viernes, 22 de junio de 2018

Migraciones y sector público- Arturo Borra


 
 
  1. Derecho y ciudadanía

Indagar sobre la relación entre migraciones y sector público en el contexto español es indagar, simultáneamente, sobre diferentes obstáculos al momento de acceder en términos laborales a las administraciones e instituciones públicas (conformada por La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, las Administraciones de las Entidades Locales, los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y las Universidades Públicas) por parte de diversos sujetos inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Si bien podría analizarse la relación entre AAPP y los colectivos inmigrantes y refugiados desde múltiples aristas, el presente trabajo tiene como objetivo trazar una primera aproximación sobre la posición y participación de estos colectivos en las estructuras institucionales de las AAPP.

Como es sabido, en la medida en que el «Estatuto Básico del Empleado Público» de España limita la incorporación profesional de la población activa extranjera no comunitaria sólo a la categoría de “personal laboral” (op.cit., p. 35), no es preciso especular sobre su inserción real en este ámbito: los sujetos inmigrantes, solicitantes y refugiados, en el mejor de los casos, están habilitados para ocupar puestos temporales dentro de las AAPP, de forma regular en posiciones subalternas, derivadas tanto de las dificultades para acreditar sus competencias, estudios y experiencias laborales como por cuestiones idiomáticas y burocráticas. En cualquier caso, semejantes colectivos están excluidos por ley de las categorías de Funcionarios de carrera; Funcionarios interinos o Personal eventual1.

En este sentido, si bien dicho estatuto apuesta de forma explícita por la igualdad, el mérito y capacidad en el acceso al empleo público, esa apuesta está restringida sin embargo a personas con nacionalidad española y de nacionales de otros estados miembro de la Unión Europea (en este caso, “(…) con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas” (BOE Nº 89, Ley 7/2007 de 12 de abril, p. 35). Así, quedan excluidas por ley aquellas personas extranjeras residentes que no cuenten con nacionalidad española o de otros países comunitarios, a pesar de que por sus méritos y capacidades también podrían contribuir a la mejora de la gestión de la administración pública. Si por una parte el EBEP plantea como uno de sus principios rectores que “[t]odos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico” (op.cit., p. 34), poco después fija como requisito general “tener la nacionalidad española” (artículo 56) o ser nacional de los estados miembros de la Unión Europea (artículo 57), con las salvedades ya comentadas. En síntesis, sobre esa base normativa, la «igualdad» queda circunscrita a la ciudadanía española y, en menor grado, a la ciudadanía de personas procedentes de otros estados de la Comunidad Europea, planteándose una relación de desigualdad con respecto a una ciudadanía extracomunitaria residente en territorio nacional.

Dicho lo cual, resulta manifiesto que el concepto de “ciudadanía” queda anclado a ciertas nacionalidades. Semejante situación plantea dos alternativas interpretativas:

  1. o bien el derecho de toda la ciudadanía a acceder al empleo público queda reducido sólo a una parte del conjunto de la ciudadanía, planteando en tal caso tanto una contradicción lógica como una exclusión ilegítima de los colectivos migrantes, solicitantes y refugiados extracomunitarios del ámbito público, producto de decisiones políticas específicas, instituyendo en consecuencia ciudadanías de primera y segunda mano;
  2. o bien ciudadanía y extranjería son mutuamente excluyentes y, en tal caso, las regulaciones jurídicas del EBEP legitiman legalmente la desigualdad entre nacionales y extranjeros, concibiendo la ciudadanía como un privilegio de las poblaciones europeas.

Aunque en el segundo caso el carácter excluyente del estatuto se acentúa más, ambas alternativas vulneran un principio de igualdad efectiva, incurriendo en una forma de «discriminación indirecta» en tanto las propias normas estarían favoreciendo claramente a un grupo en detrimento de otros a partir del requisito de nacionalidad. Ahora bien, si esta interpretación es válida, el propio EBEP incurre en un serio incumplimiento de los derechos individuales que el propio estatuto formula, en particular, el derecho “i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (op.cit., p. 17). La presunta universalidad del derecho público se convierte en la práctica en una forma de particularismo legal, en tanto privilegia a las personas nacionales y, en menor medida, a personas comunitarias. Más aun: incluso en la categoría de “personal laboral” la diversidad de las personas migrantes y refugiadas apenas está contemplada2.

Empleo público y discriminación institucional

Teniendo en cuenta las restricciones jurídicas para el acceso al empleo público por parte de los colectivos inmigrantes, solicitantes y refugiados (reducida su participación potencial a la categoría de “personal laboral”) y teniendo en cuenta la falta de un principio transversal de interculturalidad en las regulaciones del empleo público, resulta apropiado en esta fase de análisis preguntarse acerca del grado de inclusión efectiva en la única categoría sociolaboral prevista para estos grupos de personas en las estructuras de las AAPP. Para tal fin, es preciso desplazarse del campo del derecho al campo de la sociología del trabajo.

Una primera aproximación puede efectuarse a partir de la información estadística provista por diferentes organismos oficiales, incluyendo los servicios de empleo. Teniendo en cuenta que el empleo público representa un 20 % del total de empleos existentes en la economía española (además de representar el 25% del gasto público)3, la escasa atención que se ha prestado a la discriminación institucional que se produce en las estructuras de la AAPP resulta por demás de preocupante, en la medida en que semejante desconocimiento perpetúa un sistema de privilegios contrario a una sociedad democrática, plural e igualitaria.

Para hacerse una idea cabal de la magnitud de este sector en el ámbito del empleo. Basándonos en el INE, sabemos que ya a fines de 2017 más de 3.000.000 de personas trabajaban en las diferentes estructuras de las AAPP4. Ahora bien, dada la importancia relativa del sector, cabe preguntar: ¿qué participación porcentual tienen las personas extranjeras en el sector y en qué posiciones? A pesar de la abundancia de estadísticas, procurar determinar semejante participación resulta de extrema complejidad. Algo tan básico como saber cuántos extranjeros trabajan en las AAPP nacionales, autonómicas, provinciales o locales resulta una empresa imposible. Paradójicamente, en la sobreabundancia de información desagregada, demasiado a menudo perdemos de vista la configuración global del empleo público. De forma análoga, la dispersión de fuentes estadísticas hace más complicada la tarea, aportando datos diferentes según metodologías diferentes también. Basta consultar la EPA, los datos de afiliación a la seguridad social, las estadísticas de la agencia tributaria o el BEPSAP (Boletín estadístico de personas al servicio de la administración pública). O, incluso, el informe del Banco de España “La evolución del empleo de las Administraciones Públicas en la última década” (2017), en el que no se hace ni una sola referencia a trabajadores extranjeros en el sector público. La «invisibilidad estadística» es manifiesta. Las propias metodologías condenan a la irrelevancia este tipo de información.

Si, por ejemplo, se analiza el último “Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas” (Registro Central de Personal, Enero 2017)5, los resultados siguen siendo opacos. De los 2.523.167 de empleados públicos que allí contabilizan, 583.713 (el 23,13% del total) son “personal laboral”, que es la única categoría laboral en la que tendrían cabida trabajadores extranjeros (especialmente, no comunitarios) en el sector público. Si bien la información se desagrega por sexo y edad, no es posible encontrar ninguna referencia a la nacionalidad de las personas empleadas como “personal laboral”. Tampoco por esta vía nos es dado conocer cuál es la inserción real de personas trabajadoras extranjeras en el sector público y no digamos ya su posición laboral dentro de sus estructuras. Si bien el gobierno nacional se ha comprometido desde 2017 a dotarse de una herramienta única que ofrezca una radiografía lo más exacta posible de este sector (a cargo del Ministerio de Hacienda y Función Pública), ni siquiera es claro que dicha herramienta –en caso de concretarse- vaya a dar cuenta de esta dispersión e invisibilidad estadísticas, que bien pueden significar exclusión real del sector.

Si nos remitimos al informe del “Mercado de trabajo” del SEPE de 20156, sabemos que por entonces de una población activa extranjera de 2.720.700 (del que el 63, 4% no pertenece a la Unión Europea) más de 1.900.000 estaban trabajando entonces. Aunque en dicho informe la información sobre trabajadores extranjeros es bastante más amplia que en otras fuentes, se limita a describir la situación del empleo en el sector privado; una radiografía que conocemos bastante bien: la mayor parte de los afiliados extranjeros lo están en el sector Servicios, que aglutina al 81,08% del total, mientras que el resto de sectores se dividen en el 9,11% de Industria, el 8,53% de Construcción y el 1,28% de Agricultura. Tampoco por esta vía podemos conseguir nuestro objetivo de conocimiento7.

A falta de información estadística al respecto, caben sin embargo otras aproximaciones a nuestra problemática. Así, cabe plantear como hipótesis de trabajo una exclusión tendencial de estos colectivos del empleo público, lo que no niega que ciertas categorías profesionales de inmigrantes (como médicos o maestros, por ejemplo) logran insertarse en el ámbito de la sanidad o la educación pública (especialmente primaria y secundaria). Sin embargo, no tenemos nada semejante a una radiografía amplia sobre empleo público e inmigración, incluyendo el tipo y calidad de empleo al que realmente acceden las personas extranjeras residentes (no nacionalizadas). Tampoco sabemos qué tipo de inclusión laboral se plantea de estas personas en las subcontrataciones de las AAPP y el tipo de puestos laborales a los que son incorporados.

En términos generales, la hipótesis de una exclusión tendencial de estos colectivos de las AAPP –invisibilizada por diseños estadísticos que responden a otros objetivos de conocimiento- da cuenta de una membrana jurídico-institucional que segrega de forma sistemática a los otros, perpetuando ciertos privilegios de la población nacional. Para contrastar esta hipótesis, me limitaré a aportar un ejemplo bastante rotundo sobre esta exclusión. Me refiero al caso de las universidades públicas.

Universidad y extranjería

Si desde una perspectiva intercultural intentamos reconstruir el sistema universitario español las conclusiones son rotundas. Como es sabido, el profesorado extranjero no comunitario está habilitado a participar en las universidades públicas españolas sólo bajo el rubro de “personal contratado” (excluidos como titulares o catedráticos). A partir del “Anuario de indicadores universitarios 2016” podemos saber que el profesorado extranjero residente que ha logrado insertarse como profesor/a en el Sistema Universitario Español representa el 2,37% del total del profesorado, es decir, 2730 personas de un total de 115.336 docentes. De ese total, en las universidades públicas sólo participan 1958 personas extranjeras, representando el 1,97% del total8. Teniendo en cuenta que en España residen de forma regular más de 4.500.000 de personas extranjeras al día de hoy (el 9,5 % del total de la población en España), y que más del 15 % tiene estudios superiores, su bajísima participación profesional en la estructura universitaria es por demás de notoria. Si bien podrían señalarse obstáculos jurídicos, burocráticos e idiomáticos que dificultan dicho acceso, incluso si hacemos estimaciones a la baja, es evidente que una franja relevante de la población activa extranjera podría desempeñar una labor pedagógica e investigadora en la universidad pública (contribuyendo a la producción de conocimiento y a la enseñanza superior), muy por encima de su inserción real en dicho sistema. Así, a partir de lo que sabemos, podemos sostener de forma plausible que la presencia del profesorado extranjero en la universidad pública es marginal, en posición subalterna (como “personal contratado”), pese a existir niveles de cualificación suficientes en esa población como para tener una participación más relevante en dicho espacio. Por si fuera poco: el 73,5 % del profesorado de las universidades públicas trabaja en el mismo centro universitario donde ha leído su tesis (“Datos y cifras del sistema universitario español [2015-2016]” del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte). De cada 10 profesores universitarios, 7 pertenecen a la propia casa de estudios y 8 son de la propia comunidad autónoma. Puesto que del resto del profesorado sólo el 2,4 % es personal extranjero, eso significa que, se proceda o no de la misma comunidad autónoma, el 97,6 % del total del profesorado sigue conformado por profesorado nacional.

La clausura institucional hacia el exterior de esta institución pública es patente. Tras casi tres décadas de procesos migratorios masivos en España, la universidad pública no ha cambiado en lo sustantivo sus estructuras profesorales para dar lugar a una ciudadanía diversa, incluyendo aquella que cuenta con grados de cualificación similares o superiores a la población local en el campo de la enseñanza pública universitaria. Por si fuera poco, del porcentaje mínimo que representa el profesorado universitario extranjero en el SUE, el 65,1% pertenece a la propia Unión Europea, un 17 % a América Latina y el Caribe y un 17,9% del resto de los otros continentes. El carácter excluyente del la universidad pública se hace manifiesto en su propia estructura profesoral. Ni siquiera dos décadas de pedagogías de la interculturalidad han logrado horadar este cerco que perpetúa los privilegios de las poblaciones nacionales (con rigurosa exclusión de la comunidad gitana). Más aun, ni siquiera esas pedagogías han enfatizado la necesidad de que esa interculturalidad se transforme en una exigencia de participación institucional igualitaria.

Diversidad e instituciones públicas

Lo dicho es suficiente para preguntarnos: el caso de la universidad pública ¿es excepcional o describe, más bien, una situación generalizada de las AAPP? ¿Hasta qué punto se han transformado las estructuras del estado, de las administraciones autonómicas o locales, en suma, de las diferentes instituciones públicas para posibilitar la inclusión igualitaria de los otros en su interior? ¿Y en qué sentido este cierre tendencial hacia las personas extranjeras en el sector público podría ser compatible con una política intercultural y, en general, con un sentido de lo público no sólo en su remisión a lo estatal sino también como esfera de convivencia y participación colectiva? ¿De qué “política inclusiva” hablamos cuando es el propio sector público el que separa y segrega? Si tenemos en cuenta que un proyecto intercultural persigue la construcción de marcos de convivencia ciudadana igualitaria entre sujetos diversos, es claro que una práctica intercultural coherente supone la inclusión de esos otros como sujetos simétricos en las diversas instituciones que configuran la sociedad del presente. Nada similar ocurre en la actualidad, incluso si reconocemos que algunas iniciativas gubernamentales locales están moviéndose en una dirección diferente. Para decirlo rápidamente: ¿cómo podría crearse interculturalidad sin apertura en las instituciones, máxime cuando sabemos que la precariedad, el paro, la explotación laboral y la pobreza se incrementan o intensifican en estos colectivos en situaciones más precarias?

Desde esta perspectiva, la marginación tendencial de personas inmigrantes, solicitantes y refugiadas en las instituciones públicas hace manifiesto un largo camino por recorrer en materia de igualdad, comenzando por revocar la falta de prioridad política para desarrollar políticas de personal inclusivas y diversas y sistemas de acreditación y evaluación que favorezcan no sólo la igualdad formal de oportunidades sino también que contemple de forma suficiente la diversidad cultural presente en la sociedad española, comenzando por la redefinición de unos “requisitos generales” que, comparativamente, resultan bastante más difíciles de cumplir por parte de quienes vienen de otras partes del mundo. Habrá que insistir en la necesidad de que la diversidad cultural sea gestionada desde lo diverso, o más precisamente, desde la propia diversificación de las AAPP y la transformación de sus estructuras institucionales. Sin esa inclusión institucional igualitaria, la interculturalidad se convierte en folclore: una forma de salvar las formas sin cuestionar los privilegios y desigualdades presentes. El recordatorio de lo que nos falta abre camino a una política de cambio en donde la interculturalidad no sea meramente una promesa postergada.



1Si bien el EBEP, en el artículo 57, inciso 5 (p. 36), deja abierta la posibilidad de eximir del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de personal funcionario, dicha posibilidad queda condicionada a la existencia de una ley de las Cortes Generales o las Asambleas legislativas de las CCAA por razones de interés general.

2Solamente por limitarme a unos ejemplos: en el Capítulo V del EBEP ni siquiera están contempladas situaciones especiales de personas que por motivos de fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiares deben desplazarse no ya de localidad sino de país. Algo análogo ocurre con respecto a las titulaciones exigidas: no contemplan los procesos de homologación y convalidación -a menudo prolongados en el tiempo- ni la posibilidad de sistemas de acreditación alternativos. La cuestión no es menor, ante todo, porque esa escasa consideración de la diversidad dificulta no sólo el acceso sino también la permanencia del personal laboral extranjero en la función pública.

3Cf. Marta Martínez Matute y Javier J. Pérez (2017) “LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA ÚLTIMA DÉCADA”, versión electrónica en https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/T4/fich/bene1704-nec12.pdf.




7Lo mismo puede decirse con respecto a la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI – 2007).

martes, 3 de abril de 2018

«El colonialismo insidioso» -Boaventura de Sousa Santos*




El término alemán Zeitgeist se utiliza actualmente en diferentes lenguas para designar el clima cultural, intelectual y moral de una determinada época, literalmente, el espíritu del tiempo, el conjunto de ideas y creencias que componen la especificidad de un periodo histórico. En la Edad Moderna, dada la persistencia de la idea del progreso, una de las mayores dificultades para captar el espíritu de una determinada época reside en identificar las continuidades con respecto a épocas anteriores, casi siempre disfrazadas de discontinuidades, innovaciones y rupturas.
 

Para complicar aún más el análisis, lo que permanece de períodos anteriores siempre se metamorfosea en algo que simultáneamente lo denuncia y disimula y, por eso, permanece siempre como algo diferente de lo que fue, sin dejar de ser lo mismo. Las categorías que usamos para caracterizar una determinada época son demasiado toscas para captar esta complejidad, porque ellas mismas forman parte del mismo espíritu del tiempo que supuestamente deben caracterizar desde fuera. Corren siempre el riesgo de ser anacrónicas, por el peso de la inercia, o utópicas, por la ligereza de la anticipación.
 

Vengo defendiendo que vivimos en sociedades capitalistas, coloniales y patriarcales, en referencia a los tres principales modos de dominación de la modernidad occidental: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado o, más precisamente, el heteropatriarcado. Ninguna de estas categorías es tan controvertida entre los movimientos sociales y la comunidad científica como la de colonialismo. Hemos sido tan socializados en la idea de que las luchas de liberación anticolonial del siglo XX pusieron fin al  colonialismo, que casi resulta una herejía pensar que al final el colonialismo no acabó, sino que apenas cambió de forma o ropaje. Nuestra dificultad radica sobre todo en nombrar adecuadamente este complejo proceso de continuidad y cambio. Es cierto que los analistas y los políticos más perspicaces de los últimos 50 años tuvieron la aguda percepción de esta complejidad, pero sus voces no fueron lo suficientemente fuertes como para cuestionar la idea convencional de que el colonialismo propiamente dicho acabara, con la excepción de algunos pocos casos, siendo los más dramáticos posiblemente el Sáhara Occidental, la colonia hispano-marroquí que continúa subyugando al pueblo saharaui, así como la ocupación de Palestina por Israel. Entre esas voces cabe destacar la del gran sociólogo mexicano Pablo González Casanova con su concepto de “colonialismo interno” para caracterizar la permanencia de estructuras de poder colonial en las sociedades que emergieron en el siglo XIX de las luchas de independencia de las antiguas colonias americanas de España.
 

Y también la voz del gran líder africano Kwame Nkrumah, primer presidente de la República de Ghana, con su concepto de “neocolonialismo” para caracterizar el dominio que las antiguas potencias coloniales seguían ejerciendo sobre sus antiguas colonias, convertidas en países supuestamente independientes. Una reflexión más profunda sobre los últimos 60 años me lleva a concluir que lo que casi terminó con los procesos de independencia del siglo XX fue una forma específica de colonialismo, y no el colonialismo como modo de dominación. La forma que casi terminó fue lo que se puede designar como colonialismo histórico, caracterizado por la ocupación territorial extranjera. Sin embargo, el modo de dominación colonial continuó bajo otras formas. Si las consideramos de esta forma, el colonialismo es tal vez hoy tan vigente y violento como en el pasado.

 
Para justificar esta afirmación es necesario especificar en qué consiste el colonialismo como forma de dominación. El colonialismo es todo aquel modo de dominación basado en la degradación ontológica de las poblaciones dominadas por razones etnorraciales. A las poblaciones y a los cuerpos racializados no se les reconoce la misma dignidad humana que se atribuye a quienes los dominan. Son poblaciones y cuerpos que, a pesar de todas las declaraciones universales de los derechos humanos, son existencialmente considerados como subhumanos, seres inferiores en la escala del ser. Sus vidas tienen poco valor para quien los oprime, siendo, por tanto, fácilmente desechables. Originalmente se los concibió como parte del paisaje de las tierras “descubiertas” por los conquistadores, tierras que, a pesar de ser habitadas por poblaciones indígenas desde tiempos inmemoriales, fueron consideradas como tierras de nadie, terra nullius. También se consideraron como objetos de propiedad individual, de los que la esclavitud es prueba histórica. Y hoy continúan siendo poblaciones y cuerpos víctimas del racismo, de la xenofobia, de la expulsión de sus tierras para abrir el camino a los megaproyectos mineros y agroindustriales y a la especulación inmobiliaria, de la violencia policial y las milicias paramilitares, del trabajo esclavo llamado eufemísticamente “trabajo análogo al trabajo esclavo” para satisfacer la hipocresía biempensante de las relaciones internacionales, de la conversión de sus comunidades de ríos cristalinos y bosques idílicos en infiernos tóxicos de degradación ambiental. Viven en zonas de sacrificio, en todo momento en riesgo de convertirse en zonas de no ser.

 
Las nuevas formas de colonialismo son más insidiosas porque se producen en el núcleo de relaciones sociales, económicas y políticas dominadas por las ideologías del antirracismo, de los derechos humanos universales, de la igualdad de todos ante la ley, de la no discriminación, de la igual dignidad de los hijos e hijas de cualquier dios o diosa. El colonialismo insidioso es gaseoso y evanescente, tan invasivo como evasivo, en suma, astuto. Pero ni así engaña o aminora el sufrimiento de quienes son sus víctimas en la vida cotidiana. Florece en apartheids sociales no institucionales, aunque sistemáticos. Sucede tanto en las calles como en las casas, en las prisiones y en las universidades, en los supermercados y en las estaciones de policía. Se disfraza fácilmente de otras formas de dominación tales como diferencias de clase y de sexo o sexualidad, incluso siendo siempre un componente de ellas. Verdaderamente, el colonialismo insidioso solo es captable en close-ups, instantáneas del día a día. En algunas de ellas surge como nostalgia del colonialismo, como si fuese una especie en extinción que debe ser protegida y multiplicada. He aquí algunas de tales instantáneas.

 
Primera instantánea: Uno de los últimos números de 2017 de la respetable revista científica Third World Quarterly, dedicada a los estudios poscoloniales, incluía un artículo de autoría de Bruce Gilley, de la Universidad Estatal de Portland, titulado “En defensa del colonialismo”. Este el resumen del artículo: “En los últimos cien años, el colonialismo occidental ha sido muy maltratado. Ha llegado la hora de rebatir esta ortodoxia. Considerando de manera realista los respectivos conceptos, el colonialismo occidental fue, en regla, tanto objetivamente benéfico como subjetivamente legítimo en la mayor parte de los lugares donde ocurrió. En general, los países que abrazaron su herencia colonial tuvieron más éxito que aquellos que la despreciaron. La ideología anticolonial impuso graves perjuicios a los pueblos sujetos a ella. Y continúa impidiendo, en muchos lugares, un desarrollo sustentado y un encuentro productivo con la modernidad. Hay tres formas en las que estados fallidos de nuestro tiempo pueden recuperar hoy el colonialismo: reclamando modos de gobernanza colonial, recolonizando algunas áreas y creando nuevas colonias occidentales”.

 
El artículo causó una indignación general y quince miembros del consejo editorial de la revista dimitieron. La presión fue tan grande que el autor terminó por retirar el artículo de la versión electrónica de la revista, aunque permaneció en la versión impresa. ¿Fue una señal de los tiempos? Al final, el artículo fue sujeto a revisión anónima por pares. La controversia mostró que la defensa del colonialismo estaba lejos de ser un acto aislado de un autor desvariado.
 

Segunda instantánea: Wall Street Journal del 22 de marzo pasado publicó un reportaje titulado: “La búsqueda de semen norteamericano se disparó en Brasil”. Según la periodista, la importación de semen norteamericano por mujeres solteras y parejas lésbicas brasileñas ricas aumentó extraordinariamente en los últimos siete años y los perfiles de los donantes seleccionados muestran la preferencia por bebés blancos y con ojos azules. Y añade: “La preferencia por donantes blancos refleja una persistente preocupación por la raza en un país en que la clase social y el color de piel coinciden con gran rigor. Más del 50 por ciento de los brasileños son negros o mestizos, una herencia resultante del hecho que Brasil importó diez veces más esclavos africanos que los Estados Unidos; y fue el último país en abolir la esclavitud, en 1888. Los descendientes de colonos y migrantes blancos –muchos de los cuales fueron atraídos al Brasil a fines del siglo XIX y principio del siglo XX, cuando las élites de gobierno buscaban explícitamente ‘blanquear’ a la población– controlan la mayor parte del poder político y de la riqueza del país. En una sociedad tan racialmente dividida, tener descendencia de piel clara es visto muchas veces como un modo de brindar a los niños mejores perspectivas, sea un salario más elevado o un tratamiento policial más justo”.

 
Tercera instantánea: El 24 de marzo pasado, el diario más influyente de Africa del Sur, Mail & Guardian, publicó un reportaje titulado “Genocidio blanco: cómo la gran mentira se propagó en los Estados Unidos y otros países”. Según el periodista, “los Suidlanders (foto), un grupo sudafricano de extrema derecha, han venido estableciendo contacto con otros grupos extremistas en Estados Unidos y en Australia, fabricando una teoría de conspiración sobre el genocidio blanco, con el objetivo de conseguir apoyo internacional para los sudafricanos blancos. El grupo, que se autodescribe como ‘una iniciativa-plan de emergencia’ para preparar una minoría sudafricana de cristianos protestantes para una supuesta revolución violenta, se ha relacionado con varios grupos extremistas (alt-right) y sus influyentes contactos mediáticos en Estados Unidos para instalar una oposición global a la alegada persecución de blancos en África del Sur. La semana pasada, el ministro australiano de Asuntos Internos dijo a Daily Telegraph que estaba considerando la otorgación de visas rápidas para agricultores sudafricanos blancos, los cuales –argüía el ministro– necesitaban “huir de circunstancias atroces” para “un país civilizado”. Según el ministro, tales agricultores “merecen atención especial” debido a la ocupación de tierras y la violencia… Estos agricultores sudafricanos blancos también han recibido atención en Europa, donde políticos de extrema derecha con contactos en la extrema derecha estadounidense han solicitado al Parlamento Europeo que intervenga en Africa del Sur. Agentes políticos contra los refugiados en el Reino Unido están igualmente ligados a la causa”.

 
La gran trampa del colonialismo insidioso es dar la impresión de un regreso, cuando en realidad lo que “regresa” nunca dejó de existir.

 
*Doctor en Sociología del Derecho. Profesor de las universidades de Coimbra (Portugal) y de Winsconsin-Madison (EE.UU.).

Traducción: Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.

lunes, 19 de febrero de 2018

25-F Por otra Europa posible




“Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos”
Martin L. King

El domingo 25 de febrero, en distintas ciudades españolas, colectivos y movimientos sociales diversos volveremos a salir a la calle para exigir a los gobiernos europeos el cambio sustancial de sus políticas migratorias y de asilo. Para tal fin, se hará lectura del Manifiesto “NO A LA EUROPA FORTALEZA, LOS DERECHOS HUMANOS NO SE NEGOCIAN” (http://somxarxa.org/manifiesto/), elaborado tanto para concienciar a la sociedad sobre la verdadera magnitud de la catástrofe que afecta a millones de vidas en peligro como para proponer medidas concretas que reviertan esta gravísima situación.

En un contexto histórico profundamente regresivo -de crisis de humanidad y evidente retroceso en materia de derechos humanos-, se hace impostergable un cambio de raíz de las políticas europeas: casi 70 millones de seres humanos han perdido sus hogares huyendo de la guerra, las hambrunas, el cambio climático o persecuciones de todo tipo. Ante una situación semejante, en pleno siglo XXI, no cabe la pasividad, a riesgo de hacernos cómplices de un genocidio que se está perpetrando ahora mismo en las puertas de una Europa cada vez más fortificada. Hace falta insistir: la Unión Europea ha decidido dar las espaldas al sufrimiento que contribuye a producir a gran escala, en un ejercicio de cinismo que debe ser políticamente confrontado.

La realidad no puede ser más desoladora. Aunque las cifran apenas dan cuenta del desastre actual, en los últimos 17 años han perecido más de 35000 personas intentando arribar al continente europeo. No se trata, sin embargo, de ninguna fatalidad trágica sino de uno de los efectos más visibles de una serie de decisiones políticas que han optado por blindar las fronteras europeas a costa de los otros. Que cada año mueran ahogadas miles de personas en el Mediterráneo no es nada inevitable (producto de una batalla desigual, más o menos metafísica, entre la naturaleza y el ser humano). Por el contrario, es consecuencia directa de un sistema de control fronterizo específico, basado en la criminalización de quienes son víctimas de múltiples formas de violencia sistémica. Entre esas violencias, sin dudas, es inocultable el papel vergonzoso que desempeña el complejo industrial-militar que hace de la guerra y el crimen organizado un negocio multimillonario, así como la intervención predominantemente represiva de los estados europeos frente a quienes buscan ponerse a resguardo, incumpliendo por lo demás los compromisos contraídos en materia de reasentamiento de personas refugiadas.

Se trata, en suma, de unas decisiones gubernamentales que sólo pueden ser revertidas a partir de la presión ciudadana: sin una movilización colectiva permanente lo único que cabe esperar de la actual gobernanza europea son más blindajes fronterizos y más omisión de ayuda ante aquellos seres humanos que condena a la infravida, cuando no directamente a la muerte. Ante esta situación inadmisible, a contramano de las banderas que la UE dice enarbolar, necesitamos una respuesta ciudadana enérgica, que alce la voz frente a la escandalosa vulneración de los derechos humanos, exigiendo un proyecto europeo diferente, capaz de acoger y proteger a quienes ahora expulsa o rechaza. Lo que no es menos importante: se trata de exigir el cumplimiento efectivo de la legislación internacional en materia de asilo y, en particular, de garantizar el ejercicio de dicho derecho en las fronteras, así como de impedir que las personas sean encerradas y deportadas por su situación administrativa.

Ante una política sistemática de denegación del asilo, pues, se hace urgente luchar para que nuestras demandas de justicia sean escuchadas y atendidas sin postergaciones, comenzando por garantizar vías legales y seguras para las personas desplazadas, así como corredores humanitarios y medidas urgentes de acogida y protección, suspensión de acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respetan los DDHH, así como el desarrollo de políticas sociales inclusivas y de cooperación al desarrollo al servicio de los pueblos, entre otras cuestiones.

En una época de ignominia moral y política, necesitamos unirnos y decir basta a una Unión Europea que no nos representa. No seremos cómplices de una Unión Europea racista que negocia con los derechos humanos de los demás. Precisamente porque somos responsables tanto de nuestras acciones como de nuestras omisiones, participar el 25-F en las manifestaciones convocadas constituye un deber de quienes no se contentan con las concertinas y los naufragios como respuesta última ante tanto dolor anónimo. Contra la resignación a la que quieren condenarnos, quizás nuestra mejor respuesta sea organizar el grito, para que esos millones de desplazados dejen de ser tratados como meros deshechos de los derechos humanos.

viernes, 16 de febrero de 2018

NO A LA EUROPA FORTALEZA, LOS DERECHOS HUMANOS NO SE NEGOCIAN




La situación es insostenible. Estamos sufriendo, en pleno siglo XXI, la mayor crisis humanitaria de personas refugiadas y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. Según ACNUR, a 30 de junio de 2016, la estimación de personas desplazadas  forzosamente en todo el mundo a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos, era de 68,5 millones, cifra que vemos aumentada en el Informe 2017 de CEAR, que habla ya de casi 70 millones de personas desplazadas forzosamente.

El mar Mediterráneo se ha convertido en la mayor vergüenza de Europa; en los últimos 17 años, 35.000 personas han perdido la vida en sus aguas  y según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), el 2016 fue el año más mortífero, con 5.000 personas, que perdieron la vida ahogados en el intento de alcanzar Europa, con una media de 14 personas cada día, entre las que se encuentran niñas y niños que se han quedado sin futuro. Estas muertes podrían haberse evitado si las personas hubiesen contado con vías legales y seguras en su trayecto para obtener protección.

En el 2016, 1.259.265 personas, trataron de encontrar refugio en Europa solicitando protección internacional, de las cuales solo 15.755 lo hicieron en el Estado español.

Además, nuestras multinacionales, al igual que las de otras potencias mundiales, están también en el origen de las causas de estas migraciones forzosas: guerras provocadas por intereses económicos y energéticos, vulneración de derechos, esclavitud laboral…

Mientras tanto, Europa se blinda, hemos endurecido las políticas de asilo para que cada vez sea más difícil acceder al derecho de protección internacional, y hemos apoyado acuerdos “ilegales” con terceros países no seguros, como Turquía o países africanos, para que sean éstos los que se encarguen de “gestionar” el futuro de millones de personas que huyen de la guerra o cuyas vidas corren peligro por algún tipo de persecución, auspiciando la esclavitud y la tortura. Personas cuyos derechos humanos están siendo reiteradamente vulnerados, primero en sus países de origen, durante su tránsito y luego cuando llegan al nuestro, a pesar de todas las leyes internacionales y declaraciones universales que obligan al Estado español a ofrecer protección internacional. Vivimos una crisis del Estado de Derecho.

El Gobierno español tampoco está siendo capaz de cumplir sus propios compromisos. Miles de personas siguen esperando en campos de refugiados dentro y fuera de Europa, en condiciones infrahumanas, para ser acogidas. El 26 de septiembre del año pasado terminó el plazo del programa de reubicación y reasentamiento europeo. El Estado español ha acogido a un ridículo 15,67% de las 17.337 personas asignadas en su cuota. Tan solo 2.716 personas en dos años. Un porcentaje vergonzoso, que nos coloca entre los países con un mayor grado de incumplimiento.

Además, las políticas de asilo españolas durante 2016-2017 han limitado al máximo el derecho de asilo a miles de personas que no huyen del conflicto sirio, pero sí de otros, y que también sufren violaciones de sus derechos.

Ahora más que nunca, es necesario y urgente que toda la ciudadanía, colectivos, asociaciones, entidades y movimientos sociales salgamos a la calle para decir alto y claro lo que queremos.

Queremos una Europa Acogedora, NO una Europa Fortaleza.

Que se proteja el derecho a la vida y al refugio, NO que se vulneren los derechos de las personas que intentan llegar a nuestras fronteras huyendo de la muerte.

Que se acoja a estas personas cumpliendo con la legislación internacional y que se cumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. NO se puede expulsar a nadie a países no seguros.

Todas juntas exigimos que las personas que huyen de sus países sean tratadas según sus derechos y por tanto puedan solicitar la protección internacional que les corresponde en países como el Estado español, sin trabas y de forma efectiva.

Que el Estado español, y el resto de los países europeos, garantice para ello el acceso a unas vías legales y seguras, como corredores humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas.

Que el Estado español y el resto de gobiernos de la UE adopten medidas urgentes de acogida, y las apliquen de inmediato, haciendo especial hincapié en las necesidades de protección de aquellas personas cuyos derechos son más vulnerados, como son las niñas y niños, mujeres, personas LGTBI, así como ancianas y enfermas.

Que la Unión Europea suspenda la firma y los acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respetan los Derechos Humanos.

Que el Estado español y la UE lleven a cabo políticas de acogida que garanticen la dignidad y la inclusión de las personas refugiadas y migrantes.

Y por supuesto, que los gobiernos refuercen la cooperación al desarrollo para trabajar en las causas que provocan los desplazamientos de las personas refugiadas, para evitar que sigan huyendo.

La ciudadanía está en pie. No seremos cómplices. Esta Unión Europea no nos representa, NO A LA EUROPA FORTALEZA, LOS DERECHOS HUMANOS NO SE NEGOCIAN



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jueves, 25 de enero de 2018

Algunas herramientas feministas: interseccionalidad y decolonialidad


 
 
 
 
 

1. “Feminismos negros. Una antología”, VVAA

“ (…) presentar esta antología es también una cuestión política, que quiere en cierto sentido entroncar con una tradición de pensadoras y activistas negras. Éstas han contribuido a la historización del movimiento feminista así como a la creación de un sólido corpus teórico. Es una cuestión política porque la reivindicación de la historia del movimiento feminista negro es también un acto de reconocimiento frente a los procesos de oscurecimiento, ocultación y negación por parte del pensamiento feminista hegemónico. Si bien los textos más emblemáticos de autoras como Ángela Davis, bell hooks, Patricia Hill Collins, Hazel Carby o Avtar Brah y sus aportaciones ya comienzan a ser de lectura obligada en los ámbitos académicos, la cuestión no es tanto si aparecen o no, sino desde qué categorías lo hacen. Y en su caso, quedan recogidas en ese cajón de sastre que son los feminismos post-coloniales, de resistencia, del Tercer Mundo o feminismos culturales. Desde unas posiciones en las que se cuestiona el feminismo hegemónico, el feminismo negro aparece como una corriente crítica dentro de estos feminismos, desposeído de toda historia y de toda carga de movimiento político”.
 
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2. “La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación”,  Mara Viveros Vigoya

Las definiciones, los usos y el alcance teórico, metodológico y político del giro interseccional en la teoría feminista son el eje del presente artículo. En este texto se establece una genealogía de los enfoques interseccionales, incluyendo en este relato los aportes del pensamiento feminista producido en distintos contextos históricos y geopolíticos. Se identifican algunas de las grandes líneas del debate sobre la interseccionalidad con el fin de mostrar su alcance y sus límites, ligados en gran parte a su amplia difusión. Igualmente, se da cuenta de la forma como son experimentadas concretamente las intersecciones de raza y género, clase y género y la consubstancialidad de estas relaciones para los grupos sociales involucrados, examinando tanto mis propios trabajos investigativos como los de otras autoras. El texto concluye con la importancia política del concepto, enfatizando los aportes del black feminism, el feminismo de color y el feminismo latinoamericano como enfoques epistémicos descolonizadores. A partir de este recorrido analítico se destaca el alcance teórico y crítico de un enfoque interseccional localizado y contextualizado.

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3. “Colonialidad y Género” –María Lugones

Este artículo investiga la interseccionalidad entre raza, clase, género y sexualidad con el objetivo de entender la preocupante indiferencia que los hombres muestran hacia las violencias que sistemáticamente se infringen sobre las mujeres de color, es decir, mujeres no blancas víctimas de la colonialidad del poder e, inseparablemente, de la colonialidad del género. El artículo se inserta dentro de la tradición de pensamiento de mujeres de color que han creado análisis críticos del feminismo hegemónico precisamente por ignorar la interseccionalidad de raza/clase/sexualidad/género. Busca entender la forma en que se construye esta indiferencia de los hombres para, así convertirla en algo cuyo reconocimiento sea ineludible para quienes están involucrados en luchas liberadoras. Se discute en detalle una manera otra, muy distinta de los feminismos occidentales, de entender el patriarcado desde la colonialidad del género. La autora nos invita a pensar en la cartografía del poder global desde lo que llama el Sistema Moderno/Colonial de Género.
 
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4. “Hacia un feminismo descolonial”,  María Lugones

Este trabajo se pregunta cómo pensar sobre interacciones íntimas, cotidianas de resistencia a la diferencia colonial, definiendo intimidad no exclusivamente ni principalmente en términos de relaciones sexuales, sino de la vida social entretejida entre personas que no están actuando como representantes o funcionarias. Se parte de la idea de que la lógica categorial dicotómica y jerárquica es central para el pensamiento capitalista y colonial moderno sobre raza, género y sexualidad, y de que los colonizados fueron definidos desde el primer momento de la colonización como no-humanos, cuya animalidad les impedía ser vistos como hombres y mujeres, aun considerando a las mujeres blancas como no-hombres. Se muestra el vínculo entre la introducción colonial del concepto instrumental moderno de la naturaleza que es central para el capitalismo, y la introducción colonial del concepto moderno de género. Se propone un feminismo descolonial, con un fuerte énfasis en una intersubjetividad historizada, encarnada, entablando una crítica de la opresión de género racializada, colonial y capitalista, heterosexualista, como una transformación vivida de lo social. En oposición a la jerarquización dicotómica que caracteriza la colonialidad capitalista y moderna, se plantea el movimiento hacia la coalición que nos impulsa a conocernos el uno al otro como sí mismos que son densos, en relación, en socialidades alternativas y basadas en formas tensas, creativas, de habitar la diferencia colonial. Para ello es necesario el análisis de la opresión de género racializada y capitalista, es decir, de “la colonialidad del género”, a fin de vencerla mediante el “feminismo descolonial”.

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6. “Mujeres, Raza y Clase”, Angela Davis

El presente libro trata de desvelar las causas que llevaron a que las reivindicaciones de las mujeres negras fueran sistemáticamente invisibilizadas a pesar del potencial revolucionario que encerraba un movimiento semejante. En sus distintos capítulos, Angela Davis ofrece un análisis riguroso y esclarecedor que no sólo pone de manifiesto las estrategias de lucha de las mujeres negras, sino también los problemas de composición de las diferencias que siguen desgarrando los movimientos políticos actuales.
A través de trece ensayos, Angela Davis traza un recorrido tanto por los mitos como por las lagunas históricas de la experiencia de las mujeres negras. El sexismo en las luchas por la abolición de la esclavitud, el racismo en el movimiento sufragista y la articulación de la raza y la clase en los primeros momentos de la lucha por la emancipación de las mujeres, los significados específicos de la emancipación, de la explotación sexual y de clase, las experiencias organizativas autónomas de las mujeres negras... todos estos avatares están vertebrados por una continuidad histórica y política que, según Davis, es preciso analizar para entender las dinámicas de explotación y las estrategias de liberación, no sólo de las mujeres negras sino de todas las mujeres.

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7. “Raza, clase y género: la interseccionalidad, entre la realidad social y los límites políticos”, Houria Bouteldja

Esta intervención fue presentada en su totalidad por primera vez en la Universidad de Berkeley el 17 de abril de 2013, en el departamento de estudios étnicos. La segunda vez fue el 8 de junio de 2013 en la Red de Trabajo 24 de la Asociación Francesa de Sociología (AFS) “Género, clase, raza. Relaciones sociales y construcción de la alteridad”, y por tercera vez en el marco de la escuela de verano de Granada consagrada al pensamiento crítico islámico y a las luchas decoloniales, el 21 de junio de 2013. Habría que agregar que parte de este texto se presentó en el VI Congreso internacional de investigaciones feministas en Lausanne en agosto de 2012.

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8. «Interseccionalidad, un “concepto viajero”: orígenes, desarrollo e implementación en la Unión Europea», Maria Caterina La Barbera

La interseccionalidad constituye una de las mayores contribuciones conceptuales del  feminismo en los últimos veinticinco años. La luz que arroja en el estudio de los complejos mecanismos de discriminación ha permitido identificar la diversidad de las interacciones generadas por la subordinación de muy diferente tipo: por razones de género, orientación sexual, etnia, religión, origen nacional, (dis)capacidad, nivel socioeconómico y otras. En este trabajo intento bosquejar el desarrollo de este concepto, desde sus primeros tiempos en los estudios jurídicos hasta su expansión desigual y asimétrica en las ciencias sociales y en las diferentes áreas geográficas. Dicha heterogeneidad obstaculiza, en algunas regiones, el empleo de esta herramienta conceptual en la práctica, y subraya la necesidad de indagar en las diferencias y matices —que suelen originarse en las interacciones con culturas, prácticas e instituciones existentes— con el objeto de mejorar los niveles de praxis y estrategias locales.

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9. “¿Qué es eso de la interseccionalidad? Aproximación al tratamiento de la diversidad desde la perspectiva de género en España”, Carmen Expósito Molina

El desarrollo de las políticas de diversidad y de las políticas de igualdad de género en España ha tenido una evolución paralela en el tiempo. Las mujeres inmigradas han estado en buena medida ignoradas desde las políticas de diversidad y poco consideradas desde las políticas de igualdad. En los últimos años, no obstante, estas últimas han empezado a incorporarlas desde los diferentes ámbitos. En el momento actual un cambio de interpretación de las desigualdades ha hecho emerger el concepto de interseccionalidad como el instrumento para abordar adecuadamente sus realidades y situaciones de vida.

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10. "La interseccionalidad como desafío al mainstreaming de género en las politicas públicas", M.ª Ángeles (Maggy) Barrère Unzueta

La preocupación por una justicia social en clave de «igualdad de género» irrumpe en la agenda de las políticas públicas de manera paralela al posicionamiento del poder público contra el fenómeno de la «discriminación intergrupal» y de las protestas generadas a causa del mismo. Esto sucede cuando ciertos «grupos» (minorías numéricas y/o sociológicas) articulados en movimientos sociales advierten que las cláusulas constitucionales de la igualdad ante la ley, falsamente universalistas, no permiten cambios estructurales en su situación de subordiscriminación. Pronto descubren estos movimientos que no es cierto que las leyes que no diferencian en el trato sean igualitarias, las limitaciones del concepto aristotélico del «trato similar a los similares», así como las consecuencias de ello en la aplicación jurídica.

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sábado, 13 de enero de 2018

«La nueva tesis once» -Boaventura de Sousa Santos





En 1845, Karl Marx escribió las célebres Tesis sobre Feuerbach. Redactadas después de los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, el texto constituye una primera formulación de su propósito de construir una filosofía materialista centrada en la praxis transformadora, radicalmente distinta de la que entonces dominaba y cuyo máximo exponente era Ludwig Feuerbach. En la célebre undécima tesis, la más conocida de todas, declara: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”. El término “filósofos” se utiliza en un sentido amplio, como referencia a los productores de conocimiento erudito, pudiendo incluir hoy todo el conocimiento humanista y científico considerado fundamental en contraposición al conocimiento aplicado.

A principios del siglo XXI esta tesis plantea dos problemas. El primero es que no es verdad que los filósofos se hayan dedicado a contemplar el mundo sin que su reflexión haya tenido algún impacto en la transformación del mundo. Y aunque eso haya sucedido alguna vez, dejó de ocurrir con el surgimiento del capitalismo o, si queremos un término más amplio, con la emergencia de la modernidad occidental, sobre todo a partir del siglo XVI. Los estudios sobre sociología del conocimiento de los últimos cincuenta años han sido concluyentes en mostrar que las interpretaciones del mundo dominantes en una época dada son las que legitiman, posibilitan o facilitan las transformaciones sociales llevadas a cabo por las clases o grupos dominantes.

El mejor ejemplo de ello es la concepción cartesiana de la dicotomía naturaleza-sociedad o naturaleza-humanidad. Concebir la naturaleza y la sociedad (o la humanidad) como dos entidades, dos sustancias en la terminología de Descartes, totalmente distintas e independientes una de la otra, tal como sucede con la dicotomía cuerpo-alma, y construir sobre esa base todo un sistema filosófico es una innovación revolucionaria. Choca con el sentido común, pues no imaginamos ninguna actividad humana sin la participación de algún tipo de naturaleza, comenzando por la propia capacidad y actividad de imaginar, dado su componente cerebral, neurológico. Además, si los seres humanos tienen naturaleza, la naturaleza humana, será difícil imaginar que esa naturaleza no tenga nada que ver con la naturaleza no humana. La concepción cartesiana tiene obviamente muchos antecedentes, desde los más antiguos del Antiguo Testamento (libro del Génesis) hasta los más recientes de su casi contemporáneo Francis Bacon, para quien la misión del ser humano es dominar la naturaleza. Pero fue Descartes quien confirió al dualismo la consistencia de todo un sistema filosófico.

El dualismo naturaleza-sociedad, en razón del cual la humanidad es algo totalmente independiente de la naturaleza y esta es igualmente independiente de la sociedad, es de tal manera constitutivo de nuestra manera de pensar el mundo y nuestra presencia e inserción en él que pensar de modo alternativo es casi imposible, por más que el sentido común nos reitere que nada de lo que somos, pensamos o hacemos puede dejar de contener en sí naturaleza. ¿Por qué entonces la prevalencia y casi evidencia, en los ámbitos científico y filosófico, de la separación total entre naturaleza y sociedad? Hoy está demostrado que esta separación, por más absurda que pueda parecer, fue una condición necesaria de la expansión del capitalismo. Sin tal concepción no habría sido posible conferir legitimidad a los principios de explotación y apropiación sin fin que guiaron la empresa capitalista desde el principio.

El dualismo contenía un principio de diferenciación jerárquica radical entre la superioridad de la humanidad/sociedad y la inferioridad de la naturaleza, una diferenciación radical que se basaba en una diferencia constitutiva, ontológica, inscrita en los planes de la creación divina. Esto permitió que, por un lado, la naturaleza se transformara en un recurso natural incondicionalmente disponible para la apropiación y la explotación del ser humano en beneficio exclusivo. Y, por otro, que todo lo que se considerara naturaleza pudiera ser objeto de apropiación en los mismos términos. Es decir, la naturaleza en sentido amplio abarcaba seres que, por estar tan cerca del mundo natural, no podían considerarse plenamente humanos.

De este modo, se reconfiguró el racismo para significar la inferioridad natural de la raza negra y, por tanto, la “natural” conversión de los esclavos en mercancías. Esta fue la otra conversión de la que nunca habló el padre António Vieira (famoso jesuita portugués, 1608-1697), pero que está presupuesta en todas las demás de las que habló brillantemente en sus sermones. La apropiación pasó a ser el otro lado de la superexplotación de la fuerza de trabajo. Lo mismo ocurrió con las mujeres al reconfigurar la inferioridad “natural” de las mujeres, que venía de muy atrás, convirtiéndola en la condición de su apropiación y superexplotación, en este caso consistente en la apropiación del trabajo no pagado de las mujeres en el cuidado de la familia. Este trabajo, a pesar de tan productivo como el otro, convencionalmente se consideró reproductivo para poderlo devaluar, una convención que el marxismo rechazó. Desde entonces, la idea de humanidad pasó a coexistir necesariamente con la idea de subhumanidad, la subhumanidad de los cuerpos racializados y sexualizados. Podemos, pues, concluir que la comprensión cartesiana del mundo estaba implicada hasta la médula en la transformación capitalista, colonialista y patriarcal del mundo.

En ese marco, la tesis once sobre Feuerbach plantea un segundo problema. Es que para enfrentar los gravísimos problemas del mundo de hoy –desde los chocantes niveles de desigualdad social a la crisis ambiental y ecológica, calentamiento global irreversible, desertificación, falta de agua potable, desaparición de regiones costeras, acontecimientos “naturales” extremos, etcétera– no es posible imaginar una práctica transformadora que resuelva estos problemas sin otra comprensión del mundo. Esa otra comprensión debe rescatar, a un nuevo nivel, el sentido común de la mutua interdependencia entre la humanidad/sociedad y la naturaleza; una comprensión que parta de la idea de que, en lugar de sustancias, hay relaciones entre la naturaleza humana y todas las otras naturalezas, que la naturaleza es inherente a la humanidad y que lo inverso es igualmente verdadero; y que es un contrasentido pensar que la naturaleza nos pertenece si no pensamos, de forma recíproca, que pertenecemos a la naturaleza.

No será fácil. Contra la nueva comprensión y, por tanto, nueva transformación del mundo militan muchos intereses bien consolidados en las sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales en que vivimos. Como he venido sosteniendo, la construcción de una nueva comprensión del mundo será el resultado de un esfuerzo colectivo y de época, o sea, ocurrirá en el seno de una transformación paradigmática de la sociedad. La civilización capitalista, colonialista y patriarcal no tiene futuro, y su presente demuestra eso de tal modo que ella solo prevalece por la vía de la violencia, de la represión, de las guerras declaradas y no declaradas, del estado de excepción permanente, de la destrucción sin precedentes de lo que continúa asumiendo como recurso natural y, por tanto, disponible sin límites. Mi contribución personal en ese esfuerzo colectivo ha consistido en la formulación de lo que denomino epistemologías del Sur. En mi concepción, el sur no es un lugar geográfico, es una metáfora para designar los conocimientos construidos en las luchas de los oprimidos y excluidos contra las injusticias sistémicas causadas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, siendo evidente que muchos de los que constituyen el sur epistemológico vivieron y viven también en el sur geográfico.

Estos conocimientos nunca fueron reconocidos como aportes para una mejor comprensión del mundo por parte de los titulares del conocimiento erudito o académico, sea filosofía, sea ciencias sociales y humanas. Por eso, la exclusión de esos grupos fue radical, una exclusión abisal resultante de una línea abisal que pasó a separar el mundo entre los plenamente humanos, donde “solo” es posible la explotación (la sociabilidad metropolitana), y el mundo de los subhumanos, poblaciones desechables donde es posible la apropiación y la superexplotación (la sociabilidad colonial). Una línea y una división que prevalecen desde el siglo XVI hasta hoy. Las epistemologías del Sur buscan rescatar los conocimientos producidos del otro lado de la línea abisal, el lado colonial de la exclusión, a fin de poder integrarlos en amplias ecologías de saberes donde podrán interactuar con los conocimientos científicos y filosóficos con miras a construir una nueva comprensión/transformación del mundo.

Esos conocimientos –hasta ahora invisibilizados, ridiculizados, suprimidos– fueron producidos tanto por los trabajadores que lucharon contra la exclusión no abisal (zona metropolitana), como por las vastas poblaciones de cuerpos racializados y sexualizados en resistencia contra la exclusión abisal (zona colonial). Al centrarse particularmente en esta última zona, las epistemologías del Sur dan especial atención a los subhumanos, precisamente aquellos y aquellas que fueron considerados más próximos a la naturaleza. Los conocimientos producidos por esos grupos, pese a su inmensa diversidad, son extraños al dualismo cartesiano y, por el contrario, conciben la naturaleza no humana como profundamente implicada en la vida social-humana, y viceversa. Como dicen los pueblos indígenas de las Américas: “La Naturaleza no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Naturaleza”. Los campesinos de todo el mundo no piensan de modo muy diferente. Y lo mismo sucede con grupos cada vez más vastos de jóvenes ecologistas urbanos en todo el mundo.

Esto significa que los grupos sociales más radicalmente excluidos por la sociedad capitalista, colonialista y patriarcal, muchos de los cuales fueron considerados residuos del pasado en vías de extinción o de blanqueamiento, son los que, desde el punto de vista de las epistemologías del Sur, nos están mostrando una salida con futuro, un futuro digno de la humanidad y de todas las naturalezas humanas y no humanas que la componen. Al ser parte de un esfuerzo colectivo, las epistemologías del Sur son un trabajo en curso y todavía embrionario. En mi propio caso, pienso que hasta hoy no alcancé a expresar toda la riqueza analítica y transformadora contenida en las epistemologías del Sur que voy proponiendo. He destacado que los tres modos principales de dominación moderna –clase (capitalismo), raza (racismo) y sexo (patriarcado)– actúan articuladamente y que esa articulación varía con el contexto social, histórico y cultural, pero no he dado suficiente atención al hecho de que este modo de dominación se asienta de tal modo en la dualidad sociedad/naturaleza que sin la superación de esta dualidad ninguna lucha de liberación podrá ser exitosa.

En tal escenario, la nueva tesis once debería tener hoy una formulación del tipo: “Los filósofos, filósofas, científicos sociales y humanistas deben colaborar con todos aquellos y aquellas que luchan contra la dominación en el sentido de crear formas de comprensión del mundo que hagan posible prácticas de transformación del mundo que liberen conjuntamente el mundo humano y el mundo no humano”. Es mucho menos elegante que la undécima tesis original, cierto, pero tal vez nos sea más útil.


- Boaventura de Sousa Santos, académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial.