La muerte perfectamente evitable de Samba Martine (Congo) en el Centro de Internamiento para Extranjeros madrileño no debería sorprender a nadie. No es producto de una desidia accidental (la falta de asistencia médica ante una meningitis) sino una consecuencia previsible de una funesta política de encierro que desde diversas entidades y movimientos sociales venimos denunciando desde hace varios años (1). Lo que ahora escandaliza por hacerse público constituye una práctica (nada secreta) de los numerosos CIE desperdigados en España.
No es la primera vez que ocurre y, probablemente, no será la última muerte producto de una política que criminaliza a los inmigrantes irregulares. Que ahora el juez García de Dios señale las graves falencias de esos centros no hace más que confirmar un “secreto a voces”. Los CIE son campos de confinamiento en los que la ley que rige es la ley de la excepcionalidad, es decir, la suspensión temporal de los derechos de los “internos” (personas que por diversas razones y en sobradas ocasiones no han tenido más opción que escapar de sus países, en caso de pertenecer a alguno).
No se trata, pues, de exigir “condiciones más humanitarias” para los seres humanos confinados a campos en los que la tortura, el maltrato, las vejaciones, el hacinamiento o la privación de otros derechos humanos es moneda corriente (2). Nuestro objetivo político no puede ser otro que la supresión de estas prácticas sistemáticas de degradación de ciertos extranjeros que el estado español considera sobrantes. No sólo convierte en «delincuentes» a una clase de sujetos por su situación administrativa, sino que además los recluye en espacios inhabitables, sin los más mínimos controles efectivos (y no sólo en lo que hace a la salubridad).
El silencio oficial, cuando no algunas cínicas declaraciones que se incumplen no bien se apagan los micrófonos, tiene una significación clara: ellos saben perfectamente lo que ocurre en esos centros y aún así, no muestran la menor voluntad de cambiar estructuralmente esa situación. Fuera de las garantías de un inexistente «estado de derecho», el paso por un CIE, incluso si no se hiciera efectiva la repatriación por no poder acreditarse el país de procedencia, equivale a una condena duradera: ser uno de los tantos “sin-papeles” que deambulan en los márgenes, sin la más mínima posibilidad de regularizarse, trabajando –cuando pueden- por jornales que no superan los €15 euros, como peones agrícolas o empleadas de hogar.
Es cierto que esta política se nutre de la desinformación ciudadana: ni siquiera sabemos qué porcentaje de extranjeros irregulares que sobreviven en los CIE son anualmente repatriados. Lo que es peor: tampoco hay información oficial acerca de cuántos CIE hay en territorio español y cuántas personas están confinadas en ese espacio (3).
La continuidad de esa política no parece estar en discusión (ni mucho menos en cuestión) por parte del gobierno español entrante. Es más: prevé un endurecimiento de la Ley de Extranjería y forma parte de sus cálculos la supresión del derecho de “arraigo social” que daba la posibilidad (transcurridos tres años de residencia ininterrumpida en territorio español y con un precontrato de trabajo de al menos un año), de obtener un primer permiso de trabajo.
En este sentido, el endurecimiento de esta política del encierro, en línea al racismo y xenofobia crecientemente institucionalizados, arruina cualquier proyecto europeo de ciudadanía democrática e inclusiva mínimamente creíble. Constituye una de las más flagrantes violaciones de los derechos humanos y consolida un estado policial en la que el otro es constituido en sujeto marginal: no-ciudadano, objeto permanente de un dispositivo de vigilancia que lo convierte en “no-integrable”, excluido tanto de la comunidad política como del acceso igualitario a los servicios públicos.
Construidos como “usurpadores” por parte de los discursos hegemónicos, se crean las condiciones simbólicas para el repudio de esta clase de “extranjeros” con escasa incidencia en el consumo aunque con importante presencia en la economía sumergida (aceptada sin más por un estado capitalista que opera como garante de la rentabilidad privada). Los “sospechosos de siempre” son reincluidos como “delincuentes”, figuras repudiadas que se convierten en depositarios de los males colectivos (desempleo, precarización del sistema sanitario, restricciones a las ayudas en vivienda, etc.). Como las víctimas de género, los “sin papeles” son responsabilizados unilateralmente del mal que ellos padecen en primera persona, en una relación de desigualdad (con el maltratador o el empleador, cada vez más semejantes en sus abusos).
Tomando en cuenta las actuales condiciones políticas, los estados europeos seguirán mirando para otra parte ante la muerte de un “indocumentado más”. Más pronto que tarde, los grandes medios masivos lo olvidarán también, como hacen en general con los miles de seres humanos que quedan en el camino. Algunas personas bienpensantes y compungidas harán un minuto de silencio, hasta que el estruendo de otras urgencias haga invisible otra vez esta problemática. Vendrán otros muertos, es seguro. Los gravísimos problemas que afectan a los CIE son síntoma de unas políticas de inmigración y asilo del estado español completamente reaccionarias. Como políticas de estado, instituyen un régimen de excepcionalidad sin garantías: fuera del orden jurídico normalizado, el desprecio crónico de los internos en los CIE por parte de las autoridades policiales forma parte de su estructura de funcionamiento, de su modo de vinculación con un ejército de desposeídos.
No hay indicios de que vayan a detenerse estos pequeños holocaustos cotidianos. Ni siquiera es seguro que la movilización de diferentes ONG y colectivos que gritan contra estas injusticias vayan a ser siquiera escuchados. Para quienes queremos otra sociedad, sin embargo, esas luchas sin garantías constituyen nuestra única esperanza política.
Para firmar la iniciativa "Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE" pulsa aquí.
Notas:
(1) Además del Informe “Situación de los centros de internamiento para extranjeros en España” (informe técnico realizado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (http://www.icam.es/docs/ficheros/200912110006_6_1.pdf), se puede consultar al respecto “Los Centros de Internamiento de Extranjeros [CIE de Madrid]”, elaborado por la organización Pueblos Unidos
(2) Para una reconstrucción sumaria de los CIE, remito a mi artículo “Acerca de los Centros de Internamiento de Extranjeros. La política del encierro” en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131848.
(3) Existe por parte de Actuable una petición al respecto, abierta a quienes deseen respaldar esta decisión. http://actuable.es/peticiones/queremos-saber-cuantos-cie-hay-espana. En 2007, Pueblos Unidos señalaba esta carencia de información al respecto ( http://www.solidaridad.net/noticias.php?not=5579).
Es muy fuerte el poco valor a los derechos humanos que de por sí existen en el mundo. No nos lamentamos como sociedad cuando una inmigrante ilegal muere por meningitis pero bien que luego nos echamos las manos a la cabeza cuando pasa algo de fosas comunes.
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