemplo, es pertinente recuperar algunos titulares de prensa, especialmente elocuentes: “Rutas de inmigración ilegal hacia España” (“El País”, 17/03/2014, en http://elpais.com/elpais/2014/03/17/media/1395083592_131640.html), o “Rescatados en el Estrecho 835 inmigrantes, entre ellos 30 menores” (“El País”, 12/08/2014, en http://politica.elpais.com/politica/2014/08/12/actualidad/1407829246_971909.html), donde el periódico hace alusión a una “avalancha de inmigrantes” (sic). El periódico “El Mundo” apela a titulares similares: “Melilla, puerta de la inmigración ilegal más allá de la valla” (8/12/2013, en http://www.elmundo.es/espana/2013/12/08/52a453320ab740b7768b4580.html) o “270 detenidos en la operación contra la inmigración ilegal” (“El Mundo”, 8/09/2014, en http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/08/540ded14ca4741f2688b4591.html).

[26] Para profundizar en la noción de «articulación» remito a Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal: Hegemonía y estrategia socialista, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004.
 
[27] Bauman, Zygmunt: Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias, trad. Pablo Hermida Lazcano, Paidós, Barcelona, 2005.
 
 

domingo, 21 de diciembre de 2014

En el frío de la calle

 



Ya sé que estamos a unos días de Navidad, que hace frío, tienes que hacer compras y no hay calefacción en la calle. Tampoco se trata de olvidar que el fin de semana te toca llevar al cine a los chicos y comprarles palomitas, que hay una lista interminable de pretextos para decir “la próxima” o “para qué si total”; ya sé incluso que eres un revolucionario de facebook, que subes fotos del Ché y Mandela en Instagram y que tampoco te cortas un pelo en arengar a las masas aletargadas llamando a la rebelión desde tu sofá. No es cuestión de olvidar que cargado de obligaciones de fin de semana –comenzando por ejercitar tus manos haciendo zapping o escribiendo un tuit- , no tienes tiempo para hacer por otros lo que otros hacen por ti. Faltaría más: el fin de semana hay epidemias, viajes imprevistos, obligaciones familiares, compromisos inaplazables, entregas de fin de año, trabajo acumulado, reuniones repentinas que no te dan respiro.  

Sería incluso una necedad negarte el derecho a la pereza, sabiendo que vives estresado discutiendo en el almuerzo. No podría desde luego convencerte de nada, porque los argumentos sólo valen cuando tú los esgrimes. Al fin de cuentas, ¿de qué serviría referirse al saqueo criminal de estos años, al orden de la estafa, al austericidio planificado que te asfixia pero no te mata, al arrebato de tu salud o tu derecho a no permanecer en la ignorancia, a querer sostener una improbable libertad y creer que «democracia» no es solamente un significante que se invoca en sus funerales cada cuatro años?

Ya sé que estamos próximos a las rebajas y no hay unidad popular, que los cánticos son anacrónicos y faltan consignas, que todo está fragmentado y que ahora le toca a otro. No creo que nada de esto te vaya a persuadir de que es mejor tomar la calle que quedarse en casa; que es mejor tener frío en una marcha que calor en un centro comercial; que llevar a tu hijo a una mani es infinitamente más valioso que sentarlo en una butaca a ver cómo el mundo maravilloso pasa frente a sus ojos sin que él pueda siquiera acariciarlo. Tampoco –desde luego- está uno para prescribir nada y solamente la sombra de una crítica nos convierte ya en arrogantes insoportables que quieren decirle a la gente lo que hay que hacer.

Faltaría más.  Cada cual responde por lo que hace. Vive su (in)coherencia. Si hasta es previsible que en vez de abrir la boca para protestar contra una ley que te amordaza, te limites a bostezar y apurar tu bocata, mientras miras aburrido en tu pantallita móvil 45 wassap sin responder. Todo eso y más. Claro que puedes optar por quejarte en privado en vez de participar en una protesta pública. Que puedes chillar mirando en la tele la cola del paro, quedarte mudo cuando te llaman la atención sobre tu baja productividad y mirar de reojo al negrata que se seca la frente mientras tu amo sigue celebrando su festín obsceno. Hay infinitas razones para que nadie tenga derecho a decirte nada, que somos todos iguales, que nadie es ejemplar, que no tengo autoridad moral y todos roban y todas esas tonterías.

Sólo hazme un favor. Si no pones el cuerpo, ahórrate conmigo tus quejas sobre la injusticia. Incluso si tienes razón, no me apetece escucharte. Ni quiero tus lecciones sobre cómo cambiar el mundo en veinticuatro horas. Yo seguiré ensayando junto a otros, en el frío de la calle, la posibilidad de otra vida.
 
A.B.

martes, 16 de diciembre de 2014

La política del miedo (otra vez): amordazamiento de la democracia y guerra de clases



 
La “ley mordaza” es un hecho consumado: su admisión a trámite parlamentario, con mayoría absoluta del Partido Popular, no deja lugar para lo imprevisible. Se trata, sin más, de una forma jurídica que convierte las fuerzas de seguridad en un arma discrecional en manos de un gobierno dispuesto a ahondar en sus políticas de ajuste infinito a pesar de la voluntad mayoritaria. Puesto que prevé la expansión de la conflictividad social, el bloque gobernante pretende blindar sus decisiones encausando las futuras manifestaciones colectivas en un rígido armazón jurídico.
 

A partir de 2015, el «derecho a reunión y manifestación» quedará herido de muerte: el Ministerio del Interior tendrá “carta blanca” para disuadir a los manifestantes mediante penalizaciones económicas y, lo que es peor, para instituir un orden público represivo. La criminalización de la movilización ciudadana incluye diversos frentes. Impedir un desahucio, no identificarse ante un agente policial, desobedecer a la policía o difundir imágenes de antidisturbios, entre otras cuestiones, podrán ser multadas con montos que pueden alcanzar hasta los €30000. Mediante esta operación, el gobierno español toma por asalto el espacio público, restringiendo su uso como ámbito legítimo de la protesta.
 

A la limitación grave de las libertades ciudadanas –incluyendo el derecho a la información- a nivel interno, hay que agregar el injerto de la legalización de las “devoluciones en caliente”, esto es, la privación del derecho de asilo en frontera y de garantías contempladas en la Ley de Extranjería vigente, ya de por sí restrictiva. La legalización de este tipo de devolución express (que suprime la obligación del estado español de abrir un expediente administrativo a personas en situación irregular que ingresan en territorio español) constituye el peor agravio a la Carta europea de los derechos humanos por parte del gobierno nacional, en consonancia a las políticas de asilo y migración europeas, desentendidas de la suerte de las víctimas que Europa contribuye a crear. El mensaje es claro: no es momento de ponerse sentimentales ni de mostrarse humanitarios. Dado el exceso de mano de obra desocupada -confinada al margen o a la economía sumergida-, la decisión a la vista no ofrece dudas: prescindir de todos los indigentes que se pueda.
 

Insistir en el carácter autoritario de esta iniciativa legislativa es tan cierto como trivial. La cuestión va mucho más allá. Como réplica estratégica del gobierno a las sucesivas derrotas judiciales que ha sufrido en este período (en su pulseada con las movilizaciones populares), la Ley de Seguridad Ciudadana convierte la autoridad policial en mandataria de un poder de estado sin ningún contrapeso judicial. Representa así una regresión histórica de extrema gravedad, incluso si pasa desapercibida en el aluvión de políticas y prácticas gubernamentales antipopulares. La aprobación de dicha ley es la ratificación a la Comisión Europea y a los capitales inversores de la continuidad de una política económica marcada por los recortes públicos, las dádivas al capital privado, el pago de los intereses de la deuda externa, la privatización de servicios y empresas públicas, el rescate de la banca, la continuidad de una política tributaria regresiva y el desmantelamiento de un ya enflaquecido estado de bienestar.
 

Tras las sanciones administrativas que esta ley prevé, se reactiva la voluntad de sofocar los movimientos sociales disidentes. La consigna es clara: “Que el 15-M no se repita”. El afán de encausar cualquier germen de protesta organizada se transforma en algo peor: el empeño en reasegurar las condiciones sociales para que la gran burguesía financiera y empresarial pueda ensanchar sus márgenes de rentabilidad, sin temor a resistencias colectivas estructuradas. Se trata, en suma, de una declaración de guerra (de clase). La “ley mordaza” es la contraparte social al bloqueo estructural de las investigaciones judiciales sobre la corrupción que afecta a los grupos dominantes y, en particular, a figuras centrales del establishment. Por esta vía, el gobierno obstruye los dos frentes más amenazantes para su estabilidad política: la proliferación de procesamientos judiciales por corrupción y la posible articulación contrahegemónica de las protestas sociales.
 

De un golpe, el partido de gobierno ha reforzado la realidad del estado policial que plantea de iure su existencia como sujeto soberano. La tautología del poder gubernamental que se autoafirma por el mero hecho de existir confirma lo que sabíamos a nivel teórico desde Gramsci: la «crisis de hegemonía» en la que ese poder está inmerso deriva en un incremento brutal de la «coerción directa». La «mano dura» que convierte en ley no es sino su fracaso por construir legitimidad. La política del miedo se convierte así en el instrumento por excelencia para reprimir los antagonismos populares.
 

Paradójicamente, las luchas sociales están atrapadas en su propia fragmentación. La articulación partidaria (por parte de fuerzas de centro-izquierda) de una pluralidad de demandas sociales insatisfechas coexiste con una movilización social tan esporádica como parcelada. Como si tras las “marchas de la dignidad” de marzo de 2014 y la consiguiente persecución jurídico-policial a sus organizadores, la indignación generalizada no encontrara un cauce público para manifestarse de forma coordinada, en tanto sujeto colectivo de lucha, como no sea mediante el apoyo a fuerzas partidarias emergentes (comenzando por Podemos).
 

Cualquiera fuera la hipótesis que explique esta situación, no será el partido gobernante quien facilite la construcción de ese sujeto colectivo. Si por una parte el enriquecimiento ilegítimo de las clases dominantes podría toparse con el límite de un giro electoral a mediano plazo, por otra parte, el grado de movilización social contra los portavoces gubernamentales de esas clases sigue resultando desigual y, en cualquier caso, plagado de dificultades para articularse en un frente común. Entretanto, la escalada represiva, como contrapartida irreductible del neoconservadurismo, sigue su curso.
 

La tensión entre la actual deriva antidemocrática y la gestación y consolidación de un proyecto político alternativo está trazada: se mueven en dos temporalidades diferentes y desfasadas. La institución del «orden público» como espacio de control no es una realidad lejana. La política de criminalización no se limita a una cuestión local o nacional. Forma parte de un (des)orden global que nace de la previsión técnica de los expertos del ajuste: es improbable que los damnificados acepten morir sin protestar. De ahí que haya que leer la presente ley no sólo como síntoma de un gobierno nacional profundamente reaccionario sino también como parte de un proceso de reestructuración del nuevo orden mundial: la formación de «estados policiales» que se arman de derecho para intentar sofocar el espectro de la revuelta ante un capitalismo que a diario muestra su poder de arrase.
 

Los tiempos de la revuelta, sin embargo, están desfasados con respecto a la velocidad de las elites políticas y económicas. El expolio de la democracia es la consecuencia más visible de la dictadura de los mercados. En la convulsión del presente, la posibilidad (incierta) de desestructuración del bloque hegemónico no anula en lo más mínimo los movimientos (certeros) de ese bloque para reestructurarse de forma acelerada. A escala nacional, la aprobación de esta ley mordaza podría convertirse no sólo en una derrota táctica de los grupos damnificados, sino en un obstáculo central para el despliegue de un proyecto de democracia radical. Puesto que dicho proyecto requiere del espacio público como uno de sus lugares fundamentales de constitución, parte de su porvenir pasa por la derogación de una ley que priva a la ciudadanía de su derecho a tomar la calle.


 
Arturo Borra