Cuando aún no nos habíamos recuperado del sentimiento – mezcla de rabia, asco y vergüenza- que nos había producido el conocer la nueva ley danesa en matera de asilo que, entre otras muchas barbaridades permitirá a la Policía registrar a los y las demandantes de asilo e incautarles sus bienes, ha aparecido la nueva propuesta de la Unión Europea, que contempla penalizar la ayuda a los refugiados y refugiadas. Una nueva normativa según la cual aquellas personas que presten ayuda a refugiados, ya sea de manera individual o en el marco de las ONG, pueden ser acusadas de tráfico de seres humanos. Esto es un nuevo intento de criminalización de la solidaridad.
Todo es más grave todavía cuando recordamos el testimonio, hace pocas semanas, de un voluntario de una ONG que participó en el rescate de una embarcación que se dirigía a Lesbos. Había 300 personas a bordo de esta barcaza de madera que terminó naufragando. El voluntario de Proactiva declaró que mientras miembros de diferentes organizaciones salvaban vidas junto con pescadores turcos y griegos, el personal de la agencia europea Frontex miraba desde la cubierta de un barco.
Las instituciones europeas no están dando respuesta a la crisis humanitaria y además impiden que las ONG puedan hacer el trabajo que estas mismas instituciones no hacen por dejación de sus funciones.
La incapacidad, o peor todavía, la falta de voluntad política de la UE y los gobiernos de los Estados miembros de poner en práctica políticas y recursos para afrontar esta crisis, pone de manifiesto que la Unión Europea no es más que un proyecto económico de una élite, ni más que un conglomerado de instituciones que sólo responden a los intereses del capital financiero. La UE de los derechos y las libertades, de la libre circulación, de la solidaridad, nunca ha sido una realidad y la cifra de más de cien personas ahogadas en el Mediterráneo intentando llegar a nuestras costas durante el primer mes de este año es la demostración más cruel.
Ante esto, la única propuesta europea que hemos visto hasta la fecha es la que hace la Comisión Europea de acoger a 160.000 personas. Es un número claramente insuficiente si tenemos en cuenta que el año pasado llegaron sólo a Grecia más de 850.000 personas. Y está muy lejos de la capacidad real de acogida que tiene la UE, ya que no representa ni el 0.03% de la población total de la Unión. Pero ni con eso han cumplido. A día de hoy sólo se ha acogido a 272 personas -16 de ellas en el Estado español-, una cifra irrisoria.
Las propuestas de la Comisión Europea que sí se están aplicando con eficiencia y rapidez son las de militarizar el Mediterráneo en colaboración con la OTAN, desplegando buques y aviones de guerra para frenar la llegada de migrantes y refugiados. También la externalización de las fronteras, con acuerdos con gobiernos como los de Turquía o Marruecos, poco amigos de los derechos humanos. En el caso de la Turquía de Erdogan, la UE ha puesto sobre la mesa más de 3.000 millones de euros para contener el flujo de refugiados y demandantes de asilo. Y mientras, la CE mira hacia otro lado ante las masacres a la población kurda.
Después está el fondo de 1.800 millones de euros concedidos a África. Una aportación que, disfrazada de cooperación al desarrollo, servirá para fines como, por ejemplo, la construcción de un centro de detención de migrantes en Níger, el país más pobre del mundo. El Estado español, en un gran alarde de generosidad, ha aportado a este fondo tres millones de euros.
Resulta paradójico que la misma UE que se construyó tras vencer al nazismo sea hoy el caldo de cultivo perfecto para los movimientos de extrema derecha. En los últimos días estamos viendo como se multiplican las manifestaciones fascistas en Alemania, Grecia, o Suecia. Estas demostraciones de odio vienen alentadas por los discursos que salen de las bancadas que ocupan socialdemócratas, conservadores y liberales en los parlamentos de los Estados y de la propia Eurocámara.
Unos lo hacen de manera absolutamente desvergonzada pidiendo el cierre total de nuestras fronteras, hablando de avalanchas, de la islamización de Europa y relacionando terrorismo y refugiados. Otros lo hacen de manera mucho más sutil defendiendo el refuerzo de nuestras fronteras, su externalización y las deportaciones sistemáticas.
Pero la extrema derecha está de acuerdo con conservadores, liberales y socialdemócratas en olvidar las obligaciones internacionales con aquellas personas que huyen de la guerra y el terror, y olvidar también la responsabilidad que Europa tiene sobre estas personas al haber colaborado de manera activa en los conflictos de los que huyen.
La semana pasada en el Parlamento Europeo tuvimos que soportar una comparecencia de la ministra danesa de Migración en la que habló de una supuesta “invasión” de refugiados, al tiempo que defendía su nueva ley. La normativa que acaba de aprobar el Parlamento de Dinamarca va a impedir en la práctica que los demandantes de asilo puedan ser acogidos, gracias a cosas como la ampliación de uno a tres años del tiempo de residencia necesario para poder solicitar reunificación familiar, o a que la obtención del permiso de residencia permanente requiera haber pasado un mínimo de seis años en el país encadenando permisos temporales y sin estar desempleado. En Dinamarca, los demandantes de asilo también estarán obligados a residir en centros específicos y tendrán que pagar por su estancia entregando sus objetos de valor.
Como suele ocurrir en la Eurocámara, esta ley ha sido aprobada en el Parlamento danés por la Gran Coalición que forman conservadores, liberales y socialdemócratas, que en este caso han contado además con la complicidad de una extrema derecha que está viendo cómo sus ideas forman parte cada vez más de los discursos habituales.
Lo más lamentable es que este no es el primer episodio de xenofobia institucional que presenciamos en la UE. Ahí está el uso del Ejército en Hungría para contener a migrantes y refugiados y su posterior hacinamiento en trenes con destino a ninguna parte. Hungría, un país donde el presidente Orban es de la misma familia política que Rajoy y participó junto a él en la conferencia del Partido Popular Europeo en Madrid. O las marcas con números de identificación en los brazos de migrantes en República Checa, con un primer ministro del partido referente del PSOE.
La extrema derecha ha perdido su exclusividad en cuanto a racismo y xenofobia, y los gobiernos de diferentes Estados europeos han asumido como propio un discurso que hace años hubiera resultado inasumible. La UE vuelve a demostrar que cada vez está más lejos que los valores de democracia y solidaridad que pregona.
Marina Albiol
Eurodiputada de Izquierda Unida y portavoz de la Delegación de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo
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