martes, 16 de diciembre de 2014

La política del miedo (otra vez): amordazamiento de la democracia y guerra de clases



 
La “ley mordaza” es un hecho consumado: su admisión a trámite parlamentario, con mayoría absoluta del Partido Popular, no deja lugar para lo imprevisible. Se trata, sin más, de una forma jurídica que convierte las fuerzas de seguridad en un arma discrecional en manos de un gobierno dispuesto a ahondar en sus políticas de ajuste infinito a pesar de la voluntad mayoritaria. Puesto que prevé la expansión de la conflictividad social, el bloque gobernante pretende blindar sus decisiones encausando las futuras manifestaciones colectivas en un rígido armazón jurídico.
 

A partir de 2015, el «derecho a reunión y manifestación» quedará herido de muerte: el Ministerio del Interior tendrá “carta blanca” para disuadir a los manifestantes mediante penalizaciones económicas y, lo que es peor, para instituir un orden público represivo. La criminalización de la movilización ciudadana incluye diversos frentes. Impedir un desahucio, no identificarse ante un agente policial, desobedecer a la policía o difundir imágenes de antidisturbios, entre otras cuestiones, podrán ser multadas con montos que pueden alcanzar hasta los €30000. Mediante esta operación, el gobierno español toma por asalto el espacio público, restringiendo su uso como ámbito legítimo de la protesta.
 

A la limitación grave de las libertades ciudadanas –incluyendo el derecho a la información- a nivel interno, hay que agregar el injerto de la legalización de las “devoluciones en caliente”, esto es, la privación del derecho de asilo en frontera y de garantías contempladas en la Ley de Extranjería vigente, ya de por sí restrictiva. La legalización de este tipo de devolución express (que suprime la obligación del estado español de abrir un expediente administrativo a personas en situación irregular que ingresan en territorio español) constituye el peor agravio a la Carta europea de los derechos humanos por parte del gobierno nacional, en consonancia a las políticas de asilo y migración europeas, desentendidas de la suerte de las víctimas que Europa contribuye a crear. El mensaje es claro: no es momento de ponerse sentimentales ni de mostrarse humanitarios. Dado el exceso de mano de obra desocupada -confinada al margen o a la economía sumergida-, la decisión a la vista no ofrece dudas: prescindir de todos los indigentes que se pueda.
 

Insistir en el carácter autoritario de esta iniciativa legislativa es tan cierto como trivial. La cuestión va mucho más allá. Como réplica estratégica del gobierno a las sucesivas derrotas judiciales que ha sufrido en este período (en su pulseada con las movilizaciones populares), la Ley de Seguridad Ciudadana convierte la autoridad policial en mandataria de un poder de estado sin ningún contrapeso judicial. Representa así una regresión histórica de extrema gravedad, incluso si pasa desapercibida en el aluvión de políticas y prácticas gubernamentales antipopulares. La aprobación de dicha ley es la ratificación a la Comisión Europea y a los capitales inversores de la continuidad de una política económica marcada por los recortes públicos, las dádivas al capital privado, el pago de los intereses de la deuda externa, la privatización de servicios y empresas públicas, el rescate de la banca, la continuidad de una política tributaria regresiva y el desmantelamiento de un ya enflaquecido estado de bienestar.
 

Tras las sanciones administrativas que esta ley prevé, se reactiva la voluntad de sofocar los movimientos sociales disidentes. La consigna es clara: “Que el 15-M no se repita”. El afán de encausar cualquier germen de protesta organizada se transforma en algo peor: el empeño en reasegurar las condiciones sociales para que la gran burguesía financiera y empresarial pueda ensanchar sus márgenes de rentabilidad, sin temor a resistencias colectivas estructuradas. Se trata, en suma, de una declaración de guerra (de clase). La “ley mordaza” es la contraparte social al bloqueo estructural de las investigaciones judiciales sobre la corrupción que afecta a los grupos dominantes y, en particular, a figuras centrales del establishment. Por esta vía, el gobierno obstruye los dos frentes más amenazantes para su estabilidad política: la proliferación de procesamientos judiciales por corrupción y la posible articulación contrahegemónica de las protestas sociales.
 

De un golpe, el partido de gobierno ha reforzado la realidad del estado policial que plantea de iure su existencia como sujeto soberano. La tautología del poder gubernamental que se autoafirma por el mero hecho de existir confirma lo que sabíamos a nivel teórico desde Gramsci: la «crisis de hegemonía» en la que ese poder está inmerso deriva en un incremento brutal de la «coerción directa». La «mano dura» que convierte en ley no es sino su fracaso por construir legitimidad. La política del miedo se convierte así en el instrumento por excelencia para reprimir los antagonismos populares.
 

Paradójicamente, las luchas sociales están atrapadas en su propia fragmentación. La articulación partidaria (por parte de fuerzas de centro-izquierda) de una pluralidad de demandas sociales insatisfechas coexiste con una movilización social tan esporádica como parcelada. Como si tras las “marchas de la dignidad” de marzo de 2014 y la consiguiente persecución jurídico-policial a sus organizadores, la indignación generalizada no encontrara un cauce público para manifestarse de forma coordinada, en tanto sujeto colectivo de lucha, como no sea mediante el apoyo a fuerzas partidarias emergentes (comenzando por Podemos).
 

Cualquiera fuera la hipótesis que explique esta situación, no será el partido gobernante quien facilite la construcción de ese sujeto colectivo. Si por una parte el enriquecimiento ilegítimo de las clases dominantes podría toparse con el límite de un giro electoral a mediano plazo, por otra parte, el grado de movilización social contra los portavoces gubernamentales de esas clases sigue resultando desigual y, en cualquier caso, plagado de dificultades para articularse en un frente común. Entretanto, la escalada represiva, como contrapartida irreductible del neoconservadurismo, sigue su curso.
 

La tensión entre la actual deriva antidemocrática y la gestación y consolidación de un proyecto político alternativo está trazada: se mueven en dos temporalidades diferentes y desfasadas. La institución del «orden público» como espacio de control no es una realidad lejana. La política de criminalización no se limita a una cuestión local o nacional. Forma parte de un (des)orden global que nace de la previsión técnica de los expertos del ajuste: es improbable que los damnificados acepten morir sin protestar. De ahí que haya que leer la presente ley no sólo como síntoma de un gobierno nacional profundamente reaccionario sino también como parte de un proceso de reestructuración del nuevo orden mundial: la formación de «estados policiales» que se arman de derecho para intentar sofocar el espectro de la revuelta ante un capitalismo que a diario muestra su poder de arrase.
 

Los tiempos de la revuelta, sin embargo, están desfasados con respecto a la velocidad de las elites políticas y económicas. El expolio de la democracia es la consecuencia más visible de la dictadura de los mercados. En la convulsión del presente, la posibilidad (incierta) de desestructuración del bloque hegemónico no anula en lo más mínimo los movimientos (certeros) de ese bloque para reestructurarse de forma acelerada. A escala nacional, la aprobación de esta ley mordaza podría convertirse no sólo en una derrota táctica de los grupos damnificados, sino en un obstáculo central para el despliegue de un proyecto de democracia radical. Puesto que dicho proyecto requiere del espacio público como uno de sus lugares fundamentales de constitución, parte de su porvenir pasa por la derogación de una ley que priva a la ciudadanía de su derecho a tomar la calle.


 
Arturo Borra

lunes, 24 de noviembre de 2014

«Miradas pos-desarrollistas» -Claudio Katz





Diversos exponentes del pensamiento radical han formulado en los últimos años críticas contundentes al desarrollismo. Estos cuestionamientos objetan el extractivismo y los modelos de crecimiento a cualquier precio . Destacan especialmente los efectos devastadores de la agro-exportación y la minería a cielo abierto que impera en América Latina. Ambas actividades constituyen el pilar de un curso económico regresivo implantado a mitad de los 80 [2].
Ese patrón de acumulación refuerza la condición dependiente de la región y su inserción periférica (o semiperiférica) en la división internacional del trabajo. Consolida la desposesión de las mayorías populares, refuerza el desempleo y favorece a las empresas que lucran con la precarización del empleo.
La depredación del medio ambiente suscita incontables conflictos sociales. Los adversarios del desarrollismo participan activamente en la resistencia popular contra el saqueo del subsuelo, la desertificación, la extinción de las selvas y la desaparición de los bosques. Aportan detalladas denuncias de las consecuencias de esa demolición.
Las movilizaciones para preservar los recursos naturales originaron gran parte de las movilizaciones populares del último quinquenio. Un tercio de estas acciones estuvieron relacionadas con esa problemática y s ólo en el 2012 se computaron 184 confrontaciones de ese tipo en la región. Cinco protestas alcanzaron dimensiones transfronterizas ( Svampa 2013; Bruckmann, 2012).
Las críticas al extractivismo han sido planteadas desde enfoques ideológicos muy variados. Algunos teóricos cuestionan ese atropello con miradas reformistas promoviendo mayores regulaciones del estado. Otros observan el deterioro del medio ambiente desde perspectivas marxistas, como un efecto de la competencia por beneficios surgidos de la explotación. Un tercer conglomerado de autores postula ideas pos-desarrollistas [3].
 
OBJECIONES AL DESARROLLO
El genérico término de pos-desarrollo es utilizado por muchos participantes de la batalla contra el extractivismo. Identifican ese concepto con un proyecto alternativo al modelo actual de acumulación a costa de la naturaleza.
Pero desde principios de los años 90 esa noción también presenta otra acepción, como cuestionamiento a todas las nociones de desarrollo. Arturo Escobar sintetiza esta visión, postulando una influyente caracterización del escenario latinoamericano.
En sus escritos polemiza con los fundamentos “euro-céntricos” del desarrollo y remarca la atadura de ese concepto al restrictivo universo de las teorías modernas. Estima que los desarrollistas no registran la existencia de otras trayectorias de convivencia humana y propone una “de-construcción del desarrollo”.
Esa labor permitiría sustituir los razonamientos dependientes del pensamiento occidental por enfoques centrados en la revalorización de las culturas vernáculas. Resalta la inutilidad de las viejas preguntas sobre el subdesarrollo de la periferia y promueve indagar las distintas formas en que Asia, África y América Latina fueron representadas como regiones atrasadas.
Escobar alienta ese viraje analítico mediante un rechazo de las preocupaciones tradicionales por el progreso y el avance de las fuerzas productivas. Considera más provechoso evaluar los discursos y las representaciones que emergen de las resistencias sociales. Convoca a estudiar esas protestas como prácticas del saber y como actos de subversión de los conocimientos .
La mirada de Escobar no retoma los cuestionamientos tradicionales a cierto tipo de desarrollo. Objeta la propia idea de desenvolvimiento económico y social, a partir de una impugnación de las cosmovisiones totalizadoras. Estima que obstruyen la percepción de las diferencias y la clarificación de los problemas.
Para superar estas adversidades considera necesario abandonar el viejo apego a una sola perspectiva analítica. Aboga por la multiplicidad de enfoques y polemiza con el desconocimiento marxista de esa variedad. Estima que la simbiosis de esa teoría con la modernidad le ha quitado capacidad interpretativa y atribuye ese empobrecimiento a la preeminencia asignada a la búsqueda de cierta verdad ( Escobar, 2005: 17-30) .
Otros autores aplican un enfoque semejante a la problemática de la dependencia. Afirman que esa noción padece ataduras al proyecto modernista y genera funcionalismo y mecanicismo. Critican el deslumbramiento con las creencias modernizadoras y con las expectativas de progreso ancladas en el devenir de ciertas leyes sociales (Munck 1999).
 
LA REALIDAD DEL SUBDESARROLLO
Escobar constata el retraso estructural de América Latina pero cuestiona la necesidad de su desarrollo. Esta contradicción deriva de su peculiar caracterización de las carencias socio-económicas de la región.
Reconoce la diferencia cualitativa que separa a toda la zona de las economías avanzadas, pero sustituye la mirada habitual de esa brecha -como una fractura entre el centro y la periferia- por un contraste entre dos tipos de modernidades. Contrapone la variante plena y dominante de ese modelo en los países centrales, con la forma colonial y subordinada que imperó en la región (Escobar, 2013).
Con ese enfoque enfatiza más las desventuras culturales, políticas e ideológicas de América Latina, que su inserción dependiente en el capitalismo mundial. Relativiza el impacto del subdesarrollo económico y pierde de vista las consecuencias de la exacción de recursos, el vaciamiento de riquezas, las transferencias de valor y la especialización productiva en exportaciones primarias. Esta desposesión determinó una escala de atraso semejante al padecido por otras zonas periféricas del planeta.
Escobar rechaza las convocatorias usuales al desarrollo de América Latina . Considera que esos llamados recrean la “invención del subdesarrollo” que construyeron los colonialistas y repiten los colonizados (Escobar, 2010a). 
Pero esa visión conduce a presentar el status objetivo del atraso latinoamericano como un simple imaginario, difundido por los poderosos y convalidado por los subordinados. Olvida que el subdesarrollo no es una creencia, un mito o un discurso, sino una terrible realidad de hambre, baja escolaridad y pobreza.
Este desconocimiento conduce a evadir el grave problema que afronta una región relegada . Durante siglos los principales intelectuales latinoamericanos constataron ese atraso. No priorizaron la temática del desarrollo por atadura a un relato emanado de Occidente, sino por las duras vivencias experimentadas en todos los países.
Escobar elude este dato. Se limita a evaluar discursos, sin conectar esos enunciados con el drama rector del subdesarrollo. Por eso divorcia la exposición verbal del problema de sus manifestaciones materiales directas, omitiendo las falencias específicas de América Latina.
La región no sólo necesita -como todas las sociedades del planeta- encontrar un camino de desenvolvimiento que preserve el medio ambiente. También debe incrementar la satisfacción general de las necesidades básicas y reducir -con desarrollo- la distancia que la separa de las economías avanzadas. Frenar el desastre ecológico es una meta de primer orden tanto para Haití como para Suiza, pero erradicar el atraso no es tarea común a ambos países.
Escobar denuncia acertadamente las consecuencias destructivas del capitalismo contemporáneo. Pero esa constatación no alcanza para evaluar el impacto diferenciado de ese deterioro en el centro y la periferia del sistema. Tampoco permite deducir los cursos de acción necesarios para remediar esa demolición.
Al igual que el resto de la periferia, América Latina debe combinar las protecciones ambientales con la aceleración del crecimiento. Si el subdesarrollo es visto como un mero relato de la modernidad, no hay forma de encontrar propuestas que sinteticen las salvaguardas ecológicas con la superación del retraso económico.
 
INSUFICIENCIAS DEL LOCALISMO
Escobar prioriza las iniciativas locales y comunitarias. Descree de los proyectos totalizadores y se inclina por trabajos en ámbitos más restringidos. Su rechazo del desarrollo coincide con el disgusto por las propuestas de gran porte que formulan los estados nacionales y los organismos regionales.
Su enfoque pondera las experiencias ensayadas en el terreno local por los movimientos sociales y las ONGs. Remarca las ventajas que genera ese plano de intervención, en contraposición a los grandes proyectos que demandan las distintas clases sociales (Escobar, 2005: 17-30).
Su rescate de la acción comunitaria contribuye a rehabilitar los principios de la solidaridad y la cooperación. Pero los emprendimientos que se encaran con esos valores, sólo conquistan mayor relevancia cuando logran desbordar el ámbito inmediato. Si estas iniciativas no se inscriben en proyectos estratégicos de transformación social, pierden fuerza y consistencia.
La acotada perspectiva localista no permite gestar las iniciativas requeridas para resolver los grandes problemas de la región. Estos temas involucran acciones en vastos terrenos como la energía, las finanzas o la industrialización, que no pueden implementarse sólo a escala local.
La visión comunitaria es afín al viejo utopismo cooperativista. En su formato clásico esa visión promueve la progresiva disolución de las relaciones de explotación, al cabo de una prolongada expansión de empresas auto-gestionadas.
Ese tipo de emprendimientos permite efectivamente prefigurar un futuro igualitario, pero sólo aporta algunas semillas dispersas de ese porvenir. Un florecimiento significativo de la economía solidaria exige superar las reglas de la rivalidad y del lucro que rigen bajo el capitalismo. La experiencia ha demostrado que una sociedad equitativa n o puede construirse en torno a islotes cerrados en los poros del sistema actual. Escobar se distancia explícitamente de los planteos neo-ludistas y cuestiona las actitudes que romantizan la esfera local. Pero su concepción tiene grandes parentescos con esas utopías. Confirma esa proximidad cuando defiende la centralidad de las experiencias comunitarias, como principal camino de transformación social. Destaca que sólo allí se forjan los universos culturales que permitirían avanzar hacia el empoderamiento político (Escobar, 2005: 17-30).
Pero omite trazar un balance histórico de esos emprendimientos. Varios siglos de experiencias ilustran la imposibilidad de erradicar el capitalismo a través de una acumulación de ensayos locales. Ninguna de esas modalidades desafió la continuidad actual del sistema de competencia, beneficio y explotación.
En numerosos países se registraron momentos de gran expansión de las comunas agrarias, los kibutzim, las cooperativas industriales y las fábricas auto-gestionadas. Pero en ningún caso se verificó la esperada trayectoria hacia el cambio de sociedad. Este giro puede ser preparado, forjando universos culturales alternativos y ampliando la fuerza política de los oprimidos. Pero requiere una conquista del poder político, que es habitualmente objetada o rehuida por los teóricos del localismo.
La formulación más conocida de esa concepción –postulada por Holloway- convoca explícitamente a soslayar el manejo de la estructura estatal, para “cambiar el mundo sin tomar el poder”. Considera que esa captura recrearía las desventuras actuales, sustituyendo a un gobernante por otro en la administración del mismo estado (Holloway, 2002: 122-143).
Pero la continuidad que denuncia obedece a la preservación de los intereses capitalistas por parte de las elites, que se suceden en el manejo del estado. Si esas clases y capas privilegiadas son desalojadas del poder y sustituidas por representantes de los oprimidos es posible construir otro estado y comenzar la construcción de otra sociedad.
Restringir la acción político-social al plano local eludiendo la conquista del gobierno y el manejo del estado conduce a perpetuar el capitalismo. Un camino opuesto de emancipación exige iniciar una larga transición hacia formas de gestión igualitaristas, que permitirían la paulatina extinción de las estructuras estatales actuales.
En horizontes temporales previsibles el localismo no puede reemplazar al estado, como referente de las demandas populares y como centro de la acción política. Cualquiera sea la multiplicación de contrapoderes alternativos resulta imposible desenvolver una lucha social efectiva ignorando a esa institución. El localismo desconoce ese dato y no formula estrategias pos-capitalistas adaptadas a las singularidades de América Latina [4].
 
EL BARÓMETRO EXTRACTIVO
La existencia de un amplio abanico de gobiernos progresistas puso a prueba en la última década la consistencia de las tesis localistas. Se crearon escenarios transformadores que desbordaron el radio comunitario. Pero la mayor dificultad se registró con el extractivismo como criterio de evaluación de esas administraciones.
Este último rasgo es compartido por distintos gobiernos latinoamericanos. Es una característica común de administraciones derechistas, centro-izquierdistas y radicales. Todos se han amoldado a la reinserción internacional de la región como abastecedora de insumos básicos. ¿Corresponde por lo tanto situarlos en un casillero compartido de extractivismo?
Algunos partidarios del pos-desarrollismo tienden a resaltar esa uniformidad, en sus cuestionamientos frontales a los presidentes que avalan el proyecto primarizador (Dávalos, 2013).
Escobar se inclina por una postura intermedia. Rechaza la opción desarrollista de todas las administraciones, pero declara su simpatía con la propuesta del Buen Vivir que promueve Correa y con las políticas generales que implementan Maduro, Mujica y Kirchner (Escobar, 2013, 2010a).
Esta ambivalencia confirma la dificultad para elaborar respuestas políticas, a partir de razonamientos exclusivamente centrados en la problemática del medio ambiente.
Esa dimensión constituye un importante elemento del contexto regional, pero no determina el perfil adoptado por cada gobierno. Para caracterizar esa fisonomía hay que considerar el sustento social, los intereses de clase y las alianzas geopolíticas privilegiadas por cada administración. Esos factores son más influyentes que la orientación seguida en el manejo de las materias primas.
La simple caracterización de los gobiernos en función de sus afinidades con la agenda extractivista genera múltiples inconsistencias. L a centralidad común que tienen las exportaciones básicas no torna equivalentes a los presidentes neoliberales de Perú o México, neo-desarrollistas de Argentina, radicales de Bolivia o Venezuela y revolucionarios de Cuba.
Los sistemas político-económicos que impusieron los derechistas Uribe y Santos se ubican en las antípodas del reformismo radical que han liderado Chávez y Maduro, a pesar de la incidencia semejante que tiene la extracción de combustible en Colombia y Venezuela. El contrapunto es mucho más drástico entre Alan García y Ollanta Humala con Fidel y Raúl Castro, a pesar de la relevancia común de ciertas actividades mineras en Perú (oro) y Cuba (níquel).
Las categorías de neo-liberalismo o neo-desarrollismo se refieren a orientaciones económico-políticas mucho más abarcadoras que la gravitación alcanzada por el petróleo o los distintos metales en cada país.
En nuestras caracterizaciones de los gobiernos derechistas, centro-izquierdistas y radicales hemos asignando primacía analítica a las relaciones con las clases dominantes, el imperialismo y las masas populares. Este criterio permite entender por qué razón Chávez y Evo han sido mandatarios contrapuestos a Piñera y Uribe, a pesar de ejecutar orientaciones parcialmente semejantes en el manejo del petróleo o la minería ( Katz, 2008: 39-64 ) .
El barómetro extractivo dificulta ese esclarecimiento. No brinda elementos para distinguir las posturas de derecha, centro e izquierda o las conductas de elitismo, populismo y movilización antiimperialista.
Nuestro enfoque se apoya en fundamentos marxistas para interpretar las tendencias de cada gobierno. Con esa mirada evaluamos no sólo la preeminencia de métodos extractivistas para la explotación de los recursos naturales, sino también el destino asignado al excedente obtenido en esas actividades.
 
VARIEDAD DE GOBIERNOS
El generalizado extractivismo que impera en América Latina apunta en cada país propósitos específicos. Las administraciones neoliberales convalidan la tajada obtenida por los bancos, las empresas transnacionales y los capitalistas locales de la agro-minería. Los mandatarios neo-desarrollistas equilibran ese destino con subvenciones a la burguesía industrial e inversiones en el mercado interno. Los gobiernos nacionalistas radicales restringen esos beneficios, para intentar mejoras sociales con políticas de redistribución del ingreso.
Entre los neoliberales la explotación de los recursos naturales está plenamente amoldada al libre-comercio, la desregulación financiera y las privatizaciones. Cualquier resistencia popular a la depredación del medio ambiente es respondida con brutalidad policíaco-militar.
Perú ofrece el retrato más contundente de esa reacción. El mega-proyecto minero de Conga en Cajamarca genera desde 1993 una gran destrucción de la naturaleza, que enriquece a los concesionarios del emprendimiento aurífero más grande de Sudamérica. Los campesinos se han movilizado contra una explotación a cielo abierto que destruye la provisión de agua. Libran una encarnizada batalla contra el proyecto de ampliar la mina. Esa extensión aniquilaría cuatro lagunas y dejaría un pálido reservorio artificial, manejado por empresas que obtendrían 15 mil millones de dólares de utilidades.
Al cabo de veinte años de saqueo del subsuelo la explotación de Conga no ha generado ningún beneficio social. El 53 % de los habitantes de la región subsiste en condiciones de pobreza. La lucha contra ese atropello ya dejó varios muertos. El líder de la resistencia se encuentra actualmente apresado, a pesar del enorme caudal de votos que recibió en su presentación para cargos electivos (N oriega, 2014; Gudynas, 2012a).
En el modelo neo-desarrollista ensayado en Argentina, el extractivismo se concentra en la soja. La expansión de ese cultivo se consuma podando bosques, fumigando superficies, desplazando la ganadería y destruyendo la agricultura diversificada.
El intento oficial de incrementar la apropiación estatal de la renta sojera -mediante mayores impuestos- provocó un gran conflicto con el agro-negocio en el 2008. El gobierno perdió esa batalla y también la fuente de recursos para su intento de reindustrialización. Por esta razón, una vez agotada la recuperación pos-2001, se apagaron los motores del desarrollo.
Ese fracaso coincidió, además, con el afianzamiento de políticas destructivas del medio ambiente en el terreno de la minería y el petróleo. Pero es importante registrar la fallida pretensión industrial-neo-desarrollista del modelo argentino, para comprender sus significativas diferencias con el esquema neoliberal peruano (Katz, 2014).
Esta misma distinción podría extenderse a Ecuador, que implementa un curso más parecido a la Argentina que a Perú. Su versión neo-desarrollista no apunta a recrear el peso de la industria, pero sí a estabilizar un proceso de acumulación capitalista.
A diferencia de Argentina la problemática del medio ambiente ha sido central bajo el gobierno de Correa. Un gran conflicto persiste con los movimientos sociales en torno al manejo de los recursos naturales. Esa confrontación se ha dirimido a partir de la decisión oficial de extraer el petróleo del Parque Nacional de Yasuní, que concentra un ambiente de extraordinaria biodiversidad.
La intención inicial de preservar esa riqueza bajo tierra con proyectos internacionales de protección ambiental quedó atrás. El gobierno confronta con todos los opositores a la extracción del crudo, combinando lenguaje autoritario con argumentos conservadores [5].
La severidad de estos mensajes retrata la decisión oficial de utilizar los recursos petroleros para reforzar la estabilización del modelo capitalista. Intenta consolidar ese esquema con mayor eficiencia estatal y asistencia social. La reducción de la pobreza, las mejoras en la infraestructura, el perfeccionamiento del sistema impositivo pretenden cimentar un modelo, que incluye acuerdos de libre-comercio con la Unión Europea y financiamiento internacional con monitoreo del FMI (Borja, 2014).
Frente al esquema neoliberal y su contraparte neo-desarrollista, existe una tercera orientación más redistributiva. Venezuela implementa ese esquema utilizando el petróleo para financiar las misiones, incrementar el consumo y reducir la desigualdad social.
El contraste de estas políticas con los gobiernos precedentes (copeyanos y adecos) es mayúsculo, a pesar de la continuidad que se verifica en la preeminencia de la petroeconomía. El chavismo también ha realizado un intento diversificación productiva que no prosperó por la respuesta desinversora de los capitalistas y por los límites del gobierno para confrontar con ese rechazo.
Un modelo semejante de recuperación estatal prioritaria de la renta de los hidrocarburos para solventar mejoras sociales se ha implementado en Bolivia. En este caso el esquema se estabilizó, sin remover la estructura improductiva y el elevado subdesarrollo del país.
El predominio de inversiones en sectores primarios en el Altiplano es tan visible como los compromisos suscriptos con grandes empresas transnacionales. Pero el criterio de evaluación puramente extractivista no esclarece por qué razón el esquema político, económico y social de Bolivia y Venezuela difiere del curso imperante en otros países.
 
INDUSTRIALIZACIÓN Y ECO-SOCIALISMO
La evaluación del escenario regional con parámetros exclusivamente centrados en el medio ambiente impide registrar las prioridades de industrialización. Este objetivo exige ante todo descartar las estrategias de protección de la naturaleza basadas en la reducción del crecimiento. Todos los países necesitan con urgencia intensificar el ritmo de su expansión productiva.
Esa aceleración requiere utilizar parte de los recursos naturales en proyectos de exportación que permitan financiar ese desenvolvimiento. La discusión con el neo-desarrollismo debe girar en torno a los protagonistas y sistemas sociales que permitirían alcanzar ese objetivo.
Muchos autores pos-desarrollistas olvidan esa prioridad en sus críticas a la “ideología productivista de la izquierda”. Esos cuestionamientos deberían ser planteados con mayor cuidado.
Ciertamente existió una tradición soviética de industrialismo taylorista que desconocía los efectos contaminantes del crecimiento intensivo. Pero ese modelo fue anterior al actual reconocimiento del deterioro ambiental y no estuvo motivado por el apetito de la ganancia o la presión competitiva. Esta diferencia cualitativa con el modelo capitalista no es un dato menor. Tampoco es secundario el antecedente que ofrece esa experiencia para los procesos acelerados de industrialización que podrían implementar los países periféricos.
América Latina necesita gestar un modelo productivo para superar sus carencias económico-sociales. Reconoce esta urgencia industrial no implica avalar el extractivismo. Sólo induce a conciliar las políticas de sustentabilidad ambiental con las estrategias de desarrollo. Se debe compatibilizar la protección de la naturaleza con la creación de empleo y con la generación de las divisas requeridas para sostener un modelo de crecimiento .
Para implementar ese esquema hay que establecer distinciones en las formas de procesar los recursos naturales. En este terreno son esclarecedoras las investigaciones de varios autores que han establecido diferencias entre la minería y el extractivismo. Demuestran que dinamitar montañas a cielo abierto o contaminar las napas con cianuro, no es la única forma de obtener minerales (Gudynas, 2013).
Las principales controversias aparecen frente a las concepciones más extremas que ignoran la imperiosa necesidad de la industrialización. Partiendo de ese desconocimiento se limitan a promover iniciativas de economía comunitaria y cuestionan las políticas de desarrollo centralizado y protagonismo de empresas estatizadas.
Estas visiones suelen recaer en imaginarios “Eldoradistas” de endiosamiento de la naturaleza y mistificación del mundo rural. Exaltan la agricultura tradicional y olvidan que cualquier práctica económica necesariamente afecta al medio ambiente.
Estos enfoques ignoran, además, la existencia de alternativas progresistas de crecimiento selectivo, basadas en jerarquizar la producción de los bienes sociales en desmedro de las mercancías prescindibles. Una discriminación de ese tipo permitiría, por ejemplo, sustituir paulatinamente los combustibles no renovables por la energía solar .
Ese viraje podría comenzar reduciendo la fabricación de los productos dañinos y acotando el dispendioso consumismo privado. El puntapié de ese giro podría ser el progresivo reemplazo del automóvil individual por formas de transporte colectivo.
Estas propuestas se inscriben en los enfoques que ha elaborado el eco-socialismo. Varios autores marxistas promueven esa visión, en contraposición a la destrucción capitalista de la naturaleza y a las ingenuas respuestas localistas a esa demolición.
El eco-socialismo ha demostrado cómo podría conciliarse la protección ambiental con el desarrollo, redefiniendo el significado de los bienes, diferenciando los productos necesarios de los superfluos y creando sistemas de información que reemplacen a la publicidad.
Esas iniciativas se enmarcan en una perspectiva de control social de los recursos y selección popular de alternativas de producción y consumo. Suponen avanzar en el establecimiento de formas de planificación democrática a escala global, a medida que madura un horizonte socialista ( Lowy, 2009a, 2009b; Tanuro 2014).
Con esta visión anticapitalista resulta posible superar la estéril oposición entre extractivismo y pachamamismo. El eco-socialismo permite resolver esa tensión, combinando propuestas pos-capitalistas de expansión productiva, igualdad social y Buen Vivir (Boron, 2013: 9-14).
 
EL PARENTESCO POSMODERNO
Las tesis localistas y naturalistas que cuestionan la idea de desarrollo, no postulan el reemplazo de esa noción por algún principio equivalente. Como descreen de las totalidades, las comparaciones y los propósitos históricos rechazan la utilidad de los conceptos rectores.
Pero prescindiendo de nociones orientadoras resulta imposible esclarecer los problemas en debate. Esos fundamentos permiten ordenar el análisis y superar la espontánea percepción de la realidad circundante como un caos incomprensible. Para definir los significados, implicancias y consecuencias del extractivismo hay que adoptar algún patrón analítico y explicitar algún objetivo general. 
Lo mismo ocurre con la objetada comparación. Si se declara la inutilidad de ese instrumento para clarificar las controversias, no se entiende cómo podría avanzar la comprensión de los problemas. Su explicación está muy ligada al contraste con procesos semejantes o contrapuestos.
En todas las discusiones del pensamiento social latinoamericano siempre se ha reconocido la gravitación de ciertas metas (como el desarrollo) y la existencia de ciertos impedimentos para alcanzarlas (como la dependencia). Al desconocer estos parámetros, no hay forma de saber cuáles son los obstáculos para alcanzar los objetivos en debate.
Escobar cuestiona estos principios pero curiosamente los utiliza en sus propias reflexiones, cuando incluye nítidas metas de protección del medio ambiente y lucha contra el extractivismo. ¿Estos objetivos no constituyen propósitos, insertos en totalidades con pretensiones históricas? ¿El equilibrio ecológico no implica cierta finalidad? Es evidente que en la defensa de esos proyectos se esgrimen argumentos en base a comparaciones. Escobar no puede sustraerse al uso de los instrumentos que objeta y en los hechos rechaza ciertas metas (como el desarrollo), pero acepta otras (como el equilibrio ambiental).
Por esa razón su crítica conjunta al liberalismo y al marxismo es inconsistente. Señala que ambas corrientes propugnan ciertos propósitos de largo plazo, cuando todas las escuelas de pensamiento (incluyendo la suya) aceptan esas finalidades. Lo importante no es el reconocimiento común de ciertos proyectos generales, sino la visión que cada escuela tiene de esos programas. Liberales y marxistas hablan del desarrollo, pero desde ópticas y propuestas diametralmente opuestas.
Tampoco es cierta la objetada coincidencia de ambas escuelas en torno al mismo ideal moderno de progreso. Polemizan entre sí porque reconocen la existencia del objeto en disputa, pero una teoría postula la defensa acérrima del capitalismo y la otra cuestiona con la misma intensidad a ese sistema.
Escobar intenta colocarse por encima de esas controversias y resalta la inutilidad de ese debate, suponiendo que ofrece otros parámetros para abordarla. Pero no logra sostener esa prescindencia y en los hechos reflexiona en torno al mismo problema.
En sus trabajos cuestiona el apego de liberales y marxistas a nociones totalizadoras y centrales. Pero ignora que el uso de ciertos criterios no está determinado por ataduras a un pensamiento esencialista, sino por la simple definición de prioridades.
Ese tipo de orden es establecido por todos los analistas para definir la importancia de los temas que abordan. Todos recurren a ciertas propiedades, principios o puntos de vista para indagar algún fenómeno, puesto que el desconocimiento de esos pilares impide esa comprensión.
Nadie le atribuye a esos fundamentos un don mágico de clarificación, ni supone que todos los interrogantes pueden ser respondidos con referencias al desarrollo, el progreso o la modernidad. Solamente se acepta la necesidad de puntos de partida, metas y categorías centrales para dilucidar el contenido de los temas en discusión.
Resaltar la importancia del desarrollo no implica adoptar posturas teleológicas, imaginar objetivos inexorables, promover metas extemporáneas o soñar con faros que guíen el desenvolvimiento histórico. El problema es más sencillo y se reduce a dirimir si existen ciertos propósitos (como el desarrollo) que tienen validez y merecen ser alcanzados. Si la respuesta es positiva también debe clarificarse cuáles son las condiciones históricas que favorecen u obstruyen la obtención de esas metas [6] .
Sin este abordaje resulta muy difícil entender cuál es la lógica de los acontecimientos. Los escenarios sujetos a explicaciones quedan sustituidos por algún universo de fuerzas inmanejables y derivaciones azarosas.
En ese contexto no se sabe cómo podrían los individuos y las clases sociales imprimir cierta dirección al devenir de la vida humana. No habría forma de actuar, ni posibilidades de alcanzar las metas de preservación del medio ambiente que ambiciona el pos-desarrollismo.
Estas deficiencias son muy corrientes en todas las visiones posmodernas. Escobar recae en una modalidad de esa perspectiva. Con su enfoque se pueden ensayar descripciones, pero no valoraciones del controvertido problema del desarrollo. Abre un campo para detallados retratos de esos procesos, pero no brinda pistas para desentrañar la dinámica de esos cursos. Su mirada impide evaluar si los modelos en discusión son mejores, peores, viables, imposibles, igualitarios o elitistas .
Ese enfoque elude, además, una caracterización precisa del capitalismo, que es la principal noción en juego para comprender los problemas del desarrollo. Cuando este concepto es situado en un plano semejante a la modernidad, las críticas al neo-desarrollismo y las defensas del medio ambiente pierden consistencia.
 
LA EXORBITANCIA DEL DISCURSO
Escobar fundamenta su visión en una crítica metodológica al sustento materialista de los abordajes marxistas. Cuestiona la pretensión de indagar el subdesarrollo latinoamericano, cuando sólo correspondería estudiar cómo fueron concebidos los discursos del desenvolvimiento de esa región.
En sus escritos subraya la importancia de analizar esas retóricas, en contraposición a los estudios centrados en modos de producción y estructuras sociales. Considera que esta última mirada afronta las mismas adversidades epistemológicas que el paradigma liberal-positivista, focalizado en evaluar mercados y comportamientos individuales (Escobar, 2005: 17-30).
Pero el enfoque que propone conduce a una restrictiva evaluación de discursos afines a las distintas teorías en disputa. No permite indagar los procesos que subyacen en esas contraposiciones. Como supone que ese análisis es imposible o inútil se limita a investigar las formas que presentan las distintas exposiciones sobre el desarrollo.
Con esa mirada todos los cuestionamientos al neoliberalismo o al neo-desarrollismo se reducen a objetar la formulación que adopta una u otra ideología. Se registran divergencias retóricas sin evaluar el contenido social de los programas en conflicto.
Escobar ignora que los problemas del desarrollo involucran algo más que relatos. Esas presentaciones constituyen sólo una dimensión de procesos objetivos impulsados, cuestionados o resistidos por distintas clases sociales, en función de intereses materiales divergentes.
Los sujetos que intervienen colectivamente en estos procesos no adoptan puntos de vista comunes por simple afinidad de discursos. Se agrupan para defender intereses compartidos. Estas coincidencias determinan visiones conservadoras, progresistas o revolucionarias del desarrollo.
El marxismo busca clarificar de qué forma esos enfoques benefician o perjudican a las distintas clases sociales. Evalúa las teorías en debate observando esas ventajas e inconveniencias. Indaga, por ejemplo, cuáles son los nexos de cada visión neoliberal o neo-desarrollista con el agro-negocio, los financistas o los industriales.
También extiende ese enfoque a caracterizaciones de la dependencia, observando la primacía de intereses exportadores, bancarios o fabriles. Con ese criterio el análisis de los textos no se limita al relato en sí mismo, sino que estudia las relaciones sociales predominantes en cada contexto. De esa forma evita oscurecer la comprensión de los fenómenos con simples juegos de lenguaje .
En oposición a este abordaje Escobar postula una visión pos-estructuralista, centrada en el análisis de los sentidos y la significación. Considera conveniente situar todo el estudio del desarrollo en este plano de representaciones y discursos (Escobar, 2005: 17-30).
Pero con esa mirada le asigna al lenguaje funciones que desbordan su esfera de acción. Extiende los principios de esa disciplina a todos los campos del saber, colocando a esos parámetros en un lugar ordenador del análisis social.
Por ese camino recae en la exorbitancia del lenguaje y en la extrapolación de conceptos de la lingüística a esferas ajenas a su ámbito. Olvida que el lenguaje no es un modelo apropiado para estudiar otras variedades de prácticas humanas. Presenta un bajo coeficiente de movilidad histórica, no está sujeto a restricciones materiales y se desenvuelve con ilimitadas posibilidades de inventiva [7].
El enfoque de Escobar recrea las dificultades del textualismo que evalúa los relatos por sí mismos, sin registrar las pautas que ofrece para comprender la realidad. Al suponer que el discurso pavimenta su propio terreno de interpretación en función de otros significados, trasforma a múltiples disciplinas (economía, política, sociología, historia) en sub-géneros de la literatura.
Las concepciones que instalan el imperio del discurso suponiendo que nada existe fuera del texto, adoptan una modalidad contemporánea de idealismo. Imaginan al mundo como una construcción retórica. Las estructuras económicas o políticas que condicionan el devenir de la sociedad son ignoradas y desaparece la posibilidad de interpretar los procesos sociales. Las explicaciones se diluyen en una concatenación de significantes surgidos de la absolutización del lenguaje (Callinicos, 1999: cap 11; Cinatti, 2003). 
 
REBELDÍAS Y CONOCIMIENTOS
Las miradas que observan todo el desarrollo como una lectura tienden a eludir los juicios sobre esos procesos. La evaluación de los aciertos y los desaciertos queda suspendida y ya no interesa dilucidar cuales son los comportamientos apropiados y las decisiones correctas para los intereses en disputa. Esta postura es coherente con el rechazo a la búsqueda de la verdad.
Escobar cuestiona ese objetivo remarcando la inutilidad de proveer una caracterización más precisa de lo real. Resalta la ingenuidad de ese propósito y su dependencia de miradas euro-céntricas, empeñadas en descubrir verdades lógicas como único árbitro del conocimiento. Propone, en cambio, trabajar en las preguntas y las hipótesis, para evitar los conceptos únicos y la subjetividad jerarquizante de la izquierda (Escobar, 2005: 17-30, 2010b).
Pero con ese enfoque atenúa la centralidad de la verdad y la gravitación de la racionalidad para comprender los fenómenos. Desconoce las premisas requeridas para entender la dinámica del desarrollo. Omitiendo la distinción entre lo falso y lo verdadero no hay forma de encarar esa indagación .
La objetada búsqueda de la verdad es un impulso insustituible, para clarificar los procesos históricos que conducen al desarrollo (o su opuesto de subdesarrollo) y a la dependencia (o su contraparte de autonomía).
Al desechar ese objetivo se abandona el estudio de las causas, los determinantes y los resultados de los procesos sociales. La secuencia de acontecimientos que condujo al atraso latinoamericano queda convertida una sucesión de accidentes fortuitos. El análisis de los hechos se diluye en el reino de la contingencia y el azar sustituye al registro de las condiciones, límites y posibilidades del desenvolvimiento histórico (Wood, 1986: cap 4, 5).
Este abandono pos-estructuralista de la clarificación histórica explica la gravitación asignada a la clasificación en desmedro de la interpretación. La aversión a la indagación racional también suscita una creciente tentación a equiparar la comprensión provista por la ciencia con las intuiciones aportadas por cualquier modalidad del saber.
El enfoque de Escobar incurre en estos problemas conceptuales. Estos desaciertos no anulan el aporte de su trabajo. Es un c rítico del capitalismo que actúa junto a los movimientos sociales y las comunidades. Sus escritos incluyen acertadas denuncias de la exclusión, la represión y la crueldad que impone la opresión imperial del Tercer Mundo.
Ese posicionamiento lo ubica en el campo de los rebeldes que bregan por la igualdad social. Para alcanzar ese objetivo es necesario afinar las caracterizaciones, las teorías y las propuestas.
REFERENCIAS
 
- Acosta Alberto, (2009), “Los gobiernos progresistas no han puesto en tela de juicio la validez del modelo extractivista”, www.ecoportal.net, 10-9
- Acosta Alberto, (2012), “Puntos de separación”  kaosenlared.net, 01/10/2012
- Anderson, Perry, (1983), Tras las huellas del materialismo histórico, Siglo XXI, Madrid, 1983.
- Borja, Diego, (2014), “Entrevista”, www.nodo50.org/opcion.
- Boron, Atilio, (2013), “Introducción”, Seoane, José; Taddei Emilio; Algranati, Clara. Extractivismo, despojo y crisis climática. Ediciones Herramienta .
- Bruckmann, Mónica, (2012), “Una estrategia regional para la gestión soberana”, alai net.org, 11/12.
- Callinicos Alex, Social theory, (1999), Polity Press, 1999, Great Britain.
- Cinatti, Claudia, (2003), “La impostura pos-marxista”, Estrategia Internacional, n 20, Buenos Aires, septiembre.
- Cuvi, Juan, (2013) “No hay revolución, este proyecto es la modernización del capitalismo”, edicionimpresa.elcomercio.com.
- Dávalos, Pablo, (2013), “Entrevista”, www.ecuadorlibrered.tk, 6/6
- Eagleton, Terry, (1997), Las ilusiones del posmodernismo, Paidos, Buenos Aires.
- Escobar Arturo, (2005), “El “post-desarrollo” como concepto y práctica social”, Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. Caracas, Universidad Central de Venezuela, cedum.umanizales.edu.co
- Escobar Arturo, (2010a), “Contra el neo-desarrollismo”, www.rebelion.org, 17/3.
- Escobar Arturo, (2010b), Pachamámicos versus Modérnicos ”, www.politicayeconomia.com, 25/5.
-Escobar Arturo, (2013), “Entrevista” www. cronicon .net/paginas/edicanter, noviembre.
- Gudynas, Eduardo, (2009), “Inserción internacional y desarrollo latinoamericano”, Observatorio de la Globalización, n 7, diciembre.
- Gudynas, Eduardo, (2012a), “Cinco hipótesis sobre el caso Conga”,  brecha.com.uy, 17-7
- Gudynas, Eduardo, (2012b), “Una izquierda más allá del progresismo”, brecha.com.uy, 14-9.
- Gudynas, Eduardo, (2013), Hoy, en América Latina , Marx ¿sería extractivista?”, www.rebelion.org, 08-02.
- Gudynas, Eduardo, (2013), “Los gobiernos progresistas justifican”, www.mediosdelospueblos.org, 23/12.  
- Harvey David, (1998), La condición de la posmodernidad, Amorrortu, Buenos Aires.
- Holloway, John, (2002), Cambiar el mundo sin tomar el poder , Herramienta-Universidad de Puebla, Buenos Aires.
- Katz Claudio, (2008) Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Ediciones Luxemburg, Buenos Aires.
- Katz, Claudio, (2014), “La economía desde la izquierda: una mirada sobre Argentina”, Cuadernos de Economía Crítica, año 1, número 1, La Plata.
- Lowy, Michael, (2009a). “Changement climatique: contribution au debat”, n°553-554, septembre-octobre.
- Lowy, Michael, (2009b) Ecosocialismo: hacia una nueva civilización, Revista Herramienta n 42, octubre 2009, www.herramienta.com.ar
- Munck Ronaldo, (1999), “Dependency and imperialism in the new times: A Latin American perspective”, The European Journal of Development Research, vol 11.
- Noriega, Carlos, (2014), “ Gobernador, activista y reo”, Página 12,14-10.
- Seoane, José; Taddei Emilio; Algranati, Clara. Extractivismo, despojo y crisis climática. Ediciones Herramienta , 2013.
- Sousa Santos, Boaventura, (2014), “¿La Revolución ciudadana tiene quien la defienda?”, www.telegrafo.com.ec, 19/5.
- Stefanoni, Pablo, (2014), Ecuador: una meritocracia nacional y popular”, www.rebelion.org. 9/4
- Svampa Maristella, (2010), La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de carácter socio-ambiental y discursos dominantes” www. maristellasvampa .net/archivos
- Svampa Maristella, (2013), “El consenso de commodities y lenguajes de valoración en América Latina”, www.iade.org.ar, 02/05.
- Tanuro, Daniel, (2014), “Energy transition and anticapitalist alternative”, Third IIRE Seminar on the Economic Crisis. Amsterdam, 15-2.
- Wood, Ellen Meiksins, (1986), The retreat from the class, Verso, London 1986.
- Zibechi, Raul, (2012), “La paz del extractivismo”, www.jornada.unam.mx,07/09.
 
 
 
MIRADAS POS-DESARROLLISTAS
Resumen
El pos-desarrollismo expone acertadas críticas y participa en intensas resistencias contra el extractivismo. Pero algunas variantes objetan el propio concepto de desarrollo, olvidando que el retraso económico no es un relato sino una dura realidad, que distingue a Latinoamérica de los países centrales.
Las propuestas localistas permiten iniciativas comunitarias, pero no enmiendan las falencias del capitalismo. Tampoco doblegan la agenda extractivista que comparten gobiernos muy disimiles. Con criterios puramente ambientalista no se puede distinguir a los modelos neoliberales, neo-desarrollista y redistributivos.
Los proyectos eco-socialistas concilian protección ambiental con crecimiento e igualitarismo, evitando el endiosamiento de la naturaleza. El rechazo pos-moderno del desarrollo obstruye, en cambio, esos objetivos y contradice su aceptación de otras metas generales. Tampoco clarifica los intereses sociales subyacentes en los distintos esquemas en disputa. Las rebeliones populares necesitan sustentos teóricos comprometidos con juicios para comprender la realidad.
 
 
Notas:
 
Claudio Katz. Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz
[2] Ver: Gudynas, (2009, 2013, 2012), Zibechi, (2012), Svampa (2010), Acosta (2009, 2012).  
[3] Una detallada descripción de los distintos enfoques en: Seoane, Taddei, Algranati (2013: 257-279).
[4] Nuestra visión en: Katz (2008: 129-147).
[5] Ver: Ver: Sousa Santos (2014), Acosta (2012), Cuvi, (2013), Stefanoni, (2014)
[6] Ver: Eagleton, (1997: 141-193), Harvey (1998: 359-389).
[7] Ver: Anderson (1983)

lunes, 10 de noviembre de 2014

«Las 25 noticias más censuradas en 2013-2014», según "Proyecto censurado"





La noticia más importante y más censurada durante el año académico 2013-2014 del hemisferio norte ha sido la terrible amenaza para la vida marina, la cadena alimentaria y la sobrevivencia de la especie humana que trae consigo la acidificación creciente de los océanos provocada por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas por la “civilización capitalista”.


Las 25 noticias más censuradas por la gran prensa de Estados unidos se darán a conocer el 7 de octubre en el anuario Censored 2015, que publica el Proyecto Censurado de California desde hace 38 años, en colaboración con la Universidad Sonoma State y actualmente, con decenas de universidades comprometidas con este trabajo por la libertad real de información.



Éstas fueron las top ten, o sea, las 10 noticias más importantes censuradas:

• El aumento veloz de la acidificación de los océanos pone en peligro la vida marina
• Los gobiernos que más se benefician con ayuda de Estados Unidos practican la tortura
• La gran prensa ignoró denuncia de WikiLeaks sobre el Tratado Trans-Pacífico (TTP)
• Corporaciones proveedoras de Internet amenazan su neutralidad
• Banqueros de Wall Street tienen apoyo pese a sus crímenes mayores
• Estado profundo: “Gobierno sin referencias al consentimiento del gobernado”
• FBI ignoró plan de asesinato contra líderes Occupy mientras la NSA y el gran capital daban golpes bajos a los disidentes
• Grandes medios ignoran conexión entre excesos del clima y calentamiento global
• Hipocresía mediática de Estados Unidos en la cobertura de la crisis de Ucrania
• OMS suprime informe sobre cánceres y defectos de nacimiento en Irak

1.- El aumento veloz de la acidificación de los océanos pone en peligro la vida marina

Es archisabido que el uso de combustibles fósiles -como carbón, petróleo y gas natural- libera dióxido de carbono (CO2) en el aire. Pero es menos sabido que el 25% de ese dióxido de carbón -más de 9 mil millones de toneladas al año- es absorbido por los océanos. Craig Welch invitó, en el Seattle Times, “a imaginarse a cada habitante de la tierra sacudiendo sobre el mar un trozo de CO2 tan grande como una pelota de bowling. Esto es lo que cada día le hacemos a los océanos”. Como informaron Welch y otros, el CO2 cambia la química de los océanos más rápido que en cualquier otro momento de la historia humana, con consecuencias potencialmente devastadoras, tanto para la vida marina como para la gente que depende de la industria pesquera mundial como fuentes vital de proteína y sustento.

2.- Los gobiernos que más se benefician con ayuda de Estados Unidos practican la tortura

Las diez naciones seleccionadas para recibir el grueso de la ayuda extranjera de Estados Unidos en el ejercicio económico 2014 practican todas las torturas y son responsables de los mayores abusos contra los derechos humanos, según reporta Daniel Wickham en Left Foot Forward.

Wickham llegó a esta conclusión al analizar una combinación de cifras de ayuda extranjera proyectadas, en un informe de enero 2013, por el Servicio de Investigación del Congreso y cruzó esa información con hallazgos de torturas divulgados independientemente por Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones de derechos humanos con reconocimiento internacional, en particular de Estados Unidos, que suele utilizarlas como coadyuvantes de su política exterior agresiva y discriminatoria.

3.- La gran prensa ignoró denuncia de WikiLeaks sobre el Tratado Trans-Pacífico (TTP)

WikiLeaks publicó el 13 de noviembre de 2013 una sección del acuerdo comercial conocido como Tratado Trans-Pacífico, Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Cooperación Económica, o TPP (por su sigla en inglés). En la superficie, el tratado habla de facilitar el comercio entre Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. Sin embargo, hay varias luces rojas que emperifollan este acuerdo que se negocia en secreto.

El acuerdo afectará a 800 millones de personas y a un tercio de todo el comercio mundial, pero apenas 3 personas de cada nación signataria tienen acceso al documento completo. Entre tanto, 600 “consejeros corporativos,” que representan el “gran negocio petrólero” (big oil), corporaciones farmacéuticas y del entretenimiento, están involucrados en la redacción y las negociaciones secretas del TPP.

4.- Corporaciones proveedoras de Internet amenazan su neutralidad

Cuando el anuario Censored 2015 entraba en prensa, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) reveló públicamente su propuesta de nuevas reglas para el tráfico en Internet. Por 3 votos contra 2, la FCC abrió una ventana de cuatro meses para comentarios públicos formales sobre cuán estrictas deberían ser aquellas reglas, y galvanizó la atención de los grandes medios corporativos de información sobre la cuestión de la neutralidad neta.

Por contraste, durante meses previos a este desarrollo, periodistas independientes como Paul Ausick (Wall St.,), Cole Stangler (In These Times) y Jennifer Yeh (FreePress) estuvieron liderando el esfuerzo por informar al público sobre el esperado enfrentamiento entre la neutralidad neta y las murallas de esta batalla.

En septiembre de 2013, la corte de apelaciones federal de Washington DC comenzó un caso crucial presentado por el mega grupo comunicacional y proveedor de Internet Verizon Communications Inc., que desafía a la autoridad FCC a regular a los proveedores del servicio y amenaza a los usuarios. Los resultados de este duelo aún no se definen.

5.- Banqueros de Wall Street tienen apoyo pese a sus crímenes mayores

Una historia que atravesó una década llegó a un final infortunado y nada sorprendente. Tres ex banqueros de General Electric -Dominick Carollo, Steven Goldberg y Peter Grimm- fueron condenados en 2012 por remates fraudulentos de obligaciones municipales, esencialmente por robar fondos de proyectos destinados a construir escuelas públicas, hospitales, bibliotecas y clínicas para ancianos en prácticamente cada estado estadounidense.

Sin embargo, en noviembre de 2013, aquellas acusaciones fueron invertidas por un tecnicismo: A los acusadores federales les tomó tanto tiempo construir el caso masivo que se agotó el plazo legal. Como lo hizo notar un abogado de la defensa, los tres hombres fueron liberados de la prisión justo a tiempo para estar en sus casas en la cena de Acción de Gracias. Y el mundo sigue rodando, Wall Street incluida.

6.- Estado profundo: “Gobierno sin referencias al consentimiento del gobernado”

No es ningún secreto que los ciudadanos están condenando al gobierno de Estados Unidos por su falta de transparencia, de responsabilidad y de representación constitutiva honesta. En un reporte para Moyers & Company -publicado por Billmoyers.com-, Mike Lofgren, miembro del personal del Congreso durante 28 años, especializado en seguridad nacional, abordó la aplicación del “estado profundo” que orquesta agendas privadas controladas de manera no democrática, mientras los medios corporativos distraen la atención del público centrándose en la política partidaria tradicional de Washington.

Lofgren afirmó que, aunque el estado profundo no sea “ni omnisciente ni invencible”, está “implacablemente bien atrincherado” en la “asociación híbrida de elementos del gobierno con las cúpulas del nivel más superior de las finanzas y de la industria, con capacidad para gobernar con eficacia a Estados Unidos sin referencias al consentimiento del gobernado”.

7.- FBI ignoró plan de asesinato contra líderes Occupy mientras la NSA y el gran capital daban golpes bajos a los disidentes

En octubre de 2011, cuando el movimiento Occupy llegó a Houston, los manifestantes fueron objeto de vigilancia local y federal, con infiltración de agentes provocadores y asaltos de la policía. Meses después, un documento obtenido en diciembre de 2012 en la oficina en Houston del FBI, reportado por Dave Lindorff, muestra que la agencia conocía un diagrama para asesinar líderes del movimiento Occupy y no hizo absolutamente nada.

El documento fue desclasificado legalmente en Washington por Partnership for Civil Justice Fund, que lo solicitó invocando la Ley de Libertad de Información (FOIA, según su sigla en inglés), pero fue liberado con tachaduras. Aún así algo se lee: Un identificado [SUPRIMIDO] planeó en octubre armar ataques de francotiradores contra manifestantes (sic) en Houston, Texas, si se considera necesario. Un identificado [SUPRIMIDO] había recibido inteligencia indicando que los manifestantes en Nueva York y Seattle planean protestas similares en Houston, Dallas, San Antonio y Austin, Texas. [SUPRIMIDO] planea reunir información de inteligencia en contra los líderes de los grupos de protesta y obtener fotografías, y luego formular un plan para matar a los líderes, suprimiéndolos vía rifles de francotirador.

Lindorff reportó -en junio de 2013- que el FBI conocía la identidad de quién o quiénes planearon los ataques con francotirador, pero no había desclasificado ningún nombre.

Paul Bresson, jefe de la oficina de prensa del FBI, explicó: "Los documentos FOIA [Free of Information Act] a que Ud. hace referencia fueron redactados en varios lugares con arreglo a la FOIA y a las leyes de privacidad que rigen la divulgación de dicha información, por tanto no soy capaz de ayudar a llenar los espacios en blanco... [S]i el FBI estaba al tanto de información creíble y específica implicando un plan de asesinato, la policía habría respondido con una acción apropiada".

8.- Grandes medios ignoran conexión entre excesos del clima y calentamiento global

Mientras el clima extremo llega a ser cada vez más común, recibe una parte justa de la cobertura informativa en las noticias. Pero a menudo estos informes fallan en ofrecer cualquier mención a la conexión entre el cambio de clima y los eventos y de extremo mal tiempo.

Peter Hart reportó para Extra! que las noticias nocturnas cubren los eventos extremos del tiempo tan inusuales y de interés general, pero generalmente omiten la explicación del cambio de clima como causa subyacente.

Un estudio del observatorio mediático Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR) encontró que en 2013 los eventos extremos del tiempo dieron lugar a 450 segmentos de noticias, donde solamente 16 mencionaron el cambio de clima. En cuanto a noticiarios estelares específicos, el Evening News de CBS utilizó solamente expresiones como “calentamiento del planeta” y “gases de efecto invernadero” en 2 de 114 informes sobre eventos meteorológicos extremos.

9.- Hipocresía mediática de Estados Unidos en la cobertura de la crisis de Ucrania

La ocupación rusa de Crimea condujo a los grandes medios corporativos y a funcionarios gubernamentales a pedir una respuesta severa de Estados Unidos. El Secretario de Estado John Kerry declamó la intervención rusa como “acto del siglo XIX en el siglo XXI”. Según Robert Parry, de Consortium News, los críticos de Rusia en Estados Unidos parecieron olvidar el historial propio de su país en derrocamientos de gobiernos democráticos, incluyendo la invasión ilegal de Iraq, que Kerry apoyó.

Los medios corporativos tampoco pueden reconocer que Putin ordenó la ocupación de Kiev después que un golpe conducido, por lo menos en parte, por los neo-nazi, en condiciones discutibles menos criminales que la invasión de Estados Unidos de Iraq, que Washington legitimó con acusaciones falsas.

“Si Putin está violando el derecho internacional enviando tropas rusas a Crimea después que un golpe violento, encabezado por las milicias neonazis, expulsara al presidente democráticamente elegido de Ucrania -escribió Parry-, entonces ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no ha llevado al Tribunal Penal Internacional a George W. Bush, Dick Cheney y, de hecho, a John Kerry por su invasión a Irak, de lejos más criminal?”

10.- OMS suprime informe sobre cánceres y defectos de nacimiento en Irak

En contradicción con su propio mandato, la Organización Mundial de la Salud (OMS) continúa suprimiendo pruebas destapadas en Iraq sobre los efectos del uso militar estadounidense de uranio empobrecido y otras armas que no sólo mataron a muchos civiles sino también causaron una epidemia de defectos de nacimiento y otros graves problemas de salud pública. Al rechazar la difusión de este informe, originalmente destinado al grueso público, la OMS oculta la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y, a la vez, protege eficazmente a sus fuerzas militares causantes de esta catástrofe de salud pública.

Un informe del Ministerio de Sanidad de Irak y de la OMS, que reporta cánceres y defectos de nacimiento, debió ser entregado al conocimiento público en noviembre de 2012, pero los funcionarios han retrasado indefinidamente la difusión del informe. A esta fecha, [13/09/2014] Denis Halliday escribió en Global Research que el reporte de la OMS permanece “clasificado”. Según la OMS, se ha retrasado la liberación del informe porque su análisis necesita ser evaluado por un “equipo de científicos independientes”.

El informe de Halliday comparó el caso irakí con la herencia de problemas de salud derivados del uso del Agente Orange por las tropas de Estados Unidos en Vietnam. Mientras tanto, la realidad es que “Irak está envenenado”, escribió la doctora en medicina Mozhgan Savabieasfahani en ZNet.

 
¿Qué es el Proyecto Censurado?
Proyecto Censurado es el más antiguo observatorio de vigilancia de noticias censuradas por los grandes medios de Estados Unidos. Lo inició en 1976 el sociólogo Carl Jensen, académico de la Universidad Sonoma State, de California, al concluir que los grandes medios estaban ocultando a sus usuarios demasiada información relevante sobre el entramado del episodio Watergate, el caso de espionaje político que provocó la caída del presidente de Estados Unidos Richard Nixon.

Al jubilarse Jensen, en 1996 asumió la dirección del Proyecto Censurado su colega Peter Phillips, quien lo condujo hasta 2010. Desde 2010, Phillips preside el Project Censored y su matriz actual, la Media Freedom Foundation, que patrocina el proyecto de investigación transformado hoy en un programa académico para estudiantes que cursan sociología y periodismo en Estados Unidos.

Actualmente, la dirección del Proyecto recae -desde 2010- en el académico Mickey Huff, secundado por su colega Andy Lee Roth.

Esta iniciativa de 38 años surgió de las aulas universitarias de ciencias sociales -no de periodismo-, aunque su objeto de estudio son los grandes medios, pero en este año académico 2014-2015 comenzaron a incorporarse profesores y estudiantes de periodismo, por ejemplo en la Universidad Europea de Madrid (UEM). Proyecto Censurado produce y publica Censored, un anuario cuyo primer capítulo contiene las 25 noticias más importantes que el grueso público jamás conocerá en los noticiarios de la noche, ni leerá en los grandes matutinos, por la parcialidad y autocensura que hoy caracterizan a los grandes medios de todo el mundo. Este volumen anual de más de 500 páginas, desde 1994 está a cargo de la editorial Seven Stories, de Nueva York.

Convertido ahora en un proyecto nacional de investigación de medios, las noticias de cada año son seleccionadas por casi 300 estudiantes y docentes de una veintena de universidades entre cientos de informaciones que nunca verán la luz pública. Las 25 “noticias más censuradas” surgen de un proceso riguroso de selección a cargo de un jurado nacional e internacional, integrado entre muchos otros, por figuras como Noam Chomsky.

Cada historia periodística se presenta en detalle, junto con actualizaciones de los periodistas de investigación que las dieron a conocer. Además de las 25 historias seleccionadas, los capítulos adicionales del libro profundizan en temas de actualidad sobre los grandes medios. La sección Análisis de Medios proporciona actualizaciones anuales de lo que el Proyecto Censurado llama Junk Food News (Noticias Basura), Noticias Abuso y Déjà Vu de la Censura.

También se dan a conocer algunos signos de esperanza, principalmente respecto al fortalecimiento y crecimiento de los medios de comunicación alternativos. El anuario da conocer el estado de la parcialidad de los grandes medios y ofrece una cobertura alternativa de todo el orbe.

En la sección Emergencia por la Verdad, académicos y periodistas dan una mirada crítica al imperio militar-industrial-mediático de Estados Unidos/OTAN. Y en la sección Proyecto Censurado Internacional se describe el significado a lo largo y ancho del mundo de la lucha por la democracia en los medios de información. Se genera un debate en estrecha colaboración con la veintena de universidades afiliadas al Proyecto Censurado, en Estados Unidos y resto del mundo, sí como medios de comunicación alternativos de todo el orbe.

Favorito perenne de los libreros, académicos y lectores de todo el mundo, el anuario Censored es una de las señales más fuertes del deseo colectivo por noticias verdaderas, una necesidad sentida por los ciudadanos que ya no confían en la visión del mundo que retratan los grandes medios.

El actual director del Proyecto Censurado, Mickey Huff, también ocupa un sillón en el Consejo de Directores de la Fundación por la Libertad de los Medios (Media Freedom Foundation, MFF), que hoy alberga al Project Censored, presidida por el Dr. Peter Phillips, primer sucesor de Carlo Jensen en la dirección del Proyecto. Phillips y Huff animan todos los viernes el Programa Mañana Mixta, Project Censored Show, que se transmite desde Berkeley, California, por KPFA Pacifica Radio.

Huff, profesor de ciencias sociales e historia en la universidad Diablo Valley College, ha estado a cargo de las últimas cuatro ediciones anuales de la serie Censored. También es co-director del departamento de Historia de la Universidad Diablo Valley y, además, es músico y compositor por más de 20 años.

Andy Lee Roth, Ph.D., es director asociado del Proyecto Censurado, ha participado en la coedición de las últimas ediciones del anuario Censored, contribuye con textos originales de investigación sobre la cobertura de guerra de los grandes medios corporativos y sobre medio ambiente, además de participar ocasionalmente en el programa Mañana Mixta del Proyecto Censurado por radio Pacífica. También enseña sociología en Sonoma State University.

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado internacional de Proyecto Censurado.

Proyecto Censurado, Project Censored, Censored, Ernesto Carmona, Universidad Sonoma State, Sonoma State University, Peter Phillips, Estados Unidos, Censura, Medios de Comunicación

Fuente: http://www.argenpress.info/2014/10/hoy-se-publican-las-25-noticias-mas.html

viernes, 7 de noviembre de 2014

«Capitalismo del saqueo: el giro jurídico-mediático ante la cleptocracia»

 

El escándalo moral ante el estallido de denuncias de corrupción en España no deja de tener una dimensión hipócrita: nadie puede alegar de forma legítima desconocimiento al respecto. Lo que la derecha llama “milagro económico” español no ha sido otra cosa que la materialización de un crecimiento macroeconómico desigual estructurado sobre la base de prácticas corruptas en las que han participado gobiernos, grandes empresas, la banca privada y algún que otro invitado de honor, como es el caso de algunos líderes de los sindicatos mayoritarios. Nada de ello habría sido posible sin la complicidad objetiva (o, si se prefiere, la pasividad cómplice) de las mayorías sociales.
 
A nivel nacional, el saqueo sistemático a las cajas de ahorros, la organización fraudulenta de macroeventos deportivos, artísticos o religiosos, las contrataciones y adjudicaciones públicas a comisión a empresas privadas, el rescate estatal a la banca privada, los procesos de privatización acelerada de diversos organismos públicos o la estatización de deuda privada, entre otros asuntos, marcan las últimas décadas. Los escándalos actuales de corrupción (desde las tarjetas opacas en manos de políticos, banqueros y sindicales hasta las salpicaduras que afectan a la abrumadora mayoría de la cúpula del partido de gobierno, por no referirnos a la ingeniería de usurpación de algunos clanes familiares) no constituyen ninguna novedad: la condición de acceso al sistema político vigente implica, como regla, la aceptación de un régimen de prebendas. Nunca insistimos demasiado al remarcar que la globalización económica es también la globalización de la impunidad de las grandes corporaciones (favorecidas por la infrarregulación de los mercados) y la reconfiguración del sistema como capitalismo del saqueo.
 
En este sentido, la cleptocracia está institucionalizada y desborda la esfera estatal: no constituye una “perversión” con respecto a una pauta de rectitud diferente, sino que es el modo regular de funcionamiento de la economía-mundo y, en grados variables, según los controles públicos desplegados, de las democracias parlamentarias actuales (1). La ecuación de la gobernabilidad está ligada a la regulación de estas prácticas corruptas, no a su extirpación. El enriquecimiento ilícito de las autoridades dirigenciales es condición de gestión de políticas públicas antipopulares que tienen como beneficiarios inequívocos a las elites económico-financieras que las impulsan a base de mecanismos como el soborno, las puertas giratorias, los préstamos blandos, las dádivas y, en general, la instauración de un sistema ilegítimo de privilegios. Aunque no hay un límite fijo a estas prácticas sistémicas, su expansión ilimitada siempre corre el riesgo de provocar una «crisis de legitimidad».
 
Es desde ese transfondo político como podemos interpretar de forma plausible el actual giro jurídico-mediático ante la corrupción estructural que afecta a España. En efecto, lo que resulta novedoso en el presente no es la existencia de estas prácticas delictivas, sino la proliferación de actuaciones judiciales y denuncias mediáticas en torno a ellas. Aunque no hay motivos para la euforia, desde las revueltas pacíficas del 15-M, el estado de ánimo colectivo ha cambiando de forma acelerada: ante el ensanchamiento de la desigualdad socioeconómica y el deterioro de las condiciones de vida de amplias franjas sociales, la corrupción organizada de las élites económicas, financieras y gubernamentales es objeto de un repudio social generalizado. Lo que antaño se consentía de forma tácita, aparece hoy como algo inadmisible, aun cuando el grado de movilización social siga siendo menor al que cabría prever en circunstancias semejantes. El ascenso electoral de Podemos no es sino la encarnación de ese estado de ánimo que enlaza la indignación colectiva con la voluntad de un cambio político relevante.
 
Así, la hipótesis de lectura más plausible para dar cuenta de este giro jurídico-mediático podría plantearse a partir de lo que en ajedrez se denomina tour de force, esto es, un movimiento forzado producto de la deslegitimación creciente de esas instituciones y la intensificación de las luchas en su interior. Incluso si sigue siendo pertinente preguntarse por otros factores que pudieran estar incidiendo en este giro, la creciente crisis de legitimidad podría estar provocando fisuras significativas en las alianzas de las clases dominantes. Las actuaciones judiciales contra la corrupción pueden interpretarse como un intento de revertir el descrédito del que es objeto el sistema judicial en su conjunto. En particular, constituyen indicios del debilitamiento de una mayoría judicial conservadora, desacreditada tras el castigo ejemplarizante a jueces emblemáticos en la lucha contra la corrupción (destituidos por prevaricación) y del bloqueo sistemático de las investigaciones judiciales de este tipo de delitos cuando afectan a miembros destacados del establishment.
 
A nivel mediático, la hipótesis implica una variante: el giro de los medios privados de comunicación está interrelacionado tanto a esta nueva dinámica judicial como a la presión social creciente. Si por momentos los medios de prensa más conservadores van por delante de las actuaciones judiciales, ello se debe, ante todo, a una política editorial que anticipa un escenario temido, esto es, la profundización de una crisis de legitimidad que supondría, en primer lugar, el viraje electoral hacia fuerzas político-partidarias emergentes, como es el caso de Podemos. Las denuncias sobre corrupción responden a la lectura que los discursos mediáticos dominantes hacen del actual contexto político: sin una intervención contundente por parte del gobierno nacional que interrumpa la impunidad y penalice a los sujetos implicados (algo que difícilmente puede hacer, dado que comprometería a buena parte de sus miembros), el viraje político hacia la izquierda se hace cada vez más inevitable. Se trata, pues, de una versión novedosa del imperial miedo a los bárbaros, por demás de manifiesta en la auténtica cruzada que estos discursos han emprendido contra aquellos que encarnan de forma verosímil alguna tentativa de cambio. Semejante jugada estratégica, desde luego, sigue siendo arriesgada: salvar el neoconservadurismo arremetiendo contra el partido de gobierno que lo encarna puede crear efectos contrarios a los previstos. Seguir prescribiendo un “capitalismo sano”, orientado a la iniciativa privada y la reducción de lo público -como si no se tratara de un oxímoron o una contradicción de los términos- se parece cada vez más a un ejercicio de periodismo-ficción.
 
No cabe descartar que el discurso contra la corrupción desate una debacle gubernamental, pero sigue siendo algo completamente incierto si esa debacle dará cabida a un cambio político profundo o a una mera reestructuración del bloque dominante. La crisis de hegemonía puede dar paso a lo emergente sólo en la medida en que se conecte esa corrupción generalizada al sistema que la produce. Es esa crisis lo que anuncia una oportunidad histórica de cambio que sobrevuela el presente.
 
Arturo Borra
 
 
 
Nota:
(1) Para un análisis más detallado, remito a “Crisis, corrupción y capitalismo”, en “Rebelión” (3-08-2013), versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=172042.

sábado, 25 de octubre de 2014

Anotaciones sobre la construcción simbólica de las migraciones





Interrogarse sobre los procesos migratorios es interrogarse también sobre las construcciones simbólicas hegemónicas que se articulan socialmente en torno a dichos procesos. Forma parte de nuestra labor crítica problematizar esas construcciones de sentido y reinterpretar dicha realidad a partir de claves de lectura diferenciadas. Aunque la labor es inagotable, en el contexto español, resulta pertinente apuntalar algunas observaciones al respecto, partiendo de una hipótesis general: las construcciones discursivas hegemónicas, en las que participan de forma decisiva los dispositivos mediáticos, significan los fenómenos migratorios como una realidad homogénea, simple y unidimensional, basándose en tópicos, prejuicios y prácticas institucionalizadas que afectan de forma drástica la vida de millones de personas.


Reflexionar sobre las modalidades específicas de construcción del objeto «inmigración» por parte de esos discursos sociales no agota otras posibilidades interpretativas. Sin embargo, pueden identificarse con claridad dos matrices discursivas socialmente mayoritarias: 1) la que significa la inmigración como “amenaza”, no sólo en un nivel laboral sino también en un plano identitario y securitario y 2) la que la asocia a “situaciones de extrema vulnerabilidad”, especialmente de aquellos que categoriza como “sin papeles”. En lo subsiguiente, me referiré a la primera matriz como «discurso de la hostilidad» y a la segunda como «discurso de la caridad». Desde luego, podrían identificarse otras variantes, como las que se articulan en la literatura moderna, relacionadas a lo que Edward Said ha estudiado de forma magistral en su Orientalismo (1); en particular, la que conduce a la exotización de las diferencias. En la actualidad, sin embargo, semejante «discurso exotista» de forma creciente resulta minado por la fijación del Otro en tanto encarnación de una amenaza global.


En última instancia, tanto el discurso de la hostilidad como el discurso de la caridad constituyen variantes de un patrón hegemónico, no obstante los énfasis contrarios que sugieren. A pesar que en el primer caso la asimetría produce un rechazo más o menos encubierto y en el segundo cierta indulgencia, «hostilidad» y «caridad» son posiciones que fijan a los otros en una relación esencialmente asimétrica. La desigualdad persiste como punto en común incuestionable. Se trata, pues, de una oposición que comparte lo decisivo: el Otro está en una posición de inferioridad insalvable con respecto al propio grupo. El etnocentrismo se mantiene en ambas matrices, aunque la primera es más proclive a un giro abiertamente xenófobo y racista y la segunda a un giro solidario.


Puesto que estas construcciones de sentido no están exentas de ambigüedades, a menudo se enlazan como momentos diferenciales de una misma práctica discursiva, como ocurre de forma regular en las intervenciones mediáticas. Por poner un caso: un mismo sujeto puede ser representado, simultáneamente, como “inmigrante ilegal” y “víctima del tráfico” (2). Que un mismo destinatario pueda mantener identificaciones inestables con respecto a esos discursos reafirma su coexistencia efectiva -antes que una simple incompatibilidad lógica- que, en principio, da cuenta de la ambivalencia social que se produce en torno a los fenómenos migratorios.  


El punto de partida, en ambos casos, sería coincidente: la sobreproducción de imágenes estereotipadas por parte de los discursos hegemónicos, consolidando prejuicios que, incluso si fueran producto del mero desconocimiento, contribuyen a la consolidación social del racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación (islamofobia, gitanofobia, antisemitismo, sexismo, homofobia, entre otras). Dicho de forma taxativa: la producción de estereotipos favorece la mitología que la derecha partidaria (3) utiliza como estrategia política, especialmente entre los sectores sociales más afectados por la crisis de oportunidades. La resultante es la creación de una estructura de desconocimiento con respecto a la alteridad, sostenida sobre percepciones sesgadas.


Para ilustrar lo dicho apelando a un ejemplo en el ámbito laboral: es un tópico sostener que el grado de cualificación de una “persona inmigrante” es inferior al de un trabajador español. La información oficial disponible -aportada tanto por el INE como por Euroestat- permite refutar semejante percepción (4). El nivel de cualificación de la población extranjera, aunque variable según la procedencia, en términos estadísticos es similar al de la población autóctona. Sin embargo, la sobrecualificación se duplica con respecto a la población nacional. Si bien cabe suponer la existencia de otros factores intervinientes, la eficacia simbólica de este tipo de prejuicios en los procesos de selección y contratación laboral resulta manifiesta: consolida el confinamiento sectorial que afecta a una amplia mayoría de personas inmigrantes y refugiadas (aproximadamente el 80 % según el SEPE), esto es, su reclusión dentro de unos pocos sectores subcualificados (agricultura y pesca, servicio doméstico y cuidado de personas, servicios de hostelería, construcción, industria y comercio), en posiciones subalternas. La marginación laboral de estos colectivos queda reasegurada mediante la representación ilusoria de la propia superioridad.


La producción de prejuicios, sin embargo, dista de limitarse a esta forma simple de desconocimiento. De forma regular, son producto deliberado de los partidos y movimientos de (ultra)derecha: plantear la inmigración como una “invasión” o una “amenaza” laboral (cuando no como “amenaza” cultural y securitaria), creando condiciones sociales más adversas todavía (5). Por circunscribirme a las primeras dos variantes de este planteamiento, también en esos planos la información estadística disponible permite desmontar semejantes construcciones: desde 2012 asistimos a un cambio de ciclo migratorio -en este caso de carácter negativo (6)- que niega rotundamente cualquier presunta “invasión”. Asimismo, los puestos de trabajo que ocupan los trabajadores españoles no son equivalentes (en calidad, temporalidad, jerarquía, nivel salarial y condiciones contractuales) a los que ocupan los trabajadores inmigrados, sin contar con la tasa de desempleo mayor que afecta a la población foránea (concretamente, 12% más): según la EPA, la tasa de paro de la población extranjera es del 34,14%, es decir, 11 puntos más que la de las personas de nacionalidad española (23,11%) [7]. Por lo demás, siguiendo los Informes anuales de “Inmigración y mercado de trabajo” (dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social), la tendencia es inequívoca: los puestos que se destruyen para trabajadores nacionales no son accesibles para los inmigrantes. La idea de “amenaza” laboral, por tanto, tiene una base endeble.


La cuestión, sin embargo, no se resuelve en un plano informacional o cognoscitivo. En términos amplios, si el «discurso de la hostilidad» constituye una respuesta defensiva ante la precarización de la vida, la mitología segregadora de la que se nutre constituye una apelación directa al miedo y, correlativamente, encarna una falsa promesa de protección. Su eficacia simbólica no está ligada a la validez racional de sus argumentos, sino a la adhesión que suscita entre grupos sociales afectados por condiciones económicas y sociales paupérrimas, comenzando por el paro, la pobreza y la marginación sistémica, así como por el deterioro acelerado del estado de bienestar y la reducción drástica de las prestaciones sociales.


En síntesis, si por una parte el discurso de la hostilidad estigmatiza al Otro, por otra parte, el discurso de la caridad lo reduce a la mera “indefensión” (como ocurre con las imágenes dramáticas de inmigrantes saltando las vallas de Ceuta y Melilla). La amplificación de semejantes imágenes, sin embargo, omite algo fundamental: que en España residen más de cuatro millones y medio de personas inmigrantes y refugiadas en situación regular para los que no vale esta representación tópica (8). Por lo demás, si bien la tasa de pobreza se incrementa en la población inmigrada al punto de afectar a más del 40 % de la población extracomunitaria (duplicando la tasa de pobreza de la población española [9]), la homogeneización de la realidad migratoria por parte de este discurso desconoce una situación socioeconómica mucho más heterogénea. Complementariamente, ambas construcciones simbólicas de la «inmigración» ponen en juego efectos materiales graves, aunque diferenciables, manteniendo al Otro a distancia, esto es, taponando su reconocimiento efectivo como sujeto semejante.


Insistir en que la historia de las migraciones se escribe en plural sigue siendo insuficiente. Una perspectiva crítica no tiene por qué limitarse a la crítica de un imaginario etnocéntrico. Su objetivo es, en última instancia, contribuir a la construcción de una política emancipatoria, lo que implica transformar el sistema hegemónico de valores, significaciones y prácticas sociales, marcadas por un individualismo hedonista que se desentiende del bienestar de los otros y termina defendiendo unos privilegios (institucionales y económicos) que minan la «igualdad» formalmente proclamada.


Toda política de mutuo reconocimiento seguirá siendo una simple declaración bienintencionada mientras no se materialice como «sociedad intercultural» efectiva. Al multiculturalismo de los guetos cabe contraponer la inclusión intercultural de los otros, esto es, la construcción de espacios comunes de participación y decisión de sujetos culturales diversos. Dicho de otra manera: no hay interculturalidad posible sin la reconfiguración de la trama de relaciones de poder que constituyen una formación social.


Del mismo modo en que la estigmatización/ borrado de los procesos migratorios es efecto de unos discursos sociales persistentes, el reconocimiento de los migrantes y refugiados (no sólo como trabajadores sino también en tanto ciudadanos y agentes culturales) es producto de un trabajo simbólico colectivo, relacionado a la reivindicación efectiva de una sociedad democrática y plural. Lo dicho implica, por tanto, que la construcción de un «discurso de la solidaridad» siempre es algo más y distinto a la formulación de unos principios filosóficos generales. Para tener alguna eficacia material, depende de múltiples instituciones y prácticas en las que participamos.


En este sentido, el movimiento es doble. En primer término, necesitamos partir de una crítica al tejido de categorías mediante las que damos inteligibilidad a estos fenómenos migratorios (determinados por condiciones no sólo económicas sino también políticas, culturales, familiares y personales). Para decirlo de otra manera: si los estigmas de la identidad se transforman en muros reales -negación de ayudas, discriminación laboral, violencia e insultos racistas, privación de derechos fundamentales, dificultad para acceder a espacios institucionales, etc.- es parte de nuestra responsabilidad política elaborar un discurso que interprete esas identidades diaspóricas desde un imaginario intercultural, capaz de favorecer la inclusión de los otros en igualdad de condiciones. Forma parte de la democratización de una sociedad cuestionar las categorías que ordenan el campo social de forma uniforme, como ocurre con las claves de pertenencia nacional. Apenas si es preciso insistir en que ninguna nacionalidad supone de por sí la desaparición de las desigualdades de género, de clase u otras equivalentes. Demasiado a menudo se omite en el análisis que la discriminación comienza por el «lenguaje», construyendo categorías jerárquicas entre los seres humanos.


Sin embargo, y en segundo lugar, un discurso antidiscriminatorio, no debería pasar de puntillas por una «crítica institucional» sistemática, imprescindible si lo que se pretende es cambiar el mundo social y no sólo interpretarlo. En suma, la creación de solidaridad debe ser, asimismo, un llamado a subvertir cierta «clausura institucional» propia de nuestras sociedades y las regulaciones jurídicas que la sostienen. Sin esa crítica, todo proyecto intercultural no pasa de una declaración políticamente correcta. Hay un largo camino para que la cuestión migratoria sea cada vez más pensada como la posibilidad misma de crear una apertura hacia los otros. Que esa política de apertura nos resulte lejana da cuenta de la magnitud del trabajo que tenemos por delante.


Arturo Borra


(1) SAID, Edward (2003): Orientalismo, Debolsillo, Madrid.

(2) Aunque no puedo en este contexto hacer un análisis sistemático de la cuestión, a modo de ejemplo, es pertinente recuperar algunos titulares de prensa, especialmente elocuentes: “Rutas de inmigración ilegal hacia España” (“El País”,  17/03/2014, en http://elpais.com/elpais/2014/03/17/media/1395083592_131640.html),  o “Rescatados en el Estrecho 835 inmigrantes, entre ellos 30 menores” (“El País”,  12/08/2014, en http://politica.elpais.com/politica/2014/08/12/actualidad/1407829246_971909.html), donde el periódico hace alusión a una “avalancha de inmigrantes” (sic).  El periódico “El Mundo” apela a titulares similares: “Melilla, puerta de la inmigración ilegal más allá de la valla” (8/12/2013, en http://www.elmundo.es/espana/2013/12/08/52a453320ab740b7768b4580.html) o “270 detenidos en la operación contra la inmigración ilegal” (“El Mundo”, 8/09/2014, en http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/08/540ded14ca4741f2688b4591.html).


(3) La frontera entre partidos de ultraderecha (como España 2000, Democracia Nacional, Coalición Valenciana, Falange Española o Alternativa Española, entre otros) y partidos de derecha es borrosa: el giro represivo del PP en materia de migraciones (especialmente, de carácter irregular) comparte puntos significativos con la ultraderecha, incluso cuando sus declaraciones institucionales no son, en general, abiertamente racistas y xenófobas.

(4) He desarrollado esta cuestión en extenso en “La discriminación en el mercado laboral español. Crisis capitalista y dualización social”, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133998 y “La ley de la discriminación. Migración y mercados de trabajo en España” en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=167293.

(5) Según el informe de OBERATXE, “Evolución del racismo y la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en España” (Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, Madrid, 2013, pág. 31), el 72% de la población española considera “elevado” (33 %) o “excesivo” (39 %) el número de inmigrantes en España, mientras que sólo el 23% considera que el número es “aceptable” y el 1% “insuficiente”. Además, el 40 está o “muy de acuerdo” o “más bien de acuerdo” con que un extranjero que sea parado de larga duración sea expulsado del país y un 47% (contra un 48% que piensa lo contrario) que los españoles deben tener preferencia en el acceso a la atención sanitaria. Asimismo, un 66 % de la población considera “muy aceptable” o “bastante aceptable” que a la hora de contratar un trabajador, tenga preferencia un español antes que un inmigrante.


(6) “La población de España disminuyó en 220.130 personas durante 2013 y se situó en 46.507.760 habitantes a 1 de enero de 2014” (“Estadística de migraciones”, INE, 2014), en http://www.ine.es/prensa/np854.pdf. Por su parte, la inmigración se redujo en un 4,3%, con un saldo migratorio negativo de 256.849 personas.  En lo que atañe a la inmigración en situación irregular, es el propio Ministerio del Interior quien afirma, en referencia a 2013: “Durante el año pasado llegaron a las costas españolas 3.237 inmigrantes irregulares frente a los 3.804 que lo hicieron en 2012, lo que supone un descenso del 15%” (en http://www.interior.gob.es/web/interior/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/1915582). El alarmismo mediático, sin embargo, hace suponer más bien lo contrario, sin contar además que la proporción de inmigración africana que cruza el estrecho o las vallas de Ceuta y Melilla es ínfima (en 2013, unas 7000 personas), mientras que las repatriaciones ese mismo año contabilizan un total de 23.889 personas. Si bien es cierto que esos flujos se han incrementado notablemente en 2014 (aprox. 130 %), siguen representando una proporción minoritaria del total.


(8) Ver “Estadística de migraciones”, INE, 2014, en http://www.ine.es/prensa/np854.pdf. Por lo demás, se estima que más de medio millón de personas están en situación irregular (http://www.parainmigrantes.info/la-situacion-sanitaria-de-los-inmigrantes-en-situacion-irregular-368/) 


(9) Los datos pertenecen al INE  (2013), en http://www.ine.es/prensa/np740.pdf.