La situación es
insostenible. Estamos sufriendo, en pleno siglo XXI, la mayor crisis
humanitaria de personas refugiadas y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial.
Según ACNUR, a 30 de junio de 2016, la estimación de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo a consecuencia
de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos
humanos, era de 68,5 millones, cifra que vemos aumentada en el Informe 2017 de
CEAR, que habla ya de casi 70 millones de personas desplazadas forzosamente.
El mar Mediterráneo se ha convertido en la mayor vergüenza
de Europa; en los últimos 17 años, 35.000 personas han perdido la vida en sus
aguas y según la Organización Mundial
para las Migraciones (OIM), el 2016 fue el año más mortífero, con 5.000 personas,
que perdieron la vida ahogados en el intento de alcanzar Europa, con una media
de 14 personas cada día, entre las que se encuentran niñas y niños que se han
quedado sin futuro. Estas muertes podrían haberse evitado si las personas
hubiesen contado con vías legales y seguras en su trayecto para obtener
protección.
En el 2016, 1.259.265 personas, trataron de encontrar
refugio en Europa solicitando protección internacional, de las cuales solo
15.755 lo hicieron en el Estado español.
Además, nuestras multinacionales, al igual que las de otras
potencias mundiales, están también en el origen de las causas de estas
migraciones forzosas: guerras provocadas por intereses económicos y
energéticos, vulneración de derechos, esclavitud laboral…
Mientras tanto, Europa se blinda, hemos endurecido las
políticas de asilo para que cada vez sea más difícil acceder al derecho de
protección internacional, y hemos apoyado acuerdos “ilegales” con terceros
países no seguros, como Turquía o países africanos, para que sean éstos los que
se encarguen de “gestionar” el futuro de millones de personas que huyen de la
guerra o cuyas vidas corren peligro por algún tipo de persecución, auspiciando
la esclavitud y la tortura. Personas cuyos derechos humanos están siendo
reiteradamente vulnerados, primero en sus países de origen, durante su tránsito
y luego cuando llegan al nuestro, a pesar de todas las leyes internacionales y
declaraciones universales que obligan al Estado español a ofrecer protección
internacional. Vivimos una crisis del Estado de Derecho.
El Gobierno español tampoco está siendo capaz de cumplir sus
propios compromisos. Miles de personas siguen esperando en campos de refugiados
dentro y fuera de Europa, en condiciones infrahumanas, para ser acogidas. El 26
de septiembre del año pasado terminó el plazo del programa de reubicación y
reasentamiento europeo. El Estado español ha acogido a un ridículo 15,67% de
las 17.337 personas asignadas en su cuota. Tan solo 2.716 personas en dos años.
Un porcentaje vergonzoso, que nos coloca entre los países con un mayor grado de
incumplimiento.
Además, las políticas de asilo españolas durante 2016-2017
han limitado al máximo el derecho de asilo a miles de personas que no huyen del
conflicto sirio, pero sí de otros, y que también sufren violaciones de sus
derechos.
Ahora más que nunca, es necesario y urgente que toda la
ciudadanía, colectivos, asociaciones, entidades y movimientos sociales salgamos
a la calle para decir alto y claro lo que queremos.
Queremos una Europa Acogedora, NO una Europa Fortaleza.
Que se proteja el derecho a la vida y al refugio, NO que se
vulneren los derechos de las personas que intentan llegar a nuestras fronteras
huyendo de la muerte.
Que se acoja a estas personas cumpliendo con la legislación
internacional y que se cumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. NO se
puede expulsar a nadie a países no seguros.
Todas juntas exigimos que las personas que huyen de sus
países sean tratadas según sus derechos y por tanto puedan solicitar la
protección internacional que les corresponde en países como el Estado español,
sin trabas y de forma efectiva.
Que el Estado español, y el resto de los países europeos,
garantice para ello el acceso a unas vías legales y seguras, como corredores
humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas.
Que el Estado español y el resto de gobiernos de la UE
adopten medidas urgentes de acogida, y las apliquen de inmediato, haciendo
especial hincapié en las necesidades de protección de aquellas personas cuyos
derechos son más vulnerados, como son las niñas y niños, mujeres, personas
LGTBI, así como ancianas y enfermas.
Que la Unión Europea suspenda la firma y los acuerdos de
control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respetan los
Derechos Humanos.
Que el Estado español y la UE lleven a cabo políticas de
acogida que garanticen la dignidad y la inclusión de las personas refugiadas y
migrantes.
Y por supuesto, que los gobiernos refuercen la cooperación
al desarrollo para trabajar en las causas que provocan los desplazamientos de
las personas refugiadas, para evitar que sigan huyendo.
La ciudadanía está en pie. No seremos cómplices. Esta Unión
Europea no nos representa, NO A LA EUROPA FORTALEZA, LOS DERECHOS HUMANOS NO SE
NEGOCIAN
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de adhesión al manifiesto aquí.
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